Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33596
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad impetrada por el recurrente respecto del pronunciamiento dictado el día 25 de agosto del corriente año por el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco;
2Revocar el referido resolutorio;
3Remitir los obrados a la instancia a fin que desde allí se materialice la traba de la medida cautelar patrimonial requerida en autos por el abogado Javier Isaac Arriola en representación de los particulares damnificados Valeria Frugone, Natalia Campanelli, Diana Lopez, Marcela Haydee Diaz, Lucas Narbarte, Carlos Narbarte, Mariana Diez, Aylen Micaela Martinelli y Susana Cristina Martinez, consistente en un pedido de embargo preventivo respecto del cincuenta porciento indiviso del vehículo dominio NPD propiedad de la imputada en autos Virgina Cecilia Erreguerena. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del referido letrado Javier Isaac Arriola. Rigen los arts. 171 Const. prov.; 79 inc. 2; 106, 146, 148, 201 a contrario, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 33596. "ERREGUERENA VIRGINIA CECILIA S/ ESTAFA".
Mar del Plata, 1 de octubre de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 33596, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco, remitiendo a lo que había dispuesto cuando no hizo lugar a las medidas de inhibición general de bienes y embargo preventivo requeridas en autos por el Ministerio Público Fiscal, y toda vez que se fijó en autos audiencia en términos del 308 del CPP para el día 15 de octubre del corriente año, difirió el tratamiento del pedido de embargo preventivo realizado en autos por el abogado Javier Isaac Arriola en representación de los particulares damnificados Valeria Frugone, Natalia Campanelli, Diana Lopez, Marcela Haydee Diaz, Lucas Narbarte, Carlos Narbarte, Mariana Diez, Aylen Micaela Martinelli y Susana Cristina Martinez, ello respecto del cincuenta porciento indiviso del vehículo dominio NPD919 propiedad de la imputada en autos Virgina Cecilia Erreguerena.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el referido letrado Javier Isaac Arriola.
En primer término entiende el recurrente que el resolutorio de la instancia resulta nulo por ausencia de tratamiento de las cuestiones esenciales planteadas en el pedido formulado. Acompaña doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso.
Luego, con el análisis que efectúa del material cargoso obrante en la pesquisa, considera que en el supuesto de autos se cumplen todos los requisitos para el dictado de la cautela patrimonial que solicita.
En el camino indicado puntualiza que las maniobras delictivas imputadas a la encausada, aquí investigadas, conllevan un daño patrimonial a sus representados, estimado en aproximadamente un millón ciento veintinueve mil setecientos tres pesos; extremos estos que se acreditan en la causa con el análisis jurídico que en la pesquisa efectúo el propio Ministerio Público Fiscal cuando, en el mes de enero del corriente año, convocó a Erreguerena a prestar declaración a tenor del artículo 308 del CPP. Concluye, con los argumentos que desarrolla, que en el caso se satisface la exigencia de verosimilitud en el derecho que requiere el dictado del embargo solicitado.
En este último sentido explicita que, el artículo 79 del rito acuerda al particular damnificado el derecho a pedir medidas cautelares patrimoniales, cuando se cumplan los recuados contenidos en el artículo 146 del mismo cuerpo legal. No existe referencia, dirigida al particular damnificado, que supedite el ejercicio del derecho acordado en el citado artículo 79 del CPP a que se produzca la declaración del imputado, tal como lo indica el artículo 197 del rito que se disecciona al juzgador. Luego, aclara que en el supuesto incluso el sujeto pasivo de la medida cautelar patrimonial puede no coincidir con el encausado (vg. civilmente demandado) ó lo fácil que resultaría al imputado suspender, retrasar o hasta no concurrir a la audiencia prevista en los términos del artículo 308 del CPP y así evitar la traba de la medida cautelar patrimonial.
Consecuentemente, sobre el particular considera el Dr. Arriola que legislativamente se dan dos supuestos con sus disimiles requisitos. Y, en el caso, el legislador no incluyó la previa recepción de declaración del encausado entre las exigencias para que el particular damnificado pueda ejercer el derecho a peticionar y obtener medidas cautelares patrimoniales, que aseguren el pago de la indemnización civil y costas del proceso, tal como lo ordena el artículo 79 del CPP.
En otro orden entiende que en la cuestión traída emergen violaciones de derechos convencionalmente garantizados, que implican el derecho de las víctimas para acceder a herramientas procesales adecuadas a fin de obtener la reparación de los perjuicios provocados por el delito. Acompaña los distintos documentos internacionales sobre le tópico.
Con todo, requiere que este Tribunal declare la nulidad de la sentencia apelada y ordene el embargo preventivo respecto del cincuenta porciento indiviso del vehículo dominio NPD919 propiedad de la imputada en autos Virgina Cecilia Erreguerena.
3. Que dado el pedido de nulidad que contiene el recurso impetrado, desde esta instancia se dio vista al Sr. Fiscal General quien en el pertinente responde propugna el rechazo de tal solicitud.
1. Que en primer lugar se debe expresar que el auto de la instancia no resulta nulo, tal como lo requiere el recurrente, dado que el sentenciante de grado en el pronunciamiento aquí impugnado precisamente remite a un resolutorio suyo anterior, donde denegó medidas cautelares patrimoniales que en esa ocasión habían sido requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
Es de notar que en esa sentencia, dictada el día 10 de junio del corriente año, entre otras argumentaciones expresa que en el caso no se cumplen las exigencias contenidas en el artículo 197 del rito puesto que la encausada aún no prestó declaración en autos. Este extremo, tampoco se encuentra presente ante el pedido de embargo que formula el letrado Arriola y, precisamente, por este fundamento el a quo difiere el tratamiento de la cautela requerida.
Así, no corresponde dictar la nulidad del auto impugnado, tal como lo solicita el recurrente. Rigen los artículos 171 de la Const. Provincial; 106, 201 a contrario CPP.
2. Que, sentado lo anterior, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios que sustentan la apelación en trámite.
En este sentido entendemos que en el caso, incluso antes de producirse el concreto acto de defensa material previsto en el artículo 308 del CPP, la exigencia de verosimilitud en el derecho se halla cumplida con el llamado del Ministerio Público Fiscal realizado a tenor del citado artículo.
Así, en el trámite de autos, el día 3 de enero del corriente año el Sr. Agente Fiscal convocó a la encausada Erreguerena a que preste declaración, haciéndole saber allí los ocho hechos delictivos que le intimaba, las constancias existentes en autos que motivaban ese acto procesal, y la calificación legal de estafa, y subsidiaria de defraudación por uso ilícito de tarjeta de crédito, que le asignó a cada uno de esos eventos individualizados, los que por otro lado concurrían materialmente. Este acto procesal del órgano requirente estatal, que implica una ponderación de lo colectado y denota una "apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar", satisface la exigencia de verosimilitud en el derecho que requiere el dictado de una medida cautelar patrimonial tal como lo señala el artículo 146 inc. 1 del CPP.
A mayor abundamiento, la referida sindicada fue adecuadamente notificada de ese llamado, tal como surge de la diligencia practicada por la Delegación Departamental de Investigaciones el día 5 de febrero del corriente año en su domicilio. No se presentó y fue nuevamente convocada para el día 26 de marzo, mediante un auto dictado por el Sr. Agente Fiscal Bruna el día 27 de febrero. Este último acto tampoco se realizó y fue otra vez llamada para declarar el venidero 15 de octubre del corriente año. Estas particularidades detalladas, en el supuesto, sustentan el requisito contenido en el segundo inciso del artículo 146 del CPP, más allá que el mismo emerge en el caso, con la exigencia propia de la instancia cautelar, de las características de los ocho hechos que se imputan a Erreguerena y de sus condiciones personales (detalladas en el informe policial efectuado a tenor de los artículos 26 y 41 del CP), de donde se infiere que el paso del tiempo conllevaría a la existencia de "peligro cierto de frustración de los fines del proceso". Rige el citado artículo 146 inc. 2.
En lo restante, tanto la estimación del perjuicio producido por los hechos que aquí se investigan que efectuó oportunamente el Ministerio Público Fiscal, cuanto la que realiza el letrado Arriola en esta ocasión, resulta proporcional en el caso entre la medida requerida y el objeto que se pretende tutelar con la misma.
Consecuentemente, se reúnen todas las exigencias legales para la procedencia de la cautela patrimonial requerida por el letrado Arriola.
Por último, en la instancia al momento de implementar el embargo aquí solicitado, deberá estimarse la correspondiente contracautela que se ajuste al supuesto dado. Rigen los artículos 79 inc. 2, 146 y cctes. CPP.
PABLO MARTÍN POGGETTO MARCELO AUGUSTO MADINA
Juez Juez
Disidencia del Sr. Juez Raúl Alberto Paolini:
Entiendo, tal como expresamente lo norma el artículo 197 del CPP, que para la precedencia de las medidas cautelares patrimoniales en el marco de un proceso penal se requiere que la instancia de declaración del encausado, como trámite procesal, se haya producido en la investigación penal preparatoria.
Si en el caso, tal como acontece en autos, la imputada no se presenta a la convocatoria del Ministerio Público Fiscal realizada en los términos del artículo 308 del CPP, deberá el órgano requirente estatal realizar todas la diligencias pertinentes para lograr a la brevedad la celebración del acto- vg. comparendo compulsivo- en atención al análisis de las pretensiones que puediera efectuar el particular damnificado, máxime en delitos de índole patrimonial como el presente. Y sin pretender constituirme en instructor de estos actuados, más allá de lo resuelto por mis colegas y cuya mayoría me obliga, considero que el Sr. Agente Fiscal debería extremar los recaudos para que, incluso antes de la fecha fijada en autos (15 de octubre venidero), la imputada se presente a prestar su declaración a tenor del artículo 308 del CPP, tal como fuera convocada durante los meses de febrero y marzo del corriente año.
RAUL ALBERTO PAOLINI
Juez
Por todo ello, este Tribunal por mayoría resuelve: 1). Rechazar la nulidad impetrada por el recurrente respecto del pronunciamiento dictado el día 25 de agosto del corriente año por el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco; 2). Revocar el referido resolutorio; 3) Remitir los obrados a la instancia a fin que desde allí se materialice la traba de la medida cautelar patrimonial requerida en autos por el abogado Javier Isaac Arriola en representación de los particulares damnificados Valeria Frugone, Natalia Campanelli, Diana Lopez, Marcela Haydee Diaz, Lucas Narbarte, Carlos Narbarte, Mariana Diez, Aylen Micaela Martinelli y Susana Cristina Martinez, consistente en un pedido de embargo preventivo respecto del cincuenta porciento indiviso del vehículo dominio NPD propiedad de la imputada en autos Virgina Cecilia Erreguerena. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del referido letrado Javier Isaac Arriola. Rigen los arts. 171 Const. prov.; 79 inc. 2; 106, 146, 148, 201 a contrario, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese al apelante y al Ministerio Público Fiscal. Devuélvase a la instancia para implementar lo aquí resuelto.
Fin de la sentencia