Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa E-2227/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora (cfr. PE588873-2022, ESC00113589.pdf), con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: E-2227/18-TSJ Interlocutorio N°: 478 Actor: ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: SHEGNFET RUBEN DARIO Objeto: EXPROPIACIÓN Fecha: 09-04-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 478 FOLIO Nº 1810/1813 PROT. ELECT. TSS1 004 O.241
Río Gallegos, 9 de abril de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ SHEGNFET RUBEN DARIO s/ EXPROPIACIÓN”, Expte. Nº E-21.518/06 (E-2227/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte actora, Estado de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de sus letrados apoderados Dres. Fernando Pablo Tanarro y Romina de los Ángeles Mercado (cfr. PE588873-2022, ESC00113589.pdf), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE563181-2022.- La parte actora funda el recurso interpuesto manifestando que: “…el juez, se apartó de forma arbitraria y discrecional del procedimiento establecido por la norma y dispuso un valor indemnizable contrario a derecho y a la jurisprudencia aplicable, tornando arbitraria la sentencia que por este recurso se impugna.” (cfr. PE588873-2022, ESC00113589.pdf, pág. 7).-
Agrega que: “…existe una normativa que dispone cual es el procedimiento de evaluación, también esta (sic) anexado en autos el dictamen del Tribunal de Tasación, no se explica entonces como los tribunales ordinarios se aparataron de la norma y el Tribunal Superior omite su tratamiento, ello teniendo en cuenta su propia jurisprudencia.” (cfr. PE y pdf cits. pág. 8)- Aduce que: “Cae así la sentencia que se impugna en arbitrariedad técnica y en ostensible auto-contradicción, y de este modo se aparta del requisito de coherencia que es propio de las sentencias judiciales, en cuanto actos dotados de unidad lógico-jurídica…ya que los jueces ordinarios se apartan de la normativa y precedentes aplicables a la materia, y el Superior Tribunal de Justicia no tarta (sic) el recurso porque no es de su competencia.” (cfr. PE y pdf cits pág. 9).- Expresa que: “…el fallo de primera instancia incurre en una serie de falacias al fijar el valor de los inmuebles en un momento que no se condice con lo establecido específicamente en la ley 21 y precedentes jurisprudenciales, y que, la Cámara de Apelaciones no ha analizados la cuestión en su debido alcance al igual que el Superior Tribunal de Justicia.” (cfr. PE y pdf cits, págs. 9/10).-
Finalmente solicita que se haga lugar al recurso extraordinario y se revoque la sentencia que se impugna, disponiendo que la valuación de los bienes expropiados debe ser realizado conforme el procedimiento de la Ley Nº 21 al momento de la expropiación (cfr. PE y pdf cits, pág. 11).-
Luego se ordena correr traslado a la parte demandada del referido recurso, quien lo contesta solicitado se declare su inadmisibilidad (cfr. PE619383-2022).-
Corrida la vista al Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, dictamina respecto del recurso impetrado, expresando que: “…considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica […] En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE644839-2022).- Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE414039-2022).-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyCN, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en formato A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero y parcialmente los requisitos del artículo segundo de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una, ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo parcialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º.- Con relación a ello se observa que la recurrente incumple los requisitos establecidos en los incisos a); d); f) y g). En efecto, la nombrada omite: describir el objeto de la presentación; consignar el domicilio electrónico; indicar el carácter -como actor o demandado- en que interviene en el pleito su representado y mencionar los organismos o jueces que hayan intervenido con anterioridad en el pleito.-
No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado -a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional - Administración de Parques Nacionales res. 11/2000”, del 2 de marzo de 2011 (Fallos 334:196).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de {}la Nación y la jurisprudencia de la Corte elaborada en la materia, fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo no logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b) en cuanto no se efectuó un relato claro y preciso de las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal. Por otra parte tampoco se indicó en forma clara y precisa el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal, cómo introdujeron dicho planteo y cómo lo mantuvo con posterioridad.- Si bien en la carátula acompañada se afirma que la cuestión federal fue introducida al interponerse la demanda (cfr. 24/26 vta.) de la simple lectura del escrito de inicio se puede apreciar la inexistencia de la introducción de dicha cuestión en la oportunidad mencionada.-
Con relación al requisito establecido en el artículo 3º inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Gil Dominguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Edial, Págs. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Máximo Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998, pág. 104). En los presentes, la recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional concreto que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar derechos que emanan de la Carta Magna y que, dice, han sido menoscabados, sin explicar ni demostrar debidamente cómo es que se ha producido tal violación.- La parte actora funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º de la Ley Nº 48 (cfr.
PE588873-2022, ESC00113589.pdf, pág. 3) sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar, aunque sea mínimamente, cuáles serían las normas incumplidas y de qué forma fueron vulneradas En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se hizo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el actor casando parcialmente la sentencia recurrida exclusivamente en cuanto a la tasa de interés aplicable (cfr.
PE563181-2022). Resta aclarar que el recurrente manifiesta su disconformidad con lo decidido por este Alto Cuerpo sin lograr rebatir el desarrollo argumental expuesto en la Sentencia impugnada y mucho menos intentar vincularlo con la cuestión federal que se invoca.- Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio: “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas.” (cfr. art. 3º, inc. e) de la Acordada Nº 4/2007). Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr.
Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2º edición, La Ley, 2012, pág. 432).- Además, le corresponde al recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la sentencia y la efectiva lesión de las garantías constitucionales vulneradas, a fin de que pueda ser válidamente fallado. La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble, entre la cuestión federal planteada, los términos de la sentencia recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata, no habrá materia para el remedio federal (cfr. autor y ob. cits., págs. 432/433).
Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional y de diversos Tratados Internacionales, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal ni mucho menos la relación directa con la materia debatida. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr.
TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En definitiva, en razón de la inexistencia de cuestión federal es que no se ha podido dar cumplimiento con el requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, el recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante no lograr efectuar una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la sentencia se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado, con costas.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora (cfr. PE588873-2022, ESC00113589.pdf), con costas.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1004O.241 Tomo: X Interlocutorio: 478 Folio N°: 1810/1813 Secretaría: 1
Fin de la sentencia