Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 32796
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, este Tribunal resuelve, por mayoría: Confirmar la resolución dictada con fecha 9 de septiembre por la Juez de Garantías, Rosa A. Frende que dispone el sobreseimiento de Adriana Bernardina Hernández. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el letrado Esteban Trionfetti, apoderado de la particular damnificado Marina Atlante. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 56 bis, 106, 210, 268, 323 inc. 7°, 421, 434, 439 y ccdtes. del CPP.
c. 32796. "FANTINI MARCELO - HERNANDEZ ADRIANA - HERNANDEZ ALICIA Y OTROS S/ CIRCUNVENCION DE INCAPACES, ESTAFA".
En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de Febrero de 2021, se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 32796 caratulados "FANTINI MARCELO - HERNANDEZ ADRIANA - HERNANDEZ ALICIA Y OTROS S/ CIRCUNVENCION DE INCAPACES, ESTAFA", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Paolini - Poggetto - Riquert.
Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el letrado de la particular damnificada, Dr. Esteban Trionfetti, contra la resolución dictada con fecha 9 de septiembre por la Juez de Garantías, Rosa A. Frende que dispone el sobreseimiento de Adriana Bernardina Hernández.
Critica que el resolutorio desconoce los principios mas básicos de derecho procesal, como es el carácter de imputado, o "indicado" por cualquier acto "como participe de un hecho delictuoso desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra", haciéndolo inclusive, hasta en la propia resolución de fecha 09 de Septiembre de 2.020, cuando infundada y erróneamente se identifica a la Sra. Adriana Bernardina Hernandez como imputada, cuando ni tangencialmente hay, ni hubo, un solo elemento a los largo de las actuaciones que así lo acredite, desconociendo la sentencia, llamativamente, qué relación procesal tenía no solo la Sra. Adriana Bernardina Hernandez con el proceso penal, sino todo el resto de los denunciados.
Entiende que se ha ordenado pues, de manera infundada, prematura, e intempestiva, la finalización del proceso penal no solo en contra de esta, sino contra el resto de personas meramente denunciadas, reduciéndose ostensiblemente los plazos de prescripción de una investigación signada por una clara predisposición del Sr. Agente Fiscal interviniente al archivo de las actuaciones, irrogándose además conocimientos técnicos totalmente extraños a rango de su especialidad, lo que sentencio de muerte la suerte de la investigación, y de cualquier idea de justicia.
Afirma que no nos encontramos ante la presencia de imputados determinados. Destaca que el art. 60 del CPPBA establece que para que "cualquier persona" que se encuentre indicada como participe de un hecho delictuoso ejerza los derechos de un imputado tiene que existir un "primer momento de persecución penal dirigida en su contra". Vale decir que para ser imputado deben existir actos procesales (del Fiscal o del Juez) o procedimientos que indiquen que se tiene la calidad de autor, y no del denunciante quien desde ya carece de facultades a tales efectos como se pretende. Claramente no hubo actividad alguna por parte del fiscal o del juez en este sentido. Por lo tanto, si no existen actos de persecución penal en contra de una persona, no puede ejercer los derechos de un imputado.
Explica que de las constancias de las actuaciones puede observarse con total claridad que respecto de la denunciada, ni tampoco respecto de ninguno del resto de los denunciados, existe un solo acto de persecución en términos penales en su contra. Cita doctrina que entiende aplicable.
Aclara que hasta el momento en que se dispone la medida de archivo (no habiendo variado su situación procesal respecto de ninguno de ellos) la investigación se encontraba en un estadio absolutamente embrionario, ya que el fiscal no había valorado hasta ese entonces elementos aún para su citación, o indicación precisa, como presunto partícipes, u otra.
Alega que no puede pretenderse que un sujeto adquiera la condición de imputado por el solo hecho de mencionarse su nombre en una denuncia. Caso contrario debo concluir que, de permitirse el cercenamiento de cualquier investigación en estas irregulares condiciones, prácticamente obligaría, como buena practica o técnica procesal, a concurrir a la oficina de determinación de autores a los efectos de no brindar herramientas a los denunciados de "salirse" de la investigaciones fácilmente mediante estas válvulas de escape, siendo estos beneficios precisamente para imputados determinados o privados de libertad según el espíritu de la norma, supuestos ante los cuales cobran vigor garantías procesales y constitucionales, pero claramente no ante este tipo de supuestos, dándose interpretaciones sumamente abarcativas y elásticas de ciertas normas procesales que necesariamente conllevan incitas un excesivo garantismo en la investigación con una textura tan abierta que sin lugar a dudas cobijan prácticamente todos los supuestos, y desde ya atentan contra las reglas y normas del procedimiento, a lo que debemos sumar como agravante la falta de recursos humanos y colapso de tareas de las fiscalías que dilatan las investigaciones, situaciones todas estas que no pueden aparecer en provecho de meros denunciados, cuando además el fiscal en este caso concreto colocó la suerte de la investigación en manos de la particular damnificada, con todas las dificultades que ello acarrea. Cita las normas que entiende violentadas.
Asimismo, entiende que la resolución aplica erróneamente lo normado por el art. 323 inc. 7° del CPP. Sostiene que la ley requiere un imputado determinado, por lo que debe existir como mínimo una resolución que disponga la notificación del art. 60 del CPP.
Peticiona se haga lugar al recurso y se revoque el sobreseimiento, reanudándose la investigación.
Estando las actuaciones en condiciones de ser resueltas, el Tribunal resuelve plantear la siguiente CUESTIÓN:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Paolini dijo:
1. Se advierte que la cuestión traída a resolver resulta análoga a lo ya resuelto por este Tribunal con anterioridad respecto de los coimputados (resol. de fecha 27/12/2019).
De este modo, corresponde reiterar mi voto en cuanto tiene al sujeto como imputado.
Ello, por cuanto el art. 60 del CPP posee una redacción amplia, que debe también ser interpretada en forma extensiva, conforme también lo indica la doctrina y jurisprudencia. Así, la norma expresa que "Se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito. Los derechos que este código acuerda al imputado podrá hacerlos valer cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra".
Lo anterior acontece aún cuando no hubiera habido un acto formal de persecución, como el llamado a declaración indagatoria (art. 308 del CPP), o incluso anterior a ello la notificación del art. 60 del CPP, en algunas circunstancias.
El concepto de imputado hace referencia a aquél sindicado o sospechado como partícipe de un hecho que se denuncia como delictivo. En el caso, la denuncia formulada se direccionaba hacia personas determinadas, quienes fueron indicadas con precisión por el particular damnificado, surgiendo incluso a fs. 211 y 220 la designación de defensor particular (el Dr. Murias) por parte de dos de los sindicados (Luis Oscar Hernandez y Alicia Susana Hernandez), como también la notificación al citado defensor de las citaciones a declaraciones testimoniales ordenadas por el Ministerio Público Fiscal (ver fs. 236 y 238).
De lo anterior, surge quiénes son los sujetos pasivos de la investigación, habiendo incluso antes de disponerse su archivo ejercido su derecho de defensa dos de los sindicados. Huelga destacar, que en la carátula de la IPP se encuentran mencionados los nombres de las personas investigadas.
2. Sentado ello, en cuanto a que a criterio del suscripto poseen el carácter de imputados, debe ahora estudiarse si se dan las exigencias del art. 323 inc. 7° del CPP.
El segundo párrafo de ese inciso reza que "En todos los casos de archivo con imputado determinado, también a pedido de parte, podrá procederse de igual modo cuando hubiera transcurrido desde la fecha de la resolución que lo dispuso, un plazo superior a los tres (3) años si se tratara de causa criminal y superior a un (1) año cuando lo sea respecto de causa correccional".
Resulta lógico suponer que si el primer párrafo se destina a los casos de archivo condicionado (normado por el art. 56 bis del CPP), el segundo, al hacer referencia a "todos los casos de archivo con imputado determinado", comprendería tanto un archivo en los términos del art. 56 bis del CPP sin condiciones, como los casos de archivo conforme el art. 268 del mismo cuerpo legal, cuando surgiere la existencia de un imputado.
Consecuentemente, el caso es de aquellos comprendidos por la norma. Nótese que se utiliza una redacción amplia, que no permitiría restringir o distinguir entre distintos supuestos de archivo y, a su vez, el propio Código cita al art. 268 entre las concordancias, lo que también habilita a pensar que ese caso de archivo se contiene.
En función de lo expuesto, propongo al acuerdo se confirme el resolutorio en cuanto dispone el sobreseimiento de Adriana Bernardina Hernández.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Poggetto dijo:
Adelanto que tratándose de la misma cuestión que se planteara en ocasión anterior en estas actuaciones, he de reiterar mi voto disidente con el Dr. Paolini.
Las presentes actuaciones se iniciaron con una denuncia formulada con fecha 28 de diciembre de 2017 donde se individualiza una nómina de personas (por nombre y documento de identidad) a las que se les atribuye la comisión del delito de Defraudación por circunvención de incapaz (v. fs. 1/81 y vta.).
Posteriormente con fecha 13 de septiembre de 2018, tras algunos actos de investigación del suceso denunciado, el Agente Fiscal dispuso el archivo de las actuaciones en los términos del art. 268 4to párrafo del CPP, toda vez que concluyó que no se pudo acreditar la materialidad delictiva (v. apartado 4.2 de la disposición de fs. 275/288).
Finalmente la Sra. Juez 'a quo', a pedido de las personas denunciadas, dictó con fechas 27 de septiembre, 23 de octubre de 2019 y por último el 9 de septiembre de 2020, la conversión de aquel archivo de la encuesta en distintos sobreseimientos en favor de cada una de los solicitantes, fundando ello en lo normado en el artículo 323 inc. 7 del CPP (v. fs. 316/7 y fs. 342/344 y vta.).
Tal como lo señalé en la ocasión anterior, debo discrepar con lo resuelto. Si la judicatura entiende que las personas denunciadas poseen derecho a que se resuelva su situación procesal, el análisis debe enmarcarse el contexto de lo establecido en el artículo 323 incisos 2 y 3, ello, claro está, teniendo como base el dictamen fiscal del archivo dispuesto, es decir si se comparte que el hecho investigado no ha existido o si el hecho atribuido no encuadra en una figura legal.
Prístinamente, para el dictado del sobreseimiento del art. 323 inc. 7 del Código ritual, el dictamen fiscal que le dé base es el del art. 56 bis del mismo cuerpo legal. Sólo en este supuesto una persona vinculada al proceso, como imputado determinado, puede por el transcurso del tiempo, solicitar la conversión del dictamen administrativo del MPF que lo tuvo como destinatario (con condiciones o sin ellas), luego de un lapso temporal sin que la parte requirente haya demostrado interés en la prosecución, pedir su conversión en una resolución jurisdiccional que cierre definitiva e irrevocablemente el proceso a su favor, haciendo cosa juzgada formal y material.
La doctrina se inclina por esta posición en relación a la procedibilidad del dictado de sobreseimiento por conversión del art. 323 inc. 7 del CPP: "Esta fórmula de sobreseimiento tiene por finalidad, por un lado, desvincular del proceso a quienes hayan cumplido con la reparación acordada, y por otro, que las personas imputadas en una causa penal archivada vean resuelta su situación procesal en forma definitiva, luego de transcurrido un lapso prudencial en que la fiscalía no reinició la investigación. Es de destacar que los archivos resueltos por el art. 268 4° párrafo C.P.P.B.A. no son pasibles de sobreseimiento -en tanto en ellos no hay acuerdo entre partes a cumplirse ni imputados determinados- pues, precisamente, la causa del archivo es la falta de elementos para determinar la existencia del hecho o la identificación de alguna persona en dicha calidad. De todos modos, si se demostrara que la investigación penal se orientó contra una persona determinada, ésta tendrá legitimidad para reclamar su sobreseimiento ante el juez de garantías, ya que el carácter de imputado y su consecuente derecho a que se defina su situación procesal no puede quedar al arbitrio del trámite que el fiscal otorgue al caso (Granillo Fernández, Héctor y otro. Código de Procedimiento Penal Comentado y anotado, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2005, pág. 669).
Por lo tanto, corresponde revocar el sobreseimiento dictado por la Juez de Garantías.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Riquert dijo:
Adhiero al voto del Dr. Paolini por ser mi sincera convicción y aducir los mismos fundamentos.
Por todo ello, este Tribunal resuelve, por mayoría: CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de septiembre por la Juez de Garantías, Rosa A. Frende que dispone el sobreseimiento de Adriana Bernardina Hernández. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el letrado Esteban Trionfetti, apoderado de la particular damnificado Marina Atlante. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 56 bis, 106, 210, 268, 323 inc. 7°, 421, 434, 439 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
PABLO MARTÍN POGGETTO
JUEZ
RAÚL ALBERTO PAOLINI
JUEZ
MARCELO ALFREDO RIQUERT
JUEZ
Fin de la sentencia