Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo de Azul · Causa 21207
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia material de este Tribunal del Trabajo de Azul para entender en autos (art. 38 Ley 23.661).
2Rechazar la medida cautelar solicitada por el amparista, sin perjuicio de su reedición ante el juez federal competente (arts. 196 del CPCC y 25 de la Ley 13.928).
3Remitir con carácter urgente las actuaciones a la Justicia Federal a sus efectos.
"ESNAL DIEGO DAVID C/ OSPRERA S/ AMPARO - Expte. Nº 21207"
AUTOS y VISTOS: La presente demanda interpuesta por el amparista, imponiéndose prima facie analizar la competencia de este Tribunal, conforme la manda del art. 4 del CPCC y el art. 38 Ley 23.661, así como la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, y
CONSIDERANDO que:
A los efectos señalados y lo atinente exclusivamente a la cuestión a resolver se advierte que se presenta el Sr. Diego David Esnal, DNI 26.173.943 con el patrocinio letrado del Dr. Patricio Germán Vidal a entablar la presente acción de amparo con fundamento en la Ley 13.928 y a mérito del silencio de la accionada respecto al pedido de medicación solicitada a efectos de atender su enfermedad consistente en diabetes tipo II.
Informa que es afiliado a OSPRERA bajo el número 2770003159.
Manifiesta que desde el año 2021 fue diagnosticado como diabético tipo II por el Dr. Juan José Dours y a partir de aquel momento se encuentra en tratamiento recibiendo insulina con carácter permanente.
Denuncia que en el mes de Julio de este año el mencionado profesional le ordenó el suministro de manera continua e ininterrumpida, con una frecuencia semanal, de una inyección de la droga ozempic 0.5, sin que hasta la fecha haya recibido a pesar de la intimación cursada a la accionada OSPRERA.
Continúa explicando con detalle las cuestiones atinentes al caso, denuncia violado su derecho constitucional a la salud, ofrece prueba, funda en derecho y solicita se haga lugar al amparo iniciado. Asimismo, requiere que con carácter cautelar se imponga a la demandada la obligación de entregar la mencionada droga.
Sentada muy brevemente la cuestión a resolver, y en lo que refiere exclusivamente a la competencia de este Tribunal, resulta oportuno señalar la manda del art. 4 del CPCC (conf. art. 25 Ley 13.928) que impone a los magistrados el deber de analizar su propia competencia e inhibirse de oficio en caso de no estar habilitado para entender en el caso.
Así dicho, se advierte que la accionada, OSPRERA, es una obra social sindical que tiene alcance nacional y se encuentra integrada como agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud, regida por las leyes 23.660 y 23.661. En este sentido el art. 38 de la Ley 23.661, expresamente dispone que, en caso de alguna controversia judicial con los agentes del mencionado sistema, la misma será juzgada y resuelta por la jurisdicción federal.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha aplicado de manera sostenida esta regla en causas donde se demandó a esta entidad toda vez que la competencia federal es improrrogable en función de la materia.
Así ha dicho "La demandada -Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (O.S.P.R.E.R.A.)- resulta una obra social que reviste el carácter de agente natural del Sistema Nacional del Seguro de Salud en los términos de los arts. 1 de la ley 23.661 y arts. 1, inc. "c", 6 y 14 de la ley 23.660, y por ello sujeta al control de la Autoridad Central, surgiendo diáfano en la especie, que no es factible invocar la excepción prevista en el art. 38 de la Ley 23.661, en tanto O.S.P.R.E.R.A. resulta demandada y no actora" ( SCBA LP C 94490 S 02/09/2009 Juez PETTIGIANI (SD) Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina s/Apremio Magistrados Votantes: Pettigiani-de Lázzari-Negri-Kogan-Soria Tribunal Origen: CC0202LP ).
Por todo lo expuesto corresponde declarar incompetencia material de este Tribunal para entender en autos y remitir las actuaciones a la Justicia Federal a sus efectos.
Sin perjuicio de ello, resta expedirse respecto de la medida cautelar requerida en el escrito de inicio, por la cual el amparista pretende que se ordene a OSPRERA la entrega de la droga Ozempic 0.5 prescripta por su médico tratante.
El art. 196 del CPCC, de aplicación supletoria al proceso de amparo (art. 25 Ley 13.928), impone a los jueces el deber de abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Si bien la misma norma reconoce validez a la medida dispuesta por un juez incompetente que se ajuste a las prescripciones del capítulo, esa previsión no desplaza la regla de abstención: sólo resguarda lo actuado cuando la urgencia del caso no tolera la demora propia de la remisión, y aun en ese supuesto la medida no prorroga la competencia.
En el caso, la incompetencia que se declara es de carácter material y de orden federal, y por ende improrrogable (art. 38 Ley 23.661). Pronunciarse sobre la cautela importaría anticipar un juicio sobre la verosimilitud del derecho invocado frente a un agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud y sobre el alcance de sus obligaciones prestacionales, materia que el legislador ha reservado a la jurisdicción federal y que corresponde sea evaluada por el juez que habrá de decidir el fondo de la pretensión.
A ello se suma que, conforme el propio relato del amparista, éste se encuentra bajo tratamiento con insulina de manera permanente desde el año 2021, y la medicación cuya entrega se requiere (semaglutida 0,5 mg -Ozempic-, una aplicación semanal) le fue prescripta por su médico tratante mediante recetas fechadas el 17 de julio de 2026. Recién el 3 de noviembre de 2026 -esto es, ciento nueve días después- cursó carta documento a la obra social intimando la entrega en el plazo de cuarenta y ocho horas, pieza que fue recibida el 5 de noviembre de 2026; y la presente acción fue promovida el 17 de noviembre de 2026, a ciento veintitrés días de la prescripción.
Si bien el escrito de inicio invoca un riesgo cierto, actual e inminente para la vida y la salud, tal afirmación no se encuentra respaldada por constancia médica alguna que dé cuenta de una descompensación en curso o de una situación de urgencia que no admita la demora propia de la remisión; la documental acompañada se limita a las recetas referidas, la carta documento con su seguimiento y la credencial de afiliación. El tiempo transcurrido entre la prescripción y la intimación, así como la continuidad del tratamiento insulínico, conducen a concluir que la petición puede ser atendida sin mengua del derecho del peticionante por el juez federal competente, ante quien la medida podrá ser reeditada.
En consecuencia, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de su reedición ante el órgano federal competente, y disponer la remisión de las actuaciones con carácter urgente a fin de que éste pueda expedirse sin dilación sobre la tutela requerida (arts. 196, 230 y concs. del CPCC; 25 Ley 13.928).
En razón de lo expuesto, se
1. DECLARAR la incompetencia material de este Tribunal del Trabajo de Azul para entender en autos (art. 38 Ley 23.661).
2. RECHAZAR la medida cautelar solicitada por el amparista, sin perjuicio de su reedición ante el juez federal competente (arts. 196 del CPCC y 25 de la Ley 13.928).
3. REMITIR con carácter urgente las actuaciones a la Justicia Federal a sus efectos.
REGISTRESE, NOTIFIQUESE con urgencia.
4. COMUNICAR. A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 58 inc b) de la Acordada 3397 SCBA, notifíquese automáticamente a la Receptoría General de Expedientes Departamental, para que tome nota de la finalización del juicio, a sus efectos (art.16 de la Res. SCBA 14/21) AZ-7003-2026 [email protected]
Firmas
Funcionario firmante: PATERNICO Marcelo Enrique - MAGISTRADO SUPLENTE
Funcionario firmante: FERNANDEZ DE VILLEGAS Bernardo Juan Cecilio - JUEZ
Funcionario firmante: LABORDE Martin - JUEZ
Funcionario firmante: CANOSA Alberto Andres - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 310-2026
Fin de la sentencia