Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123879
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.879 "ALBA, WALTER JOSE C/ TOMASINO, BENEDICTO JOSE S/ ESCRITURACION"
I. El incidentista deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley articulado, con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (art. 292, CPCC y Ac. 1.790., v. resol. de 29-V-2020, escrito electrónico del 7-VII-2020 y archivo adjunto titulado "enc ALBA TOMASINO INTERPONE RECURSO EXTR").
En el caso, en el marco de un juicio de escrituración iniciado por el señor Walter José Alba contra el señor Benedicto José Tomasino, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, rechazó el planteo de nulidad articulado por el señor Nehuén Iván Brosa, heredero del demandado (v. págs. 5/10, del pdf adjunto identificado como "EN ALBA recurso de queja S.CORTE documen" del trámite titulado "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 4-II-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y afianzar la justicia (Preámbulo y arts. 18 y 31, Const. nac.; 8 y 25, CIDH; v. págs. 3, 5, 7, 9/11 y 24/25, adjunto "enc ALBA ..." cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa que rige al caso, rechazó -dogmáticamente y con sustento en meros formalismos rituales- la vía de hecho local, con la consecuente afectación de las garantías constitucionales señaladas y del debido acceso a los tribunales por parte de los litigantes.
En tal sentido, aduce que la decisión atacada descartó -equivocadamente, a su entender- los agravios federales que asegura haber planteado. Y en razón de ello agrega, con base en los antecedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:248), que debió hacerse una excepción y soslayarse el límite cuantitativo impuesto por el art. 278 del Código Civil y Comercial local (v. págs. 7/11, adjunto "enc ALBA ..." cit.).
II.3. Cuestiona, por otro lado, que esta Corte -apartándose de las constancias de la causa- ponderó que el objeto de la incidencia de nulidad versaba sobre la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal y, en consecuencia, soslayó la existencia del agravio federal denunciado.
Contrariamente a lo expuesto, alega que toda nulidad de actos procesales se vincula -íntimamente, según su modo de ver- con la idea de la defensa en juicio, la cual tiene jerarquía constitucional. Al respecto, reitera el argumento vertido en la vía de hecho local referido a que la omisión de un elemento sustancial, como es la debida traba de la litis , hace peligrar dicha garantía, lo cual configura una nulidad que -por estar comprometido el orden público- debe ser pronunciada incluso de oficio por los jueces. Por lo tanto, el proceso entablado contra una persona inexistente (fallecida), impide la constitución de la relación jurídico procesal, pues -agrega- es elemental que para ser parte, se debe ser persona, y si no se es tal, nunca podrá ser parte (v. págs. 11/28, adjunto "enc ALBA ..." cit.).
Y concluye que, toda vez que la decisión atacada omitió tratar las cuestiones planteadas y contradijo -según su postura- principios básicos y esenciales de equidad y justicia de dificultosa reparación ulterior, corresponde habilitar la vía federal. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (Fallos: 275:68; 297:332; 303:757; entre otros; v. págs. 25/29, adjunto "enc ALBA ..." cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 22 de julio de 2020), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones vinculadas con la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la queja por denegatoria del carril local, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 7/29, adjunto "enc ALBA ..." cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
Asimismo, y más de allá de hacerse saber que tampoco se configuran -en la especie- los supuestos comprendidos por la doctrina de los precedentes "Strada" y "Di Mascio" (CSJN, Fallos: 308:490 y 311:2478) para admitir la instancia federal, lo cierto es que se advierte que las alegaciones formuladas al respecto devienen inadmisibles, toda vez que resultan fruto de una reflexión tardía y novedosa que no ha sido planteada en la oportunidad pertinente (Fallos: 329:2498; 330:1491; 1447 y 334:365; entre otros; arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -así como los anteriores en grado- por no analizar las pruebas que entiende esenciales y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso de hecho intentado, insistiendo el agraviante en su propia postura respecto de la nulidad de las presentes actuaciones.
IV.3. En lo que atañe a la invocación del derecho a recurrir (v. pág. 7, adjunto "enc ALBA ..." cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Resta indicar, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso, defensa en juicio y afianzar la justicia; Preámbulo y arts. 18 y 31, Const. nac.; 8 y 25, CIDH; v. págs. 3, 5, 7, 10/11 y 24/25, adjunto cit.) y la mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 25/29, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/10/2020 16:01:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2020 19:54:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2020 12:15:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2020 13:15:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2020 09:59:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2020 13:34:21 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia