Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122485
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 26 de Junio de 2019.
I. El apoderado de la firma demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, en virtud de la falta de definitividad de la resolución atacada (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790; v. fs. 1445/1455 y 1440/1441 vta., respectivamente).
En el caso, en el marco de un proceso de escrituración, la Cámara interviniente desestimó el recurso interpuesto por la firma EBI S.A. al considerar que resultaba inadmisible el incidente de nulidad para atacar una resolución judicial, en tanto los defectos que se le atribuyen a la decisión que le causa agravio podían eventualmente ser reparados a través de la apelación y tal remedio no había sido articulado oportunamente contra la misma y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia que, a su turno, dejó sin efecto la convocatoria a una audiencia fijada y proveyó los medios probatorios ofrecidos por las partes, desestimando algunos por inconducentes e impertinentes (v. fs. 1156 y vta., 1164/1165 vta. y 1283/1284).
II. Posteriormente, el recurrente realizó una presentación invocando lo normado por el art. 163 inc. 3 del Código de rito, con el objeto de adjuntar a la causa una copia -extraída del sistema digital- de una sentencia dictada por la Cámara Comercial Nacional en un expediente relacionado (v. fs. 1457/1486 vta.).
III. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y propiedad (arts. 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22; Const. nac.; 8; CADH; v. fs. 1447, 1450, 1451 vta./1452, 1453 y 1454).
III.1. Afirma, que la sentencia dictada por el a quo resulta equiparable a definitiva, dado que el fallo de la instancia de grado le causa un perjuicio irreparable, atento que vedó -según su entender- su derecho de defensa en juicio (v. fs. 1446 vta./1449 vta.).
III.2. Sostiene, por otro lado, que el pronunciamiento en crisis debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido, en tanto, esta Corte -apartándose de las constancias de la causa y de la normativa aplicable- desestimó el recurso de hecho intentado limitando sus fundamentos a un "clisé" formalista, incurriendo -al igual que el Tribunal de Alzada- en exceso ritual manifiesto y violación a los derechos de propiedad y defensa en juicio (v. fs. 1446 vta./1447 y 1449/1454).
III.3. Por último, y en sustento en lo antedicho, alega que el presente es una excepción al principio de que los temas regidos por el derecho común y procesal no habilitan la vía extraordinaria. Cita precedentes de la Corte Suprema nacional que -desde su perspectiva- resultan aplicables al caso y solicita que el máximo Tribunal de la Nación deje sin efecto la decisión impugnada (v. fs. 1454 y vta.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1456), el mismo fue contestado por el apoderado del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 1494/1503 vta.).
V.1. Liminarmente, corresponde señalar que las cuestiones de hecho y prueba así como las relacionadas con la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales (en el caso, el análisis de las circunstancias efectuado por las instancias anteriores en grado en lo que refiere al proveimiento de las pruebas, y la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado para abrir la competencia de esta Corte) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la queja por denegatoria del carril local, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. fs. 1446 vta./1454 vta.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de exceso ritual, falta de fundamentación suficiente y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, cabe tener en cuenta que -según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación- la mentada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 325:2192; 329:2206, 3761; 330:133, entre otros).
Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493). En ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a reiterar los cuestionamientos que sustentaron el recurso de hecho local y que merecieran oportuna respuesta en la decisión atacada (v. fs. 1423 vta./1424, 1426/1431 vta., 1440/1441 vta. y 1446 vta./1454 vta.).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de garantías constitucionales y convencionales (de debido proceso, defensa en juicio y propiedad; arts. 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22; Const. nac.; 8, CADH; v. fs. 1447, 1450, 1451 vta./1452, 1453 y 1454), así como el acompañamiento de una sentencia dictada por un órgano de Primera Instancia de otra jurisdicción (v. fs. 1457/1486 vta.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.500, "Denyszczuk", resol. de 3-V-2018; entre otros).
V.4. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 1446 vta.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia