Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.-
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-27787036-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Marzo de 2023 Nominación En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2da Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3era. Nominación), a efectos de resolver la causa N° 34.768-I, caratulada: “El Espinillo Agropecuaria SRL s/apelación-“.-
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 36/38vta se interpone recurso contra la resolución de la AFIP-DGI de fecha 22/2/2011 mediante la cual se determina la obligación tributaria de la recurrente frente al impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2006, 2007 y 2008, con más los intereses resarcitorios.
La recurrente manifiesta que es una empresa agropecuaria, cuya actividad principal es la compra de equinos en las zonas rurales para su posterior venta en los frigoríficos. Destaca que dicha actividad tiene características especiales ya que las costumbres del campo, no se ajustan a las reglamentaciones vigentes o a la manera de comercializar en la ciudad.
En ese sentido, expresa que para la compra de los animales se recorren los campos y chacras, se ubican aquéllos, se fija un precio y luego se los lleva al frigorífico para su faena. La adquisición de los caballos, dice, se hace generalmente con los pequeños chacareros o con los puesteros de las estancias y son compras directas, sin ningún tipo de intermediario, además, el vendedor no emite ningún recibo y/o factura por el precio que le abona. Añade que cuando se llega al frigorífico, destino final de los animales, se declara la cantidad, se factura y se percibe la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Al respecto, resalta que por dicha manera de comercializar, toda su actividad queda declarada y a la vista del ente fiscal, hecho, dice, que impide todo tipo de maniobra fraudulenta.
Reconoce que no ha cumplido con las formalidades vigentes y relacionadas con la actividad desplegada y que ese incumplimiento, falta de ddjj, de llevar los libros en regla, no puede constituirse en un elemento que no dé lugar a la revisación de la determinación de oficio.
Considera que la determinación de oficio carece de razonabilidad ya que los cálculos realizados generan una actividad millonaria para la compra de caballos, lo que resulta alejado de la realidad.
Sostiene que los montos que le atribuyen por el impuesto no guardan razonabilidad. En ese sentido, expresa que la información recabada se origina principalmente en las ventas que le ha efectuado al frigorífico SA Indio Pampa, lo que da más certeza.
Mediante gráficos intenta explicar que el organismo recaudador ha omitido considerar la diferencia de caballos calculada. Entiende que de haberse considerado los caballos no facturados, la determinación de la base imponible hubiese sido distinta.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fojas 45/51vta contesta la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, peticiona se confirme la resolución apelada, Hace reserva del caso federal.
III. Que a fojas 67 se abre la presente causa a prueba. A fojas 108 se da por decaído el derecho de la actora a producir la prueba pericial contable y a fojas 110 la prueba informativa restante dirigida al Frigorífico SA Indio Pampa y Frigorífico Uriburu.
IV. Que a fojas 115 se clausura el período probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la sala “A”. A fojas 117 se llaman los autos para alegar, haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional a fojas 121/123 , no habiendo hecho uso la recurrente de su derecho.
A fojas 125 se ponen los autos para dictar sentencia.
V. Que en uso de sus facultades, el organismo fiscal procedió al inicio de la fiscalización de la recurrente, quien se encuentra inscripta en la actividad “Cria de ganado equino, excepto en haras” y “venta al por mayor de materias primas pecuarias incluso animales vivos N.C.P.”, registra alta en el impuesto a las ganancias el 7/12/2004 y cierra su ejercicio económico en octubre de cada año. La fiscalizada no registra presentaciones de las declaraciones juradas de aquel impuesto por los períodos fiscalizados 2006, 2007 y 2008.
Frente a ello, se le practica requerimiento a fin de que aporte los elementos pertinentes. Del análisis de la documentación suministrada por la actora y por los proveedores circularizados y clientes, el organismo fiscal procedió a efectuar un cotejo entre los equinos comprados y vendidos.
Así ello, confeccionó planillas de trabajo con el detalle de las ventas efectuadas a “SA Indio Pampa” y las compras según los comprobantes de compra aportados. En primer término se observa que la verificada no aporta la totalidad de los comprobantes de las compras, atento que surgen cantidades de animales vendidos por aproximadamente el doble de la cantidad comprada y no existen constancias de poseer existencias al inicio de los períodos verificados. Se procedió a efectuar la proyección de las ddjj del impuesto a las ganancias de la siguiente manera: -Las ventas según el Libro de IVA Ventas de la contribuyente y de la circularización a Indio Pampa SA; -Se estableció un costo presunto multiplicando la cantidad de caballos vendidos por el valor determinado de acuerdo al promedio que surge del importe neto de las facturas aportadas, emitidas tanto por proveedores como por la propia fiscalizada, dividido la cantidad de animales comprados; -De la diferencia de los dos puntos anteriores surge la utilidad bruta del ejercicio, a la que se le restó el importe neto de compras según registro de IVA Compras y los conceptos no gravados que surgen del registro mencionado y se le adicionó el importe de las facturas que se encontraban registradas en forma duplicada, el importe de los conceptos registrados que no tienen relación con la actividad de la contribuyente y el importe de compra de los caballos registrados y considerados previamente en el cálculo del costo presunto.
Finalmente se le detrajo el impuesto sobre los ingresos brutos devengado. Del cálculo efectuado se obtuvo la utilidad neta sobre la que se aplicó la alícuota general del impuesto y se calculó el impuesto determinado, por último, se restaron las retenciones efectuadas por SA Indio Pampa según la información brindada por éste, calculando así el impuesto a ingresar en cada ejercicio fiscal.
Con base en ello, se inició el procedimiento de determinación de oficio previsto en el art. 16 de la ley 11.683 y se confirió vista de las actuaciones administrativas por los cargos formulados en los períodos verificados, que culminó con la determinación de oficio practicada en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales antes referidos.
VI. Que en ese contexto fáctico, corresponde examinar en primer lugar si la metodología empleada por el organismo recaudador, se adaptó a la preceptiva legal, aspecto cuestionado por la recurrente.
En lo que respecta al ajuste efectuado cabe señalar que el organismo fiscal recurrió a la medición indiciaria, de conformidad con lo dispuesto en el primer y último párrafo del art. 18 de la ley 11.683. Ello, con sustento en que la inspección advirtió que la contribuyente, quien registra alta en el impuesto a las ganancias desde el 7/12/2004, no habría presentado las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Cabe precisar que si bien la ley impone al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, ya sea por errores de interpretación o por la realización de maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente.
Es por ello que el legislador previó el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas. De allí que este procedimiento, como lo tiene dicho reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquéllas circunstancias para que el ente fiscal actúe. De la misma manera, la ley tributaria establece un orden cronológico que deberá seguir la administración, pues sólo podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no cuente con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible.
Ello conlleva que, en primer término, deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo podrá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid. esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/6/2001). Como enseña el Profesor Dino Jarach, “cualesquiera que sean las circunstancias que muevan a la Dirección a determinar el impuesto –ausencia de declaración jurada o equivocación por parte del contribuyente en sus declaraciones juradas-, la Dirección General Impositiva…debe, en primer término tratar de determinar el impuesto sobre bases ciertas, o sea, sobre un conocimiento directo y cierto de todas las circunstancias de hecho que la ley ha considerado relevantes para el nacimiento de la obligación tributaria….Puede ocurrir que falten elementos de juicio o que los que existan no sean suficientes para que la Dirección General Impositiva –el fisco, en una palabra- determine sobre bases ciertas.
Solamente en este caso “…puede acudir, en nuestro sistema legal, a una determinación sobre base presuntiva o, como dice la ley 11.683, a una estimación presuntiva…” (Jarach, Dino, “Determinación Impositiva. Naturaleza, Formas y Efectos”, en “Estudios de Derecho Tributario”, Ediciones Cima, 1998, pág. 219 y sgtes.).
Es decir que la ley estableció una metodología precisa a seguir con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, en tanto que el método indiciario permite fijar con “probabilidad” (más que con certeza) la existencia y magnitud del hecho imponible. Para ello el legislador establece reglas de valoración o índices que serán empleados como signos objetivos de que su sola presencia sea reveladora de la riqueza que está sometida a tributación. La utilización de estos índices se traduce en un método de determinación indirecta, pues si bien no nos suministran un conocimiento cierto de sus dimensiones, nos permiten “presumirlas”.
Como con acierto explicara Sala B de este Tribunal en el conocido precedente “Dadea, Marta Elisa”, “…debe advertirse que toda determinación sobre base presunta, como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional, debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados” (22/12/83).
En la misma dirección, recientemente, la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Diagnóstico por Imágenes SRL c/DGI s/recurso directo” de fecha 21/06/17 sostuvo que “...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, ‘sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107)’, y que si bien ello no significaba edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, ‘tampoco permiten descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios (en razón de calificarlos como meramente subsidiarios), cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada, como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De ahí que, en todo caso, su validez dependerá de que ‘su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa’ (doc. Sala II del Fuero in re: ‘Verón, Teresa Argelia’, del 13/4/93)” (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David y Dwed, José Roberto (TF 9904-I) c/ DGI”, del 20/09/99, y sus citas; y “Candle SA -TFN Nº 13.855-I c/ DGI” del 22/02/01, y sus citas).
Asimismo, “en algunos casos, las presunciones se caracterizan por configurar bases alternativas de medición de riqueza que pueden no guardar relación exacta con el impuesto en las que se aplican, respecto a las cuales - cabría añadir- basta con que el contribuyente demuestre una realidad distinta a la prevista como presupuesto para la proyección de aquellas, para que entonces carezca de sustento el criterio fiscal que las tuvo en cuenta para ajustar la materia imponible” (conf. Sala I en causas: “Chieza SA”, del 23/04/98, “Beraja, Alberto David”, op. cit. y “Candle SA”, op. cit.).
“A partir de ello, la validez del método de ajuste de la materia imponible seguido por la autoridad fiscal basado en la citada presunción legal, conforme a las distintas previsiones de la disposición en estudio, dependerá de lo que concreta y razonablemente resulte demostrado en cada situación particular (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David”, op. cit., y “Candle SA”, op. cit.; esta Sala in re: “Alberto A Anselmo y Ruben C Anselmo (TF 14.349-I) c/ DGI”, del 14/06/04)”.
VII. Que bajo tales pautas, y en lo que se refiere al método empleado, cabe advertir que la determinación de oficio que consistió en la estimación de ingresos, teniendo como base la información brindada por la misma actora y terceros proveedores y clientes, no merece reprobación alguna, por cuanto no se observan irregularidades en el procedimiento utilizado por la inspección actuante. Asimismo, se advierte que en varias operaciones de compra fue aquélla la que emitió los comprobantes de respaldo, entre ellos, notas de venta al contado tipo “B”, notas de venta al contado tipo “A”, facturas tipo “A” y comprobantes de terceros, los que fueron tenidos en cuenta al momento de efectuar la liquidación proforma del impuesto.
Por otra parte, se observa que el precio promedio ha sido multiplicado por la cantidad de caballos vendidos en cada ejercicio informado por la actora y por terceros, esto es, teniendo en consideración la documentación aportada. Sumado a la ausencia de pruebas tendiente a su impugnación y la falta de presentación de la ddjj correspondiente al impuesto a las ganancias 2006, 2007 y 2008.
VIII. Que así las cosas, corresponde que la recurrente pruebe y rebata el hecho del ente recaudador que produjo la prueba soporte del ajuste.
Sentado ello, el caso bajo examen refiere a una cuestión de hecho y prueba, dirigido a obtener el grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos estimados por el organismo recaudador con la realidad económica de la contribuyente.
Al respecto, cabe señalar que la única prueba producida es la de la Sociedad Rural Argentina, que a fojas 86, sólo informa que “…no surge de la base de datos y/o registros de esta Entidad la información solicitada en el oficio de referencia…” con relación al precio promedio que se abonaba por los caballos comprados en campos y chacras por los períodos involucrados y destinados a faena.
Cabe concluir entonces que el recurrente no rebatió de manera fehaciente el ajuste efectuado, resultando entonces sus argumentos a la postre, meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada en autos.
A mayor abundamiento, resulta oportuno precisar que si bien en esta instancia tuvo oportunidad de probar sus dichos mediante las pruebas que ofreció (pericial contable e informativa), a fojas 108 y 110 (la restante), se dio por decaído su derecho a producirlas.-
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.-
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.-
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 59 del RPTFN, por encontrarse vacante la Vocalía de la 3era Nominación.
Registrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archivese.-
Date: 2023.03.13 18:08:04 -03:00 Date: 2023.03.14 11:07:54 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.14 11:07:54 -03:00
Fin de la sentencia