Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123323
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fecha 22-VI-2021, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.323 "VARGAS EDUARDO C/ BRAVO VIRGINIA INES Y OTRO/A S/ ESCRITURACION"
I. Las demandadas reconvinientes deducen recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que hizo -parcialmente- lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocó la sentencia apelada, sólo en lo atinente a la obligación de restituir las mejoras introducidas en el inmueble. En consecuencia, dejó establecido que el porcentaje abonado por el actor representó el 74,96% del precio total pactado e impuso las costas en un 80% a las recurrentes y el 20% restante al accionante (conf. arts. 68, segunda parte y 289, CPCC; v. sent. 26-IV-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 1-VI-2021 y su archivo adjunto identificado como "REF Vargas c Bravo.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente modificó parcialmente el fallo de primera instancia que, a su turno, había estimado procedente la pretensión de resolución del contrato de compraventa deducida por las demandadas reconvinientes y, en consecuencia, estableció la fecha en que operó la resolución y que en la etapa de ejecución de sentencia las partes debían proceder a efectuarse las restituciones de ley, bajo las pautas que indicó (v. sents. de 28-XI-2017 y 26-II-2019 junto con su aclaratoria de fecha 15-III-2019).
II.1. En la vía ahora intentada, las impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial y acceso a la justicia (arts. 17, 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 3, 7, 9, 20 y 31/33, adjunto cit.).
II.2. Sostienen que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó -mediante afirmaciones dogmáticas- los agravios referidos a la violación del principio de congruencia por parte del Tribunal de Alzada. Así, aseguran que el a quo falló ultra petita, al condenarlas a devolver el porcentual abonado por la parte actora según su precio de mercado actual. Ello, como consecuencia de la resolución de un contrato de compraventa de un inmueble, por culpa exclusiva del comprador. Y aseveran que se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas y citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 300:216; 308:1631; 312:772; 315:127; 318:2047; 325:657; 327:3495; 333:447; 335:1031; 339:1567; 342:867; 343:80; entre muchos).
En tal sentido, aducen que la decisión atacada convalidó el cumplimiento de una prestación que no ha sido requerida por la contraria a lo largo de todo este proceso, ni en las pretensiones desplegadas extrajudicialmente, no fue materia de discusión y prueba en el juicio, ni se corresponde con la normativa aplicable que enmarca y rige la contienda. Y concluyen que, al resolver del modo en que lo hizo, se desatendieron los serios y conducentes argumentos federales llevados a conocimiento de este Tribunal -que ahora reproducen-, colocándolas en una grave situación de indefensión (v. págs. 2/3 y 6/25, adjunto cit.).
II.3. Cuestionan -calificándola de contradictoria y carente de fundamentación- la parcela del fallo que rechazó la pretensión indemnizatoria por considerarla insuficiente para desvirtuar las razones dadas por la Cámara. Alegan que, contrariamente a lo expuesto, el canon locativo reclamado como daño no coincide con el objeto de la restitución. Así, arguyen que, en tanto la resolución vuelve las cosas al estado anterior, el monto pretendido corresponde a los 21 años que se vieron privadas del bien y sus frutos, resultando inaudito -según su entender- pretender que el pago sea equiparable a la explotación o alquiler del inmueble. Máxime, si se tiene en cuenta el proceso inflacionario, luego de la crisis del año 2000 (v. págs. 25/31, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 9-VI-2021), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora reconvenida (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 22-VI-2021).
En relación a dicha pieza, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2 a 6; v. archivo adjunto identificado como "CONTESTA TRASLADO. SOLICITA SE DECLARE I"; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En consecuencia, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la vulneración al principio de congruencia -por resolver " ultra petita "-, el rechazo de la pretensión indemnizatoria y la suficiencia de la vía extraordinaria local para rebatir esa decisión) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por las impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, autocontradicción, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que las interesadas se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando -además- agravios expuestos en el remedio local que ya han sido ponderados por esta Corte y merecido respuesta (v. sent. en crisis).
IV.3. Finalmente, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial y acceso a la justicia; arts. 17, 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 3, 7, 9, 20 y 31/33, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio interpuesto, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fecha 22-VI-2021, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2021 09:55:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2021 19:01:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/11/2021 19:25:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2021 09:09:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 09:41:58 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/11/2021 11:01:52 hs. bajo el número RR-883-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia