Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 32929
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento de la instancia obrante a fs. 218/20 vta. mediante el cual la Sra. Jueza de Garantías Rosa A. Frende no hizo lugar al sobreseimiento de la encausada Andrea Rosana Giménez a quién en esta causa se le imputa el delito calificado como estafa procesal previsto en el artículo 172 del CP. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación a fs. 222/3 vta. por parte del Sr. Defensor particular de la encausada, letrado Diego Hernán Rabino Silenzi. Rigen los arts. 62 inc. 2 en concordancia con el artículo 172 y 67 párrafo 6 inc. "b" del CP; 106, 125, 210, 323 inc. 1 a contrario, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 32929. "GONZALEZ, Mauro Adrián y otro. Estafa".
Mar del Plata, 17 de julio de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 32929, y de cuyas constancias,
1. Que a fs. 218/20 vta. la Sra. Jueza de Garantías Rosa A. Frende no hizo lugar al pedido de sobreseimiento de la encausada Andrea Rosana Giménez, efectuado en autos por el Sr. Defensor particular Diego Hernán Rabino Silenzi.
2. Que a fs. 222/3 vta. el mencionado letrado de la imputada, interpuso recurso de apelación contra ese pronunciamiento.
Describe el recurrente que a su asistida procesal se le imputa una participación necesaria del hecho que se investiga en autos; siendo que los verdaderos beneficiarios del supuesto delito de estafa resultan María Paula Rodríguez y Mauro Adrián González.
En ese contexto, criticando las constancias de autos, entiende el apelante que Andrea Rosana Giménez, en realidad, resultó ser una víctima de las maniobras efectuadas por los otros dos co encausados, María Paula Rodríguez y Mauro Adrián González. Puntualiza que, los hechos acontecidos en sede civil con posterioridad a que se ordene judicialmente la escrituración del inmueble en cuestión, son los que dan cuenta de tal extremo. Precisa, en el sentido señalado, que Giménez no se vio beneficiada de ningún modo por el mencionado pronunciamiento judicial, y por tanto considera que no puede entenderse que realizó actos para perpetrar el delito en cuestión.
En la interpretación que efectúa el letrado, considera que debe tomarse el día 4 de diciembre del año 2012 - fecha en la que el juez civil dispuso la escrituración del inmueble - como inicio del plazo prescriptivo de la acción penal emergente en cabeza de Giménez. Y, toda vez que desde ese momento y hasta la citación a prestar declaración de la imputada el día 1 de octubre del año 2019, trascurrió el máximo de la pena prevista en el delito normado en el artículo 172 del CP, opera la prescripción de la acción contemplada en el inciso 2 del artículo 62 del mismo cuerpo legal. Acompaña criterios jurisprudenciales que considera aplicables al supuesto de autos.
Así, haciendo reserva del caso federal que entiende emergente, pide que esta Alzada revoque el auto de la instancia y dicte el sobreseimiento de andrea Rosana Gimenez por prescripción de la acción penal emergente del hecho que motiva la formación de estos obrados.
1. Que el Ministerio Público Fiscal, en el caso titular de la acción penal, el día 1 de octubre del año 2019 citó a prestar declaración en los términos del artículo 308 del CPP a los encausados en esta investigación, entre ellos a la asistida procesal del Sr. Defensor Diego Hernán Rabino Silenzi, imputada Andrea Rosana Giménez.
En ese momento procesal, el Sr. Agente Fiscal Roberto Javier Pizzo, narró el hecho delictivo materia de pesquisa del siguiente modo: "El día 2 de junio de 2010, Mauro Adrián González con el patrocinio letrado de la Dra. María Paula Rodríguez Morán, promovieron por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 11 de este Departamento Judicial, demanda de escrituración sobre el lote de terreno designado como nomenclatura catastral circ. VI, secc. D, manzana 352b, lindero a calle Vieytes de Mar del Plata, acompañando y haciendo uso - a sabiendas de su falsedad- de un instrumento privado apócrifo consistente en un contrato de compraventa en el que resultaba falsa la firma atribuida a los vendedores Simón Kohan, Julio Kohan, siendo que a la fecha del mismo (1991) al menos uno de ellos , Emilio "Natalio" Cortes, se encontraba fallecido desde el año 1986. De la misma manera presentaron una cesión de derechos y acciones suscripta por Andrea Rosana Giménez a favor de Mauro Adrián González, haciendo incurrir en error típico al Magistrado interviniente al obtener que este pronunciara sentencia favorable de escrituración traslativa del dominio del bien inmueble en cuestión a favor de Mauro Adrián González.
Tales maniobras se mantuvieron en el tiempo, a través de las presentaciones procesales ininterrumpidas efectuadas por la letrada al proponer escribanía (fecha 26/6/13), en escritos de solicitud de libramiento de segundo testimonio (31/10/13), solicitud de inscripción de segundo testimonio (en fechas 9/4/14, 24/4/14, 13/5/14 y 25/6/14), registración que fue efectivizada el 17 de octubre del año 2014 según asiento notarial del registro obrante a fs. 81.
No obstante ello, en fecha 24 de agosto del año 2016 se presentaron Mauro Adrián González y la Dra. María Paula Rodríguez en el Juzgado Civil y Comercial n° 14 ratificando el primero de los nombrados las actuaciones realizadas por la letrada y notificándose de la sentencia consintiendo la totalidad de las mismas ( véase fs. 82), para luego y ya siendo el día 29 de agosto de 2016 desistir de la acción y del derecho (fs. 170).
A los fines de posibilitar el designio ilegal pautado, González y Rodrígez acompañaron carta documento de intimación a Emilio Cortes ( fs. 15) enmendado en dos destinatarios de la misma; certificado de informe de dominio de fecha 13/03/2006 sobre el lote emplazado con frente a calle Mendoza (fs. 11/12), denunciando un domicilio real de los titulares registrales a sabiendas que los mismos no se domiciliaban allí (véase fs. 13, cédula de notificación de fs. 20/21, fs. 22, cédula de fs. 26); a su vez denunciaron como demandados a personas fallecidas, siendo que en el año 1947 - momento de la escritura- Simón Kohan tenía 37 años, Julio Kohan 35 años y Natalio Cortes 49 años, y al momento de ser demandados todos ellos tenían más de cien años de vida, no pudiendo desconocer tal circunstancia (véase fs. 75/81).
Por consiguiente, las maniobras tuvieron por objeto inducir en error al magistrado interviniente - Juez Dr. Alberto Vidal - con el fin de obtener resoluciones que perjudicasen a aquellos que tienen derecho sobre el inmueble. engaño que fue advertido, posteriormente, por el Juez de la causa cuando resolvió de oficio, haciendo hincapié en la avanzada edad de los demandados y el faltante de la pieza de fs. 31 - cédula de notificación a los demandados - la suspensión del procedimiento y la remisión de las actuaciones a la fiscalía n° 10.
La maniobra descripta, contó con la necesaria participación de Andrea Rosana Giménez, quien valiéndose de un documento falso de boleto de compra venta, cedió los derechos y acciones a favor de Mauro Adrián González (fs. 7/8); y no obstante ello promovió juicio de prescripción adquisitiva decenal por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 9, cuyo asiento registral se realizó el 3/10/2003".
El Sr. Agente Fiscal, en ese mismo acto, califica el hecho así narrado, como constitutivo del delito de estafa procesal tipificándolo en el artículo 172 in fine del CP. Se lo imputa a Mauro Adrián González y a María Paula Rodríguez Moran en calidad de co autores, y a Andrea Rosana Giménez como partícipe necesaria.
2. Que, independientemente del orden de los agravios expuesto por el recurrente, en primer lugar se impone analizar el planteo de prescripción de la acción penal.
En este camino, si bien es cierto que la sentencia dictada en sede civil por el entonces Juez Alberto Vidal data del 4 de diciembre del año 2012; también lo es que en ese expediente se continuaron realizando presentaciones a fin de obtener la correspondiente registración de esa sentencia traslativa del dominio, que le asignaba al co encausado Mauro Adrián González mejor derecho sobre el lote en cuestión.
Así, los imputados, tal como lo releva el Ministerio Público Fiscal, efectuaron distintos actos: propusieron escribanía (fecha 26/6/13), presentaron escritos requiriendo el libramiento de segundo testimonio (31/10/13), solicitaron la inscripción de segundo testimonio (en fechas 9/4/14, 24/4/14, 13/5/14 y 25/6/14), lograron el asiento registral de la litis que fue efectivizado el 17 de octubre del año 2014.
Más adelante, el día 24 de agosto del año 2016 se presentaron los aquí coencartados, Mauro Adrián González y la abogada María Paula Rodríguez, en el Juzgado Civil y Comercial n° 14 ratificando el primero de los nombrados las actuaciones realizadas por la mencionada letrada, notificándose de la sentencia y consintiendo la totalidad de lo actuado en la causa ( véase fs. 96, del expediente civil n° 13132/2010 que corre por cuerda).
Por último, el día 29 de agosto de 2016, ambos imputados de mención se presentaron ante la Jueza en lo Civil y Comercial Patricia Noemí Juarez -luego que la magistrada haya dado intervención a la Unidad Fiscal- y desistieron de la acción y del derecho que pretendían.
3. Que en atención a lo señalado, sin ingresar a analizar si la estafa procesal investigada en esta pesquisa se halla consumada o en grado de conato (habida cuenta que en los procesos de fraude procesal difiere el momento consumativo en orden a la naturaleza de los actos procesales conducentes a irrogar perjuicio o disposición patrimonial de la víctima -vg.; proceso de cobro, de cumplimiento de contrato, declarativo, etc.-), lo cierto es que mientras los encausados efectuaron actos tendientes a lograr su objetivo final, todos ellos con fundamento en el error al que indujeron al Juez cuando dictó la sentencia que ordenaba la traslación del dominio del inmueble en cuestión, persisten en la voluntad de llegar al producir un concreto perjuicio en los titulares dominiales.
Nótese que, teniendo en cuenta las particularidades de la figura típica investigada, se debe consignar que ella conlleva a un desdoblamineto entre el destinatario del ardid, en el caso el juez, y los concretos perjudicados, en el supuesto los titulares dominiales. El delito de estafa procesal conserva los componentes básicos de las defraudaciones, estando ante una acción típica, cuyo engaño por medio de un falso título ha resultado idóneo y cuyo fin es una disposición patrimonial como consecuencia directa de ese obrar. En este delito, conocido en doctrina como estafa en triángulo “...la víctima del engaño es el juez, y el ofendido por la estafa la persona a quien afecta la sentencia o resolución judicial dispositiva de la propiedad...” (Donna, Edgardo Alberto, “Derecho Penal, Parte Especial" T.II-B, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 322).
Aquí el engaño logró concretarse dado que el Señor Juez Vidal, con fundamento en las maniobras ardidosas de los co imputados, dictó la correspondiente sentencia donde se reconoce mejor derecho sobre el inmueble en cuestión al co encausado Mauro Adrián González , por sobre los titulares dominiales. El magistrado fue inducido a error.
Luego de obtener esa resolución jurisdiccional que les fue favorable a la pretensión de los aquí causantes, estos continuaron con las distintas maniobras mencionadas en el numeral anterior para lograr que se efectivice el perjuicio patrimonial en las acreencias de los titulares dominiales o en sus herederos.
Todas esas acciones de los co encausados, evidenciadas en el expediente civil, conforman actos hábiles para la consecución de acción penal aquí investigada. Consecuentemente, la prescripción en el caso, comienza a correr cuando los co imputados efectuaron el último acto de ejecución en el iter criminis que importó una manifestación de su voluntad para lograr el fin delictivo propuesto. Ello aconteció cuando el día 24 de agosto del año 2016 se presentaron Mauro Adrián González y la abogada María Paula Rodríguez, en el Juzgado Civil y Comercial n° 14, y el primero ratificó las actuaciones realizadas por la letrada, consintiendo la totalidad de las mismas, notificándose de la sentencia dictada en su favor (véase fs. 96, del expediente civil n° 13132/2010 que corre por cuerda), validando así los actos procesales anteriores con el fin de continuar con la pretensión procesal.
4. Que así, al menos en esta instancia preliminar del presente proceso, la fecha del 24 de agosto del año 2016 debe tomarse como inicio del curso de la prescripción de la acción emergente del hecho descripto en autos por el Sr. Agente Fiscal; dado que en ese día se ejecutó el último accionar donde los co encartados sostuvieron y exteriorizaron su voluntad delictiva tendiente a que se traslade registralmente el dominio del lote de terreno designado como nomenclatura catastral circ. VI, secc. D, manzana 352 b, lindero a calle Vieytes de Mar del Plata.
Entonces, aún no se halla prescripta la acción penal correspondiente y cuya investigación motiva la formación de esta causa (CP; 62 inc. 2 en concordancia con el artículo 172). Ello sin perjuicio del acto interruptivo de su curso, operado el día 1 de octubre del año 2019, con el "primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado" (CP, 67 párrafo 6 inc. "b").
4. Que en otro orden, teniendo en cuenta que el Sr. Defensor en sus agravios ensaya una versión de los hechos exculpatoria respecto de su asistida procesal, donde incluso la posiciona como víctima de autos; se impone consignar que el contexto procesal descripto arriba, aquélla versión que esgrime el apelante con relación a la intervención de su defendida en el hecho de autos, solo emerge de sus dichos.
Nótese que siquiera la encausada Andrea Rosana Giménez concurrió a la citación realizada por el Ministerio Público Fiscal (ver fs. 198), para dar - de entenderlo adecuado a sus derechos- la exposición que considere pertinente al caso.
Luego, en el incipiente estado procesal de la presente investigación, no surge elemento alguno que denote la exculpación que sustenta el recurrente respecto de la intervención que en autos le endilga el Sr. Fiscal a la co encausada Giménez.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento de la instancia obrante a fs. 218/20 vta. mediante el cual la Sra. Jueza de Garantías Rosa A. Frende no hizo lugar al sobreseimiento de la encausada Andrea Rosana Giménez a quién en esta causa se le imputa el delito calificado como estafa procesal previsto en el artículo 172 del CP. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación a fs. 222/3 vta. por parte del Sr. Defensor particular de la encausada, letrado Diego Hernán Rabino Silenzi. Rigen los arts. 62 inc. 2 en concordancia con el artículo 172 y 67 párrafo 6 inc. "b" del CP; 106, 125, 210, 323 inc. 1 a contrario, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Téngase presente la reserva del caso federal efectuada. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia