Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126468
C. 126.468 "CASTELLANOS ANA MARÍA C/ GARCIARENA ROSA BEATRIZ S/ ESCRITURACIÓN"
I. Esta Corte declaró mal concedido el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la accionante Ana María Castellanos, con sustento en la insuficiencia del valor del agravio, considerando que la valuación fiscal del inmueble objeto de autos no alcanza el mínimo para acceder a esta instancia a la fecha de deducción de dicha vía, de conformidad con lo prescripto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial provincial, texto según ley 14.141 y Acordada 4.097/2023 (v. resolución de 14-XI-2023).
Contra tal pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso de revocatoria manifestando que debe tenerse en cuenta el valor del impuesto al acto ($ 4.917.166) -importe que supera el mínimo legal- que es en definitiva el que se acerca más al valor de mercado y no la valuación fiscal. Expresa que esa es la única solución posible para evitar arbitrariedades y posibles conflictos constitucionales, ya que sería un acto discrecional violatorio de la garantía constitucional del debido proceso y acceso a la justicia (v. escrito electrónico de fecha 1-XII-2023 y su arch. adj.).
II. Al respecto, deviene pertinente recordar en primer lugar que incumbe a esta Suprema Corte, asumiendo el rol que le compete como único juez del recurso, abordar el control de admisibilidad del remedio incoado, estando consiguientemente facultada para constatar y modificar lo decidido en las instancias anteriores en todo lo que hace a la admisibilidad de la vía, sin estar atada a lo resuelto por el juzgador de origen (art. 278, CPCC; conf. doctr. causas Ac. 44.745, "Banco Comercial del Tandil S.A.", sent. de 5-XI-1991; C. 114.429, "Zanardi", resol. de 10-X-2012; C. 122.308, "Pereyra Iraola", resol. de 3-V-2018; C. 122.960, "Rabanal", resol. de 16-VI-2020; C. 123.620, "Erroitzarena", resol. de 19-XII-2022).
Sentado ello, no se observan en la revocatoria en estudio, razones suficientes que permitan modificar lo resuelto con relación a la apreciación del valor del agravio, siendo doctrina reiterada de esta Corte que el elemento a ponderar en casos como el presente, en orden al examen del requisito estatuido en el art. 278 citado, como ya se dijo con cita de numerosos precedentes, es la valuación fiscal del bien emitida por Arba, a la fecha de la vía en estudio (conf. doctr. C. 121.468, "Mascolo", resol. de 29-III-2017; C. 123.275, "Chehin", resol. de 21-VIII-2019; C. 125.747,"Sferra", resol. de 1-VIII-2023 y C. 125.781, "Sequeira", resol. de 29-XI-2023), no pudiendo ser atendida la pretensión de tomar a tal fin el valor del impuesto al acto del inmueble de autos (conf. doctr. causas C. 121.494, "Grassi", resol. de 22-VIII-2018 -por mayoría-; C. 123.850, "Garreton Rifo", resol. de 29-VII-2020; C. 125.749, "Zinni", resol. 15-VII-2022; C. 125.660, "Falbo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.883, "Hidalgo", resol. de 30-III-2023 y C. 125.781, cit.).
Por otra parte, es oportuno destacar, acerca de la alegación referida a la inconstitucionalidad del art. 278 citado, que esta Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (conf. doctr. causas C. 116.566, "Pacheco", resol. de 18-IV-2012; C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019 y C. 125.628, "Rodríguez", resol. de 1-VIII-2023).
A ello se agrega que reiteradamente se ha sostenido que resulta compatible con el art. 161 de la Constitución de la Provincia, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas Ac. 96.343, "Birretto", resol. de 11-X-2006; C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 124.399, "Sucesores y herederos de Reichel Joachim", resol. de 24-V-2022). Asimismo, la igualdad que contempla la Constitución comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, conforme a la legislación vigente (conf. causas Ac. 98.574, "Mazza", resol. de 2-V-2007; C. 116.433, "Pertierra", resol. de 7-III-2012 y C. 119.437, "Choque", resol. de 3-XII-2014).
Finalmente, en cuanto al planteo de existencia de una cuestión federal, cabe señalar que, tal como ya se sostuviera en la resolución objeto de la revocatoria en análisis, tampoco se advierte -en principio- la concurrencia de un agravio de tal índole que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, no obstante la invocación de la supuesta afectación de garantías constitucionales y la denuncia de absurdo y arbitrariedad, los argumentos expuestos consisten en denuncias concernientes a la interpretación y a la aplicación del derecho común y procesal que denotan que en el caso no se encuentra involucrado, de manera directa e inmediata, un supuesto de aquel linaje (causas C. 118.901, "Polliotto", resol. de 4-VI-2014; C. 120.408, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Riera, Ana María s/ desalojo", resol. de 5-X-2016; C. 122.216, "Arbol", resol. de 21-III-2018; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 26-X-2016; C. 123.467 y C. 125.747, cit.).
En consecuencia de lo expuesto, se impone el rechazo de la revocatoria incoada (art. 290, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la revocatoria traída (art. 290, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase como está ordenado.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 12:24:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/02/2024 13:40:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 15:57:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 12:50:37 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 12:59:31 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:53:19 hs. bajo el número RR-259-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia