Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123323
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.323, "Vargas, Eduardo contra Bravo, Virginia Inés y otro. Escrituración", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Pettigiani , Genoud.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó parcialmente la sentencia de primera instancia que, a su turno, había estimado procedente la pretensión de resolución del contrato de compraventa deducida por las demandadas reconvinientes y, en consecuencia, estableció que la resolución operó el día 6 de marzo de 2014 y que en la etapa de ejecución de sentencia las partes debían proceder a efectuarse las restituciones de ley, bajo las pautas allí indicadas (v. fs. 1.231/1.250).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.260/1.278 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Eduardo Vargas -en su carácter de adquirente de la fracción de campo designada como parte del lote 32b del Partido de Balcarce de 247 hectáreas, 88 áreas- promovió formal demanda de cumplimiento de contrato y escrituración contra las accionadas Virginia Inés y Analía Inés Bravo (v. demanda fs. 24/36, fecha 30-XII-2013).
Relató en su escrito de inicio que las partes suscribieron el boleto de compraventa del referido inmueble el 17 de mayo de 2000, estableciendo el precio de la operación en la suma de $150.000, pagaderos de la siguiente forma: $60.000, a la firma del boleto; $45.000, dentro de los 60 días a partir de la firma y el saldo de $45.000, dentro de los 90 días a partir de la fecha del boleto (conf. clausula segunda). Expresó que en dicho acto se dejó constancia de que la parte compradora se encontraba en posesión del campo en virtud de sucesivos contratos de arrendamientos a su favor. Asimismo, afirmó que abonó la suma de $60.000, a la firma del boleto; $37.800, el 26 de junio de 2000; $5.000, el 24 de agosto de 2001; $4.645, el 15 de febrero de 2002 y $5.000 el 15 de diciembre de 2003, procediendo a depositar el saldo restante -$37.555- junto con la interposición de la demanda, en atención a la actitud reticente de las accionadas y la imposibilidad de perfeccionar el negocio jurídico celebrado (v. fs. cit.).
Corrido el pertinente traslado, estas últimas opusieron excepción de falta de acción manifiesta, contestaron demanda y reconvinieron por resolución contractual y daños y perjuicios (v. fs. 327/ 350).
En prieta síntesis, alegaron que lejos de encontrarse en mora cumplieron con creces las prestaciones asumidas, habiendo el comprador incumplido sus obligaciones principales, a saber: a) el pago total del precio y b) los impuestos provinciales y municipales devengados. Afirmaron que resultaba contrario a la buena fe contractual pretender luego de 13 años abonar a valores históricos el saldo adeudado, cuyo vencimiento operó el 17 de agosto de 2000 (conf. clausula segunda del contrato). En atención a tales circunstancias, reconvinieron por resolución del boleto de compraventa, con más los daños y perjuicios denunciados en concepto de canon locativo y explotación agropecuaria del campo por el periodo en que las titulares dominiales se vieron privadas del uso y goce del inmueble objeto de autos.
El magistrado de origen, luego de descartar la excepción opuesta, rechazó la pretensión actoral y estimó procedente la demanda de resolución del negocio que por vía de reconvención interpusieron las demandadas (v. fs. 1.097/1.123).
Como efecto de la resolución declarada, ordenó que se restituyera el inmueble a las accionadas y con relación a las sumas percibidas por ellas aplicó la segunda parte del primer párrafo del art. 1.204 del Código Civil que establecía que las prestaciones cumplidas "...quedarán firmes y producirán en cuanto a ellas los efectos correspondientes", por considerar que se trataba de prestaciones agotadas y que, por ello, no debían ser restituidas.
Por otra parte, desechó el reclamo de daños y perjuicios articulado por las demandadas reconvinientes, tras advertir que la posesión del campo por parte del comprador había sido consentida durante el tiempo denunciado y el daño no había sido debidamente acreditado.
II. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó parcialmente la decisión (v. fs. 1.231/1.250).
Comenzó por señalar -tal como había sido juzgado por el sentenciante de origen- que había existido por parte de la actora un incumplimiento relevante que justificaba la resolución demandada judicialmente, determinando que aquella operó a partir de la reconvención deducida por las accionadas, esto es, el 6 de marzo de 2014 (v. fs. 1.242/1.244 vta.).
A continuación, recordó que el principal efecto de la resolución contractual consistía en que las partes debían restituirse lo que mutuamente se habían entregado. Por ende, no solo el actor debía devolver el inmueble a las vendedoras, sino que estas últimas debían entregar al comprador las sumas oportunamente percibidas en virtud del negocio celebrado (v. fs. 1.244 vta.).
En dicha inteligencia, aclaró que de acuerdo con las previsiones del art. 1.204 del Código Civil las prestaciones debían quedar firmes cuando eran divisibles. En cambio, debían restituirse y los efectos operaban ex tunc cuando eran indivisibles, tal como acontecía en la especie (v. fs. 1.244 vta./1.245 vta.).
Así las cosas, precisó que el señor Vargas debía restituir el inmueble con sus frutos (conf. arts. 584 a 590, Cód. Civ.) desde el 6 de marzo de 2014, ordenando a tales efectos la realización de un nuevo dictamen por parte del perito ingeniero agrónomo que comprendiese el lapso entre la fecha indicada y la presentación de la nueva pericia (v. fs. 1.246 vta. y 1.247).
Por otra parte, puntualizó que las vendedoras debían devolver el porcentaje del precio recibido (77,53%), aplicado sobre el valor del campo calculado al momento de la restitución -el que sería determinado a través de una nueva tasación- como asimismo las mejoras efectuadas sobre el inmueble objeto de autos (conf. art. 589, Cód. Civ.; v. fs. 1.247 y vta.).
A ello agregó que, al ponderarse valores actuales a los fines de determinar los efectos restitutorios, correspondía aplicar en materia de intereses la doctrina legal de esta Corte emanada de los precedentes "Vera" y "Nidera" (v. fs. 1.247 vta. y 1.248).
Desde otroángulo, confirmó -si bien con distintos fundamentos- el rechazo de los daños y perjuicios reclamados por las reconvinientes (v. fs. 1.248 vta. y 1.249).
III. Frente a esta forma de decidir se alzan las accionadas mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncian la violación y errónea aplicación de los arts. 589, 608, 616, 667, 669 y 1.204 del Código Civil. Asimismo, alegan el vicio de absurdo y la violación del principio de congruencia. Hacen reserva del caso federal (v. fs. 1.260/1.278).
IV. El recurso prospera, con el alcance que indicaré a continuación.
IV.1. De manera liminar, es necesario dejar sentado, en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015 (ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O. de 19-XII-2014), el marco legal en que habrá de resolverse la cuestión planteada, en razón de que su art. 7 dispone que "a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes...". En el caso, nos encontramos ante una resolución contractual que operó -tal como fue declarado en las instancias inferiores y arriba firme a esta sede extraordinaria- el día 6 de marzo de 2014. Por lo tanto, toda vez que la extinción de dicha relación jurídica se produjo bajo el régimen del Código Civil ley 340, debe examinarse a la luz de sus disposiciones. Ello así pues la ley aplicable para examinar la responsabilidad que surge de un contrato es la vigente al momento del incumplimiento y no la del momento de la celebración. Sin perjuicio de que los efectos producidos o que se produzcan con posterioridad a la vigencia de la nueva ley queden atrapados en ella (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aida; La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones jurídicas existentes , Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, págs. 93 y sigs.; Segunda Parte, ob. cit., págs. 230 y sigs.).
IV.2. Despejada esta cuestión, es preciso señalar -tal como fuera reseñado en el acápite precedente- que no se encuentra controvertida la decisión en cuanto estimó procedente la reconvención por resolución contractual introducida por las accionadas, así como tampoco la fecha en la cual operó la misma.
La discusión traída en la pieza recursiva bajo estudio gira en torno a los efectos restitutorios de la resolución contractual decretada.
Ahora bien, ya ingresando en el ámbito de las consecuencias que trae aparejada la resolución por incumplimiento, cabe recordar que esta produce la ineficacia retroactiva del contrato, desmantelando todos sus efectos (conf. art. 1.204, Cód. Civ.).
En consonancia con estos lineamientos se pronunció el Tribunal de Alzada, determinando que el principal efecto de la resolución consistía en que las partes debían restituirse lo que mutuamente se habían entregado. En dicho orden de ideas concluyó, por un lado, que el actor debía entregar a las vendedoras el inmueble con más sus frutos a partir de la fecha en que operó la resolución y, por el otro, que las accionadas debían restituir el porcentaje del precio recibido (77,53%) aplicado sobre el valor actual del bien, con más las mejoras introducidas en el inmueble (v. fs. 1.244 vta.).
Sobre este tramo de la decisión recaen los agravios esgrimidos por las quejosas.
IV.2.a. En primer lugar, aducen que la Cámara incurrió en un fallo ultra petita , vulnerando el principio de congruencia, al imponer a las vendedoras la obligación de restituir las sumas entregadas en concepto de pago, pues -según afirman- no solo interpretó arbitrariamente los escritos postulatorios de las partes sino que aplicó de manera errónea el derecho vigente (v. fs. 1.268/1.269).
En lo que respecta al agravio vinculado con el principio de congruencia, entiendo que no les asiste razón a las recurrentes.
La mentada directriz -cuyo destino es conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio- importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no resulta violado mientras exista el nexo necesario entre la fórmula propuesta en la traba de la litis y el contenido de la decisión del juzgador, pues solo aparecería el quebrantamiento si el argumento decisorio alterara aquella relación (conf. causas C. 121.773, "D., V. B.", sent. de 26-IX-2018; C. 123.111, "Peryera", sent. de 24-VIII-2020; e.o.).
Veamos.
A fs. 24/34 Eduardo Vargas inicio la presente acción por cumplimiento de contrato y escrituración.
A su turno, Virginia Inés y Analía Inés Bravo contestaron demanda y reconvinieron por resolución del boleto de compraventa del inmueble e indemnización de daños y perjuicios (v. fs. 327/350). En dicha oportunidad, expresamente solicitaron que se declare la resolución del contrato y "...en consecuencia, se ordene la restitución de todo aquello que las partes recíprocamente recibieron", precisando en cuanto a sus efectos que se restituya el "...predio, sin perjuicio del pago de la indemnización reclamada [...] previa deducción del importe que arroje la sumatoria de lo abonado parcialmente por VARGAS con más los intereses, compensándose dicho importe -que resulta infinitamente inferior- con la suma que nos adeuda el actor reconvenido por los daños y perjuicios que nos ha ocasionado" (fs. 345 vta.).
Por su parte, al contestar el actor el traslado de la reconvención deducida, solicitó que en el supuesto de que prosperase la resolución contractual "...sea resarcido de las mejoras realizadas en el inmueble..." (fs. 364).
Tal como puede apreciarse del examen de las piezas y actos procesales obrantes en autos, lejos de visualizarse un apartamiento de las reglas del debido proceso o el pronunciamiento sobre una cuestión introducida sorpresivamente por el juzgador, se advierte que el Tribunal de Alzada ha resuelto el caso de conformidad con las posiciones formuladas por los litigantes, teniendo en cuenta la verdad objetiva que emerge de las constancias de la causa.
Llegados a este punto cabe recordar que la pretendida transgresión al principio de congruencia requiere de la denuncia y acreditación del vicio de absurdo en la interpretación de los escritos postulatorios, único motivo que habilitaría la revisión de las cuestiones fácticas de la litis (conf. causas C. 118.307, "Turismo Flecha S.R.L.", sent. de 23-V-2017; C. 123.103, "Pastorino", sent. de 18-IX-2020; etc.); error grosero del razonamiento que, si bien fue denunciado, no ha sido debidamente acreditado en la especie.
Tales circunstancias me llevan a desestimar esta parcela de la impugnación.
IV.2.b. Tampoco puede prosperar la alegada violación y errónea aplicación del art. 1.204 del Código Civil.
Al respecto, sostienen las quejosas que las prestaciones cumplidas por la parte compradora -pagos de dinero- deben quedar firmes por tratarse de obligaciones divisibles, circunstancia que surge evidente toda vez que el precio fue pactado en cuotas (v. fs. 1.270).
Para ingresar en el análisis de la cuestión traída, es preciso recordar que el primer párrafo del art. 1.204 del Código Civil -aplicable en la especie- prescribía que "En los contratos con prestaciones reciprocas se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso. Más en los contratos en que se hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes".
El mentado dispositivo legal solo preveía la resolución, fijando la obligación de restituir entre las partes y su efecto retroactivo se presumía del texto. Fijaba una excepción a la obligación de restituir que consistía en que quedaban firmes aquellas prestaciones cumplidas, no dando mayores precisiones sobre el tema. Al respecto, se entendió que del uso del plural y la exigencia de la reciprocidad de obligaciones para ejercer el derecho, se desprendía que la norma se refería a aquellas que las partes se hubieran hecho mutualmente y no por lo cumplido en sí (conf. Bueres, Alberto J.; Código Civil y Comercial de la Nación. Analizado, comparado y concordado , T. I, Hammurabi. José Luis Depalma. Año 2015, págs. 618 y sigs.).
El novel art. 1.081 del Código Civil y Comercial de la Nación vino a esclarecer y cubrir los silencios del antiguo régimen, avanzando en la fijación de varios principios de equidad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de restitución, determinando así que "Si se trata de la extinción de un contrato bilateral: a) la restitución debe ser reciproca y simultanea; b) las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación...".
La doctrina especializada en la materia interpretó que el mencionado precepto legal cuando alude a las prestaciones cumplidas que quedan firmes únicamente se refiere a los contratos de tracto sucesivo o de ejecución continuada, por ejemplo: locación, mutuo o compraventa a plazo, en el que el objeto es divisible, etc. (conf. Borda, Alejandro; "Resolución por incumplimiento", publicado en " LL" on line 2-12-2019, 2-12-2019, 1 - LA LEY 2019-F, 867).
Es necesario aclarar que si bien el citado art. 1.081 no resulta aplicable en el caso particular, se trata de una norma que ha recogido los criterios jurisprudenciales y doctrinales dominantes por tanto adquiere suma relevancia al momento de definir los alcances y efectos del pacto comisorio.
De lo expuesto cabe colegir que solo quedan firmes las prestaciones cumplidas, siempre y cuando resulten divisibles, equivalentes y recíprocamente cumplidas.
En consecuencia, tratándose el caso de autos de la compraventa de un inmueble, queda fuera del supuesto de excepción contemplado por la norma, pues si bien -como alegan las recurrentes- una prestación es divisible (el precio), la contraprestación a cargo del vendedor (entrega de la cosa) es indivisible. Por lo tanto, los pagos parciales realizados no pueden quedar firmes, ni siquiera parcialmente, pues ello importaría un enriquecimiento sin causa, contrario a la finalidad del instituto jurídico analizado.
IV.2.c. Igual suerte adversa merece correr el agravio vinculado con la determinación de las sumas a restituir por las vendedoras, teniendo en cuenta el valor actual del bien.
Sobre el punto aducen las recurrentes que la Cámara erróneamente aplicó al sub lite doctrina legal de esta Corte esbozada en materia expropiatoria, a la par que alegan que resulta una cuestión ajena a la traba de la litis (v. fs. 1.269 y vta. y 1.275/1.277).
Como es sabido la lex comisoria se sitúa en el ámbito de las vicisitudes del contrato, como causal de ineficacia sobreviniente a su celebración -es decir, no genética, sino instalada en el tramo de su ejecución- derivada de un incumplimiento relevante de los deberes de la cocontratante y que de tal modo afecta a su sinalagma funcional. Es que, en el fondo, la facultad resolutoria que nos ocupa cumple una clara función jurídico-económica: se trata de un medio destinado a tutelar la condición de recíproca paridad entre las partes, no en el acto de celebración del contrato sino en el desenvolvimiento de la relación contractual, cuando esta por falta de cooperación de la contraparte no conduzca a los objetivos típicos a cuya realización estaba destinada (Betti; Teoría generale delle obligazioni , Milán, 1955, T. 4, pág. 130, cit. en las causas Ac. 83.349, "De Pierris", sent. de 29-IX-2004; C. 98.058, "Rossotti", sent. de 24-XI-2010 y C. 118.224, "Di Giano", sent. de 10-VIII-2016).
En dicha inteligencia, juzgo que pretender restituir el valor nominal de lo percibido 18 años antes, monto que en su momento fue de significación habida cuenta de que representó un porcentaje importante del precio total pactado, implicaría devolver una suma irrisoria en atención a los valores y la realidad económica del caso.
Si bien la Cámara hizo alusión a la doctrina legal emanada de la causa C. 101.107, "Arbizu" (sent. de 23-III-2010), en el marco de una expropiación, ello no es óbice para que las pautas vinculadas al "valor objetivo del bien" sean aplicables al sub lite , por tratarse de principios rectores que deben guiar toda decisión judicial en la que esté en juego una deuda de valor.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion in re "Di Cunzolo, Maria Concepcion c/ Robert, Ruben Enrique s/ Nulidad de acto jurídico" (sent. de 19-II-2019), al examinar en dicha oportunidad el reajuste debido del precio por cumplimiento contractual, resolvió que los jueces no deben juzgar la cuestión como si se tratara de "obligaciones dinerarias" sino que deben darle el trato de "obligaciones de valor" para restablecer el equilibrio de las prestaciones. De tal modo, dispuso que no resultaba razonable que 18 años después de haberse celebrado el contrato de compraventa se fijara el saldo de precio en idénticos valores nominales, máxime cuando la economía del país había sufrido
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