Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 31616-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar la decisión de fs. 139/140, sin perjuicio de lo cual, con arreglo a lo dispuesto en los considerandos 5º a 7º de la presente, se confirma la multa impuesta a las co-actoras en la resolución AD ROSA 218/12.
2Imponer las costas de ambas instancias a las vencidas, al no advertirse motivos para la dispensa (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
38482/2022 “ESTABLECIMIENTO LA EGIPCIANA SA (TF 31616-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de diciembre de 2022.
1. Que, a fs. 139/140, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD ROSA 218/12, por la que se había condenado al Establecimiento La Egipciana SA y la despachante de aduana María del Carmen Sosa al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c, del Código Aduanero, con relación a la destinación de importación para consumo 11 052 IC05 2054H. Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para así resolver, mencionó que la causa se había originado a partir de la detección de una diferencia entre la divisa declarada en el despacho de importación (34.410 dólares estadounidenses) y la consignada en la factura comercial que amparaba la mercadería (34.410 reales). Señaló que, en principio, esa inexactitud era pasible de sanción dado que, de no habérsela advertido, habría podido producir el egreso de un importe mayor al correspondiente. Sin embargo, consideró que correspondía absolver a la recurrente en los términos de lo dispuesto por el artículo 959, inciso a, del código de la materia y con arreglo a la interpretación dada en la causa “Frimetal SA” (Fallos: 333:300), donde —a su entender— la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sostenido que la expresión “de la simple lectura de la propia declaración” debía leerse en sentido amplio, de modo tal que comprendiese los documentos complementarios del despacho, como podía ser, en el caso, la factura comercial.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 146, que se concedió a fs. 147, se fundó a fs. 151/152vta. y fue replicada a fs. 156/157.
En sustancia, planteó que se había soslayado el criterio que finalmente adoptó la Corte federal en la causa P.53.XLVIII “Petrobras Energía SA”, sentencia del 6/3/14, para interpretar los alcances de la aludida causal de no punibilidad.
3. Que, con independencia de la medida ordenada el 30/8/22, corresponde que esta Sala examine la cuestión propuesta con arreglo a lo resuelto en igual fecha por la Corte federal en las causas FSA 8622/13 “Chehadi” y CAF 42372/18 “Rossi”.
Allí indicó que el beneficio de la condonación previsto en la ley 27.260 es improcedente en supuestos como el de autos, en los que se discute una multa impuesta en los términos del artículo 954, apartado 1, inciso c, del Código Aduanero, ante una conducta que no resulta apta para generar un perjuicio fiscal.
4. Que, al evaluar la posibilidad de aplicar la causal de dispensa del artículo 959, inciso a, del Código Aduanero, corresponde que los tribunales de grado consideren la exégesis formulada al respecto por el máximo Tribunal. Así, en la causa “Frimetal SA” (Fallos: 333:300), sentencia del 23/3/10, la Corte consideró “estéril discernir si en aquel precepto del Código Aduanero también pueden ser comprendidos los supuestos en los que los errores detectados por la autoridad aduanera provienen de otros documentos complementarios a la declaración efectuada” (consid. 8º), dado que, en el caso que debía examinar, se había resuelto en anteriores instancias que la inexactitud era comprobable de la lectura de los propios permisos de embarque. Es decir que, en aquel precedente, la decisión se circunscribió a determinar si el error surgía o no “ de la simple lectura” de los documentos. La interpretación amplia de la expresión “de la propia declaración” había sido propuesta —en rigor— por la Procuradora Fiscal; y la Corte únicamente aludió a lo “concordemente dictaminado” por aquélla. Por otra parte es innegable que, con posterioridad, en el caso P.53.XLVIII “Petrobras Energía SA”, sentencia del 6/3/14, aquélla sí se pronunció sobre el alcance de la expresión “de la propia declaración” y sostuvo que su literalidad permite afirmar que dicha previsión se refiere al “error de hecho evidente e imposible de pasar inadvertido…esto es, aquel que resulta a simple vista del propio texto de la declaración comprometida, sin necesidad de acudir al cotejo con la documentación complementaria u otra clase de constancias ” (consid. 6º, énfasis añadido); criterio que fue luego reiterado en los autos R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/ DGA”, sent. del 23/09/14, y en Fallos: 339:1400 y 340:236; entre otros.
En tales condiciones, la resolución apelada debe ser revocada ya que, al sostener que era posible acudir al examen de la factura comercial para determinar la existencia de un error evidente, se apartó de la inteligencia propuesta por la Corte.
5. Que, aun cuando la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos (Fallos: 313:912; 315:562 y 839), al revocar la decisión en los términos antes referidos, en principio, tiene lugar la “reversión de la jurisdicción”, hecho que obliga a la cámara a conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por cada una de las partes litigantes que, por la diversa solución adoptada, no habían merecido un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38482/2022 “ESTABLECIMIENTO LA EGIPCIANA SA (TF 31616-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
adecuado tratamiento (Fallos: 190:318; 256:434; 268:48; 308:656; 327:3925; y sus citas). Ello, aun en ausencia de un recurso de la parte que, por haber sido vencedora en esa instancia, no podía agraviarse de un pronunciamiento favorable (Fallos: 334:95, y esta Sala, causa 33.262/11, “Grupo de Artesanías SA –inc med (2-IX-11) c/ EN – Mº Economía – Resol 47/07 (expte S01:174929/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, sent. del 14/2/12; entre muchas otras).
Por lo tanto, la solución que antecede exige examinar los planteos que Establecimiento La Egipciana SA y la despachante de aduana María del Carmen Sosa formularon oportunamente ante el tribunal administrativo y que, a mayor abundamiento, mantuvieron al contestar agravios en esta instancia (v. fs. 12/20, 40/51 y 156/157vta.).
Puntualmente, los actores indicaron que:
a) No se produjo el efecto lesivo previsto en el inciso c, del artículo 954 del Código Aduanero —y, por consiguiente, que no se dan las condiciones objetivas de punibilidad—, ya que el giro de divisas realizado para concretar la compraventa internacional coincidió en un todo con el importe declarado por la operación.
A fin de acreditar sus dichos, ofrecieron prueba informativa, para que el banco interviniente certificase la cantidad de divisas que egresaron por la destinación 11 052 IC05 2054H. También ofrecieron una pericial contable para que se determinase el asiento correspondiente a esa importación.
b) La despachante de aduana actuó con arreglo a lo manifestado por el importador y a lo que resultaba de la documentación complementaria, por lo que debe eximírsela de responsabilidad.
6. Que, es cierto que la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero no se configura con la sola presentación ante el servicio aduanero de una declaración que difiera con el resultado que verifique el organismo de control sino que requiere, además, que la inexactitud de lo declarado produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los tres incisos del artículo (cfr. CSJN, causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, sent. del 23/09/14, ya citada).
En el caso, la parte actora no discute que existió una diferencia entre la divisa que declaró en el cuerpo de despacho de importación (34.410 dólares estadounidenses) y la consignada en la factura comercial que amparaba la mercadería (34.410 reales). Sin embargo, considera que esa conducta no fue apta para producir el efecto previsto en el inciso c del artículo; en particular, porque se habría acreditado que el giro de divisas realizado para concretar la operación fue coincidente con el monto declarado y “mediante la pericia contable se ratificó que el valor declarado en dólares es el fiel reflejo del asiento contable” (fs. 156/vta.).
Ahora bien, tales afirmaciones no encuentran respaldo en las pruebas producidas en la causa, toda vez que:
(i) A fs. 94/95 obra el informe contable, en el que el perito informó que, en los libros Diario General y Subsidiario Bancos, la actora había contabilizado la importación del caso por un valor de $90.587,77, equivalente a “R$ 34.410,00 a $2,632”.
(ii) A fs. 114 el Banco de Galicia y Buenos Aires SA informó sobre la base de los datos obrantes en su sistema que, con relación al despacho de importación nro. 11 052 IC05 2054, fueron girados “1-operación 860980 por U$S 34.410 del 15/08/2011 y 2-operación 834077 por U$S 60.000 del 15/08/2011”.
Es decir, que no es exacto que la importadora haya registrado contablemente esa operación por el valor declarado; antes bien, sus asientos reflejan que contabilizó la importación de acuerdo al valor obrante en la factura comercial, de 34.410 reales). Por otro lado, no hay pruebas concluyentes de que haya egresado una suma equivalente a la declarada, en la medida en que el banco interviniente informó pagos en dólares por importes que incluso superan al que se consignó en el despacho de importación.
En esas condiciones, no es posible considerar refutada la configuración del tipo objetivo de la infracción.
7. Que, en cuanto a la intervención de la despachante de aduana, debe contemplarse la doctrina con arreglo a la cual queda exenta de responsabilidad si cumplió con las obligaciones a su cargo, se atuvo a lo manifestado por el importador y a lo que resulte de la documentación complementaria; salvo que hubiese incurrido en hechos personales que la comprometan (Fallos: 287:191). Asimismo, cabe reparar en que opera una inversión de la carga de la prueba, por lo que correspondería a la despachante probar la existencia de esas causales de exculpación (cfr. esta Sala, causa 15948/15 “Gimenez, Sergio Matías c/ DGA”, sent. del 25/8/15, y sus citas).
En el caso no se ha probado, ni se desprende de los antecedentes administrativos, que la señora María del Carmen Sosa haya declarado la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 38482/2022 “ESTABLECIMIENTO LA EGIPCIANA SA (TF 31616-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
mercadería ateniéndose a órdenes impartidas por el importador o a la documentación complementaria. Antes bien, se encuentra acreditado que se apartó de la divisa consignada en la factura comercial, adjunta al despacho (v. sobre contenedor a fs. 1, act. adm.). En esas condiciones, no cabe considerar cumplidas las obligaciones a su cargo.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar la decisión de fs. 139/140, sin perjuicio de lo cual, con arreglo a lo dispuesto en los considerandos 5º a 7º de la presente, se confirma la multa impuesta a las co-actoras en la resolución AD ROSA 218/12.
2. Imponer las costas de ambas instancias a las vencidas, al no advertirse motivos para la dispensa (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia