Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 122854
En la ciudad de La Plata, a los 16 días del mes de Marzo de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "DIAZ KARINA ELIZABETH C/ LAMARQUE ELIDO DELFOR S/ESCRITURACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS " (causa: 122854), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fs. 130/133vta.?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes. A fs. 130/133 vta. se dictó sentencia donde se admitió la excepción de prescripción opuesta por el Sr. Elido Delfor Lamarque y consecuentemente se rechazó la demanda por escrituración y daños promovida por la Sra. Karina Elizabeth DÍAZ, con costas a la actora en su calidad de vencida.
La sentencia fue apelada por la actora (fs. 139), quien expresó agravios a fs. 161/173, los cuales fueron contestados a fs. 181/186.
Por considerar que al dictar la sentencia que luce a fs. 67/68 vta., el iudex a quo omitió establecer que en caso de no hacerse efectiva la escrituración por los demandados, ésta deberá concretarse por el Juez y que, además, erróneamente condenó a la actora a depositar el saldo de precio, ya que nadie lo solicitó, interpuso el actor recurso de apelación, expresando sus agravios a fs. 92/93 vta., los que no han sido contestados.
II. Los agravios. Luego de una innecesaria transcripción de la sentencia apelada (punto II a fs. 161/173vta.), la actora expone como agravios la siguiente argumentación:
a) En primer lugar considera que el reconocimiento de la firma del boleto de compraventa de fecha 31/3/2004 (fs. 6/8), importa el reconocimiento de su contenido conforme el art. 1026 del Código Civil y el instrumento que sirve de base a la presente acción tiene el valor de un instrumento público (art. 1028, Código Civil), lo cual da pleno valor al pago del precio y entrega de la posesión, lo cual fue desconocido por el juez de primera instancia.
En virtud de ello considera que es la demandada quien debió probar que la posesión no fue entregada, y -mediante la cita de jurisprudencia- que quien alega abuso de firma en blanco tiene la carga de demostrar que el instrumento fue dado en blanco y llenado por su tenedor con un contenido distinto a fin de enervar las consecuencias del reconocimiento.
Más adelante afirma que el decisorio infringe el art. 1019 del Código Civil al deducir, por la sola manifestación del demandado, que existió abuso de firma o lesión subjetiva sin que haya prueba alguna; y que el desconocimiento del signatario es insuficiente (art. 1017, Código Civil).
b) Las misivas de fs. 12 (C.D. del 28/3/2014 remitida por la actora al demandado) y fs. 13 (C.D. del 14/4/2014 remitida por la actora al demandado), que tienen el mismo contenido (intimación a escriturar) fueron dirigidas al mismo domicilio (General Paz entre Güemes y 25 de Mayo de Villanueva, partido de Gral. Paz) y fueron respondidas por el demandado.
c) En la contestación de demanda, el Sr. Lamarque negó el contenido de la Carta Documento del 28/3/2014 pero no su recepción.
d) Quien alega la no posesión como base de la excepción de prescripción debe acreditar la no posesión realizada. Considera que se invierte la carga de la prueba al exigírsele la prueba de la posesión. Agrega que de la causa penal surge que quien detenta la posesión es la actora, y que ello fue omitido por el sentenciante de origen.
III. Tratamiento de los agravios. No existe controversia en orden a la aplicación del plazo de prescripción decenal del art. 4023 del Código Civil.
El juzgador de la instancia de origen consideró que la prescripción no se vió interrumpida ni por las intimaciones que la actora dijo haber cursado al demandado ni por la posesión de la cosa.
Con relación a la constitución en mora del deudor, tal como lo destaca el sentenciante de origen con cita de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), la constitución en mora como causal de la suspensión de la prescripción requiere interpelación efectiva hecha al deudor de modo que aleja toda duda sobre la veracidad del reclamo y la fecha (causa C. 116.630, 8/4/2015).
El actor acompañó diversas piezas postales, que obran a fs. 11, 12 y 13, en las cuales intima al accionado a escriturar.
Con relación a las piezas postales de fs. 12 y 13 (cartas documento intimando al demandado a escriturar, que han sido referenciadas en la sentencia), el actor no acompañó la constancia de su recepción ni ofreció prueba informativa al correo para que se expida sobre dicha cuestión, por lo que habrá que analizar si la misma fue negada por la demandada, sin que tenga incidencia en dicha temática lo manifestado por el juez en orden a que han sido enviadas a domicilios distintos.
Si bien el “a quo” no hizo referencia a la carta documento de fs. 11 de fecha 3/9/2014 y remitida el 7/10/2014, tampoco hay prueba directa de su recepción por parte del demandado (no se adjuntó aviso de recibo ni se ofreció prueba informativa para que informe sobre su recepción).
En cuanto a las negativas sobre la recepción de dichas piezas postales, considero que no han sido negadas categóricamente a tenor de la carga impuesta por el art. 354 inc. 1° del C.P.C.C., ya que con respecto a la de fs. 12 del 28/3/2014 el accionado en su responde ha dicho textualmente:
“NIEGO el contenido de la carta documento que se me enviara en fecha 28 de marzo de 2014 por lo expuesto supra y que haya guardado silencio a la misma”.
Asimismo, respecto de las piezas postales de fs. 13 del 14/4/2014 y 11 del 30/9/2014, ha expresado:
“NIEGO por los mismos motivos que los expuestos en el párrafo anterior la Carta Documento 436717893 de fecha 14 de abril de 2014”.
“NIEGO por los análogos argumentos que los volcados supra la carta documento CD 507216535 de fecha 30 de septiembre de 2014”.
A ello se suma el reconocimiento de la Carta Documento de fs. 10 enviada por el demandado a la actora, donde el demandado se pone a disposición de la Sra. Karina Elizabeth Díaz o de quien resulte legalmente interesado a fin de suscribir la escritura que se reclama, la cual entiendo que es la contestación de las piezas postales de fs. 12 y 13.
Con tal base, tengo por probado que el actor ha sido interpelado a través de las piezas postales de fs. 11, 12 y 13. Pero, al no tener constancia de la fecha en que se recibió cada comunicación ni surgir ello de los escritos introductorios, se dificulta la aplicación de la suspensión emergente del segundo párrafo del art. 3986 del Código Civil que requiere interpelación en forma “auténtica”, esto es en forma cierta y verdadera.
En relación al tema, la SCBA ha tenido oportunidad de pronunciarse en la causa L. 88.013 (sent. del 25/11/2009) refiriéndose a la opinión vertida por el doctor Borda, "... quien expuso que antes que afirmar que la prescripción se suspende por la ‘constitución en mora’, hubiera sido más apropiado señalar que la misma opera por la ‘interpelación’, pues en realidad es esta última la que tiene la virtualidad de suspender el término. De allí que la norma utilice las palabras ‘efectuada en forma auténtica’, agregando que por ‘forma auténtica’ debe entenderse una interpelación que aleje toda duda sobre su veracidad y fecha. Luego, enuncia el autor citado diversos ejemplos de ‘interpelación auténtica’, entre los cuales incluye al telegrama colacionado, pues -añade- el objetivo de la norma es que no resulte indispensable, para evitar que la prescripción se opere, recurrir a un abogado, entablar la demanda, pagar los gastos de justicia, etc.; bastando para ello con el requerimiento auténtico (ver Borda, Guillermo A. ‘La Reforma de 1968 al Código Civil’. Ed. Perrot, Buenos Aires, 1971, págs. 299/300). En el mismo sentido, se ha sostenido -comentando el art. 3986 reformado- que ‘si el acreedor demuestra que interpeló, aplicando cualquier forma, la prescripción se suspende’ (conf. Mercader, Miguel A. ‘Interrupción de la prescripción por demanda y por constitución en mora’. En Morello, Augusto M. y Portas, Néstor L., ‘Examen y crítica de la reforma del Código Civil’. Editora Platense, La Plata, 1971, Tº II, pág. 307). En definitiva, lo que genera la norma no es sino un efecto favorable al acreedor, en cuanto a la prolongación del plazo de la vida útil de la acción (Areán, Beatriz. En Bueres, Alberto J. [dirección] y Highton, Elena I. (coordinación) ‘Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial’, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001, pág. 692)".
Es importante agregar que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y en consecuencia ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho (SCBA, Ac. 43.779, 2/10/90; Ac. 57.436, 27/2/96; Ac. 75.702, 25/10/2000; Ac. 86.194, 9/11/2005; Ac. 87.437, 15/3/2006; Ac. 92.457, 22/8/2007; C. 101.502, 24/6/2009; c. 110.222, 5/11/2014; CSN, Fallos: 312:2352; 316:2325 y 318:879).
Así, se ha declarado que "... si la condición para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor, basta para interrumpirla una expresión de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono de su derecho que se induzca de ese silencio o inacción, y esta manifestación tanto puede exteriorizarse mediante demanda, entendida en su sentido técnico procesal, como por cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder" (SCBA, causas L. 33.605, sent. del 4/9/84; L. 34.017, 26/2/85; L. 67.858, 23/2/2000, entre muchas otras; L. 88.013, 25/11/2009; CSN, S.1135.XLII, "Sánchez de Elyeche, Sara Marta contra Domínguez, Daniel Oscar y otro", 18/12/2007).
Siendo que el actor fue intimado a escriturar por medio de las piezas postales de fs. 11, 12 y 13, que la suspensión opera por una sola vez (art. 3986, segundo párrafo, cód. cit.), corresponde estar a la primera intimación, que tengo operada -ante la ausencia de prueba concreta- el día 28 de abril de 2014, fecha en que el actor envió la pieza postal de fs. 10, por lo que a partir de allí ocurrida la suspensión de la prescripción durante un año (conf. art. 3986, segundo párrafo, Código Civil).
Por otra parte, también considero probada la posesión por parte de la actora del predio en cuestión y, por ende, por interrumpida la prescripción.
En primer lugar, el reconocimiento del demandado de haber firmado el instrumento de fs. 6/8 importa el reconocimiento de su contenido a tenor de lo normado por el art. 1026, del Código Civil.
La maniobra que relata el Sr. Lamarque, en orden a que firmó sin leer a raíz de un engaño, sólo encuentra sustento en lo afirmado por éste último (o por el Sr. Marcelo Javier Pinedo, quien quiso tomar por la fuerza el predio en cuestión conforme surge de la causa penal y presenta una relato que no me convence - art. 456, CPCC -). No habiéndose probado la maniobra ni el ardid esgrimido por el accionado -carga que le viene impuesta a tenor de los arts. 1017 del Código Civil y 375 del C.P.C.C.- queda en pie el contenido del boleto de fs. 6/7, donde consta la entrega de la posesión al comprador (la Sra. Karina Elizabeth Díaz) el 31/3/2004 (fecha de la firma del boleto), y ello no ha sido desvirtuado con la demás prueba producida en autos.
Tal como ha dicho esta Sala, si se pretende -como en el caso- desconocer el contenido del instrumento, en razón de que habría existido un engaño, no es suficiente la sola negativa del signatario, sino que debe acreditarse fehacientemente los extremos invocados para enervar las consecuencias del reconocimiento (arts. 1016, 1017, 1019, Código Civil; 375 y 384, C.P.C.C.) (causa 73.839, 3/11/93, RSD. 361/93, citada por el recurrente a fs. 165).
Y si el Sr. Lamarque ha reconocido la firma en el boleto acompañado por la actora y agregado a fs. 6/8, cabe la presunción de autenticidad del cuerpo o contenido de dicho instrumento (arts. 1026 y 1028, Código Civil), pesando sobre la persona referida la carga de desvirtuarlo, lo que no queda abastecido con el desconocimiento que realice el signatario (ver en dicho sentido: esta Sala, causa 119.401, RSI. 249/2015, 10/11/2015).
Además, la posesión de la actora es corroborada por las constancias de la causa penal que obra por cuerda (I.P.P. 06-00-029.060-13 e incidente de medida cautelar y anexos documentales), donde se dictó sentencia en la cual se ordenó el desalojo del Sr. Marcelo Javier Pinedo y demás ocupantes y su entrega a la actora, medida que se efectivizó el 12 de noviembre de 2013, conforme acta cuya copia certificada obra a fs. 65/66. En dicha resolución se dijo que los peticionantes han acompañado documentación que acredita los actos posesorios por ellos realizados; que los denunciados (Pinedo y demás ocupantes) han ingresado al campo mediante violencia (art. 181 inc. 1° Código Penal); y que el derecho invocado por los peticionantes es verosímil (ver copia de dicha sentencia a fs. 60/64 y fs. 83/87 de la causa 06-00-029.060-13, caratulada “Imputado: Marcelo Javier Pinedo. Delito/s: Usurpación. Incidente de medida cautelar”, que obra por cuerda). La sentencia fue confirmada conforme resolución cuya copia obra a fs. 56/58 vta. (ver fs. 107/109 vta. del incidente de medida cautelar precitado), donde se consideró que la actora venía ejerciendo actos posesorios desde el año 2004 (el boleto que intenta desvirtuar el demandado es de dicho año).
Ver además declaraciones testimoniales de fs. 7 y 143 (Sr. Carlos Fabián Abregu), fs. 8 y 144 (Sra. María Rosa Hinojosa), fs. 9 (Jorge Darío Rouco) y fs. 10 (Karen Aldana Serio) en la causa penal referida.
En consecuencia, la jurisprudencia que cita el sentenciante de origen a fs. 132 vta./133 no se aplica al caso de autos, por lo que considero no acaecido el plazo prescriptivo de diez años invocado por el demandado, por lo que corresponde rechazar la defensa de prescripción opuesta por el Sr. Elido Delfor Lamarque (arts. 163, 164, 260, 261, 266, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.; 3, 1012, 1016, 1017, 1026, 1028, 1031 y 4023, Código Civil; 7, C.C.C.N.), e ingresar al tratamiento de las demás cuestiones que afloran a raíz de ello.
IV. Siendo que la acumulación de procesos ha sido desestimada (ver fs. 80/81) y ha caído la citación como tercero del Sr. Marcelo Pinedo (ver resolución de fs. 104), providencias que se encuentran firmes y consentidas, todas las cuestiones opuestas a la petición de escrituración (boleto de compraventa con el Sr. Pinedo, poder otorgado para escriturar a favor de referido, boleto posterior realizado por un apoderado de Pinedo) han perdido toda consistencia para enervar la presente acción. Lo mismo acontece con lo argumentado sobre el boleto de fs. 6/8, cuya copia obra a fs. 14/16, ya que ha quedado reconocida su firma por parte del actor y no ha sido probado el engaño que refirió el demandado (me remito a lo expuesto en el punto anterior). Superados tales escollos cabe analizar la procedencia de la demanda de escrituración.
V. En nuestro derecho, con el boleto de compraventa, no se transfiere la propiedad del inmueble vendido, sino que genera la obligación de hacerlo a través del medio idóneo para lograr tal objetivo que es la escritura pública (arts. 1184 inc. 1° y 1185, Código Civil), la cual debe ser cumplida del modo estipulado por las partes, o, en su defecto del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara (art. 625, Código Civil).
Por ello el boleto no es título suficiente para adquirir el dominio de un inmueble (art. 1185, Código Civil), sin perjuicio de las diversas obligaciones que puede generar para las partes (entrega de la cosa, pago del precio, etc.).
Así se ha dicho que la escrituración es un supuesto típico de obligación de hacer, cual lo es la de instrumentar el acto de escritura pública con aptitud suficiente para transmitir el dominio (arts. 625, 1184 inc. 1ero., Código Civil; SCBA, “Ac. y Sent.” 1991-II, 555; DJBA, 142-236).
Los artículos 1185 y 1187 del Código sustantivo -norma vigente a la celebración del acto y de los actos posteriores, que gobierna la relación (arts. 3, Código Civil; 7, C.C.C.N.)- acuerdan al boleto de compraventa los efectos propios de un contrato preliminar por el que las partes se han obligado recíprocamente a hacer escritura pública y la escrituración ulterior al boleto opera con eficacia traslativa, en tanto integra las formas exigidas y se erige en un "título suficiente para transferir el dominio" (SCBA, “Ac. y Sent.” 1990-II, 541).
Tanto la doctrina autoral cuanto la jurisprudencial coinciden en calificar a la instrumentación escrituraria como un acto complejo, en el que la obligación de extenderla y colaborar en su concreción pesa por igual sobre ambas partes celebrantes del negocio jurídico, obligación recíproca que legitima a cualquiera de ellos para instar el acto y exigir su cumplimiento -que conforme señala el art. 1323 del Código Civil, son las de transferir la propiedad de la cosa y pagar un precio en dinero, como así también otorgar escritura (arts. 1185 y 1187, Código Civil-, y en el que juega un papel preponderante la actividad de un tercero, el escribano público (doct. arts. 495, 496, 625, 1185, 1187, 1201, Código Civil; esta Sala, causa 104.321, 29/9/2005, RSD. 211/2005; SCBA, C. 116.965, 1/7/2014).
En el caso de autos la actora dijo que el Sr. Elido Delfor Lamarque le ha vendido los inmuebles que constan en el boleto de fs. 6/8, aunque no ha probado -pese a la negativa del demandado en oportunidad de contestar la demanda- haber pagado el saldo del precio de venta ($ 30.000)
Tampoco ha ofrecido la actora pagar el saldo pendiente de $ 30.000. Al no haber producido el actor prueba alguna tendiente a acreditar la existencia del pago del saldo de precio que adeudaba al accionado, frente a la negativa del accionado, su sola mención en la demanda resulta insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento de la obligación asumida (arts. 330, 354, 375 y 384, C.P.C.C.).
Del juego armónico de los arts. 510 y 1201 del Código Civil, se desprende que, en los contratos bilaterales que contienen obligaciones recíprocas, tal como sucede con el que motiva estos actuados, una de las partes no puede reclamar su cumplimiento a la otra parte si no acreditase primero el suyo propio u ofreciere cumplirlo, por lo que el cumplimiento de la obligación asumida por el actor constituye en este caso un presupuesto de acreditación necesaria para el progreso de la acción.
Que en virtud de lo expuesto, no habiendo acreditado el actor el cumplimiento de la obligación que pesaba sobre él para encontrarse habilitado a reclamar el de la demandada, la acción entablada no puede prosperar (arts. 510, 625, 1184 inc. 1, 1185 y 1187, Código Civil; 163, 164, 260, 261, 266, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.), por lo que corresponde confirmar el rechazo de la demanda.
VI. Por las razones expuestas doy mi voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Logrado el necesario acuerdo de opiniones al votar y decidir la cuestión que antecede, por los fundamentos expuestos corresponde confirmar la sentencia de fs. 130/133vta. en cuanto rechaza la demanda por escrituración y daños y perjuicios promovida por la Sra. Karina Elizabeth Díaz contra Elido Delfor Lamarque. II) Las costas de segunda instancia se deben imponer al actor en su condición de vencido (art.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.