Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77252
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.77.252 “BROCHON NATALIA BEATRIZ C/ INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ESCRITURACION - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12008”
I. La señora Natalia Beatriz Brochon promueve demanda contra el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que, luego de ordenar provisoriamente el levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble sito en la calle Catamarca Nº 4337, Piso 9°, Departamento “B”, designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección D, Manzana 348 Ic, Parcela 7ª, se otorgue a su favor la correspondiente escritura traslativa de dominio. Asimismo, reclama una indemnización por los daños y perjuicios que alega haber padecido como consecuencia de la demora en la entrega del mentado título de propiedad.
Relata que el día 18 de junio de 2010 le fue adjudicada y entregada la posesión de una unidad funcional en el complejo habitacional construido por el organismo demandado, en el marco de un contrato de inversión suscripto con la Asociación Mutual del Personal de los Casinos Nacionales.
Luego, explica que tomó conocimiento de la existencia de una deuda en concepto de Tasa de Servicios Urbanos Municipales, cuya satisfacción se perseguía en los autos caratulados “Municipalidad de General Pueyrredon c/ IVBA s/ Cobro Ejecutivo” (expte. n° 42034), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 -Secretaría de Apremios- del Departamento Judicial de Mar del Plata. Esta circunstancia, indica, sería el motivo por el cual el Instituto demandado se encuentra impedido de otorgar las respectivas escrituras públicas, de acuerdo a lo pactado.
Así, alega que el conflicto principal se genera a partir de la entrega de la posesión del predio en cuestión, dado que la Secretaría de Hacienda se encuentra imposibilitada de fraccionar la deuda registrada, por no haberse inscripto en la Municipalidad, en el momento oportuno, la subdivisión de las parcelas efectuada.
Resalta, en este punto, su voluntad de cancelar la deuda registrada sobre la parte del bien que efectivamente posee. Sin embargo, destaca que, al no poseer el título de propiedad del inmueble, no se encuentra habilitada para gestionar una cuenta propia que le permita abonar la cuota correspondiente a su unidad funcional y que esto provocará el incremento exponencial de las sumas que eventualmente deba saldar.
Concluye que, pese a las reuniones y gestiones realizadas con diversos organismos estatales, no se ha arribado a una solución que ponga fin al estado de indefensión en que presuntamente se encuentra, atento hallarse vulnerado su derecho de propiedad.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº8 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo magistrado se inhibió de intervenir en el asunto.
En primer lugar, recordó que la competencia ratione materiae es de orden público, no pudiendo alterarse ese principio o dejarlo sin efecto por la voluntad de los particulares. Seguidamente, estimó que, toda vez que la acción se dirigía contra un ente autárquico de derecho público -cuya misión principal es la ejecución de la política habitacional en el territorio provincial-, el caso quedaba aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado (v. resol. de 23-X-2020).
De esta manera las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular rechazó la competencia que le fuera endilgada por considerar que del contenido del escrito postulatorio se extraía que el objeto principal del juicio era la escrituración del inmueble del cual la actora detentaba la posesión, siendo accesorias las restantes cuestiones planteadas. Atento esto, afirmó que se trataba de un pleito gobernado por normas de derecho privado y que, por lo tanto, se hallaba excluido del ámbito propio de su conocimiento (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
En consecuencia, planteó la contienda negativa ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Efectivamente asiste razón al juez en lo contencioso administrativo.
Al respecto, es preciso recordar que el art. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada a las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquellas que involucren pretensiones posesorias (inc. 2).
Bajo tales premisas, esta Corte ha sostenido en términos generales que los juicios que versen sobre los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles son casos gobernados, de forma primaria, por el derecho privado y, por ende, extraños al ámbito de competencia asignado al fuero especializado (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018 y B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018, e.o.).
Por último, tal como lo señala el magistrado que dio por configurado el conflicto y elevó los obrados a esta sede, recientemente este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso sustancialmente análogo al presente (causa B. 76.852, “Pardo”, resol. de 9-IV-2021), inclinándose a favor del fuero civil y comercial.
IV. En efecto, del relato efectuado en el escrito inaugural, se desprende que la pretensión primordial de la demanda incoada en autos es la obtención de una sentencia que condene al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires a escriturar a favor de la señora Natalia Beatriz Brochon la fracción de terreno que se destalla y, así, perfeccionar la titularidad del dominio del inmueble en cuestión. En virtud de ello, es dable concluir que se trata de una contienda regida primariamente por normas de derecho privado y que, por ende, se encuentra específicamente raleada del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (arts. 296, 309 y conc., Cód. Civ. y Com. y 4 inc. 1°, CCA; doctr. causas B. 71.703 "Bagnone", resol. de 18-IV-2012 y sus citas; B. 73.243, “Gutiérrez”, resol. de 5-XI-2014 y B. 73.513, “Jimenez”, resol. de 22-IV-2015).
Para más, cabe señalar que pese a que la actora deduce un reclamo por los daños y perjuicios presuntamente ocasionados, circunstancia que prima facie podría ser encuadrable en los términos del art. 2 inc. 4 del código de rito -pues con la acción entablada se pretende responsabilizar patrimonialmente a una de las personas alcanzadas por la mentada regla-, debe tenerse en cuenta que un eventual resarcimiento dependerá, ineludiblemente, de la suerte que vaya a correr el planteo examinado en primer término (conf. causa B. 76.837, “Barboza”, resol. de 23-II-2021).
V. Por los fundamentos arriba expuestos, y atento la naturaleza del objeto principal del litigio, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe conociendo en la litis .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 18:41:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 20:05:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 12:07:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:29:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:40:13 - SOUSA Liliana Eva - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia