Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76852
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.76.852 “PARDO ROMAN IVANA C/ INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE BUENOS AIRES S/ ESCRITURACION - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La señora Ivana Pardo Román promueve demanda contra el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que, luego de ordenar provisoriamente el levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble ubicado en la calle Catamarca Nº 4337, Piso 1°, Departamento “C”, de la ciudad de Mar del Plata, designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección D, Manzana 348 Ic, Parcela 7ª, se otorgue a su favor la correspondiente escritura traslativa de dominio. Asimismo, reclama una indemnización por los daños y perjuicios que alega haber padecido como consecuencia de la demora en la entrega del mentado título de propiedad.
Relata que el día 31 de agosto de 2010 le fue adjudicada a la señora Zulma Nora Barendiain una unidad funcional en el complejo habitacional construido por el organismo demandado, en el marco de un contrato de inversión suscripto con la Asociación Mutual del Personal de los Casinos Nacionales. Luego, señala que con fecha 19 de octubre de 2011 dichos derechos le fueron cedidos, mediante acto certificado ante el Escribano Gabriel E. Santiago.
En este marco, afirma que tomó conocimiento de la existencia de una deuda en concepto de Tasa de Servicios Urbanos Municipales, cuya satisfacción se persigue en los autos caratulados “Municipalidad de General Pueyrredon c/ IVBA s/ Cobro Ejecutivo” (expte. n° 42034), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 -Secretaría de Apremios- del Departamento Judicial de Mar del Plata. Esta circunstancia, indica, sería el motivo por el cual el Instituto accionado se encuentra impedido de otorgar las respectivas escrituras públicas.
Así, arguye que el conflicto principal se genera a partir de la entrega de la posesión del predio en cuestión, dado que la Secretaría de Hacienda se encuentra imposibilitada de fraccionar la deuda registrada, por no haberse inscripto en la Municipalidad la subdivisión de las parcelas efectuada.
Destaca que, al no poseer el título de propiedad del inmueble, no se encuentra habilitada a gestionar una cuenta propia que le permita abonar la cuota correspondiente a su unidad funcional y, esto provocará el incremento exponencial de las sumas que eventualmente deba saldar.
Concluye que, pese a las reuniones y gestiones realizadas con diversos organismos estatales, no se ha arribado a una solución que ponga fin al estado de indefensión en que presuntamente se encuentra, atento hallarse vulnerado su derecho de propiedad.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo magistrado a cargo se inhibió de intervenir en el asunto. Para así decidir, sostuvo que toda vez que la acción se dirigía contra un ente autárquico de derecho público -cuya misión principal es la ejecución de la política habitacional en el territorio provincial-, el caso quedaba aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado (conf. arts. 166, último párrafo, Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4, CCA).
De esta manera las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular rechazó la competencia que le fuera endilgada bajo la inteligencia de que se trataba de un conflicto gobernado por normas de derecho privado y que, en virtud de ello, se hallaba excluido del ámbito propio de su conocimiento (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
En consecuencia, planteó la contienda negativa ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es preciso recordar que el art. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada a las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquellas que involucren pretensiones posesorias (inc. 2).
Bajo tales premisas, esta Corte ha sostenido en términos generales que los juicios que versen sobre los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles son casos gobernados, de forma primaria, por el derecho privado y, por ende, extraños al ámbito de competencia asignado al fuero especializado (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018 y B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018).
IV. En efecto, del relato efectuado en el escrito inaugural, se desprende que la pretensión primordial de la acción incoada en autos es la obtención de una sentencia que condene al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires a escriturar a favor de la señora Ivana Pardo Roman el inmueble que se detalla y, así, perfeccionar la titularidad del dominio sobre el bien. En razón de ello, es dable concluir que se trata de una contienda regida primariamente por normas de derecho privado y que, por ende, se encuentra específicamente raleada del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (arts. 296, 309 y conc., Cód. Civ. y Com. y 4 inc. 1°, CCA; doctr. causas B. 71.703 "Bagnone", resol. de 18-IV-2012 y sus citas; B. 73.243, “Gutiérrez”, resol. de 5-XI-2014 y B. 73.513, “Jimenez”, resol. de 22-IV-2015).
Para más, cabe señalar que pese a que la actora deduce un reclamo por los daños y perjuicios presuntamente ocasionados, circunstancia que prima facie podría ser encuadrable en los términos del art. 2 inc. 4 del código de rito -pues con la demanda entablada se pretende responsabilizar patrimonialmente a una de las personas alcanzadas por la mentada regla-, debe tenerse en cuenta que un eventual resarcimiento dependerá, ineludiblemente, de la suerte que vaya a correr el planteo examinado en primer término (conf. causa 76.837, “Barboza”, resol. de 23-II-2021).
V. Por los fundamentos arriba expuestos, y atento la naturaleza del objeto principal del litigio, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2021 22:08:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/04/2021 09:54:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 10:33:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 10:10:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 11:46:18 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia