Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126502
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 126.502 "WIEMAN CARLOS ALBERTO Y OTRO/A C/ MARTIN DANIEL ALEJANDRO Y OTROS S/ ESCRITURACIÓN"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la decisión que, a su turno, hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación activa y, consecuentemente, rechazara la demanda de escrituración que articularan Hernán Diego García y Carlos Alberto Wieman contra Daniel Alejandro, Marcelo Gabriel y Fernando Claudio Martin, en su carácter de herederos de Daniel Quintín Martin y María Josefa Pérez; Jaime Lamas Pumar, en su condición de cesionario de los derechos y obligaciones correspondientes a Jorge Eduardo Lamas, y Adriana Marcela Siracusa, en su calidad de ex cónyuge del cesionario Jaime Lamas Pumar, todo ello en relación al bien inmueble de autos (v. sents. de 18-X-2021 y 2-III-2023).
Contra dicho pronunciamiento, los accionantes interpusieron recurso extraordinario de nulidad (v. present. eletrc. de 20-III-2023), el que fue concedido (v. resol. de 3-IV-2023).
II. Al respecto, es del caso recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, la vía extraordinaria de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 125.468, "V. M. S.", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.659, "Guidozzolo", resol. de 9-VI-2023).
En este sentido cabe señalar que en la presentación en tratamiento no se han expuesto ni tampoco desarrollado agravios apoyados en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia ni en su contenido normativo (causas C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 122.460, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 16-V-2018 y C. 125.538, "Mellinger", resol. de 7-IX-2022),
Así, se observa que los impugnantes, bajo la denuncia de preterición de una cuestión esencial, alegan que básicamente se ha omitido considerar -en la propia síntesis de los recurrentes- la aplicación de derecho protectorio constitucional y las circunstancias de la causa (punto "I" del recurso), y en tal contexto critican el modo en que la Cámara apreció la cesión del boleto de compraventa, así como lo resuelto sobre la falta de legitimación activa de Hernán Diego García -correlacionándola el órgano con la existencia de un litisconsorcio activo necesario-. Expresan, además, que con su proceder el Tribunal de Alzada ha quebrantado la garantía constitucional del derecho protectorio de la familia y el debido proceso. Tales manifestaciones en realidad revelan la exposición de la disconformidad del recurrente con el acierto jurídico de lo decidido en relación a la legitimación de los actores, formulando apreciaciones sobre la prueba analizada o la falta de consideración de determinados elementos probatorios y de argumentos esgrimidos en sustento de su postura -mencionando los vinculados a la condición de cesionario del mencionado actor-, todo lo cual resulta en rigor un cuestionamiento al mérito de lo juzgado, ajeno al carril recursivo bajo estudio y propio del de inaplicabilidad de ley (causas C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.659, "Lanfranchi", resol. de 26-II-2020; C. 124.005, "De Luca", resol. de 18-II-2021; C. 125.538, cit.; C. 125.703, "Gianmaría", resol. de 31-III-2023).
Asimismo, en relación a la aislada mención de quebrantamiento del art. 171 de la Constitución provincial que se realiza en el desarrollo de este carril recursivo, deviene pertinente destacar que ha sostenido esta Corte que la transgresión de tal precepto sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de las previsiones legales correspondientes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. sent. cit.; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernandez", resol. de 23-IX-2021 y C. 126.115, "Goiburu", resol. de 5-IV-2023; C. 125.659, cit.).
Por lo demás, en cuanto a la denuncia de una eventual afectación de garantías constitucionales, se aprecia que tales cuestionamientos, más allá de la ausencia de un debido desarrollo argumental, resultan de todos modos ajenos al ámbito de la vía anulativa concedida (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doctr. causas C. 119.744, "Donelli", resol. de 17-VI-2015; C. 120.996, "A., L. L.", resol. de 15-XI-2016; C. 123.041,"Sosa", resol. de 7-III-2019; C. 125.538 y C. 125.703, cits.).
En tales condiciones, cabe concluir que el recurso extraordinario de nulidad deviene inadmisible, por lo que ha sido mal otorgado (art. 296, CPCC). Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 124.153, C. 125.468 y C. 125.659, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:42:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:48:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 14:42:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 15:57:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:35:17 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:36:56 hs. bajo el número RR-117-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia