Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122545
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.545, "Franco, Sandra Karina y otro contra Basso, Pablo Alberto y otro. Escrituración", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó la sentencia de primera instancia y, por ende, declaró nulo el acto jurídico de compraventa realizado por la empresa demandada a favor del señor Federico Gabriel Micheletti y ordenó la escrituración a favor de los actores y el pago de lo adeudado por estos últimos, en ese acto (v. fs. 561/583).
Se interpusieron, por los demandados Proyecto Rosales S.R.L. y por Federico Gabriel Micheletti, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 590/603 y 605/615, respectivamente).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 590/603?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 605/615?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora Sandra Karina Franco y el señor Maximiliano Gabriel Degennaro iniciaron demanda ordinaria de nulidad y revocación de acto jurídico, de escrituración y cobro de pesos contra Proyecto Rosales S.R.L., Pablo Alberto Basso, Salvador Roberto Finocchiaro y Federico Gabriel Micheletti. Relataron que compraron a Proyecto Rosales S.R.L., representada por Pablo Alberto Basso y Salvador Roberto Finocchiaro, un inmueble sito en Aristóbulo del Valle 2.344, planta baja, "12", de la localidad de Vicente López, suscribiendo el 22 de febrero de 2010 el correspondiente boleto de compraventa. Se fijó el precio en ciento diez mil dólares estadounidenses financiado en varios pagos, que debería haber sido saldado al momento de la escrituración, la que debía producirse dentro de los 24 meses de la firma del convenio.
Refirieron que la vendedora no escrituró en el tiempo acordado por lo que los compradores decidieron dejar de abonar las cuotas pendientes, comenzando un intercambio epistolar y la iniciación de la causa "Franco, Sandra Karina y otros c/ Basso, Pablo Alberto y otros s/medidas cautelares e interdicto de retener" por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 10 de ese departamento judicial, en razón de que la vendedora había dado por rescindida la operación y formalizado una escritura de compraventa del inmueble a favor del señor Federico Gabriel Micheletti, lo que consideraban era un acto simulado. Reclamaron el cobro de la penalidad establecida a su favor en el boleto de compraventa (v. fs. 34/46).
Corrido el traslado de ley se presentó a contestar demanda Proyecto Rosales S.R.L. (v. fs. 88/100 vta.) repeliéndola, a lo que adhirieron los señores Pablo Alberto Basso (v. fs. 114/115), Salvador Roberto Finocchiaro (v. fs. 123/124) y Federico Gabriel Micheletti (v. fs. 132/133 vta.).
Se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia rechazando la demanda de nulidad de acto jurídico, escrituración, cobro de pesos y la aplicación de multa por temeridad y malicia. Asimismo, se impusieron las costas en el orden causado en atención al modo en que se resolvían las pretensiones y las defensas (v. fs. 510/529 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores (v. fs. 531 y vta.) y por los demandados, Pablo Alberto Basso, Proyecto Rosales S.R.L., Salvador Roberto Finocchiaro (v. fs. 533) y Federico Gabriel Micheletti (v. fs. 534). Se declararon desiertos los recursos de estos dos últimos; los actores, el señor Basso y Proyecto Rosales S.R.L., por medio de escritos electrónicos de fecha 1 de noviembre de 2017 y 31 de octubre de 2017, respectivamente, repelieron cada uno los agravios de la contraria. El señor Federico Gabriel Micheletti contestó los agravios de los actores a fs. 556/559.
I.2. Elevados los autos a la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, esta abordó en primer lugar los agravios de los actores por el rechazo de la nulidad de la compraventa del inmueble de marras, cuya escritura se había celebrado el 27 de septiembre de 2012 a favor del señor Federico Gabriel Micheletti.
Luego de describir los elementos configurativos de la simulación y sus clasificaciones, recordó que los terceros involucrados no tenían limitación para la utilización de todos los medios de prueba posibles y que frente a ellos la prueba de presunciones era corrientemente aceptada, como también la suma de indicios concordantes; finalizó su introducción resaltando que a los demandados por simulación de un acto jurídico esgrimida por un tercero ajeno a ellos no les era suficiente con negar la existencia de los hechos fundantes alegados por el demandante sino que era necesario e imprescindible aportar pruebas convincentes de la honestidad en el negocio (v. fs. 577/578).
Pasó a analizar las constancias de la causa y observó que, por medio de la escritura pública de fecha 27 de septiembre de 2012, Proyecto Rosales S.R.L. había vendido a Federico Gabriel Micheletti, por la suma de sesenta y cuatro mil dólares estadounidenses (USD 64.000), el inmueble que había sido prometido en venta el 22 de febrero de 2010 a Sandra Karina Franco y a Maximiliano Gabriel Degennaro (v. fs. 578 vta.).
Encontró que no estaba discutido que el día 23 de ese mismo mes y año los actores habían recibido la posesión de la unidad funcional, por lo que resultaba falsa la declaración del adquirente señor Federico Gabriel Micheletti que había manifestado en la escritura que se encontraba en posesión real y efectiva de lo adquirido dado que había admitido que nunca había visitado la propiedad con anterioridad al 25 de octubre de 2012 y que cuando lo hizo, según consta en el acta que acompañó, se le había impedido el ingreso pues se encontraba ocupada por el señor Esteban Bertucci, quien dijo ser inquilino en virtud del contrato de locación celebrado con Maximiliano Degennaro. Advirtió que esa circunstancia se avalaba con los dichos del testigo Daniel Bravo y que a raíz de ese acontecimiento los actores habían iniciado el expediente caratulado "Franco, Sandra Karina y otro c/Basso, Pablo Alberto y otro s/Medidas cautelares", en los que esa misma Sala había hecho lugar al interdicto de retener (v. fs. 578 vta. y 579).
Corroboró la Cámara que la accionada, al contestar demanda, había manifestado que el señor Federico Gabriel Micheletti era conocido de antemano del socio gerente Pablo Basso, por lo que no parecía prudente que el comprador no hubiera conocido el estado y ocupación del inmueble antes de escriturar, teniendo en cuenta su profesión de abogado (v. fs. 579 vta. y 580).
En cuanto al pago, el sentenciante señaló que las partes habían manifestado haber entregado y recibido el precio con anterioridad a la escritura y que no había habido constancia en el expediente en relación al movimiento de dinero. En lo relativo al precio, desestimó las alegaciones respecto de la cotización del dólar estadounidense porque la prueba concluyente era la tasación del mercado que la sociedad demandada hubiera podido acreditar fácilmente debido a su actividad comercial. Resaltó, además, que el valor de venta había sido en la mitad de lo pactado con los actores y que tampoco había habido prueba de la fecha en la que se había puesto a la venta el inmueble ni de su precio (v. fs. 580 y vta.).
Concluyó en que todas esas circunstancias resultaban presunciones graves y serias como para tener por nula la escritura, cuya finalidad había sido la de impedir el cumplimiento de la promesa de escrituración en favor de los actores. Ordenó que el estado registral volviera bajo la titularidad exclusiva de Proyecto Rosales S.R.L. (v. fs. 580 vta. y 581).
En lo que atañe al recurso de Proyecto Rosales S.R.L., la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, tuvo por resuelta la operación inmobiliaria, instrumentada por el boleto de compraventa de fecha 22 de febrero de 2010, y admitió la escrituración del inmueble a nombre de los actores y el pago, en el acto notarial, de las sumas adeudadas al vendedor, en razón de que no correspondía hacer lugar al pacto comisorio expreso cuando se había corroborado el incumplimiento de ambas partes de sus respectivas obligaciones.
Para decidir como lo hizo, comenzó por analizar el derecho aplicable y estableció que debía resolverse bajo el sistema protectorio del consumidor, pues la demandada era una sociedad que se dedicaba a la construcción de viviendas por lo que se apreciaba la situación de debilidad de los adquirentes frente a la vendedora en el tema específico que los había vinculado (v. fs. 567 vta./569 vta.).
Luego, ingresando al estudio del boleto de compraventa, aludió a que en la interpretación del negocio jurídico debían tenerse en cuenta las manifestaciones de voluntad contenidas en el contrato a partir de su literalidad para determinar la intención de los contratantes. Agregó que para ello el principio rector era el de la buena fe contenido en el art. 1.198 del Código Civil (v. fs. 569 vta./571).
Seguidamente describió los términos del boleto de compraventa de los que destacó la cláusula segunda que le daba a la vendedora el derecho de resolver el contrato con el incumplimiento de la deudora de más de tres cuotas y la cláusula sexta, que regulaba el pacto comisorio, recordando que esta Corte se había expedido acerca de la interdependencia de las cláusulas contractuales y que por ello no podían ser valoradas de modo aislado, pues se fundaban en la unidad del contrato que era la ley para las partes (v. fs. 569/571 vta.).
Reconoció también que la obligación de escriturar tenía características propias, pues las partes eran deudores recíprocos de una misma obligación de hacer y esta dependía fundamentalmente de la intervención de un escribano, adicionando que para poder aplicarse los efectos de la mora era necesario que existiera una citación por parte del notario en la que se fijara, con claridad, fecha y hora en la que se llevaría a cabo. Agregó, con cita de doctrina de autor, que el plazo para escriturar era de carácter suspensivo y que el art. 1.201 del Código Civil exigía que el contratante que se consideraba cumplidor hubiese probado el incumplimiento del otro (v. fs. 571 vta./572 vta.).
Encontró que los actores no habían probado la imposibilidad de escriturar que le endilgaban a los demandados y que estos no habían intimado previamente al cumplimiento de las cuotas cuando, llegando a más de tres impagas les comunicaron a los actores, el 8 de marzo de 2012, la rescisión del contrato; estableció, luego de repasar los textos de las misivas postales que mutuamente se habían enviado las partes, que los incumplimientos habían sido recíprocos (v. fs. 572 vta./574).
Consideró además el Tribunal de Alzada que los actores habían dejado de pagar a partir de noviembre de 2011 cuando el plazo para escriturar vencía el 22 de febrero de 2012, por lo que no podía relacionarse el incumplimiento de ellos con la obligación de escriturar; agregó que al declarar la escribana Liliana María Lenta había manifestado que los obstáculos para realizar el acto se habían resuelto en el año 2011 (v. fs. 574 vta.).
A su vez, tuvo en cuenta que el mero incumplimiento no bastaba para que operara el pacto comisorio, sino que los demandados deberían haber demostrado que la falta de pago había sido producto de un acto voluntario y subjetivamente atribuible por dolo o culpa de la parte, lo que no había sucedido en el caso, en el cual llamaba la atención la urgente y prematura actitud de la accionada para disponer la resolución del contrato cuando los compradores habían pagado el 43% del importe convenido, lo que era incompatible con lo establecido en el art. 1.071 del Código Civil (v. fs. 575 y vta.).
Apreció -también- que la demandada en su calidad de proveedora en los términos del art. 1.093 del Código Civil y Comercial y del art. 2 de la ley 24.240, dada su profesionalidad, debió observar una conducta más diligente, atendiendo a su obligación de brindar una adecuada información, regida por el principio de conservación de los contratos. A ello agregó que el Reglamento de Copropiedad del edificio del cual formaba parte el inmueble de marras se había inscripto el 4 de marzo de 2011 pero el condominio se había dividido por escritura el 24 de enero de 2012 y se había adjudicado a la sociedad vendedora la unidad funcional n° 17 que nos ocupa, lo que se había registrado el 29 de febrero de 2012, o sea ocho días previos al envío a los actores de la carta documento que les comunicaba la resolución del contrato; proceder este último que la Cámara consideró no se correspondía con la buena fe contractual (v. fs. 575 vta. y 576).
Tuvo además por reconocido, en atención a que no hubo prueba en contrario, que los actores debían seis cuotas de mil quinientos dólares estadunidenses (USD 1.500) cada una y el saldo comprometido para el momento de la escrituración de cincuenta y cuatro mil dólares estadounidenses (USD 54.000; v. fs. 576 y vta.).
Desestimó los agravios por la falta de reconocimiento de las penalidades incluidas en el pacto comisorio en razón de que no se había probado la culpa exclusiva de ninguno de ellos en el incumplimiento contractual, lo que implicaba no hacer lugar al pacto comisorio y admitió, entonces, la obligación de escriturar, la que debía formalizarse dentro de los treinta (30) días de quedar firme la sentencia, estableciendo que los actores debían abonar en el acto de escrituración el saldo de sesenta y tres mil dólares estadounidenses (USD 63.000; v. fs. 576 vta. y pto. IV "c").
II. Se agravia Proyecto Rosales S.R.L., por medio de apoderado, denunciando la violación de los arts. 509, 1.185, 1.201, 1.203, 1.024 (sic) del Código Civil y 395 del Código Procesal Civil y Comercial.
II.1. Inicia su impugnación alegando que la Cámara no había tenido en cuenta la mora de los actores en el pago por la adquisición el inmueble, inobservando el primer párrafo del art. 509 del Código Civil (v. fs. 594).
Describe los elementos constitutivos de la compraventa de inmueble, reseñando los arts. 1.184 inc. 1, 1.185 y 1.323 del Código Civil, para afirmar que quien reclama la escrituración debe cumplir con el pago del precio conforme lo convenido en el boleto de compraventa (v. fs. 594 vta. y 595).
Transcribe la cláusula sexta del convenio para señalar que la última cuota pagada había sido la cuota n° 18, abonada el 17 de noviembre de 2011, motivo por el cual el 8 de marzo de 2012 envió a los actores la carta documento haciendo operativa la opción b) del pacto comisorio. Continúa relatando que el 13 de marzo de 2012 recibió respuesta de aquellos que le endilgaban el incumplimiento de su obligación de escriturar, la que aducían había vencido el 22 de febrero de 2012, y lo instaban a que realizara la compensación de las sumas pendientes de pago que existían entre ambas partes en relación a la empresa Bioaromas S.R.L. Entiende que no tenía obligación de escriturar dado que no se había abonado la mitad del precio y que era absurdo que invocaran la relación comercial preexistente (v. fs. 595 vta. y 596).
Aduce que por la cláusula segunda el incumplimiento de más de tres cuotas habilita a la vendedora a resolver el contrato renunciando la compradora al derecho de apelar judicialmente; afirma que la obligación de los compradores era a plazo y que por aplicación del art. 509 la mora se produce por su solo vencimiento. Transcribe los arts. 1.203 y 1.204 del Código Civil y cita autor de doctrina y fallo de la Corte nacional en apoyo de su postura.
II.2. Por último, ataca la decisión de la Cámara que declaró la nulidad de la escritura celebrada el 27 de septiembre de 2012.
Comienza su impugnación alegando la falta de prueba por parte de los actores de la simulación que denuncian y señala que aquellos debieron redargüir de falsedad la escritura cuando cuestionaron la cláusula en la que se afirmaba que el comprador tenía la posesión del bien (v. fs. 599 vta. y 600).
Pone de relieve la pasividad de los actores en demandar la escritura ya que Proyecto Rosales S.R.L. le notificó el 9 de marzo de 2012, por carta documento, la resolución del contrato cuando la escritura traslativa de dominio se había formalizado el 27 de septiembre de 2012, habiendo transcurrido seis (6) meses entre ambos actos, lo que no mostraba irregularidad alguna (v. fs. 600 y vta.).
Afirma que quien alega la simulación tiene que probarla y en sustento de ello cita la causa Ac. 33.064 (sent. de 11-XII-1984) y doctrina de autor para resaltar que en el caso de autos no se probó que el precio fuera irreal o vil ni se hizo averiguación sobre la fortuna del comprador (v. fs. 600 vta. y 601).
Sostiene que todos los elementos que contiene el art. 944 del Código Civil sobre el acto jurídico han sido cumplidos en la escritura cuestionada y resalta que la Cámara ha omitido considerar que los actores no cuestionaron la escritura ni reprocharon la conducta de la escribana, lo que entiende debieron haber hecho. Transcribe el art. 395 del Código Civil en apoyo de su postura (v. fs. 601/602).
Finaliza su queja aseverando que la sentencia que ataca no constituye una razonada derivación del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa (v. fs. 602 vta.).
III. Al igual que el señor Procurador General soy de la opinión de que el recurso no puede prosperar.
III.1. Comienza la recurrente, Proyecto Rosales S.R.L., agraviándose de que no se hiciera operativo el pacto comisorio acordado en el boleto de compraventa celebrado con los actores el 22 de febrero de 2010.
Este Corte sostiene que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 120.381, "Antiguas Estancias Don Roberto S.A", sent. de 23-XI-2016 y C. 121.463, "Olivera", sent. de 28-XI-2018).
Sabido es que, conforme doctrina reiterada de este Tribunal, la interpretación del sentido, alcance y consecuencias de las cláusulas de un acuerdo, así como la valoración de la conducta posterior de las partes, constituyen facultades privativas de las instancias de grado, cuyo ejercicio por regla escapa al escrutinio en sede extraordinaria. Mas el señalado criterio ha de ceder cuando se invoque y demuestre que el tribunal de la instancia ha incurrido en absurdo (conf. doctr. causas C. 99.177, "Adaro", sent. de 7-IX-2011; C. 104.889, "Ferias del Norte S.A.C.I.A.", sent. de 6-XI-2013; e. o.).
Advierto de la lectura del recurso planteado y del tenor de sus agravios que la recurrente omite denunciar la configuración del absurdo, lo que me permite anticipar la insuficiencia de su agravio.
Plantea su impugnación sosteniendo que la Cámara no tuvo en cuenta la mora de los actores en el pago de las cuotas, lo que implica ingresar a analizar los términos de la cláusula y las conductas de las partes, pero que el error técnico recursivo advertido impide a esta Corte ingresar al estudio de la impugnación.
Así es. El fundamento de la Cámara permite corroborar la insuficiencia que se anticipa, pues para fallar estableciendo que había habido incumplimiento de ambas partes y que por lo tanto no podía atribuírsele la culpa exclusiva a la otra analizó la carta documento enviada por el vendedor, la respuesta de los compradores, la fecha en la que debían escriturar y la aus
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