Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123286
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 123.286 "IDABERRY MARCELA MARA C/ GIULIANO HECTOR LUIS S/ ESCRITURACION" Y SU ACUMULADA.
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón revocó parcialmente la solución única de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de escrituración incoada por Marcela Mara Idaberry contra Héctor Luis Giuliano. En tal sentido, admitió el reclamo impetrado por este último contra la primera, dejándose sin efecto el resarcimiento oportunamente reconocido (v. sentencias electrónicas de fechas 9-IV-2018 y 22-XI-2018).
II. Frente a ello, el señor Giuliano -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 68 y 274 del Código Procesal Civil y Comercial y 509, 1185 y 1187 del Código Civil. Asimismo, alega conculcación de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 10-XII-2018).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
El Tribunal de Alzada en su sentencia electrónica de fecha 22-XI-2018 -a la luz de las pruebas colectadas en el presente y en el expte. 56.453 que obra acollarado, particularmente, la absolución de fs. 558/559- para modificar el pronunciamiento de primer grado, sostuvo que "... la propia vendedora reconoció que los planos municipales del inmueble objeto de transacción presentan una diferencia con lo efectivamente construido ... surgiendo del intercambio epistolar que la vendedora había iniciado trámites municipales tendientes a la incorporación de las modificaciones constructivas efectuadas en el inmueble al plano municipal ... invocando ésta como hecho nuevo el acta de compromiso del Consorcio de Propietarios de la calle Sarmiento 2275, Castelar, autorizando tales gestiones y su solicitud de copia de planos del inmueble de autos ante la Municipalidad de Morón." (v. págs. 8/9).
Tal basamento, que se constituye en el eje central del fallo atacado, no logra ser conmovido por los reproches obrantes en las págs. 33/37 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados a la ponderación de la prueba y el cumplimiento de la condiciones contractuales) se han limitado a discrepar con los razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la habilidad del título ejecutivo (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de temáticas de hecho y prueba (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 118.426, "Dignani", sent. de 12-VII-2017; C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018 y C. 122.323, "Suelgaray", sent. de 6-XI-2019; e. o.).
Lo dicho, basta para repeler esta fracción revisora y permite, asimismo, descartar las infracciones normativas expuestas en la pág. 3 del escrito (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta el achaque sobre la imposición de los gastos causídicos (v. págs. 27/33 del embate), puesto que constituyendo esta temática una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 119.933, "Martinetti", resol. de 26-X-2016 y C. 121.805, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 13-IX-2017), al no haberse acreditado ninguna de estas situaciones, no queda otro camino que su repulsa (conf. art. 279, CPCC).
III.3. Finalmente, tampoco cabe atender el tópico que alega violación a la doctrina legal expuesta a lo largo del escrito electrónico, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:14:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 19:06:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 20:40:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/03/2021 15:44:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 13:55:26 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia