Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Soria , de Lázzari , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.798, "Piacquadio, Roberto Julián contra Larripa, Jorge Abel y otros. Escrituración".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores confirmó el fallo del juez de origen quien, a su turno, hiciera lugar a la acción de escrituración incoada por el señor Roberto Julián Piacquadio contra los señores Jorge Abel Larripa y Silvia Raquel Cichilliti, al encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 346/350 y 399/414).
Se interpuso, por la parte accionada vencida, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 419/441).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 419/441?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor Roberto Julián Piacquadio promovió acción de escrituración contra los señores Jorge Abel Larripa y Silvia Raquel Cichilliti respecto de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Ostende (v. fs. 9/11 vta.).
Motivó objetivamente su pretensión en la compraventa realizada con los legitimados pasivos el día 9 de septiembre de 2010, la cual disponía -en su cláusula tercera- que el precio de venta por los inmuebles allí designados era de ochenta mil pesos ($80.000) y que tal suma fue entregada en ese mismo acto. Por otro costado, dicho convenio establecía -en su acápite cuarto- que la escritura se realizaría a pedido del propio comprador, entregándose la posesión de los bienes al adquirente a la firma del boleto (v. fs. 9 vta.).
Adujo que frente a la negativa por parte de los demandados de cumplir con aquello a lo que se habían obligado, interpuso el mentado reclamo (v. fs. cit.).
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 de la ciudad de Dolores acogió la demanda, condenando a los accionados a otorgar escritura al actor, en el plazo allí consignado (v. fs. 346/350).
III. La Cámara departamental confirmó esa decisión.
Para así decidir, indicó la falta de producción de prueba útil tendiente a derribar las alegaciones del demandante y el incumplimiento de la carga demostrativa en cuanto a la justificación de las defensas opuestas por los accionados, tales como el dolo y la lesión subjetiva (v. fs. 399/414).
IV. Frente a ello, los accionados vencidos -por medio de asistencia letrada- interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que aducen infracción a la ley 24.345 y a los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional y 11, 15 y 57 de su par local. Asimismo, esbozan los vicios de absurdo y arbitrariedad, como así también la violación de doctrina legal que citan (v. fs. 419/441).
Cuestionan la falta de recepción de las figuras invalidantes del dolo y la lesión subjetiva que -entienden- afectaban el acto jurídico oportunamente consignado. Añaden que no puede convalidarse un boleto de compraventa y, con ello, sostener la obligación a escriturar, cuando ellos solo se habían obligado por un mutuo dinerario y nunca por la futura transmisión de la propiedad (v. fs. 430/438 bis).
Denuncian que yerra el juzgador de grado anterior cuando argumenta que no han cumplido con la carga que sobre ellos pesaba de demostrar las defensas opuestas.
Argumentan que no ha sido considerado en su totalidad el plexo probatorio, específicamente aquella prueba que hace al fondo de la cuestión debatida y que le permite al sentenciante llegar a la verdad material de los hechos, tal como lo es la experticia del martillero público y las cartas documento incorporadas (v. fs. 430 vta./434).
Consideran que hubo un apartamiento grosero de la forma en que quedó trabada la discusión (v. fs. 432).
Asimismo, sostienen que han quedado acreditadas en la especie las siguientes circunstancias:
a) la desproporción entre el valor de los bienes en crisis y el precio suscripto;
b) el estado de necesidad, ya que se realizó la compraventa horas antes de un remate judicial;
c) el conocimiento del actor de dicha situación de vulnerabilidad y
d) el aprovechamiento de la misma.
Dicho ello, concluyen en que tales elementos configuran de plano la lesión subjetiva invocada (v. fs. 434/438 bis).
Finalmente, exponen su particular visión sobre los resultados de la única pericia desarrollada en autos, destacan la operatividad de la ley 24.345, invocan arbitrariedad y citan la doctrina legal que entienden infringida (v. fs. 438 bis vta./439 vta.).
