Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33757
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución y hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el Particular Damnificado, consistente en la suspensión por el plazo de 90 días -y hasta tanto se esclarezcan por la fiscalía mínimamente las maniobras relacionadas al caso que se investiga- del cobro de las cuotas en relación al préstamo personal concedido con fecha 5 de agosto de 2020 por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en favor de Mónica Cristina Olguin, D.N.I 11346615, por el monto de $791.000, conjuntamente con la medida de no innovar consistente en la imposibilidad de realizar transferencias bancarias desde esa cuenta por el plazo de 90 días. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la particular damnificado con el patrocinio del letrado Jorge Luis Matteaccio. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 33757. "OLGUIN MONICA CRISTINA S/DENUNCIA".
Mar del Plata, 25 de Noviembre de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 33757, y de cuyas constancias,
Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la particular damnificada, Mónica Olguin, con el patrocinio del letrado Jorge Matteaccio, contra la resolución dictada por el Juez de Garantías, Daniel A. De Marco, con fecha 14 de octubre, que deniega el pedido de la medida cautelar de no innovar oportunamente solicitada.
Se agravia por cuanto el Juez no tomó en cuenta los fundamentos expresados por la parte, tendiente a evitar el riesgo cierto de que mientras se lleven a cabo todas las actividades procesales y jurisdiccionales, no se alteren las circunstancias fácticas y jurídicas existentes. Entiende que la medida resulta proporcional y razonable a los fines de evitar perjuicios a la víctima.
Advierte que ello no implica emitir opinión sobre el fondo, sino adoptar coherente y razonablemente la medida cautelar.
Destaca la contradicción en la que incurre el Juez ya que señala que en otra investigación de igual tenor dictó una medida como la solicitada.
Indica que se reconoce la existencia de verosimilitud en el derecho de la peticionante, y sostiene la existencia de denegación de justicia. Resalta que se ha verificado en diferentes IPP que tramitan en toda la provincia hechos delictuales del mismo tenor, encontrándonos frente a un fraude informático cometido por una organización criminal, acudiendo las víctimas a la Justicia Penal en la búsqueda de una tutela efectiva de sus derechos, dada la actitud pasiva de la entidad bancaria en el otorgamiento de una solución al conflicto derivado de un hecho del que resultan víctimas los clientes.
Se agravia por cuanto el Juez considera al Banco como un tercero ajeno al proceso, cuando una de las obligaciones primordiales es que los servicios sean brindados con total seguridad para el cliente.
Alega que ni siquiera la medida cautelar afectaría los derechos de propiedad hasta tanto se pueda reconstruir la fenomenología del hecho, atento que el Banco contaría con los elementos para garantizarse el cobro del préstamo. En este punto, advierte que en IPP similares el Banco ha manifestado que la rápida denuncia de los hechos en sede administrativa y penal, permitió bloquear la cuenta de destino donde fueron girados los fondos, evitándose de esta manera que los mismos sean extraídos, para continuar luego con la investigación de los hechos. Recuerda que esto es lo que realizó la Sra. Olguin, teniendo casi la mitad del préstamo en su caja de ahorros, habiendo solicitado en su presentación como particular damnificado que se congelen los fondos sin transferir.
Sostiene que al recurrir el banco solo desnuda la intención de ejecutar un contrato viciado que tiene origen en un delito.
Realiza reserva del caso federal y solicita se revoque el decisorio apelado.
Analizadas que fueran las constancias de autos adelantamos que el recurso debe prosperar.
Advertimos que la cuestión resulta análoga a la ya resuelta con fecha 6 de noviembre por esta Alzada en c. 33719 "Casco".
Se trata también de una maniobra de fraude informático, por el cual se obtuvieron los datos personales de la víctima, para solicitar un préstamo personal en su nombre por un monto de $791.000, el que fue depositado en su caja de ahorros e inmediatamente se realizaron diversas transferencias hacia cuentas de terceras personas y así hacerse del dinero.
En el caso, el Juez ha denegado el pedido en razón de desconocer el criterio de la Alzada, además de advertir la existencia de vías administrativas, pero ha reconocido la existencia de verosimilitud en el derecho.
Teniendo en cuenta lo anterior, y acreditándose el peligro en la demora en la necesidad de proteger los derechos de la víctima, y proteger su patrimonio, toda vez que la misma es jubilada y el monto de la cuota a debitar de su cuenta la colocaría en una situación de extrema vulnerabilidad, recordándose que la medida resulta provisional, corresponde conceder la medida cautelar de no innovar solicitada, consistente en suspender el cobro del préstamo personal otorgado por el Banco Provincia a la Sra. Olguin por un plazo de 90 días, la que podrá ser revisada por el Juez de Garantías, conforme avance la investigación penal preparatoria.
Corresponde destacar que en este caso la pronta actuación de la víctima ha logrado retener casi la mitad de los fondos en su caja de ahorro, debiendo decretarse la medida de no innovar consistente en la imposibilidad de realizar transferencias bancarias desde esa cuenta por el plazo de 90 días.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: revocar la resolución y hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el Particular Damnificado, consistente en la suspensión por el plazo de 90 días -y hasta tanto se esclarezcan por la fiscalía mínimamente las maniobras relacionadas al caso que se investiga- del cobro de las cuotas en relación al préstamo personal concedido con fecha 5 de agosto de 2020 por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en favor de Mónica Cristina Olguin, D.N.I 11346615, por el monto de $791.000, conjuntamente con la medida de no innovar consistente en la imposibilidad de realizar transferencias bancarias desde esa cuenta por el plazo de 90 días. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la particular damnificado con el patrocinio del letrado Jorge Luis Matteaccio. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase a origen a fin de su implementación.
Fin de la sentencia