Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 31400
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el auto dictado con fecha 27 de diciembre de 2018 por el Juez de Garantías Gabriel Adrián Bombini, en cuanto no hace lugar a la solicitud de cambio de calificación legal de los hechos solicitada por las defensas de Roberto Daniel Mendoza y Mario Antonio Ulacco, no hace lugar al cese de la medida coercitiva que actualmente pesa sobre los mismos y eleva la causa a juicio en relación a los encausados por los eventos que se han calificado en esta instancia como constitutivo de los delitos de estafa -323 hechos- en concurso real (arts. 172 y 55 del CP), atribuido a los nombrados en carácter de coautores penalmente responsables (art. 45 del CP). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso a fs. 1358/9vta. por el letrado Carlos Sebastián Mira en favor Ulacco, y a fs. 2361/5vta. por el Defensor Oficial Christian Javier Rajuan, en favor de Roberto Daniel Mendoza. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 145, 146, 148, 157, 158, 209, 210, 337, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 31400. "MENDOZA, ROBERTO DANIEL - ULACCO, MARIO ANTONIO S/ ESTAFA".
Mar del Plata, de Febrero de 2019.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 31400, y de cuyas constancias,
1. Con fecha 27 de diciembre de 2018 el Juez de Garantías Gabriel Adrián Bombini resuelve no hacer lugar a la solicitud de cambio de calificación legal de los hechos solicitada por las defensas de Roberto Daniel Mendoza y Mario Antonio Ulacco, no hacer lugar al cese de la medida coercitiva que actualmente pesa sobre los mismos y elevar la causa a juicio en relación a los encausados por los eventos que se han calificado en esta instancia como constitutivos de los delitos de estafa -323 hechos- en concurso real (arts. 172 y 55 del CP), atribuido a los nombrados en carácter de coautores penalmente responsables (art. 45 del CP).
2. Contra ello interpone a fs. 1358/9vta. recurso de apelación el letrado Carlos Sebastián Mira en favor Ulacco.
Se agravia del resolutorio por cuanto el Juez no hace lugar al cambio de calificación solicitado. Advierte que si cada hecho es independiente con su inicio y fin, la investigación adolece de prueba acerca de la autoría de cada uno de los delitos. Entiende que ello es la consecuencia lógica de ignorar la unicidad del delito tal como se propone.
Señala en relación al antecedente citado por el Dr. Bombini que el Juez no explica cuáles son los fundamentos por los que considera que en el caso de marras hay designios diferentes, y de esta manera omite dar respuesta a una cuestión que había sido planteada por la Defensa.
Disiente también en la fragmentación del dolo que efectúa el Magistrado, pues justamente el dolo en el caso abarca el hecho total. Para ello tiene en cuenta la envergadura del montaje, no debiendo tomarse en cuenta el hecho de que las víctimas sean distintas.
Finalmente critica que el Juez deniega el beneficio por el impacto de la pena en expectativa, debiendo hacerse lugar al cambio de calificación y disponerse el cese de prisión preventiva.
3. Interpone también a fs. 2361/5vta. recurso de apelación el Defensor Oficial Christian Javier Rajuan, en favor de Roberto Daniel Mendoza.
Remarca que la circunstancia de que cada hecho tiene su inicio y fin de ejecución sólo determina que estemos ante sucesos distintos, pero no necesariamente independientes entre sí.
No comparte con el Juez que el delito continuado sea un instituto carente de consagración expresa en la legislación de fondo, ni que su aplicación se justifique solo a partir de construcciones doctrinarias o jurisprudenciales.
Analiza la normativa y sostiene que cuando media entre los hechos una relación de conexión tal que la ejecución de uno se encuentra subordinada a la del resto no puede tratarse de un concurso real. Enfatiza en que no se trata de hechos independientes, brindando ejemplos y una extensa explicación en el escrito de oposición, lo que no fue considerado por el Magistrado.
Sostiene que el ardid típico disparador de las múltiples disposiciones patrimoniales por parte de los damnificados fue uno solo y el mismo para la totalidad de los casos juzgados. Advierte que no se presentó en el caso la posibilidad de desistir de alguna de las maniobras defraudatorias sin poner en profundo riesgo la potencial ejecución de las restantes. Explica que estamos ante hechos cometidos en cascada en un tiempo acotado y en un escenario específico, cuya interrelación e interdependencia ontológica luce por demás manifiesta.
Expresa que conforme la doctrina, se excluye la independencia cuando concurren en forma simultánea los siguientes elementos: a) pluralidad de acciones homogéneas; b) unidad de lesión jurídica, entendida como encuadramiento típico idéntico o analogable; y c) unidad de dolo, resolución o designio criminal.
En relación al tercer aspecto, esto es, la unidad de dolo, remarca que el Juez sostuvo que hubieron tantas decisiones criminales como sujetos damnificados. Alega que la decisión criminal mal puede ser reputada como genérica, pues tiene todo de específico con la aislada excepción de la identidad y el número exacto de los sujetos potencialmente afectados.
Continúa señalando que la propia dinámica de los acontecimientos reconstruidos por la instrucción sugiere que, aún antes de agotado el primer hecho, la intención de los sujetos activos comprendía también la realización de una serie futura de actos análogos; de modo que se estaba iniciando una sucesión de hechos semejantes. De allí opina que la presencia de una resolución criminal única parece innegable.
Realiza una analogía con el caso de un comerciante que se vale de pesas falsas instaladas en su local para defraudar a sucesivos compradores, coincidiendo allí la doctrina en que se está ante un delito continuado.
Critica el modo en que el Ministerio Público imputa los hechos, entiendiendo que resulta incongruente sostener la ausencia de dolo unitario cuando al mismo tiempo se decidió aplicar la figura del delito continuado englobando algunos eventos acaecidos con varios días de separación entre sí, como sucede con aquellos que fueran nomenclados en las decisiones de mérito como hecho 1.8, hecho 1.57, hecho 1.124, hecho 1.191, hecho 1.223, hecho 1.256 y hecho 1.274.
Por último, sostiene que la favorable receptación del planteo sitúa a Mendoza en las previsiones del art. 169.1 del CPP, lo que hace desaparecer tanto el peligro procesal como la nota de proporcionalidad directamente asociado en su momento a la elevada pena en expectativa.
Analizadas las constancias de autos adelantamos que la resolución debe confirmarse.
1. Ambos recurrentes centran su expresión de agravios en que los hechos investigados deberían encuadrarse en un único suceso, por tratarse de un delito continuado, propuesta que, en caso de ser receptada favorablemente, situaría a los encausados en las previsiones del art. 169 inc. 1 del CPP, por lo que solicitan se disponga su libertad.
Comenzando con el análisis de la posibilidad de encuadrar los hechos como un delito continuado, pese al gran esfuerzo de las defensas, coincidimos con los fundamentos expuestos por el Juez de Garantías.
La doctrina no resulta unánime al momento de formular la distinción entre delito continuado y el concurso real, pese a que no son pocos los que rechazan la posibilidad de aplicar el primero (Schmidhauser, Jescheck, Stratenwerth, Jakobs, cfr. Zaffaroni-Alagia-Slokar, "Derecho Penal Parte General". Ed. Ediar. Buenos Aires, 2000. Pág. 825).
La aplicación del delito continuado resulta una creación doctrinaria y jurisprudencial -cuyo origen se atribuye a los glosadores y prácticos italianos, aunque también se contempló en el derecho romano-, y si bien en nuestro Código Penal se hace referencia al delito continuado al regular el régimen de prescripción (art. 63), no se encuentra específicamente normado, como sí lo está por ejemplo en España (art. 74.1). Por su parte, hay quienes interpretan que aquella referencia al delito continuado debe entenderse como alusión a los delitos con efectos permanentes, como el caso de la privación ilegal de la libertad, entre otros.
En el caso, el Juez ha negado la posibilidad de encuadrar los hechos como un delito continuado por entender que se trata de designios independientes, además de remarcar que no se encuentra regulado legalmente y ha basado su postura en el reciente fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, si bien no puede soslayarse que se trata de un hecho distinto, por cuanto se analiza un caso de abuso sexual reiterado. Debe recogerse de aquél pronunciamiento que "...ante la falta de consagración legal expresa del supuesto de delito continuado, debe exigirse a la jurisdicción la mayor meticulosidad posible en la justificación de su aplicación, puesto que no existe total consenso de la doctrina y la jurisprudencia respecto a qué hipótesis delictivas se extiende, como así tampoco cuáles son los requisitos de mínima y de máxima que se exigen para afirmar su concurrencia" (voto de la Dra. Kogan, en P. 129.460, sent. del 3/10/2018). Y, es justamente con ese baremo donde el Juez de Garantías ha entendido que no se han acreditado los extremos para la configuración del delito continuado, lo que es compartido en esta instancia conforme lo que se expone en los párrafos siguientes.
Aún cuando se admitiera la posibilidad de aplicar esta figura en algunos casos específicos, su procedencia requiere la configuración de los recaudos que ha determinado la doctrina y jurisprudencia, estos son, la unidad de resolución (o propósito criminal global), pluralidad de acciones y la unidad de lesión jurídica, pese a que tampoco existe acuerdo sobre ello (cfr. Baigún-Zaffaroni, "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial". Tomo 2A. 2da. edición. Ed. Hammurabi. Pág. 609).
Al respecto, y dando respuesta a los agravios, si bien resulta innegable la pluralidad de acciones y podría en el caso de autos advertirse presumiblemente la existencia de un dolo tendiente a estafar a un número indeterminado de personas a través de la puesta en escena -esto es, el engaño a todos los sujetos que vayan a realizar pagos al local-, y que la conducta se lleva a cabo del mismo modo, dicha circunstancia no resulta determinante a los fines de establecer que estamos ante un delito continuado.
Para ello se analiza no sólo la modalidad del hecho y las tareas previas, sino también las circunstancias temporo-espaciales y las víctimas.
Fuera de duda está que las víctimas son múltiples, pero tampoco puede sostenerse que se trate de un único hecho ni puede afirmarse que todos estén relacionados y con un dolo único, constituyendo en consecuencia hechos dependientes. A contrario de lo sostenido por la Defensa Oficial, disentimos en que los imputados no pudieran "cortar la cadena de cobros", pues el dolo de realizar una nueva maniobra defraudatoria se da en cada momento que el local permanece abierto y se decide aceptar el pago en cada caso concreto, pues la maniobra está dirigida contra cada patrimonio de los sujetos pasivos. Es por ello que entendemos que sí se trata de hechos independientes.
Por otro lado, no puede sostenerse la existencia de una unidad de dolo indeterminada en el tiempo y respecto de un sinnúmero de víctimas no conocidas. Sobre el particular, Jescheck explica que "...en la ley no existe ningún punto de referencia que permita al juez hacer de varios hechos uno solo, al menos en la medida en que los actos sociales no se hallen ligados por un vínculo subjetivo" (Tratado de Derecho Penal, Parte General. Volumen Segundo. Editorial Bosch. España, 1981. Pág. 1003).
Gunther Jakobs resulta determinante al afirmar que "No constituyen, pues, un hecho el administrar veneno a la víctima en distintas ocasiones, con una semana (o bien un día) de distancia, ni el 'limpiar' todas las noches un almacén, ni el que el médico recete incorrectamente a todo paciente con determinado cuadro clínico, ni las estafas sobre varias personas a las que se hace 'picar' con un único anuncio, ni otros actos consecutivos, dado que en tales supuestos con el hecho precedente no se da comienzo directamente, según la representación del autor, a la continuación; así pues, la unidad de la realización del tipo está interrumpida" (Derecho Penal Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. 2da. edición, corregida. Ed. Marcial Pons. Madrid, 1997. Pág. 1078).
En igual sentido, Jescheck da un ejemplo que aplica al caso bajo estudio: "Para comprender varias estafas en un delito continuado, el dolo debe hallarse dirigido de antemano a la totalidad de las distintas lesiones patrimoniales; no basta la resolución adoptada con carácter general de cometer el mayor número posible de estafas de determinada especie o de robar a cuantos transeúntes sea posible. Concurre el dolo global cuando el autor ha adoptado la resolución de sustraer de un determinado taller, aprovechando las circunstancias favorables existentes, el mayor número posible de bicicletas, pero no cuando únicamente se ha planeado cometer numerosos hurtos de bicicletas cuya ejecución todavía resulta incierta en cuanto a lugar, tiempo y forma" (Ob. Cit. Pág. 1003).
Así las cosas, entendemos que no puede negarse que cada hecho realizado supone una decisión o voluntad de hacerlo, y tampoco se advierte en el caso en forma ex ante, la existencia de una unidad de finalidad para abarcar un número determinado de actos. Si bien asiste razón a la Defensa Oficial en cuanto se advertiría una contradicción en la propia postura del Ministerio Público Fiscal, por cuanto en algunos de los hechos imputados engloba dos o más conductas diferidas en el tiempo (confundiendo identidad patrimonial afectada con unidad de acción comisiva), ello no es motivo suficiente como para aceptar la tesis del delito continuado. En virtud de todo ello, recordando que el delito continuado ha sido una institución imprecisa en la definición de sus elementos constitutivos, con frecuentes contradicciones valorativas en su aplicación práctica y una indefinición de un fundamento material uniforme que sirva para explicar suficientemente el fenómeno (Choclán Montalvo, José Antonio, "El Delito Continuado". Ed. Marcial Pons. Madrid, 1997. Pág. 15), coincidimos con la postura expuesta por el Juez de Garantías, la que se encuentra por demás fundada, aún cuando las Defensas no la compartan.
2. Aclarado el punto anterior, y manteniéndose inalterados en esta etapa los peligros procesales que fueran valorados oportunamente por el Juez de Garantías al momento de dictar el auto de prisión preventiva, como también por esta Alzada al revisar aquél decisorio en relación a Ulacco (resol. del 10/10/2018, reg. 493-R), la petición de cese de la medida no puede tener acogida favorable.
3. No habiéndose formulado otros agravios, y no resultando por ello necesario que el Tribunal se avoque a la acreditación de la materialidad delictiva y autoría penalmente responsable en relación a los hechos imputados, corresponde estar a lo resuelto y, en consecuencia, confirmar el resolutorio en su totalidad.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el auto dictado con fecha 27 de diciembre de 2018 por el Juez de Garantías Gabriel Adrián Bombini, en cuanto no hace lugar a la solicitud de cambio de calificación legal de los hechos solicitada por las defensas de Roberto Daniel Mendoza y Mario Antonio Ulacco, no hace lugar al cese de la medida coercitiva que actualmente pesa sobre los mismos y eleva la causa a juicio en relación a los encausados por los eventos que se han calificado en esta instancia como constitutivo de los delitos de estafa -323 hechos- en concurso real (arts. 172 y 55 del CP), atribuido a los nombrados en carácter de coautores penalmente responsables (art. 45 del CP). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso a fs. 1358/9vta. por el letrado Carlos Sebastián Mira en favor Ulacco, y a fs. 2361/5vta. por el Defensor Oficial Christian Javier Rajuan, en favor de Roberto Daniel Mendoza. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 145, 146, 148, 157, 158, 209, 210, 337, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
PABLO MARTIN POGGETTO
Juez
RAUL ALBERTO PAOLINI
Juez
Fin de la sentencia