Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa E-2599/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1321108-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1485748-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: E-2599/24-TSJ Interlocutorio N°: 3838 Actor: ESPINOSA JORGELINA Demandada: HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Objeto: AMPARO Fecha: 05-11-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3838 FOLIO Nº 7025/7027 PROT. ELECT. TSS1 052 I.241
Río Gallegos, 5 de noviembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “ESPINOSA JORGELINA c/ HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS s/ AMPARO”, Expte. Nº E-21.526/24 (E-2599/24-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y:
I. Que llega la presente causa a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la amparista, Jorgelina Espinosa (cfr. PE1321108-2024), contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Dicha sentencia rechazó el pedido de nulidad y el recurso de apelación presentados contra el fallo de Primera Instancia y, en consecuencia, lo confirmó en todos los aspectos impugnados (cfr. PE1296872-2024).- La sentencia de Primera Instancia, por su parte, había rechazado la procedencia formal de la acción de amparo (cfr. PE1242910-2024).-
II. En su impugnación extraordinaria, la señora Jorgelina Espinosa aduce quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. PE1321108-2024, pág. 2).-
En su primer agravio, la recurrente postula que la decisión de la Cámara de Apelaciones contradice las constancias del expediente al abordar el planteo de nulidad formulado contra el pronunciamiento de Primera Instancia. Afirma que no puede desconocerse la vigencia del principio de preclusión procesal en el amparo y, en apoyo de su postura, cita los antecedentes “Pereyra Edgardo Alberto y otras c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ Acción de Amparo” y “Reynoso Néstor Ramón y otras c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ Acción de Amparo” (cfr. PE cit., págs. 17/18).- Sostiene que tanto el juez de Primera Instancia como el Tribunal de Alzada consideraron que la acción no era formalmente procedente, debido a la necesidad de producir pruebas y abrir un debate. A su juicio, esto vulneró la mecánica propia del proceso, ya que se utilizaron argumentos que incidían en el fondo del amparo (cfr. PE cit., pág. 18).-
Asimismo, puntualiza que no existió contradicción en su expresión de agravios y que, si bien mencionó la hipótesis de una posibilidad revisora de la viabilidad formal de la acción, aclaró que esa opción estaba limitada. Indica que dicho análisis debía proporcionar razones suficientes para desacreditarla en la segunda instancia, tomando como fundamento el informe previsto en el artículo 7° de la Ley N° 1.117 (cfr. PE cit., págs. 18/19).- En su segundo agravio, alega que la Cámara de Apelaciones fundamentó su decisión en afirmaciones dogmáticas al sostener que el caso requería una amplitud probatoria y un debate incompatible con el proceso de amparo. Recuerda que en su apelación ya había enfatizado la innecesaridad de un mayor caudal probatorio al que se había aportado y ofrecido oportunamente. Señala que se ha omitido toda consideración respecto a la crítica que establece que, si la demandada deseaba acreditar su postura, no solo debió acompañar los instrumentos legales a su disposición, sino también ofrecer la prueba pertinente (cfr. PE cit., págs. 19/20).- Como tercer agravio, plantea que se ha desnaturalizado el tema objeto de la acción, aceptando de manera acrítica la postura de la demandada. Subraya que, en virtud del principio de ejecución de la Resolución N° 488/23 del Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, era necesario promover una acción de lesividad, en lugar de suplantarla por un nuevo acto que deje sin efecto el anterior. En su opinión, este aspecto central ha sido ocultado bajo la justificación de la necesidad de una mayor amplitud de prueba y debate (cfr. PE cit., pág. 20).- En su agravio final, sostiene que el juez debe fundamentar de manera adecuada cuándo un caso debe ser remitido a los procesos ordinarios o no. En el supuesto bajo análisis, considera que no se ha justificado debidamente la improcedencia invocada para desestimar la demanda. Argumenta que, bajo el amparo del inciso e) del artículo 3° de la Ley N° 1.117, se ha desnaturalizado la norma, afectando sus derechos y garantías constitucionales (cfr. PE cit., págs. 22/23).- La Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1485748-2024).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE909588-2024).-
III. Se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido.-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva examinada no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
De la atenta lectura del instrumento recursivo se desprende que la recurrente emplea una defectuosa técnica formal que impide deslindar el alcance y límite de los motivos casatorios invocados, es decir, el quebrantamiento de forma y la violación de la ley. A lo largo de toda su presentación se observa una promiscuidad argumental, por cuanto las causales se entrelazan y confunden, incumpliendo con la manda contenida en el artículo 4° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- que dispone que “Cada motivo se expresará separadamente”.- Se advierte, asimismo, que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con los juzgadores y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Ello es así, por cuanto sus afirmaciones pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omiten desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en la decisión cuestionada.- En su acto sentencial el Tribunal de Alzada ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de violación de la ley y quebrantamiento de forma.-
La sentencia de la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la acción de amparo, aduciendo la inadmisibilidad formal de dicha vía. Fundamentó su decisión en que el caso presentaba una complejidad incompatible con la naturaleza sumaria y excepcional del amparo, enfatizando que el conflicto requería mayor debate y producción de pruebas, especialmente en relación con la legalidad del nombramiento en planta permanente de la actora, revocado posteriormente por la Resolución N° 013/24 del Presidente de la Cámara de Diputados.- Asimismo, el Tribunal de Alzada subrayó que no se había demostrado una arbitrariedad o ilegalidad ostensible en el proceder de la demandada, ni una afectación clara e inminente de derechos constitucionales, condiciones necesarias para habilitar esta vía.
Sostuvo que el juzgador de Primera Instancia había actuado correctamente al reexaminar la admisibilidad de la acción en base a los elementos de prueba presentados, descartando cualquier vulneración del principio de preclusión procesal.- Frente a esto, se advierte que los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre por qué existiría una vulneración de normas constitucionales por parte del Poder Legislativo Provincial que por sus características habiliten la favorable acogida del amparo. Pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).- Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales o principios generales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2960, Folio 4761/4764, entre otros).- Sin invocar explícitamente la violación de la doctrina legal, la recurrente sostiene que la Cámara se apartó de dos precedentes dictados por este Alto Cuerpo: “Pereyra” y “Reynoso”. No obstante, omite esbozar argumento alguno tendiente a demostrar la identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca y la del que se pretende hacer valer y tampoco presenta una demostración clara de su vinculación con el problema a resolver.-
V. Tampoco son de recibo las argumentaciones relativas al quebrantamiento de forma alegado.-
Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- En el caso bajo juzgamiento, la casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota de forma prístina la ausencia de una crítica certera tendiente a demostrar la infracción a alguna de las reglas básicas del razonamiento sentencial.-
VI. En virtud de lo expuesto, el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1321108-2024, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1485748-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1321108-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1485748-2024.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1052I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3838 Folio N°: 7025/7027 Secretaría: 1
Fin de la sentencia