Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122512
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.512, "Mele, Gabriel Alejandro contra Di Filippo, Héctor Rodolfo y otros. Escrituración", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Soria , Kogan , Pettigiani .
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín confirmó -en lo principal- la sentencia de primera instancia que, oportunamente, hizo lugar a la acción impetrada, modificando el cómputo de la mora y revocando la decisión en lo que respecta a la reconvención articulada por los demandados y la morigeración de la cláusula penal pactada, las que estimó procedentes (v. fs. 479/487).
Se interpuso, por el actor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 491/498 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Tomo como propio el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
II. Gabriel Alejandro Mele inició la presente acción por escrituración y daños y perjuicios contra Héctor Rodolfo Di Filippo, Nilda Susana Navarra, Gonzalo Oscar Blasco y Vanesa Susana Blasco (v. demanda: fs. 43/46 vta.).
Relató que con fecha 26 de septiembre de 2008 suscribió -representado por el señor Miguel Ángel Mele- junto con los aquí demandados un boleto de compraventa en virtud del cual adquirió un inmueble sito en la calle 63 (ex Córdoba) n° 3.336 (ex 965) de la localidad de San Andrés. Expresó que el precio de la operación se pactó en cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 50.000), abonándose quince mil dólares estadounidenses (USD 15.000) al momento de la firma del contrato y quince mil dólares estadounidenses (USD 15.000) el día 15 de octubre de 2008, habiéndose convenido que el saldo restante -veinte mil dólares estadounidenses (USD 20.000)- sería abonado al perfeccionarse la escritura traslativa de dominio. Precisó que la posesión del bien fue entregada al efectivizarse el segundo pago, esto es, en octubre de 2008 (v. fs. 43 vta.).
Asimismo, detalló que el plazo fijado para el cumplimiento de la obligación de escriturar fue establecido en ciento ochenta (180) días, sin computar los treinta (30) días correspondientes a la feria judicial. Denunció que, habiendo cumplido las obligaciones a su cargo y transcurrido dicho plazo, los vendedores desconocieron su estado de morosidad, alegando que el lapso pactado se encontraba aún vigente por estar condicionado a la culminación de trámites judiciales y administrativos (v. fs. 44 y vta.).
Afirmó que frente a este cuadro de situación -luego de tratativas extrajudiciales infructuosas y un intento de mediación cerrado sin acuerdo- se vio compelido a iniciar el presente reclamo a fin de que se condene a los accionados a otorgar la correspondiente escritura traslativa de dominio, con más el pago de la cláusula penal estipulada en el contrato, equivalente a una multa de cincuenta dólares estadounidenses (USD 50) por cada día de retraso (v. fs. 45/46).
Corrido el pertinente traslado, se presentaron los accionados denunciando el incumplimiento de las obligaciones a cargo del comprador -pago del saldo de precio- y la inexistencia de demora en la escrituración imputable a su parte. A la par, reconvinieron por escrituración. En particular, el codemandado Héctor Rodolfo Di Filippo reclamó las sumas debidas –veinte mil dólares estadounidenses (USD 20.000)- y Nilda Susana Navarro, Vanesa Susana y Gonzalo Oscar Blasco reclamaron el cobro de la cláusula penal pactada, dejando expresa constancia de que la suma pendiente de pago le pertenecía en forma exclusiva al señor Di Filippo (v. fs. 145/152 y 158/165).
El magistrado de origen estimó procedente la demanda, condenando a los accionados a otorgar a favor de la actora -dentro del término de treinta (30) días- la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de autos, debiendo el accionante en dicho acto hacer efectivo el saldo del precio. Por otro lado, aplicó la multa establecida en la cláusula séptima del contrato a favor de ambas partes: del accionante desde el día 9 de junio de 2009 -interpelación del comprador- hasta el día del acto escriturario y, de los accionados, desde el día 23 de junio de 2010 -citación de los vendedores a la escribanía Bernal- hasta el día del acto escriturario, pudiendo compensar sus respectivos créditos hasta la suma menor. Desestimó las reconvenciones incoadas por considerarlas abstractas e impuso las costas a los demandados vencidos (v. fs. 420/430).
III. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín lo confirmó en lo principal, modificando el cómputo de la mora y revocando la decisión en lo que respecta a la reconvención articulada por los demandados y la morigeración de la cláusula penal pactada, las que estimó procedentes (v. fs. 479/487).
IV. Frente a esta forma de decidir se alza el actor mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual denuncia el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba y la violación de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal (v. fs. 491/498 vta.).
En esencia, cuestiona la sentencia en cuanto consideró purgada la mora de los demandados y excesiva la cláusula penal pactada en el contrato, reduciendo su cuantía.
V. El recurso no prospera.
Ha dicho esta Corte -en forma reiterada- que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 117.561, "Orfali Torales", sent. de 11-X-2017; C. 122.534, "Sociedad de Acopiadores de Cereales Zona Bahía Blanca", sent. de 11-XI-2019; e.o.), circunstancia que tal como se adelantó se verifica en la especie (art. 279, CPCC).
V.1. En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal de Alzada interpretó que del cruce de misivas de las partes surgía que si bien el actor había interpelado con fecha 9 de junio de 2009 a los demandados a realizar el acto notarial, con posterioridad -el día 23 de junio de 2010- los accionados habían dado respuesta mediante la carta documento agregada a fs. 121/123, convocando al actor a efectuar la escritura traslativa de dominio y, ante su incomparecencia, se dejó constancia de dicha circunstancia mediante acta labrada por la escribana a cargo (v. fs. 124/125).
Así las cosas, juzgó que con la intimación practicada por los demandados en la cual concretamente se lo citaba a otorgar el acto notarial, injustificadamente el actor no concurrió y de esa forma los vendedores purgaron los efectos de la mora, al transferir los riesgos a la compradora y, en consecuencia, detener el curso de la cláusula penal pactada a partir de la última de las fechas señaladas (v. fs. 483 vta. y 484).
V.1.a. Por su parte, el recurrente alega que la Cámara incurre en el vicio de absurdo al examinar las constancias de la causa toda vez que no fue él quien recibió la carta documento, por cuanto esta fue dirigida al señor Miguel Ángel Mele -no al señor Gabriel Alejandro Mele-, circunstancia dirimente que -a su vez afirma- fue omitida tanto por la sentencia de origen como por la de Cámara (v. fs. 494 vta. y sigs.).
Ahora bien, tal cuestión que se dice preterida, que sin duda es esencial pues se trata del hecho en virtud del cual se configura la intimación y constitución en mora del comprador, debió haber sido traída a esta instancia por el recurso extraordinario de nulidad y no por vía del remedio intentado.
Sabido es que la omisión de cuestiones esenciales debe repararse por vía del recurso extraordinario de nulidad, siendo el tema ajeno al de inaplicabilidad de ley (arts. 161 inc. 3 apdo. "b" y 168, Const. prov. y 296, CPCC; conf. causas C. 98.627, "Solitín S.A.", sent. de 26-VIII-2009; C. 117.384, "Giles", sent. de 19-X-2016; entre muchas); motivo por el cual corresponde -sin más- desestimar esta parcela de la impugnación.
V.1.b. Tampoco resulta audible la alegada ausencia de oferta real por parte de los accionados, en tanto aduce que a través de dicha citación no ofrecieron el pago de la cláusula penal debida (v. fs. 494/495 vta.), pues el objeto de la misiva fue citar al comprador para cumplimentar la escritura traslativa de dominio, resultando las restantes cuestiones secundarias y pasibles de acuerdo o compensación en dicho acto, el cual no pudo perfeccionarse ante la injustificada incomparecencia del actor.
V.1.c. Menos aún puede ser receptada la denunciada falta de lealtad de los demandados por intentar acuerdos extrajudiciales una vez iniciado el presente juicio (v. fs. 495 vta.), habida cuenta de que en la audiencia celebrada el día 29 de abril de 2010 las partes manifestaron que se encontraban en tratativas para llegar a una solución, solicitando la suspensión de los términos procesales (v. fs. 99), habiéndose reanudado los plazos el día 9 de junio de 2010 y trabada la litis en el mes de septiembre de dicho año (v. contestación de demanda y reconvención: fs. 145/152 y 158/165; contestación de la reconvención: fs. 177/180), circunstancia que deja huérfano de sustento al cuestionamiento esbozado.
V.2. Desde otroángulo, solicita que se deje sin efecto la "arbitraria" reducción de la cláusula penal dispuesta por el Tribunal de Alzada, en tanto aduce que el monto de la multa ha sido fruto de la libre voluntad de las partes y su aplicación fue peticionada por ambos contratantes, en los términos del negocio (v. fs. 497/498).
En lo que atañe a la cláusula penal pactada -multa diaria de cincuenta dólares estadounidenses (USD 50)- la Cámara advirtió que su aplicación lisa y llana a la parte constituida en mora desde el día 23 de junio de 2010 hasta el día que se efectivizara el acto notarial -y aun teniendo en cuenta la compensación de lo adeudado por la otra parte- duplicaría el precio de venta del inmueble de autos. De ahí que afirmó que en aplicación de la teoría del vicio objeto del acto como vicio de la voluntad podía considerarse dirimente el monto desproporcionado de la pena. Así las cosas -teniendo en cuenta el total de lo acontecido, las circunstancias especiales del caso y el principio de equidad- ponderó que la multa diaria estipulada debía ser necesariamente redimensionada a fin de que ninguna de las partes se viera perjudicada (v. fs. 484 vta./485 vta.).
De la lectura de la sentencia apelada se advierte en primer lugar que la morigeración tuvo lugar en atención a la abultada suma que implicaría para el actor -aquí recurrente- el pago de la cláusula penal pactada, quien por otra parte tiene que cumplir con dicha multa por un periodo de tiempo mucho mayor que la parte accionada.
Por otro lado, como es sabido, los jueces cuentan con la facultad de morigerar las penas cuando su monto resulta desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, en razón del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso. La revisión contractual, con fundamento en las directivas que se desprenden de los arts. 21, 656, 953, 954 y 1.071 del Código Civil, supone la previa comprobación del carácter excesivo o abusivo de lo estipulado en el contrato.
A partir de tales consideraciones, no observo en la especie que se haya vulnerado la doctrina de la arbitrariedad alegada por el recurrente en su presentación (art. 279, CPCC).
En efecto, el impugnante no ha logrado demostrar el ejercicio indebido de la potestad morigeradora por parte de la Cámara, pues tratándose de una cuestión eminentemente fáctica, no advierto que en la especie se haya configurado la hipótesis excepcional del absurdo.
Al respecto, esta Corte ha resuelto que la demostración de las circunstancias que condicionan la reducción de la cláusula penal (art. 656, segundo párr., Cód. Civ.) y la fijación de su monto constituyen cuestiones de hecho ajenas a la competencia revisora de este Tribunal, que solo pueden examinarse en esta instancia extraordinaria cuando el recurrente demuestre, con argumentos eficaces, el vicio de absurdo en la sentencia que ataca (conf. causa C. 114.956, "Lasta", sent. de 26-II-2013; e.o.); extremo que -reitero- el recurrente no logra patentizar.
En reiteradas oportunidades ha señalado este Tribunal que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo, siendo necesario que se demuestre un importante desarreglo en las bases mismas del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria del proceso mental del juzgador de modo que haga evidente la irracionalidad de las conclusiones a las que ha arribado (conf. causas C. 115.486, "Capaccioni", sent. de 30-IX-2014; C. 120.743, "O., E. J.", sent. de 21-III-2018; entre muchas).
Pues bien, en el caso no avizoro que el impugnante haya demostrado esas circunstancias (doctr. arts. 163 inc. 5, 279 y 384, CPCC).
VI. Corresponde entonces rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:35:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 17:39:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 18:45:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2020 11:08:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2020 13:12:32 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia