Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.386-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA N° 3775/2016 dictada en la Actuación SIGEA Nro. 13803-96-2011 y, por ende, los Cargos VI 278/2011 y 279/2011 por ella confirmados. Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-13727575-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 7 de Febrero de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ESCUDO SEGUROS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente N° 37.386-A El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 7/18 y vta. se presenta la firma ESCUDO SEGUROS S.A., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 003775, de fecha 16 de agosto de 2016, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA Nro. 13803-96-2011, por la que se rechaza la impugnación por ella interpuesta, en su calidad de garante de la firma importadora LAYCON S.R.L., contra los Cargos VI N° 278/2011, formulado por la suma de u$s 10.008,17, y VI N° 279/2011 por la suma de u$s 996,31.
En primer lugar, realiza un breve relato de los hechos que motivaron la presente causa, y pone de manifiesto los argumentos de la resolución recurrida. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para determinar los tributos y exigir su pago, sosteniendo que el término de la prescripción acaeció el 31/12/2012, mientras que el reclamo formulado se realizó en el año 2013. También subraya que la Aduana aduce haber interrumpido la prescripción de acuerdo a los artículos 806, inc. b), y 807 del CÓDIGO Aduanero; e invoca como constancia de ello, la suspensión del importador en el Registro de Importadores. De forma subsidiaria, reitera las defensas planteadas respecto del ajuste efectuado a la base imponible y la liquidación de tributos.
Destaca que se ha descartado el método de valoración previsto en el artículo 1° del Acuerdo de Valor, dando prevalencia a los valores usuales para mercadería similar (art. 3 del GATT). Señala también que los argumentos vertidos por la DGA distan de ser suficientes para fundamentar el rechazo de la impugnación, considerando que el contenido no ha sido rebatido en forma alguna, ya que la la resolución recurrida se extiende en consideraciones genéricas, sin desvirtuar ni derribar las razones expuestas. Resalta que existe por parte del servicio aduanero un notorio incumplimiento de las pautas previstas en el CÓDIGO de Valor del GATT/OMC, al cual nuestro país está adherido de acuerdo a las leyes 23.311 y 24.42, y que además de haber incumplido tales recaudos, tampoco se ha expedido acerca de las razones de ello.
Hace especial hincapié en que la Aduana no expresa en absoluto cuales son las dudas que genera el valor declarado por el importador, por lo cual su decisión queda en el ámbito de su exclusiva voluntad y arbitrariedad. Pone de manifiesto que la DGA no establece el nivel comercial, época de la supuesta importación, circunstancias de comercialización ni ningún otro elemento plausible que otorgue respaldo y justifique la pretendida exacción. Sostiene que los cargos efectuados se encuentran viciados en la causa y en la motivación, lo cual determina la nulidad de los mismos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. Remarca que se citan, sin acreditación alguna, solo porque a la Aduana le ocasiona “dudas” el valor de transacción, sin que se explique cuales son las dudas y en qué están fundadas las mismas, razón por la cual el ajuste de valor deviene arbitrario.
Cita definiciones del Acuerdo en relación a lo que son las mercaderías idénticas y similares. Menciona jurisprudencia que ha establecido elementos de comparación basados en los textos del Acuerdo, que la Aduana supuestamente tampoco ha respetado en este caso. Manifiesta que por la ineficiencia, arbitrariedad e incumplimiento del proceso por parte del servicio aduanero, no se sabe si las mercaderías utilizadas para la comparación reúnen todos, algunos o ninguno de los requisitos necesarios, razón por la cual deben dejarse sin efecto los Cargos formulados, en la medida que se desconoce el origen, procedencia, distancia recorrida, medio de transporte empleado, marca, prestigio y nivel comercial, calidad y cantidad de mercaderías involucradas en cada caso, etc.
Plantea, en subsidio, la improcedencia de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses. Afirma que la liquidación en dólares de los tributos que surge de las actuaciones administrativas es improcedente, pues la formulación en esa moneda no encuentra respaldo en la legislación vigente, citando normativa y el articulado del CÓDIGO para darle sustento a su planteo. Resalta que no existe, a la fecha, norma legal alguna que le permita a la DGA la liquidación de tributos aduaneros en dólares estadounidenses, por lo que no corresponde la liquidación efectuada como se pretende en el presente caso. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que, oportunamente, se haga lugar al presente recurso, se revoque la resolución recurrida y se decrete la nulidad de los Cargos impugnados.
II. Que a fs. 33/39 y vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. En primer lugar, realiza un breve resumen del objeto de la causa y, cumpliendo con un imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte o surja de las actuaciones administrativas que adjunta. Seguidamente, relata lo actuado en sede aduanera y procede a contestar el traslado de los agravios vertidos por la firma actora. Destaca que la recurrente no hace más que reiterar en esta instancia lo ya expuesto en sede administrativa. Remarca que a la fecha de oficializar la destinación del asunto, se encontraba vigente la ley 24.425, a través de la cual se aprobó el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales, y el Acuerdo de Marrakech por el cual se estableció la OMC y el acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT.
Hace expresa referencia al artículo 17 del mencionado Acuerdo, a través del cual se prevé la facultad del servicio aduanero de dudar acerca de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados a los fines de la valoración y proceder, en consecuencia, a iniciar la investigación pertinente. Afirma que si no puede valorarse conforme al artículo 1 del Acuerdo, el valor en Aduana será el correspondiente al valor de transacción de mercaderías idénticas. Asimismo, cita el artículo 15 y la nota al artículo 3 para justificar normativamente el ajuste de valor realizado. Señala que obran en autos informes de análisis de valor de los que surgen diferencias notables entre el valor FOB declarado y el valor FOB determinado, y que conforme surge de lo informado por el área técnica, correspondería determinar el valor en aduana de las operaciones involucradas sobre la base de los valores unitarios de mercaderías similares.
Subraya que luego de tramitado el procedimiento de impugnación, el importador no acompañó al expediente prueba de relevancia y/o con el mínimo de formalidad exigida que permitan a quién decide y dicta el acto administrativo de rigor, rectificar el ajuste oportunamente efectuado. Destaca que la actora en su escrito de interposición del recurso, fundamenta su pretensión sosteniendo, en primer lugar, que los elementos tomados como antecedente no resultan suficientes como fundamento para establecer una base razonable de valor y hace énfasis en situaciones de hecho que no resultan suficientes para conmover lo actuado en sede aduanera; y que no existen argumentos válidos para descartar el valor declarado, pretendiendo allí producir una inversión de la carga de la prueba.
Cita jurisprudencia y sostiene que la autoridad aduanera goza de un relativo margen de discrecionalidad para fijar el valor de las mercaderías, de modo que el hecho de aducir la arbitrariedad en su cálculo debe sustentarse en elementos de crítica bien concretos y no sobre afirmaciones genéricas. También contesta el planteo de nulidad interpuesto por la actora, argumentando que la nulidad planteada no puede prosperar, toda vez que conforme se desprende del escrito de impugnación, la recurrente conoce perfectamente cuál es la causa y el motivo por el cual la Aduana está efectuando el reclamo en cuestión. Manifiesta que por aplicación del artículo 20 de la Ley 29.905, solo la determinación de las sumas a pagar es en dólares estadounidenses, y que de los dichos de la actora y fundamentos que esgrime no se desprende sustento alguno que legitime la pretensión que invoca.
Contesta el planteo de prescripción efectuado, afirmando que al no haber operado la prescripción respecto al deudor principal, mal puede haber operado respecto del deudor subsidiario -el garante-, por lo que solicita que se rechace dicho planteo. Por último, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita que, oportunamente, se rechace el recurso intentado por la actora, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13803-96-2011 se inician a fs. 1 con el Cargo VI 277/2011. A fs. 2 surge el sobre contenedor IC 04 02733 J. A fs. 3/9 obra el análisis de valor elaborado a través de la Nota N° 128/11 con el Informe de Valor. A fs. 12 surge el Cargo VI 278/2011, a fs. 13 el sobre contenedor 07 001 IC 04 034819 T y a fs. 14/20 el análisis de valor elaborado a través de la Nota N° 126/11. A fs. 23 surge el Cargo VI 279/2011, a fs. 24 el sobre contenedor 07 001 IC 04 045474 S y a fs. 25/30 el análisis de valor elaborado a través de la Nota N° 127/2011. A fs. 37 surge la cédula de notificación de los Cargos con fecha 21/6/2011. A fs. 56/57 surge la Resolución N° 74/12 a través de la cual se suspende a la firma “LAYCON SRL” del Registro de Importadores y Exportadores, hasta tanto sean cancelados los Cargos VI 277/2011, VI 278/2011 y VI 279/2011. A fs. 599/2019 se solicita que se proceda a la ejecución de la garantía involucrada en la litis. A fs. 69/76 obra el escrito a través del cual la firma aseguradora impugna los Cargos VI 278/2011 y VI 279/2011. A fs. 80 se tiene por presentada a la letrada de la compañía aseguradora, por deducida la impugnación, se contestan los planteos de prescripción y nulidad opuestos y se provee la prueba ofrecida. A fs. 88/94 obra la nota N° 012/16, en tanto que a fs. 98/99 surge la copia de la póliza N° 109293 y a fs. 101/102 la copia de la póliza N° 109382, mediante las cuales se garantizan las operaciones aduaneras. A fs. 104/105 obra glosada la Resolución DE PRLA N° 3775/2016 y a fs. 108/109 se informa que se ha apelado la resolución ante este Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar si el ajuste de valor motivo de autos ha sido efectuado sobre la base de las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del artículo VII del G.A.T.T. aprobado por la ley 24.425.
Que el referido Acuerdo establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas.
Cuando el valor de transacción no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo, en los artículos 2 a 7 se establecen los diferentes métodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden que se numeran, salvo la inversión que autoriza el artículo 4 con relación a los métodos previstos en los artículos 4 y 5.
Que, en consecuencia, cabe colegir que el “valor en aduana de las mercaderías importadas”, tal como se define en el artículo 1º, será el “valor de transacción” y constituye la primera base para la determinación del valor en aduana, considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8º -ajustes del precio pagado o por pagar- y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el artículo 1º, se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes. Que mediante los despachos n° 07 001 IC04 034819T y 07 001 IC04 045474 S la firma LAYCON SRL documentó la importación para consumo de diversa mercadería. En lo que aquí interesa, por los ítem 1 en ambos despachos de importación para consumo -que son los cuestionados en autos-, declarando un valor FOB unitario de u$s 4,80 en ambos casos.
Que, conforme surge de las notas N° 126/11 (R1) y N° 127/11 (R1) obrantes a fs. 14/17 y 25/28, respectivamente, de las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa, la División Control Expost de Importación objetó los valores declarados en los ítem mencionados de los D.I. n° 07 001 IC04 034819T y 07 001 IC04 045474S, procediendo a desestimar el valor de transacción declarado; y procedió a valorar por el artículo 3 del Acuerdo para la Aplicación del Artículo VII del GATT. En tal sentido, según surge de las citadas Notas en comentario, “… se efectuó el análisis de otras operaciones de mercadería similar a fin de establecer el valor en aduana de la mercadería importada con arreglo a los dispuesto en el Artículo 3 del precedentemente citado Acuerdo Internacional encontrándose elementos de juicio que permiten establecer un valor razonable conforme surge de los valores aprobados paras las destinaciones de importación que en cada caso se indican”, estableciendo un valor para cada ítem y citando un antecedente, conforme lo que se detalla a continuación:
07 001 IC04 034819T (ITEM 1) – Ant 07001IC04012782Y – Valor USD 6.-
07 001 IC04 045474S (ITEM 1) – Ant 07001IC04012782Y – Valor USD 6.-
Que de las constancias de las actuaciones administrativas objeto de autos -fundamentalmente del criterio que surge de la nota N° 012/16 obrante a fs. 88/94-, se advierte que el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal, no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1º, párrafo primero, como impedimento para su aplicación, a saber: a) que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador; b) que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse; c) que ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de la mercadería por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor y d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que, aun existiendo, no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio.
Que tampoco se observa que de la investigación de valor surja la existencia de alguno de los elementos enunciados en el artículo 8, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar. Que conforme se desprende de fs. 90 de las actuaciones administrativas y de la resolución aquí apelada, se rechazó el valor de transacción por resultar éste considerablemente inferior a los precios de o valores de antecedentes o a los precios corrientes.
Que el Comité Técnico, a través de la Opinión Consultiva 2.1, sostuvo el criterio de que “el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de productos idénticos, no es razón suficiente para rechazarlo, a efectos del artículo 1°, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo”, norma esta última que expresamente dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentadas a efectos de la valoración en aduana”.
Que se deduce de lo expuesto que las normas del Acuerdo determinan, en consecuencia, que si la diferencia de precio se debe a que se haya incumplido alguna de las condiciones del artículo 1, no será aplicable el método del valor de transacción y si el motivo de la diferencia reside en que no se haya incluido en el precio pagado o por pagar alguno de los elementos que enumera el artículo 8, la Aduana deberá efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia de precio. Pero, conforme lo señalado, la diferencia que estima la Aduana, en el caso, no se debe a esos motivos. Luego, si la diferencia se debe a cualquier otro motivo distinto de aquellos, el precio, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos.
Que cabe señalar que en la instancia administrativa, el servicio aduanero se limitó a mencionar un antecedente para cada ítem de cada despacho de importación para consumo cuyo valor declarado cuestiona, lo que no resulta suficiente para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que, asimismo, no escapa a la vista del suscripto que no obran en sede aduanera ni en autos copia de dichos antecedentes invocados, lo que impide analizar si son referentes idóneos para su comparación.
Que, en consecuencia, cabe concluir que no resultan suficientes los antecedentes mencionados por el servicio aduanero, ya que no surge de ellos ciertos parámetros tales como la descripción completa de la mercadería, la fecha precisa en que tal operación fue documentada, la marca, calidad, prestigio comercial y demás circunstancias de las operaciones y de la mercadería que resultan determinantes a la hora de decidir sobre la pertinencia de una recomposición de valor como la de autos.
Que dichos antecedentes podrían haber sido utilizados por la Aduana como duda inicial respecto de la veracidad de los valores declarados por el importador, debiendo justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los valores utilizados no resultan arbitrarios, extremo que no se verifica en autos.
Que las circunstancias expuestas permiten afirmar que no existen en el caso antecedentes que puedan tenerse como referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como incierto, en tanto carece de la correspondiente fundamentación y respaldo documental. Que, ello es así, por cuanto no puede desconocerse, a la luz del actual régimen de valoración de mercaderías, la imposibilidad de la aduana de desestimar directamente el precio de transacción, sin motivar su decisión, ni recabar más que un solo antecedente para cuestionar el valor de cada item, los cuales ni siquiera fueron acompañados por el servicio aduanero.
Que, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración, con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia.
Que de plena conformidad con las razones expuestas, y no resultando ajustada a derecho la recomposición de valor realizada, resulta improcedente el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos.
V. Que, en virtud de la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los restantes agravios introducidos por la firma recurrente.
Que, por ello VOTO por:
Revocar la Resolución DE PRLA N° 3775/2016 dictada en la Actuación SIGEA Nro. 13803-96-2011 y, por ende, los Cargos VI 278/2011 y 279/2011 por ella confirmados. Costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la propuesta del Vocal instructor.
Por ello, SE
Revocar la Resolución DE PRLA N° 3775/2016 dictada en la Actuación SIGEA Nro. 13803-96-2011 y, por ende, los Cargos VI 278/2011 y 279/2011 por ella confirmados. Costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y, por Secretaría de Registro, a los liquidadores intervinientes, al domicilio sito en Belgrano 926 Piso 1, CABA. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.02.06 16:58:51 -03:00 Date: 2025.02.07 13:41:07 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.07 13:41:07 -03:00
Fin de la sentencia