V. El recurso no prospera.
V.1. Cabe recordar que ha expresado este Tribunal -en reiteradas oportunidades- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 118.911, "Ortiz Vda. de Polo", resol. de 4-II-2015; C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015 y C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; etc.), tal como se verifica en el sub lite (art. 279, CPCC).
En efecto, la Cámara, a fs. 399/414, sostuvo que los accionados no habían aportado al proceso probanzas útiles que pudieran apuntalar la presencia de dicho dolo en el negocio jurídico que uniera a las partes, dado que no habían agregado elementos de convicción, ni siquiera presunciones que acreditaran tal extremo (v. fs. 406).
Consideró que los accionados no desconocieron el boleto de compraventa -base de la pretensión- ni sus firmas, por lo que el mismo debía tenerse por válido (v. fs. 404 vta./405).
Asimismo, para desestimar la queja vinculada con la actitud maliciosa del reclamante que culminara con el "cambio del escrito al momento de la firma", expuso que la misma no podía ser de recibo, en tanto de la simple lectura del documento obrante a fs. 3 y vta. se podía observar que en su cláusula sexta -es decir, justo por encima de las firmas-, expresamente se encontraba consignado: "para todos los efectos legales derivados de la aplicación del presente boleto de compra-venta...", lo que resalta con claridad el carácter del documento firmado (v. fs. 405 vta. y 406).
Ante tales conclusiones, reprochan los agraviados una falta de evaluación integral de las constancias fácticas del pleito.
Postulan que la operación de compraventa no solamente fue negada por su parte, sino que además desde el escrito de responde expresaron que solo se habían obligado por un mutuo dinerario.
Añaden que las firmas nunca pueden ser negadas por su parte por la sencilla razón de que fueron realizadas por ellos mismos. Que lo que censura la ley es la inducción a firmar un convenio en un estado de necesidad y aprovechamiento y que sostener que no hay lesión por el hecho de suscribir un contrato es violar las elementales normas de derecho y la legislación propiamente dicha, como así también la jurisprudencia que gira en torno al art. 953 del Código Civil.
Como se ha puesto en evidencia, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada -que se erigen en el soporte jurídico de esta porción decisoria-, no logran ser rebatidos eficazmente por los reproches desarrollados a fs. 430 vta./434 (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Pues bien, su atenta lectura deja advertir que -más allá de reiterarse planteos expuestos ante la Cámara, que fueron tratados y desechados; ver fs. 368/381 vta.- los mismos se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la valoración de los instrumentos y las circunstancias fácticas que rodearon la celebración del acto cuestionado, lo que -en el modo expuesto- no basta para demostrar el yerro alegado (conf. art. 279, cit.).
Este Tribunal tiene dicho que determinar si, en un caso concreto, se reúnen los presupuestos configurativos del dolo capaz de viciar la voluntad expresada en el contrato, nos remite a cuestiones de hecho y prueba reservadas a los órganos jurisdiccionales de grado y, por tanto, exentas de contralor en sede extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (conf. doctr. causas C. 96.918, "Dalul", sent. de 25-II-2009; C. 104.554, "Carré", sent. de 10-III-2010; C. 108.139, "Scarcella", sent. de 2-III-2011; etc.), no configurado en la especie.
Sabido es que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de las bases esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para los impugnantes. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o los referidos fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el decisorio del tribunal inferior (conf. doctr. causas C. 118.718, "Balbuena", resol. de 30-IV-2014; C. 120.326, "Pérez", resol. de 2-XII-2015; C. 120.529, "Vegas Hirnaldo", resol. de 1-VI-2016; entre tantas).
Lo brevemente dicho, habilita a desestimar -sin más- este aspecto del intento revisor (arts. 279 y 289, CPCC).
V.2. La misma suerte adversa debe correr el agravio vinculado con el rechazo de la lesión subjetiva (v. fs. 434/438 bis).
Es doctrina de esta Corte que determinar si en un caso dado ha mediado el vicio de lesión, es una cuestión circunstancial o de hecho impropia de la función de la casación, la que no es una tercera instancia ordinaria, pudiendo sólo revisarse lo resuelto por los jueces de grado mediante la invocación y demostración de que se ha incurrido en absurdo en la apreciación de la prueba o en la interpretación del contrato que se dice viciado (art. 279, CPCC; doctr. causas C. 88.870, "Ganadera Peytu", sent. de 13-IX-2006; C. 102.220, "De Romedi", sent. de 11-III-2009; C. 119.423, "Montero", sent. de 2-III-2016; e.o.).
Pues bien, sostuvo la Cámara que en autos el elemento preponderante a tener en cuenta de la figura lesiva alegada por los legitimados pasivos era la diferencia entre el valor de venta convenido y el valor real del inmueble (v. fs. 408 vta.).
Con base en las circunstancias procesales del expediente, estimó que el único informe agregado (suscripto por un tasador y obrante a fs. 330) no debía considerarse vinculante para la solución del litigio.
Expuso la Cámara que, si bien el perito cumplió con la tarea de justipreciar la propiedad en disputa, no lo hizo respecto a la determinación de los precios en las fechas solicitadas -ni aludió a otras pautas, verbigracia su variación- y que, además, la experticia carecía de mayor información complementaria para las conclusiones brindadas (v. fs. 410), motivos por los cuales entendió que dicha pieza no tenía la virtualidad suficiente para sustentar la desproporción en los montos argumentada.
Igualmente, desestimó el planteo efectuado en torno a la alegada explotación por parte del accionante. Refirió que mal podía suponerse que la demandada carecía de conocimiento para realizar operaciones inmobiliarias o que aceptó, engañado, un precio sin conocer los valores de venta del inmueble, cuando había quedado corroborado en la litis -mediante el contrato de liquidación de sociedad de hecho obrante a fs. 23- que el coaccionado señor Larripa participó como socio -justamente- en un negocio del rubro de las propiedades (v. fs. 411).
Por último, haciendo mérito del importe de la deuda por la que se encontraba ejecutando -en la época- a los demandados y la suma percibida por la operación, desechó el argumento de enriquecimiento desmedido e injustificado del otro contratante (v. fs. cit. vta.).
Ahora bien, tales razonamientos del tribunal a quo - aunque fueran tachados de absurdo en la pieza bajo análisis- no han sido objeto de un reproche idóneo por parte de los recurrentes que logre demostrar la existencia del vicio lógico denunciado (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Los recurrentes se han limitado en esta sede extraordinaria a desplegar una serie de consideraciones personales acerca de, por un lado, la diferencia que existe entre el valor real de la propiedad pretendida y su precio de venta y, por el otro, los elementos que configuran la lesión subjetiva, lo que no alcanza para conmover las afirmaciones del sentenciante, ni mucho menos demostrar la maniobra abusiva que -según dicen- realizó el legitimado activo al momento de efectuar la operación (v. fs. 434/438 bis).
Afirmar -como hizo el a quo - que el informe pericial no suministró una verdadera convicción ni poseyó para sí suficiente fuerza probatoria, no implica que se haya incurrido en el vicio lógico alegado (conf. art. 474, CPCC).
Las conclusiones de una pericia no tienen valor vinculante, no obligan al decisor, no resultando por tanto absurdo el apartamiento de las mismas cuando las razones alegadas son suficientes para ello (conf. doctr. causas C. 55.892, "Gauto", sent. de 29-IV-1997; C. 103.440, "Agustiño", sent. de 19-X-2011; e.o.).
En conclusión, en lo que hace a los aspectos fácticos que tornan operativa la figura inserta en el art. 954 del Código Civil, no advierto que los recurrentes hayan logrado acreditar la existencia del vicio de absurdidad ni la infracción legal denunciada.
De las constancias incorporadas, en especial: el boleto de fs. 5 y vta.; el escrito de inicio de fs. 9/11 vta.; la documental de fs. 23/24; la contestación de fs. 34/44 vta.; el decreto de fs. 257; la experticia de fs. 324/325; la impugnación de fs. 330/331 conjuntamente con la réplica de fs. 26/27 obrante en la causa 56.567 y el expediente penal n° 10.396, ambos acollarados, el Tribunal de Alzada consideró que correspondía confirmar lo decidido por el juez de primera instancia al no hallarse acreditada la desproporción de las prestaciones invocada, ni mucho menos la situación de explotación de la inexperiencia, ligereza o necesidad por parte del señor Piacquadio al momento de convenir la compraventa, sin que los argumentos vertidos por los impugnantes controviertan de manera idónea la decisión adoptada con base en esos elementos.
Es sabido que para que este Superior Tribunal pueda revisar las cuestiones de hecho no basta con exponer -de manera paralela- la propia versión de los hechos e interpretación de los mismos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las actuaciones objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión de los agraviados, ello no autoriza -por sí solo- para que esta Corte sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación, y esto es así aun cuando este último pueda aparecer como discutible, objetable o poco convincente (conf. doctr. causas C. 106.743, "Fernández Insúa S.A.", sent. de 3-XII-2014; C. 117.139, "Correa", sent. de 8-IV-2015 y C. 119.875, "Consorcio de Propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016).
De conformidad con lo expuesto, se rechaza este fragmento de la impugnación (arts. 279 y 289, CPCC).
V.3. Con relación a las transgresiones normativas que invocan los recurrentes, esta Corte ha sostenido que no resulta atendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende por completo de las normas legales expresamente actuadas en la resolución en crisis. En tal sentido, sabido es que deviene insuficiente la vía revisora que no solo no formula una réplica de las motivaciones estructurales y definitorias del fallo, sino que -además- omite denunciar como violados los preceptos empleados en él (conf. arts. 279 y 289, CPCC; doctr. causas C. 118.692, "Calabró", resol. de 6-VIII-2014; C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.298, "Caamaño", sent. de 21-IX-2016; entre tantas).
Por tanto, deviniendo inatendibles los planteos expuestos a fs. 419, se los desestima (art. 289, CPCC).
V.4. En referencia al tópico del recurso que se limita a aseverar la existencia de transgresión de la ley de orden público 25.345 pero sin desarrollar ninguna explicación idónea que tienda a demostrar que la falta de aplicación de dicha normativa sea producto de una absurda apreciación de las constancias de la causa -vicio lógico que en este segmento de la protesta ni siquiera ha sido alegado- el mismo deviene ineficaz a los fines casatorios (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.5. Igual déficit portan los planteos vinculados con la afectación a las garantías constitucionales puntualizadas a fs. 419, en virtud de que no se acredita de qué manera la sentencia recurrida colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos (conf. doctr. causas C. 117.413, "Pagani", resol. de 3-XII-2014; C. 117.139, "Correa", sent. de 8-IV-2015; C. 120.519, "Canto", resol. de 16-III-2016; e.o.).
V.6. No mejor suerte le cabe a la mera alegación de arbitrariedad (v. fs. 431 vta. y sigs.), toda vez que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra que la operación intelectual desarrollada en la formación del resolutorio carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la consideración de los elementos de convicción (conf. doctr. causas C. 119.413, "Sicma Outsourcing S.A.", resol. de 17-XII-2014; C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.226, "Behrens", sent. de 10-VIII-2016; etc.).
V.7. Resta brindar respuesta a la alegada vulneración de doctrina legal (v. fs. 431 y vta. y fs. 432 vta./433 vta.) en torno al error de los juzgadores al evaluar las constancias del expediente. Este agravio tampoco puede ser receptado, ya que ha manifestado este Máximo Tribunal que es carga específica de los recurrentes denunciar aquella que reputan violada o erróneamente aplicada, mención que tiene que ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicho quebrantamiento o yerro se produjo (conf. doctr. causas C. 110.897, "Otamendi", sent. de 3-XII-2014; C. 120.044, "Jaricevic", resol. de 9-XII-2015; C. 118.990, "Sánchez Asins", resol. de 11-II-2016; e.o.), actividad esta última soslayada por quienes aquí recurren y que autoriza a desechar esta parcela del canal intentado (arts. 279 y 289, cits.).
VI. En virtud de las razones expuestas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto debe ser rechazado, con costas a los impugnantes vencidos (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto, pues, por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Soria y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia