Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa E-1.971/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 262/276 y, en consecuencia, revocar el interlocutorio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que obra a fs. 278 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: E-1.971/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.114.-
Actor: ESTACIÓN BALLENERA S.R.L Demandado: INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 29-5-15 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3.114 FOLIO Nº: 5.097/5.100 PROT. ELECT. TSS1 024 I.151
Río Gallegos, 29 de mayo de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “ESTACIÓN BALLENERA S.R.L. c/ INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº E-9.585/08 (E-1.971/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 262/276 por la actora, Estación Ballenera S.R.L., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 256/258vta.. Esta última confirmó la sentencia de Primera Instancia, la cual hizo lugar a la demanda, condenando a los demandados a abonar la suma de $ 110.000 en concepto de daño material, y de $76.230 por lucro cesante, como consecuencia de la destrucción total de un vehículo propiedad de la actora (conf. fs. 226vta.).- La actora en su recurso de casación esgrime como agravio la violación o errónea aplicación de la ley y arbitrariedad, solicitando se revoque la sentencia de Cámara “…y se haga lugar al reconocimiento del daño material en concepto de lucro cesante desde el hecho dañoso y hasta la reposición de la unidad y/o cese de la privación del automotor y/o hasta la fecha de la sentencia, todo ello con expresa imposición de costas…” (cfr. fs. 262).-
Afirma que la sentencia en crisis viola el “…juego armónico de los artículos 519, 1068 y 1069 del Código Civil, y de los artículos 164 inciso 4º y 166 último párrafo del CPCC, violentando por añadidura expresas garantías de derechos constitucionales tales como el derecho propiedad [sic], de adecuado servicio de administración de justicia, de debida fundabilidad de los pronunciamientos judiciales y el principio de legalidad, todos de raigambre constitucional (arts. 17, 18 y 19 Const. Nacional) que justifican sobradamente la casación…” (cfr. fs. 263).-
Expresa que la sentencia de la Cámara no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias debidamente comprobadas en autos, constituyendo un caso de sentencia arbitraria (conf. fs. cit.). Se agravia de que la Cámara afirme que, respecto al lucro cesante, el Juez de Primera Instancia “…no ha hecho más que hacer lugar al reclamo efectuado en la demanda y que por ende no se violó el principio de congruencia previsto por el art. 34 inc. 4º y 164 inc. 6º del CPCC, todo lo cual constituye un franco desacierto y una clara inexactitud que surge de la simple lectura del Punto III de la sentencia de primera instancia… pero además de ello un desconocimiento de los propios términos de la demanda… de las constancias de la causa… y del memorial de agravios… todo lo cual constituye una rotunda arbitrariedad, que vulnera las normas de los arts. 519, 1068 y 1969 [sic] del Código Civil y 164 y 166 del código de rito…” (cfr. fs. 263 y vta.).- Manifiesta que “…deviene como ineludible, totalmente razonable y de lógica elemental que si se encuentra probado que el bien fue totalmente destruido por el evento dañoso y estaba afectado a una actividad comercial, pero además que, en el caso particular, se trata de un automotor minibús, que posee inexorablemente ese destino, va a dejar de obtenerse objetiva y razonablemente una ganancia, lo cual torna aplicable los dispositivos de los artículos 164 inc. 5º y 166 del código de rito…” (cfr. fs. 264vta./265).-
Continúa su recurso afirmando que “…surge como elocuente que en el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones… no se ha efectuado un examen y estudio criterioso y profundo de la presente causa, violentándose abiertamente la normativa aplicable al caso particular toda vez que resulta contrario a derecho y carente de todo sustento lógico y jurídico que solamente se admita la indemnización por lucro cesante por la suma de $ 76.230 comprensivo del periodo que va desde el acaecimiento del hecho, esto es con fecha 09/09/2007 al 06/03/2008, fecha en que se iniciara la demanda, utilizando únicamente como parámetro para la procedencia de dicho rubro indemnizatorio la existencia del contrato de locación, cuando lo primero que debe examinarse el bien [sic] que ha sido objeto del evento dañosos, y el estado de destrucción total que causó el incendio…” (cfr. fs. 270 vta.). Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.- Concluye su recurso expresando que “…la sentencia en crisis viola flagrantemente la aplicación de la ley en el caso particular no obstante encontrarse debidamente acreditados los requisitos que hacen a la procedencia y extensión del lucro cesante solicitado, tachándola a la misma también de arbitraria al no resultar una derivación razonada de las constancias de la causa y de derecho aplicable al caso particular…” (cfr. fs. 275vta.).-
Que a fs. 278 y vta. la Alzada declara formalmente admisible el recurso de casación incoado por la actora.-
II. En oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º de la ley 1687 a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada, ésta se desarrolla dentro del carril establecido por el artículo 3º, inciso a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-, fundamentalmente por denunciar violación “…del juego armónico de los artículos 519, 1068 y 1069 del Código Civil, y de los artículos 164 inciso 4º y 166 último párrafo del CPCC…” (cfr. fs. 263) y de distintos artículos de la Constitución Nacional, y arbitrariedad.- Sin embargo, de la atenta lectura del escrito presentado, surge evidente el ayuno en la fundamentación recursiva, por cuanto el mencionado planteo tiene como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios por parte de los jueces de grado, es decir, remite directamente a la consideración de circunstancias de hechos y pruebas -y desde este particular cuadrante procesal- no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en la sentencia impugnada, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.
De este modo, la recurrente afirma que “…la sentencia en crisis contraviene abiertamente el artículo 166 del CPCC en tanto establece en su última parte que los jueces deben fijar el importe de los daños y perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto…” (cfr. fs. 264 vta.), expresando al respecto que “…la sentencia constituye una manifiesta arbitrariedad que contraviene normas positivas de expresa aplicación al caso particular, en tanto encontrándose el perjuicio objetivamente comprobado corresponde su determinación conforme la prudente apreciación y fijación judicial…” (cfr. fs. cit.); tratando de demostrar, a lo largo de su presentación, cómo la Cámara debió valorar, a su entender, la prueba reunida en autos con relación a la indemnización por lucro cesante.- Que, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Sin embargo, las expresiones de la recurrente constituyen una reiteración de los argumentos oportunamente expuestos en las instancias ordinarias. Por ende, los argumentos esgrimidos en el recurso de casación interpuesto, se repiten una y otra vez, remitiéndose a cuestiones que -por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hechos y pruebas-, resultan irrevisables por esta vía, dado el carácter extraordinario de la instancia (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XVII, Reg. 2267, Folio 3309/3313; Tomo XVIII, Reg. 2352, Folio 3479/3482; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2864, Folio 4668/4670).- En tal aspecto, efectuado el análisis de la sentencia de la Excma. Cámara, se observa que la misma ha dado debido tratamiento a los agravios referenciados, efectuando una meritación y apreciación de los hechos y pruebas con correcta calificación jurídica propia de la aplicación del derecho; y en tal sentido, corresponde expresar, que la presente instancia debe sólo limitarse a confrontar si ha sido aplicado el derecho ajustadamente a los hechos definitivamente valorados y prefijados en la instancia de grado (conf.
TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1214, Folio 1602/1603 y jurisp. citada), y que, el mero disentimiento de la parte con lo resuelto por el ‘ad quem’, no habilita la vía del recurso extraordinario provincial deducido, más aún, como en el caso de autos, cuando los fundamentos dados en la instancia de grado son coherentes, logrando una equilibrada aplicación legal. De este modo, y como se expresara, se observa a la recurrente dirigiendo su esfuerzo hacia la apreciación crítica y el análisis lógico de las probanzas meritadas, para tratar de demostrar la inexactitud de los juicios emitidos por la Cámara, directamente relacionados con el cuadro fáctico y la valoración de la prueba, pretendiendo -erradamente- recrear la meritación y valoración jurisdiccional, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria (conf.
Hitters Juan Carlos en “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de Casación”, Ed. Platense, 1984, pág. 181, párrafo primero), sin llegar a producir una crítica profunda, ‘visceral’ concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 207, Folio 347/349; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 880, Folio 1019/1021; Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 991, Folio 1206/1208; ídem, Reg. 1070, Folio 1329/1333, entre otros).- La actora se agravia respecto del monto correspondiente a la indemnización por lucro cesante, entendiendo que debería haberse ordenado pagar a los demandados la ganancia considerada por la actora como frustrada, hasta la fecha de reposición del automotor destruido o de la sentencia.
Sin embargo, es reiterada la postura de este Tribunal Superior en el sentido que constituye una cuestión propia de los jueces de las instancias ordinarias y detraída del ámbito de la casación, establecer, en función de las circunstancias de cada caso, el monto indemnizatorio debido, en tanto y en cuanto tal ejercicio no resulte irrazonable. Consecuentemente con tal postura, se ha expresado que: “…el monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos…”, y que: “…por lo tanto resulta ajena al recurso extraordinario de casación…” (cfr. Tomo VI, Sentencia, Reg. 217, Folio 1171/1175; Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2741, Folio 4234/4237).
Conforme con ello, debe agregarse que “…El método empleado para llegar al monto indemnizatorio, constituye una cuestión de hecho irrevisable en casación, puesto que integra una facultad privativa de los magistrados ejercitada de acuerdo a los elementos de juicio puestos a su disposición, quedando reservado al ajustado arbitrio de los mismos y variando de acuerdo a las circunstancias causídicas que resultan determinantes…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Sentencia, Reg. 200, Folio 1069/1072), “…por ello constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en casación, salvo la existencia de absurdo…” (cfr. TSJ Santa Cruz Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 944, Folio 1125/1127). Excepción ésta respecto de la cual no logra la recurrente argumentar debidamente a los fines de habilitar el acceso a esta instancia.- Que “…Tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo…” (cfr.
SCBA, Ac. 50.510-S, 29-12-92, “Padula Francisco c/ Di Modugno, Norma Beatriz y otros s/ Daños y Perjuicios”), respecto del cual, como se ha expresado, la recurrente no brinda argumentos suficientes a los fines de demostrarlo, que permitan superar la valla de la admisibilidad. En este sentido, no se advierte que la impugnante se haga cargo de rebatir el razonamiento de la Excma. Cámara cuando sostiene, respecto del rubro lucro cesante y a fin de fijar su monto, “…se probó que la actora dejó de percibir el monto mensual que reclama por el período determinado por la Jueza… Si bien la privación del uso de un automotor que estaba sometido a una actividad comercial, supone un daño consistente en la frustración de ingresos por la falta de disposición para la explotación del mismo, la actora no acredita la pérdida de posibilidad de obtener ninguna otra ganancia que no sea la que le generaba el alquiler del vehículo a Intesar…” (confr. fs. 257vta./258).
Por lo que la Cámara funda su decisión al desestimar el agravio de la actora, citando jurisprudencia y dando motivos que sustentan su fallo, advirtiéndose entonces que la crítica realizada por la recurrente deviene inoperante, ya que los fundamentos de la sentencia en crisis concluyen siendo suficientes para su mantenimiento y firmeza, por lo que, los agravios que se esgrimen carecen de entidad como para desmerecerla.-por lo cual, siendo cuestiones de hecho, son ajenas -en principio- al control casatorio, salvo los casos de absurdo o arbitrariedad (conf. Hitters Juan Carlos, ob. cit., pág. 435).- Los fundamentos dados por el ad quem corresponden a una valoración e interpretación razonable en función de los hechos invocados y probados, careciendo de absurdidad o arbitrariedad.-
La arbitrariedad que acusa la actora constituye una mera discrepancia con la valoración de los elementos probatorios aportados a la causa, efectuada por el ad quem, lo que por su propia naturaleza, más allá de su acierto o error, refiere a cuestiones de hecho y prueba, materia ésta que, como se señalara “ut supra”, escapa a la órbita del recurso de casación, el que no tiene por fin constituir una tercera instancia en donde el Alto Tribunal Provincial revise el criterio adoptado por los jueces de la causa, si no ha existido violación de la ley, absurdo en la valoración de la prueba o afectación de garantías constitucionales.- Los agravios expuestos por la recurrente sólo remiten a la consideración de circunstancias de hechos y pruebas (cuestionamiento del quantum indemnizatorio por lucro cesante), oportuna y adecuadamente analizadas por la instancia de grado, y ajenas por ende a la presente instancia, no exteriorizando la sentencia de marras una violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, encontrándose ajustado a derecho el resultado obtenido en la instancia de grado (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2800, Folio 4375/ 4379; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2853, Folio 4494/4497, entre otros), sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, “visceral”, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 183, Folio 303/305; Tomo III, Sentencia, Reg. 120, Folio 561/567, entre otros), y sin que se aprecie en la misma ausencia de fundamento, omisión de tratamiento de materia sujeta a juicio o desfiguración de los medios probatorios que la hagan aparecer ilógica en su conclusión (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 207, Folio 347/349, entre otros).- Aun reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de arbitrariedad o violación de la ley.
Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que “…Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2813, Folio 4400/4404; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2880, Folio 4541/4546; Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2977, Folio 4800/4803; Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- La decisión adoptada por la Cámara resulta concordante con antecedentes jurisprudenciales de otras jurisdicciones donde se ha precisado que: “…el lucro cesante no puede presumirse pues requiere una demostración cierta del perjuicio experimentado, el cual debe ser real y efectivo, no supuesto o hipotético…” (cfr.
CNAC, sala A, 09/04/2007, Escalante, Antonio c. Berón, Juan C. Y otro, DJ 26/09/2007, 250, cit. en “Daños y Perjuicios - Parte General”, Juan Manuel Prevot, La Ley, 1º Ed., Buenos Aires, 2008, pág. 564); “…Siendo el lucro cesante la ganancia dejada de percibir por el damnificado, éste no puede presumirse…” (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, sala IV, “Flores, Alejandra Judith c. Expreso Ciudad de Posadas”, 12/09/2006, Publicado en: LLLitoral 2007 (junio), 547, Cita online: AR/JUR/9289/2006, sumario); “…El lucro cesante contempla las ganancias que pierde el damnificado por causa del hecho dañoso, lo cual requiere prueba de la pérdida de los ingresos ocasionada por el mismo, como también de las utilidades no percibidas…” (cfr.
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de Santiago del Estero, 13/03/2006, Atías, Deigo J. C. Gramaglia, Teresa y otros, LLNOA 2006 (setiembre), 957, cit. en “Daños y Perjuicios - Parte General, Juan Manuel Prevot”, ob. cit., p. 570).- Por lo que, considerando la decisión que adoptó la Cámara, la misma no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, citando jurisprudencia que avala su conclusión, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por la Cámara.-
Es tesis de este Tribunal que: “?La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación?” (cfr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
III. Que, de conformidad a todo lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 262/276 y por consiguiente, revocar el interlocutorio de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 278 y vta., ello de conformidad con lo establecido en los arts. 7 y cctes. de la ley 1687 -Recurso de Casación-, teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Que, por el presente expreso mi DISIDENCIA con la solución propuesta, por considerar que en autos se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación incoado por la actora, a tenor de lo dispuesto por el art. 7º de la Sección 6ta., Capítulo IV -Recursos ante el Tribunal Superior de Justicia- ley 1687, considerando que corresponde declararlo bien concedido, ordenando poner los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada. Así lo voto.-
Las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Clara Salazar adhieren al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y de la Srta. Presidente, Dra. Clara Salazar; y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 262/276 y, en consecuencia, revocar el interlocutorio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que obra a fs. 278 y vta..-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1024I.151 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.114.-
Folio N°: 5.097/5.100.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia