Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 2019-3-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI dictada en las actuaciones SIGEA N° 12502-322-2017.
2Costas a la actora vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-30097389-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Marzo de 2026 de Aduanas s/ apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación— a fin de resolver en los autos caratulados “ESTABLECIMIENTO PUR SANG S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 40125-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 11-22 se presenta por apoderado la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA) contra la Resol-2019-3-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI dictada por la Aduana de Paraná el 21/03/19 en el expediente administrativo SIGEA N° 12502-322-2017 por la cual se rechazó la impugnación presentada y se confirmaron los Cargos Tributarios formulados con relación a las destinaciones de importación a consumo Nros. 140411IC81000001C, 14041IC81000002D, 174041IC81000007L y 17041IC81000008M, en concepto de derecho adicional establecido por art. 20 del Decreto N° 1330/04. Afirma que el régimen temporal de importación sin transformación bajo el cual fueron importadas las mercaderías involucradas no establece dicho tributo para su importación a consumo dado que es un régimen distinto y autónomo al regulado por el Decreto 1330/04.
Realiza consideraciones respecto de la competencia de este Tribunal Fiscal de la Nación y de la actividad a la que se dedica la empresa. Asimismo hace una reseña de los antecedentes del caso. Sostiene que en los procesos de importación temporaria para reparación —incluidos en el Decreto 1330/04 al momento de la oficialización de las destinaciones en trato, luego suprimidos mediante Decreto 523/17—, la Nota Externa de la Dirección General de Aduanas (DGA) N° 67/06 utilizó el régimen del Decreto 1001/82, particularmente su art. 31, ap. 3) y suprimió el pago del derecho adicional para su importación a consumo ya que, en este caso, la mercadería que ingresa se reexporta en el mismo estado, con las reparaciones realizadas, pero sin convertirse en otro producto.
Afirma que el proceso de reparación no transforma la mercadería, por lo que no se produce un salto de Partida Arancelaria (P.A.) y el importador debe cumplir un régimen distinto al regulado por el Decreto 1330/04. Ello por cuanto dicho proceso sigue los lineamientos de lo dispuesto por el art. 31 del Decreto 1001/82, la Nota Externa DGA N° 67/06 y en el caso particular de la mercadería de autos —vehículos antiguos de colección— lo establecido en el art. 7 del Decreto 110/19, Decreto 597/99 y Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (SICM) N° 694/99, todo lo cual fue cumplimentado por la actora. Invoca la doctrina de los actos propios. Da cuenta de antecedentes similares al de autos donde la Aduana reconoció que las operaciones no generaban derecho adicional y alega que el cambio de criterio en el caso de autos se encuentra motivado únicamente en una cuestión meramente recaudatoria, sin sustento legal.
Impugna la liquidación practicada respecto de la tasa de intereses aplicada. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 31-34 vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado. Niega las afirmaciones, hechos, derecho y documentación contenidos en el escrito de apelación, no reconocidos expresamente. Hace referencia a los informes elaborados por la Sección Asistencia Técnica y Sección de Riesgo Jurisdiccional de la Dirección Regional Aduanero Rosario. Afirma que las destinaciones en cuestión se encuadran dentro del Decreto 1330/04 y Nota Externa DGA N° 67/06, sus modificatorias y complementarias. Dicho decreto reglamenta el art. 31 del Decreto 1001/82 en lo que concierne a la importación temporaria para reparación. Contesta lo expresado por la actora respecto de la teoría de los actos propios y sostiene que la aplicación de dicho principio no puede atentar contra la facultad de control del servicio aduanero. Afirma, con relación al cambio de criterio alegado por la actora, que existen informes de las áreas técnicas especializadas que así lo aconsejan. Respecto del planteo de la actora por la tasa de interés aplicada, expresa que fueron calculados conforme la norma vigente. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. La demandada acompañó las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12502-332-2017, 18252-36- 2017 y 18252-36-2017/1 en formato papel, en un cuerpo de 220 fojas, que fueron agregadas por cuerda. A fs. 35 se declaró la causa de puro derecho. A fs. 45 se elevaron las actuaciones al conocimiento e intervención de la Sala “F” y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. Compulsadas las actuaciones administrativas surge que se originaron con el informe N° 11/17 de la Sección Asistencia Técnica de la Aduana de Paraná, obrante a fs. 1-2, mediante el cual se determinó que la importación a consumo solicitada respecto de la mercadería correspondiente a la destinación de importación temporaria (DIT) 15041IT15000005V debía tributar derecho adicional conforme lo establece el art. 20 del Decreto 1330/04.
