Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125461
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.461 "ELBIAL S.A. C/ KABAKIAN KRIKORIAN S.A. Y OTRO/A S/ ESCRITURACIÓN (ESCRITURACIÓN Y NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO)"
I. El letrado de la parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -en lo que interesa destacar- por un lado, desestimó la queja por denegatoria del de nulidad con sustento en que no se trajeron agravios propios de los arts. 168 y 171 de la Constitución local y, por el otro, rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación, con costas (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, 289 y 292, CPCC; v. resol. 1-VIII-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 31-VIII-2023 y su archivo adjunto titulado "ELBIAL+RE+...").
En el caso, en el marco de un proceso de escrituración iniciada por Elbial S.A. contra Kabakian Krikorian S.A. y Gagliano-Martinineau Inmobiliaria S.A. -como tercero-, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado el incidente de nulidad interpuesto por el letrado de la accionante, tendiente a que se declare la invalidez de las actuaciones a partir de la decisión que lo había intimado a subsanar el defecto de falta de personería en los términos del art. 352 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial provincial (v. proveídos de 4-IX-2020 y 17-VI-2021 y resol. de 4-XI-2021).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, razonabilidad y la violación del sistema republicano de gobierno (arts. 1, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 1 y 9/13, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que el fallo en crisis resulta arbitrario y debe ser dejado sin efecto. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias del expediente, la prueba aportada y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-. En consecuencia, rechazó -sin dar fundamentos suficientes- los recursos deducidos, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 341:1443; 339:680 y 341:1704, entre otros), en particular la causa "Rey c/ Rocha" (Fallos: 112:384; v. págs. 7/15, adjunto cit.).
En tal sentido, cuestiona que se haya descartado la queja por denegatoria del de nulidad al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que no se habían desarrollado agravios sustentados en los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial. Contrariamente a lo expuesto, aduce que alegó la ausencia de fundamentación legal de la sentencia de la Cámara (v. págs. 7/8 y 10, adjunto cit.).
Objeta, también, el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley, al estimar que el mismo había sido insuficientemente fundado. Denuncia que este Tribunal soslayó tratar y resolver debidamente los planteos en él esgrimidos -que ahora reedita- relacionados con la revisión de las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio -en particular, el poder acompañado-. Y asevera que dichos agravios no eran meras discrepancias y resultaban aptos para refutar las razones dadas por la instancia anterior en grado y demostrar el absurdo de su fallo (v. págs. 7/11, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 6-IX-2023), el mismo no fue contestado.
IV.1. En lo que refiere a la vía federal intentada, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada, la denegatoria del recurso de nulidad, conforme los arts. 168 y 171, Const. prov. y 292, CPCC y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar aquella decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos intentados. En efecto, mediante los escuetos planteos ensayados, sólo insiste el agraviante con cuestionamientos expuestos en los remedios locales que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 7/15, adjunto cit.; págs. 4/7 y 9/14 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 2-XII-2021; resol. de fecha 1-VIII-2023 cit.).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 1, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 1 y 9/13, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Rey c/ Rocha" (Fallos: 112:384), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 15-III-2022; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.021, "Stradella", resol. de 19-XII-2022 y C. 125.381, "Banco De La Pampa", resol. de 1-VIII-2023, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 10:03:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:54:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:47:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:47:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:04:10 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:57:29 hs. bajo el número RR-426-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia