Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2025-48428838-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la RESOL-2023-271-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI, de fecha 24 de agosto de 2023, recaída en el expediente administrativo SIGEA No 17994-148-2022 2- Costas a cargo del Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-35962662-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 9 de Abril de 2026 Reunidos los Señores Vocales de la Sala F, a efectos de resolver el EX-2025-48428838- -APN-SGASAD#TFN, caratulado “ESTABLECIMIENTO PUR SANG SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma “ESTABLECIMIENTO PUR SANG S.A.” mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2023-271-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI de fecha 24/08/2023, por la que el Administrador de la Aduana de Paraná en la Actuación SIGEA N° 17994-148-2022 resolvió absolverla la infracción al inciso a) del apartado 1 del artículo 954 del Código Aduanero; como así también confirmar e intimar el ingreso de los tributos adeudados respecto de la destinación de importación 17041IC81000007L, que ascienden a la suma de U$S 7.610,93.-, que comprende Derechos de Importación, Tasa de Estadística, Tasa de Comprobación de Destino, Impuesto al Valor Agregado e Impuestos Internos, en los términos del inciso b) del artículo 956 y de los artículos 344 y 345 de la ley 22.415.
Expresa que se dedica a la importación y posterior venta de automóviles clásicos o coleccionables. Y que en virtud de ello importó en forma definitiva un vehículo que había sido previamente importado temporalmente en el año 2015, para su reparación y restauración. Explica que en el año 2017 logró un acuerdo con el dueño del exterior para adquirir definitivamente la unidad, que luego fue vendida a un cliente local en el año 2021. Señala que el valor del mismo esta relacionado al estado en el cual se encuentra, teniendo en cuenta que es un bien usado de más de 55 años al tiempo de su importación. Pone de manifiesto que aportó la documentación requerida por el servicio aduanero, la que no fue cuestionada en ningún momento por éste último, en la que se encuentra la factura de venta del proveedor del exterior, que determina el valor del rodado en cuestión.
Aduce que la Aduana desestimó el método del valor de transacción debido a la existencia de un antecedente, disponiendo la adopción de los métodos de los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Valor GATT, para llevar a cabo un ajuste de valor. Señala que la Aduana no tuvo en cuenta su derecho de defensa en el marco de las actuaciones administrativas de referencia, determinando así una base imponible y efectuando una liquidación de impuestos sin atender los argumentos expuestos y elementos de prueba oportunamente acompañados, desconociendo las características de la mercadería en trato. Afirma que la Aduana incurrió en un error al considerar que el antecedente utilizado corresponde a un bien de similares características y fecha de importación, algo que no puede corroborarse, atento que el mismo no se encuentra agregado a las actuaciones administrativas.
En este sentido, cuestiona el ajuste practicado sobre un solo antecedente, ya que no cumple con los requisitos establecidos taxativamente por los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Valor del GATT, para servir de base supletoria para la valoración de la mercadería en trato. Opone la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Menciona que el valor en aduana de la mercadería amparada por el despacho de importación es su valor de transacción, es decir el precio realmente pagado o por pagar por la firma importadora, y que debe ser respetado por el servicio aduanero. Destaca que en el mercado de los automóviles coleccionables, si bien posee bandas y escalas estimadas, no tienen precios de mercado, por lo que no existen dos autos que sean idénticos o similares.
Agrega que el precio pactado por las partes para el automovil, que fuera declarado por la apelante ante el servicio aduanero, es el precio total pagado o por pagar y, como valor de transacción, debe ser respetado como valor en aduana de dicha mercadería. Ofrece prueba documental y pericial técnica. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas a cargo de la demandada.
II. Que, a su turno, la representación del Fisco contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una sintesis de lo actuado en sede aduanera. Niega todas y cada una de las afirmaciones y los hechos manifestados por la contraria, que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Desconoce toda prueba documental aportada por la actora que no coincida con la obrante en el expediente administrativo. Rechaza los planteos en relación a la excepción de prescripción opuesta por la apelante. Cita jurisprudencia. Señala que el sumario administrativo fue sustanciado dentro de los plazos prescriptivos previstos por el Código Aduanero. Afirma que de la lectura de las actuaciones no surge que el accionar del servicio aduanero pueda calificarse como contrario a derecho, destacando que ha cumplido con las etapas procesales propias del procedimiento de investigación de valor, como también con la normativa vigente para aplicar el ajuste correspondiente.
Realiza un repaso de la normativa aplicable al caso, para luego resaltar que la carga de la prueba recae pura y exclusivamente en el importador quien, a efectos de que pueda utilizarse el valor de transacción como base para la determinación del valor de Aduana, debe demostrar fehacientemente que dicho valor es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías que se venden para exportación al país de importación. Ponre de manifiesto que la DGA ofreció el momento procesal oportuno para que la apelante acompañara la documentación que acredite la correspondencia de los valores documentados en la operación de importación, pero que ésta optó por no presentar prueba conducente a los efectos de respaldar lo declarado, siendo que por ello el servicio aduanero desestimó dicho valor.
Respecto al ajuste efectuado, dice que la Aduana inició el correspondiente estudio de valor en relación a la importación en trato, y la compañía fue efectivamente notificada de la investigación de valor realizada, solicitandole información que justifique el valor declarado, como se ha mencionado. Y que como el encartado no aportó documentación alguna que permita establecer el real valor pagado o por pagar, fue notificado de la decisión de abandonar el artículo 1 del GATT como método para la valoración de la mercadería. En consecuencia, manifiesta que se efectuó la liquidación de impuestos internos tomando como antecedente, mercadería idéntica o similar documentada en otra destinación, con arreglo en lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
Concluye en que resulta evidente, según su enfoque, que el servicio aduanero cumplió con los pasos necesarios para practicar el ajuste de valor que deriva en el cargo apelado en autos. Asimismo, destaca que el área técnica cumplió con los pasos procesales propios de la investigación al citar en dos ocasiones al importador a través de las notificaciones SICNEA, a los fines de solicitarle información adicional que respaldara los valores declarados, recalcando -una vez más- la inversión de la carga de la prueba que se produce en casos como el presente. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva de caso federal. Solicita que se rechace la apelación formulada por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 17994-148-2022 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia 22000OM08001617E de fecha 09/11/2022, por supuesta infracción al art. 954, por declaración inexacta atribuida a la firma Establecimiento Pur Sang S.A. A fs. 3 obra la caratula del sobre contenedor correspondiente a la importación a consumo 17 041 IC81 000007L, cuyo documento se encuentra a fs. 5/10. A fs. 11 se encuentra la factura Nro. 022516 emitida por INTEREXPORT con fecha 22/06/2015. A fs. 12 se encuentra foto del auto importado. A fs. 13 obra el Certificado de Importación N° 35-601/2017 emitido por el Ministerio de Industria. A fs. 14 se encuentra nota confeccionada por el despachante de aduana Aquiles Guillermo Arus, de fecha 26/06/2017.
A fs. 18 se encuentra la impresión SIM correspondiente a la importación en trato, donde se destaca estado “CANCELADA”. A fs. 20 se encuentra el documento único aduanero donde se informan los datos del exportador, importador, y el valor de la transacción comercial. A fs. 21 y 22 obran notificaciones SICNEA dirigidas a la importadora. A fs. 23 se liquidan impuestos internos y se determina el perjuicio fiscal. A fs. 26 se incorpora la importación a consumo que el servicio aduanero toma como antecedente para efectuar el ajuste de valor. A fs. 27/31 se encuentra la Nota 217/22 (DV ADDI) de fecha 10/11/2022 que determina que se habría configurado la infracción art. 954 inciso A) del Código Aduanero.
Seguidamente se incorporan las actuaciones Nro. 17994-149-2022, mediante las cuales se agregan a fs. 33 multinota electrónica aduanera presentada por la apelante, y a fs. 34/41 contestación de traslado, de fecha 08/11/2022 junto a la cual acompaña documentación obrante a fs. 50/56. A fs. 57 se encuentra la Nota AT N° 041/22 (AD PARA) de fecha 12/12/2022. A fs. 58/59 se encuentra la consulta web AFIP-eFisco sobre el auto importado. A fs. 60/61 con fecha 22/12/2022, se dispone la instrucción de sumario y se corre vista a la firma importadora y al despachante de aduana. A fs. 62/63 obran las notificaciones SICNEA dirigidas a las imputadas, ambas notificadas en fecha 26/12/2022, quienes efectúan su descargo en forma conjunta mediante presentación de fs. 64/74, aportando documentación glosada a fs. 79/104.
A fs. 118 y vta con fecha 30/05/2023, la División Máquinas, electricidad e insumos de la construcción ratifica la denuncia. A fs. 125/132 se encuentra el ditamen juridico IF 2023-01725268-AFIP-SJADPARA#SDGTLA de fecha 31/07/2023. A fs. 133/135 se encuentra la Resolución 2023-271-EADPARA#SDGOAI de fecha 24/08/2023, apelada en la especie, que fuera notificada en fecha 14/4/2025.
IV. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar el planteo de prescripción expresamente articulado por la firma actora. En tal sentido, cabe destacar que la resolución apelada en la litis fue dictada el 24 de agosto de 2023 y notificada recién el 14 de abril del año 2025 -es decir, casi 2 años después de su dictado, en exceso del plazo legal y cuando el curso de la prescripción había fenecido-, por lo que los agravios de la parte actora encuentran respuesta adecuada en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX- 2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros; siendo que dicha solución es la más adecuada, considerando el marco fàctico de excepción que se desprende de la litis -por lo que no procede adoptar la presente doctrina de modo automático y sin merituar el contexto temporal propio de cada causa a otros procesos que tramitan por ante este Tribunal-, en aras de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
V. Que, por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual correspondería hacer lugar a este planteo; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución suscripta antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados.
VI. Que, no obstante, habida cuenta la inveterada y mayoritaria jurisprudencia de la Sala “F” en el aspecto prescriptivo –cuya solución difiere de la doctrina sustentada en tal sentido por la Vocalía de la 16° Nominación-, el modo en que dicho planteo es habitualmente decidido por los otros Vocales ante situaciones fácticas sustancialmente análogas a la presente litis, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, se procede a votar el fondo del asunto, prescindiendo del criterio particular del suscripto en la materia, por devenir minoritario.
VII. Que, sentado ello, corresponde resolver si se ajusta o no a derecho la Resolución 2023-271- EADPARA#SDGOAI, en relación al reclamo tributario exigido a la firma Establecimiento Pur Sang S.A., en virtud del ajuste de valor efectuado en el sumario administrativo en trato.
Que, como consideración preliminar, conviene recordar que en virtud de lo dispuesto en la ley 23.311 y en el artículo 18 del decreto 1026/87, a partir del 1 de enero de 1988 han quedado derogados los artículos 641 a 650 y 652 a 659 del Código Aduanero, y toda otra disposición que se opusiera a la referida ley, por la cual se aprobó el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y el Protocolo de ese Acuerdo relativo a su aplicación, firmados en Ginebra el 12/4/79 y 1/11/79, respectivamente.
Que la ley 24.425 aprobó entre otras disposiciones, a su vez, el Acuerdo relativo a la aplicación de ese Art. VII del GATT de 1994. Esta ley -que entró en vigor el 14/1/95- se aplica al presente por tratarse de un despacho de importación cuya fecha de oficialización data del 21/06/2017.
Que los Acuerdos referidos excluyen el empleo de valores de aduana ficticios o arbitrarios, de modo que el valor en aduana de las mercaderías importadas (base imponible en los tributos ad valorem) resulta, en principio, del precio de su venta para la exportación al país de destino.
Que conviene señalar, respecto del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT -aplicable en la especie- que se denomina “valor en aduana de las mercancías importadas” al valor de las mercancías a los efectos de percepción de derechos de aduana ad valorem sobre las mercancías importadas (art. 15, ap. 1, inc. a), y que el valor de transacción, definido en el artículo 1, parte I, corresponde al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, en las condiciones dispuestas por tal norma, y aclarado en la Nota Interpretativa respectiva. Es ésta la primera base para la determinación del valor en aduana, debiendo considerárselo en conjunción con el artículo 8, que dispone, entre otros aspectos, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en ciertos casos. El citado artículo 8 prevé la inclusión, en el referido valor, de determinadas prestaciones del comprador en favor del vendedor, que revisten más bien la forma de bienes o servicios que de dinero.
Que, sin embargo, si el valor en aduana no puede ser establecido por el artículo 1, entonces resultan de aplicación los artículos 2 a 7 del regimen jurídico de referencia. La Instrucción General resalta que la normativa prevé consultas entre la administración aduanera y el importador para intercambiar información, con arreglo a la valoración de los artículos 2 y 3, a fin de establecer una base apropiada de valoración, considerando el valor en aduana de mercancías idénticas o similares importadas.
Que, subsidiariamente, los artículos 5 y 6 se refieren a otras formas de determinación: sobre la base del precio a que son vendidas las mercancías en el mismo estado en que se las importa, a un comprador no vinculado con el vendedor y en el país de importación, con ciertas deducciones -método sustractivo-, y sobre la base del valor reconstruido -método aditivo-. Estos dos métodos -por las dificultades que presentan- quedan a elección del importador cuando el servicio aduanero así lo acepta; si el importador no pide que se invierta el orden de los artículos 5 y 6, se sigue el orden de éstos.
Que, a su vez, el artículo 7 dispone cómo hay que determinar el valor en aduana cuando no se lo puede establecer por los métodos anteriores; prohíbe que sea arbitrario o ficticio; etc. Que a efectos de aplicar “criterios razonables”, el valor en aduana no se basará en el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en ese país, ni en un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles, ni en el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, ni en valores en aduana mínimos, valores arbitrarios o ficticios, etc.; si lo solicita el importador, será informado por escrito del valor en aduana determinado y del método utilizado (art. 7, parte I, Acuerdo relativo a la aplicación del citado art. VII). Que el párrafo 1 de la “Decisión Relativa a los Casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado” establece: “Cuando le haya sido presentada una declaración y la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del art. 8. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran”.
Que, de este párrafo de la citada Decisión, se colige que la Dirección General de Aduana (DGA) tiene facultades para pedir explicaciones al importador y requerirle que suministre los elementos necesarios para establecer (como en la especie) el monto abonado en virtud de la importación a consumo realizada.
VIII. Que, conforme surge de la compulsa del sumario administrativo bajo examen, la firma “Establecimiento Pur Sang S.A.”, ha llevado a cabo la importación a consumo de un auto considerado "clásico", atento las características propias del mismo, que había sido previamente importado temporalmente mediante la DIT 15 041 IT15 000005 V (glosada a fs. 50/53 de las act. adm.), para su restauración.
Mediante la operación 17 041 IC81 000007 L, oficializada el día 21 de junio de 2017 -ver fs. 5/10 act. adm.- la referida empresa ha adquirido en forma definitiva, un automóvil usado, marca MG, Modelo A, tipo Coupé Sport 5, del año 1960, chasis GHDL90568, Motor 18GB-U-H4215, procedente del Reino Unido, indicando como P.A. 8703.22.10.900G, conforme lo detalla en su escrito recursivo, datos que se constatan en la documentación obrante en el sumario administrativo y en la acompañada por la propia firma actora al tiempo de interponer el recurso de apelación, donde se aportan fotos del rodado, factura emitida por el exportador, como el Certificado de Importación 35-601/17 extendido por el Ministerio de Industria, que detallan las características descriptas, acreditando así la antigüedad y cualidades del mismo.
Que la firma importadora declaró la suma de USD 12.758,40.-, como valor FOB del vehículo, tomando como base el precio consignado en la factura Nro. 022516, emitida por el exportador "Interexport" en fecha 22/06/2015 (ver fs. 11 act. adm.), a la cual la apelante finalmente le compró el rodado descripto, mediante acuerdo entre las partes, en el año 2017. En base a dicha suma, “Establecimiento Pur Sang S.A.” cumplió con el pago de los derechos de importación, tasa de estadística, tasa de comprobación, e IVA, por un monto que asciende a USD 8.898,26.-
Finalmente, en el año 2021 el auto es vendido en el mercado interno, a un cliente local, por un monto de $1.800.000.- conforme factura emitida en fecha 05/11/2021 (ver fs. 59 act. adm.)
IX. Que el Servicio Aduanero inicia las investigaciones en relación al valor declarado al momento de oficializar la importación a consumo, solicitando mediante notificación SICNEA, practicada en fecha 19/09/2022, que proporcione una explicación complementaria y elementos de juicio relacionados con el precio pagado o por pagar por la mercancía importada.
Que, con posterioridad, se efectúa una nueva notificación SICNEA, en fecha 19/10/2022, donde se le comunica a la firma Establecimiento Pur Sang S.A. que "(...) se ha descartado la utilización del método de valoración previsto por el Art. 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, aplicándose los Arts. 2 y/o 3 del Acuerdo General de Valoración GATT/OMC; Ley 23.311; Ley 24.425 y decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración de Aduana." (ver fs. 21/22 Act. adm., donde se encuentran las citadas notificaciones)
Es así que el Servicio Aduanero practica liquidación a fs. 23 del sumario administrativo de referencia, determinando que el perjuicio fiscal asciende a U$D 7.610,93.-, ello en virtud de un único antecedente que se incorpora al mismo, correspondiente a la importación a consumo 17 001 IC06 013098 S, oficializada en fecha 18/12/2017, operación mediante la cual se habría importado un rodado declarado bajo la PA 8703.22.10.900G, marca MG modelo A, año de fabricación 1960, proveniente de Reino Unido, con un valor FOB declarado de USD 18.500.- (ver fs. 26 act. adm.).
Que mediante Nota 217/22 (DV APDI), de fecha 10/11/2022, el Departamento Valoración y Comprobación Documental de Importaciones afirma que la firma apelante no contestó los requerimientos referidos precedentemente, por lo que procedió a efectuar la liquidación descripta, "(...) tomando como antecedentes a los fines de determinar la base imponible, la destinación 17001IC04013098S" (ver fs. 27/31 act. adm.) Que, por su parte, la recurrente efectuó su descargo mediante presentación digital en el SITA del 12/10/2022 (ver fs. 34/41 de las act. adm.), donde contestó el requerimiento efectuado por el servicio aduanero, señalando que el valor declarado es aceptable a efectos aduaneros, y debe ser admitido como "valor de transacción" para valuar en Aduana la mercadería importada en cuestión, todo ello conforme aplicación del “método de valor de transacción”, de acuerdo a los términos del artículo 1 del Acuerdo de Valor VII del GATT.
Que mediante Nota NO-2023-01158619-AFIP-DVMEIC#SDGCAD de fecha 30/05/2023 (ver fs. 118 y vta. act. adm.), la División Máquinas, Electricidad e Insumos de la Construcción ratifica la denuncia, dictándose finalmente la resolución aduanera cuestionada (RESOL-2023-271-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI, de fecha 24/08/2023), en la que la DGA afirma que, en relación al requerimiento de información sobre el precio pagado o por pagar por la mercadería importada, no se había recibido respuesta de la requerida dentro del plazo otorgado. Entre sus fundamentos, se destaca que “(…) el área de valoración denunciante ha señalado que la destinación que motiva las presentes actuaciones (SIM17041IC081000007L) viene a cancelar una importación temporal con transformación (SIM 15041IT15000005V), documentada mediante Factura Comercial Nro. 022516 consignando “Valor a los fines aduaneros – Sin valor comercial”, y por lo tanto no refleja el valor realmente pagado o por pagar por el vehículo en trato (Valor de Transacción).
Informa que el administrado no ha aportado documentación que permita establecer fehacientemente el real valor pagado o por pagar (Factura Comercial, Giro de Divisas, contrato de Compra/Venta internacional, etc.), habiendo sido notificado de la decisión de abandonar el Art. 1 del GATT como método para valorar la mercadería. El área de valor indica que, como no se dispone de elementos de prueba que permitan determinar el precio de la transacción por las mercancías documentadas, se efectuó la liquidación de impuestos internos tomando -como antecedente- mercadería idéntica o similar documentada en otra destinación (SIM 17001IC06013098S), todo esto con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 2° y 3° de la Parte I del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
(…) Que recompuesto que fuera en sede administrativa el valor documentado, como consecuencia del ajuste llevado a cabo por las áreas técnicas del organismo (con base y fundamento en el antecedente que se aportara y se agregara en autos), el mismo no ha sido desvirtuado por la actividad desplegada por la importadora, toda vez que, bien como se informa en las actuaciones tramitadas en sede administrativa, la sumariada –debidamente notificada e intimada a aportar elementos que justifiquen el valor documentado-, se limitó a manifestar su desacuerdo y su condición de restaurador de automóviles, sin realizar el aporte de prueba documental alguna que logre enervar el ajuste de valor realizado por el fisco, a partir del antecedente documental obrante en autos.”
De esta forma, el servicio aduanero intima el ingreso de los tributos adeudados respecto de la destinación de importación 17041IC81000007L, que ascienden a la suma de U$S 7.610,93.-
Que, como ya se ha dicho, la firma recurrente expresa que declaró el precio realmente pactado con el vendedor del exterior, de acuerdo a lo documentado en la Factura Nro. 022516 (emitida por el exportador Interexport), que fuere tomado como valor imponible sobre el cual se determinaron los derechos de exportación abonados en la operación de importación a consumo.
X. Que, por lo tanto, corresponde examinar los antecedentes utilizados como respaldo del ajuste practicado en la litis.
Al respecto, se advierte en autos que el servicio aduanero sólo ha aportado un único antecedente, esto es, la copia de la importación a consumo sobre depósito de almacenamiento 17 001 IC06 013098 S, oficializada en fecha 18/12/2017, que fuere glosada a fs. 26 del sumario administrativo.
Si bien surge del mismo, que se importó un automóvil procedente del Reino Unido, P.A. 8703.22.10.900G, Marca MG, Modelo A, año de fabricación 1960, resultando esta declaración de la mercadería coincidente con aquel que fuere importado por la apelante, no se puede desconocer, en la especie, que se trata de mercadería que fue fabricada hace 57 años, contados desde la fecha de oficialización del antecedente tomado por la Aduana, como así también de la operación llevada a cabo por Establecimiento Pur Sang S.A. (21/06/2017).
Que atento las características de propias de la mercadería, tratándose de un auto denominado “clásico” o de colección, fabricado en el año 1960, resulta imposible que, a la fecha de oficialización de la importación bajo análisis, se hallaran varios modelos de idénticas o similares características, en igual estado de conservación, de manera tal que se permita determinar un precio o valor comercial análogo, tanto para el auto adquirido por la recurrente, como para el antecedente aportado por la aduana.
Que, por otra parte, el servicio aduanero tampoco aporta datos de relevancia, que permitan determinar de forma indubitable, que el rodado que se importa en el antecedente tomado como base para el ajuste practicado, se encuentra en igual estado en comparación con el auto comprado por la firma apelante, quien destacó en sus presentaciones, que el mismo fue objeto de reparaciones y/o restauraciones.
Que, por consiguiente, siendo que, de la compulsa de los antecedentes administrativos no surge información suficiente en relación a antecedentes de operaciones de importación a consumo tenidas en cuenta por el servicio aduanero para realizar el ajuste de valor, ni ningún otro dato que demuestre que ha basado su estudio sobre antecedentes efectivamente comparables, no cabe más que concluir que el ajuste practicado en la litis deviene infundado y, por ende, no resulta ajustado a derecho.
Que conforme lo expuesto en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Revocar la RESOL-2023-271-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI, de fecha 24 de agosto de 2023, recaída en el expediente administrativo SIGEA No 17994-148-2022 2- Costas a cargo del Fisco Nacional.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la solución propuesta por el Sr Vocal instructor.
Por ello, SE
1. Revocar la RESOL-2023-271-E-AFIP-ADPARA#SDGOAI, de fecha 24 de agosto de 2023, recaída en el expediente administrativo SIGEA No 17994-148-2022 2- Costas a cargo del Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.04.09 17:24:00 ART Date: 2026.04.09 18:21:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.09 18:22:22 -03:00
Fin de la sentencia