Mediante la operación referida se importó temporariamente para su reparación, un automóvil MG, modelo coupe, año 1960, usado, chasis GHDL90568.
El servicio aduanero al autorizar la importación temporaria, expresó que la misma debía realizare en los términos del art. 250 y siguientes del CA, art. 31, ap. 3 del Decreto 1001/82, Decreto 1330/04 y Nota Externa DGA N° 67/2006 (ver fs. 158 de las actuaciones).
Sin embargo, en oportunidad de la oficialización de la importación definitiva de la DIT mencionada precedentemente, la firma declarante no consignó en el formulario de despacho que correspondía la aplicación del Decreto 1330/04, por ende el sistema informático no liquidó el derecho adicional. En virtud de lo expresado en el informe referido, el administrador de la Aduana de Paraná entendió que correspondía formular cargo tributario en concepto de derecho adicional no abonado respecto de la DIT en análisis. Así también respecto de las operaciones documentadas en idénticas condiciones por la firma importadora mediante destinaciones nros. 12041IT15000009W, 12041IT15000022R y 15041IT15000007A, cuya mercadería importada temporariamente con la finalidad de su reparación —también automóviles usados de colección— luego fue importada a consumo mediante las destinaciones nros. 14041IC81000001C, 17041IC81000008M y 14041IC81000002D, respectivamente. Ello por cuanto la utilización del sistema establecido por la Nota Externa DGA N° 67/06 para tramitar con agilidad las destinaciones, no exoneraba a la declarante del pago del adicional previsto en el Decreto 1330/04. A fs. 6 obra copia del documento de despacho de la DIT en cuestión y a fs. 7 copia de la factura sin valor comercial, en la que se aclara que la mercadería fue importada temporariamente bajo Decreto 1001/82, art. 31, ap. 3 y Nota Externa DGA N° 67/06, motivo por el cual, como ya se expresó, el sistema no liquidó el derecho adicional contemplado en el art. 20 del Decreto 1330/04.
A fs. 12-13, mediante Nota N° 25/17 del 18/10/17 de la Sección Gestión de Riesgo Jurisdiccional de la Dirección Regional Aduanera Hidrovía se analizó la viabilidad de la importación a consumo de la mercadería en cuestión, ya que se trató de un automóvil usado. En dicho informe se afirmó que resultaba aplicable el art. 20 del Decreto 1330/04 en relación al derecho adicional, no obstante la modificación del art. 2, introducida por el Decreto 523/17 (B.O. 19/07/17) mediante la cual se excluyó “la reparación” dentro del concepto “perfeccionamiento industrial”.
Asimismo en la referida nota se analizó toda la normativa aplicable referente a la importación de vehículos usados catalogados como antiguos de colección y de interés histórico.
A fs. 16, mediante Nota 883/17 se emitió el informe técnico legal de la División Regional Aduanero Hidrovía en la cual se expresó que correspondía la aplicación del derecho adicional a la importación a consumo objeto de autos conforme lo establecido por el Decreto 1330/04.
A fs. 43 se agregó el informe emitido mediante Nota 252/17 de la División Evaluación Operativa Regional de la Aduana de Paraná en el cual se analizaron todas las operaciones de importación a consumo similares realizadas por la firma importadora, en las cuales no se liquidó el derecho adicional.
En consecuencia, el 27/12/17, según constancias de fs. 58, se notificaron mediante Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) N° 17041NOTI001725U los cargos formulados en concepto de derecho adicional respecto de las destinaciones de importación a consumo objeto de autos, los cuales fueron impugnados por la actora a fs. 67-72 vta. A fs. 94-210 se agregaron las constancias de la documentación presentada relativa a las destinaciones objeto de autos.
A fs. 211 y vta. se emitió el Dictamen Jurídico N° 31/19 y a fs. 212-214 se dictó la resolución aquí apelada.
V. Sentado ello corresponde determinar si se ajusta a derecho la resolución recurrida.
En virtud de las particularidades que presenta el caso, es necesario realizar el análisis de las normas tributarias correspondientes a los regímenes de importación temporaria establecidos por el Decreto 1330/04 y por el art. 31, ap. 3 del Decreto 1001/82 con el objeto de esclarecer el alcance que cabe otorgarle a las disposiciones en juego, a la luz de las finalidades que persiguen los regímenes involucrados. Corresponde comenzar por recordar que el decreto 1330/04 fue dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades previstas en el art. 277 del CA e instituyó un régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial que constituyó un estímulo de exportaciones. Tuvo en miras que las importaciones que se realizaran al amparo de dicho régimen, no perjudicaran la actividad económica nacional y resultaran imprescindibles para mejorar las posibilidades de exportación de bienes de producción nacional.
El decreto mencionado, en su art. 2 —previo a la modificación realizada mediante reforma introducida por el Decreto 523/17—, establecía que dentro de los procesos de “transformación industrial” se encontraba el concepto de “reparación”. Posteriormente a su modificación, dicho concepto fue eliminado de su texto.
Asimismo el art. 20 del Decreto 1330/04 dispone que si una mercadería ingresada bajo dicho régimen de importación temporaria para transformación industrial resulta autorizada a importarse definitivamente para consumo, para su libramiento a plaza deberá abonarse, además de los tributos correspondientes a esta destinación, una suma adicional del dos por ciento (2 %) mensual, determinada sobre el valor en Aduana de la mercadería, cubriendo el período que transcurriera desde la importación temporaria hasta la importación definitiva.
Ahora bien, de las constancias de las actuaciones administrativas vinculadas, surge que las DIT en análisis se instrumentaron mediante el régimen establecido por el art. 31, ap. 3 del Decreto 1001/82, es decir mercadería que ingresa al país con una finalidad específica, temporal y sin sufrir perfeccionamiento, pensadas para salir en el mismo estado. Más precisamente, en el caso de autos, se trató de automóviles usados de colección y valor histórico, con objeto de su reparación.
La norma mencionada precedentemente resulta aplicable a las operaciones de importación de mercaderías que ingresan al país con el objeto de participar en exhibiciones, muestras o concursos, caracterizadas por la falta de transformación industrial y el posterior retorno al extranjero en el mismo estado, por lo que no corresponde la aplicación de tributos adicionales.
En este orden de ideas, la Nota DGA N° 67/2006 estableció la aplicación del art. 31, ap. 3 del Decreto 1330/04, en forma provisoria, para la importación temporaria de mercadería que ingresa al país con el objeto de ser reparada, ya que dicha norma establece un mecanismo ágil y dinámico que se condice con el corto período de tiempo que involucra dicho proceso industrial y la inmediata reexportación del bien reparado.
El objeto de dicho mecanismo fue no entorpecer la operatoria del comercio exterior, teniendo en cuenta el grado de desarrollo que han adquirido en nuestro país las prestaciones de servicio inherentes a este proceso, como así también la envergadura que los mismos suponen en la realidad económica nacional. Es por ello que la DGA, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9, Apartado 2, Inciso a) del Decreto Nº 618/97, instrumentó el procedimiento mediante el cual el interesado debía requerir autorización al servicio aduanero con carácter previo a la solicitud de destinación suspensiva de importación temporal, indicar la naturaleza del trabajo a realizar, descripción de la mercadería a importar y plazo de permanencia en el país.
Ahora bien, al solicitarse posteriormente autorización para la importación definitiva a consumo de las mercaderías importadas temporariamente bajo aquél régimen, resulta necesario dilucidar la controversia generada respecto de la procedencia del derecho adicional, conforme lo establece el art. 20 del Decreto 1330/04 en las operaciones involucradas o si, por el contrario como lo sostiene la actora, correspondía que la mercadería se importara a consumo sin pago de derecho adicional alguno por aplicación del mecanismo establecido en el art. 31, ap. 3 del Decreto 1001/82 conforme Nota DGA N° 67/06 Así las cosas, cabe destacar que el hecho de que el importador solicitara oportunamente la importación a consumo de la mercadería, previamente importada temporariamente al amparo de lo dispuesto en el art. 31, ap. 3 del Decreto 1001/82, no impide la aplicación del adicional establecido para tal caso mediante art. 20 del Decreto 1330/04.
La propia Aduana al otorgar las autorizaciones de importación temporaria expresa que lo hace: “…en los términos del Art. 250 y sucesivos de la Ley 22.415-Art. 31-P.3 del Dto. 1001/82, Decreto del PEN 1330/2004 y Nota Externa N° 67/2006 DGA…” -ver fs. 123, 158, 184 y 210 de las actuaciones administrativas-.
Ello por cuanto, una vez verificado el hecho imponible —esto es la importación a consumo regular— el pago del derecho adicional resulta ser una de las obligaciones tributarias prevista en el régimen aplicable. De lo que también se sigue que no puede admitirse que quien toma los recaudos necesarios para solicitar la importación a consumo de la mercadería se encuentre en condiciones de desventaja frente al que así no lo hiciera. Este último incurrirá en la comisión de una infracción, sin que quepa confundir el aspecto infraccional con el tributario. Este último, recibe distinto tratamiento respecto del derecho adicional según se trate de un supuesto de importación a consumo regular o irregular. Ello conforme la doctrina establecida por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos: “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.” sentencia del 14/08/2013.
En el caso de autos se trata de destinaciones de importación a consumo regular de mercadería que había sido previamente importada temporariamente bajo el régimen de las normas señaladas precedentemente. En consecuencia no se advierte razón que justifique apartarse del tratamiento tributario correspondiente al régimen establecido por el art. 20 del Decreto 1330/04, para el caso de importación a consumo regular de mercadería importada temporariamente para su reparación. Ello independientemente de que el procedimiento consignado por la firma importadora en la documentación de despacho mediante el cual se instrumentaron las destinaciones de importación suspensivas fue el establecido mediante Nota DGA N° 67/06, es decir conforme art. 31, ap. 3 del Decreto 1001/82.
Por lo expuesto hasta aquí se colige que no surge pauta alguna que permita afirmar que el Poder Ejecutivo pretendió dejar sin efecto el derecho adicional en cuestión remitiendo a la normativa general del CA, específicamente en lo atinente al art. 31, ap. 3 del Decreto 1001/82, puesto que el propio texto de la Nota DGA N° 67/06 expresa que dicho mecanismo será utilizado hasta tanto se concluya en el ámbito de la Subsecretaria de Política y Gestión Comercial con el desarrollo de un procedimiento ágil y dinámico para documentar el ingreso temporario de mercadería con la finalidad de su reparación, en atención al corto período de tiempo que involucra dicho proceso industrial y la inmediata reexportación del bien reparado, siendo que nada expresa en relación con una eventual exención de pago del derecho adicional en caso de ser posteriormente autorizada su importación definitiva a consumo.
VI. En cuanto a lo alegado por la actora en relación a la teoría de los actos propios y su presunta vulneración por parte de la Aduana, cabe aclarar que dicha doctrina no es absoluta y por ende no puede ser aplicada con la pretensión de eximición de obligaciones legales, en el caso de autos se trata del pago de un tributo relativo al régimen especial de importación temporaria aplicable para el caso de importación a consumo regular.
En otras palabras, no puede utilizarse para validar acciones que violen normas imperativas o de orden público.
Al respecto cabe recordar, como ya se expresó precedentemente, que el servicio aduanero consignó en los documentos de autorización de las operaciones de importación temporaria cuál era la normativa aplicable, entre ellas el Decreto 1330/04, el cual fue omitido por la firma importadora al momento de completar los formularios de despacho correspondientes. Omisión que trajo aparejado como consecuencia que el sistema informático no calculara el tributo aquí cuestionado.
En definitiva, no se trata aquí de atribuir a la Administración la vulneración de derechos del administrado por aplicación de la teoría de los actos propios, sino de analizar la conducta del administrado frente a lo indicado por el servicio aduanero respecto de la normativa aplicable al tipo de operación documentada y las consecuencias de su omisión, por parte del administrado, en los documentos de despacho. A mayor abundamiento, cabe señalar que el servicio aduanero, en el ejercicio del control que detenta, se encuentra facultado para revisar de manera ex post las operaciones llevadas a cabo y documentadas por los sujetos aduaneros y en caso de detectar incumplimientos de las obligaciones asumidas por éstos, debe activar los mecanismos legales vigentes a fin de perseguir su cumplimiento, incluso de aplicar sanciones en caso de corresponder.
VII. Finalmente, respecto de los agravios de la recurrente con relación al reclamo en dólares y la tasa de interés aplicable para determinar la obligación tributaria, cabe señalar, en primer lugar, que resulta de plena aplicación el art. 20 de la Ley 23.905, el cual estableció que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, se determinarán “en dólares estadounidenses” y agregó que “el pago puede efectuarse (…) en dólares o en la moneda nacional”, caso éste en que “la equivalencia se determinará conforme el tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”. Ello por la sencilla razón de que, al ser la Ley 23.905 posterior al dictado del art. 639 del CA –y los diversos supuestos a los que éste remite, contemplados en los arts. 637 y 638 del mismo cuerpo legal–, ha de estarse a lo dispuesto en ella.
El art. 20 de la Ley 23.905 regula, por un lado, la moneda en que se determinan las deudas tributarias originadas en operaciones aduaneras, es decir en dólares estadounidenses y por otro, la forma en que pueden cancelarse. La conversión a moneda de curso legal no debe ser entendida como un mecanismo de actualización de los créditos, sino como la manera de facilitar al obligado su pago.
Asimismo el art. 9 del Acuerdo de Valor del GATT establece que queda librada a la legislación de los países miembros la determinación de la necesidad de conversión de moneda extranjera. En nuestro país, a partir del art. 20 de la ley 23.905 y al determinarse allí la liquidación de los tributos en moneda dólar deja de ser necesaria la conversión de moneda para determinar el valor en aduana, por cuanto el importe de tributos en moneda dólar se obtiene —sin convertir nada— sobre la base y/o sobre precios expresados en moneda dólar. Por lo tanto cuando se pague en pesos —y especialmente cuando se trate de una determinación suplementaria efectuada en dólares, el tipo de cambio deberá ser el legalmente dispuesto, es decir, el del día anterior al del pago.
En cuanto a la tasa de interés aplicada cabe poner de manifiesto que la misma ha sido fijada conforme a la normativa vigente y este Tribunal es incompetente para su modificación.
Por todo lo expuesto hasta aquí, corresponde rechazar los agravios de la actora y confirmar la resolución apelada.
VIII. Respecto de las costas del proceso y en virtud de lo aquí decidido, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la actora vencida.
Por lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución 2019-3-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI dictada en las actuaciones SIGEA N° 12502-322-2017.
2. Costas a la actora vencida.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial -y de modo parcial- al voto del Sr. Vocal preopinante que antecede, en cuanto propone el rechazo del recurso interpuesto por ESTABLECIMIENTO PUR SANG S.A. y la confirmación de la resolución apelada, con costas a la vencida; con excepción de la tasa de interés aplicada en la litis, en los términos señalados en el Considerando VI del presente voto.
II. Que, sin perjuicio de la adhesión parcial formulada, habida cuenta las especiales circunstancias de la causa, corresponde efectuar las siguientes consideraciones complementarias.
II. Que, bajo tales premisas, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.” e “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, ambos del 14/08/2013, delimitó el presupuesto de hecho que habilita la exigibilidad del derecho adicional en los regímenes de importación temporaria con fines promocionales o de perfeccionamiento industrial, estableciendo que dicho recargo resulta procedente cuando la importación a consumo se produce a raíz de una solicitud expresa del interesado, autorizada por el servicio aduanero, sin que resulte jurídicamente admisible extender su aplicación a supuestos no previstos por la norma reglamentaria, en atención al principio de legalidad tributaria y a la prohibición de analogía en materia impositiva.
III. Que en el sub examine se verifica precisamente el supuesto habilitante previsto por el arículo 20 del Decreto N° 1330/04, en tanto la firma actora solicitó expresamente la importación definitiva para consumo de mercaderías previamente ingresadas bajo un régimen de importación temporaria. El procedimiento instrumental del artículo 31, ap. 3, del Decreto N° 1001/82, implementado por la Nota Externa (DGA) N° 67/06, no configura un régimen sustantivo autónomo en materia tributaria ni puede erigirse en fuente de exención del derecho adicional previsto por una norma reglamentaria dictada en ejercicio de las facultades conferidas por el Código Aduanero.
IV. Que, por lo demás, corresponde dejar sentado que quien suscribe ha sostenido, con anterioridad, la inconstitucionalidad del derecho adicional de importación previsto en el artículo 23 del Decreto N° 1439/96 (voto del 31/07/2013 in re “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, Vocalía de la 13ª Nominación, Sala “E”).
No obstante, corresponde recordar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó -en lo que aquí interesa- fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
Por lo tanto, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el artículo 151 de la ley 11.683, en cuanto establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece), y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto en la causa supra mencionada, entre muchas otras, a los fines de la resolución de la litis, por estrictas razones de seguridad jurídica y coherencia institucional, resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que la competencia aduanera de este Tribunal se encuentra impedida de realizar el control de constitucionalidad peticionado del escrito recursivo, sin perjuicio de su ulterior control judicial por parte de la Alzada.
V. Que en relación con la tasa de interés aplicada, y sin perjuicio de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Orazio Arcana” (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.” (Fallos: 323:3412), cuyos pronunciamientos respondieron a contextos económicos y sociales diversos, estimo que la utilización de tasas con guarismos diferenciales entre los supuestos en que interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado evidencia una desproporción irrazonable que desnaturaliza la función resarcitoria del instituto y deriva en un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares. Ello resulta particularmente relevante a la luz del estándar constitucional de razonabilidad y protección del derecho de propiedad (Fallos: 235:883; 332:1571, entre otros).
VI. Que, por ende, en virtud de razones de equidad y justicia tributaria, la deuda aduanera debe fijarse en sus justos y éticos límites (mutatis mutandis, voto del suscripto —en disidencia— del 21/12/2018 en “Alpemar S.R.L.”, Vocalía de la 16ª Nominación), criterio que cobra mayor fuerza en el actual contexto de inestabilidad económica y financiera. En consecuencia, corresponde que, a los fines de calcular los intereses resarcitorios devengados en la presente litis, se aplique una tasa del uno por ciento (1%) mensual desde el décimo día hábil administrativo posterior a la notificación de los cargos formulados —producida el 27/12/2017— y hasta el 17/07/2019. A partir del 18/07/2019 —fecha de entrada en vigencia de la Resolución N° 598/2019 del entonces Ministerio de Hacienda (B.O. 18/07/2019), modificada por las Resoluciones del Ministerio de Economía Nros. 559/2022 (B.O. 25/08/2022) y 3/2024 (B.O.
22/01/2024)—, corresponde aplicar la tasa para operaciones en dólares allí contemplada, equivalente al cero coma ochenta y tres por ciento (0,83%) mensual (9,96% anual).
VII. Que, por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida, con costas a la actora vencida, dejando a salvo la disidencia parcial en materia de tasa de interés en los términos aquí desarrollados. ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. González Palazzo.
En virtud de lo expresado precedentemente, por el VOTO DE LA MAYORIA SE
1. Confirmar la Resolución 2019-3-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI dictada en las actuaciones SIGEA N° 12502-322-2017.
2. Costas a la actora vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación—.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.03.25 15:28:28 ART Date: 2026.03.25 15:49:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.25 17:00:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.25 17:01:22 -03:00
Fin de la sentencia