Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 38401
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia dictada con fecha 20 de marzo del corriente año por la la Sra. Juez Inés Haydée Olmedo, integrante del cuerpo de magistrados suplentes designada en el Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, mediante la cual y tras la celebración de juicio oral, condenó a Arturo Vicente Almada a la pena de cuatro (4) años de prisión, con costas, en orden a considerarlo autor penalmente responsable del delito de Estafa reiterada en once (11) hechos en concurso real (arts. 172, 45 y 55 del Código Penal), disponiendo que la pena se ejecute bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en atención a su edad y estado de salud. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por la Defensora Oficial María Laura Solari. Rigen los artículos 40, 41, 55 y cctes. CP; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes. del CPP).
Cámara de Apelación y Garantías
Sala III
38401 "ALMADA VICENTE ARTURO S/ESTAFA".
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 38401 caratulados "ALMADA VICENTE ARTURO S/ESTAFA" y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martín Poggetto, Alfredo José Deleonardis y Adrián Angulo.
Con fecha 20 de marzo del corriente año, la Sra. Juez integrante del cuerpo de magistrados suplentes designada en el Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Inés Haydée Olmedo, tras la celebración de juicio oral procedió a dictar sentencia condenando a Arturo Vicente Almada a la pena de cuatro (4) años de prisión, con costas, en orden a considerarlo autor penalmente responsable del delito de Estafa reiterada en once (11) hechos en concurso real (arts. 172, 45 y 55 del Código Penal), disponiendo que la pena se ejecute bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en atención a su edad y estado de salud.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Defensora Oficial Dra. María Laura Solari, circunscribiendo su impugnación al monto de la pena impuesta. Como motivo de agravio, cuestionó los agravantes valorados por la sentenciante como así también cuestionó la insuficiente ponderación de los atenuantes introducidos por la defensa en favor del imputado y que fueran receptados por la a quo. En virtud de ello, solicita se revoque parcialmente el pronunciamiento impugnado y se imponga a su asistido una pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión de ejecución condicional.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez Pablo Martin Poggetto dijo:
I. En primer término la recurrente se agravia de haber valorado la señora Jueza de primera instancia como agravantes la extensión del perjuicio ocasionado como así también la reiteración delictiva. En relación al primero expresó que tal circunstancia forma parte del tipo penal aquí imputado de manera que hacer una valoración en este sentido implica otorgar un doble disvalor de una misma cuestión y, en relación a la reiteración de hechos, expresó que por sí sola no permite elevar de una manera automática la sanción a imponer pues se trata de un concurso de delitos.
Es dable señalar que Almada fue condenado como autor de once delitos de estafa cuyo modus operandi consistió en que durante casi un año y mediante el ardid de aparentar integrar una empresa solvente denominada "Vimat Constructora", sita en Avenida Champagnat 2301 de esta ciudad, y utilizando documentación adulterada, ofreció a distintas personas la construcción de viviendas preconstituidas, haciendo caer en error a los interesados, percibiendo de éstos importantes sumas de dinero, por supuesto, sin realizar nada de lo acordado contractualmente.
Prístinamente emerge de cada uno de los sucesos acreditados que los damnificados aportaron fuertes sumas de dinero, habida cuenta que el objeto de interés resultaba la construcción de una vivienda, y en este sentido el perjuicio ocasionado con la maniobra ardidosa resulta de importancia patrimonial. Así la extensión del perjuicio económico resulta correctamente valorado como agravante.
En cuanto a la reiteración delictiva, la defensa sostiene que su consideración como agravante resultaría improcedente, por cuanto deriva de un concurso de delitos juzgados en la misma sentencia. Sin embargo, dicha postura no se condice con la correcta inteligencia del art. 41 del Código Penal. En efecto, si bien nos encontramos ante un concurso real de delitos, y en tal caso las reglas de concurso amplían en abstracto el marco punitivo en que el magistrado podrá individualizar la pena, ello no es impeditivo para merituar la cantidad de delitos cometidos -once, en el presente-, como un factor determinante de su individualización en concreto.
El mencionado artículo habilita a valorar, al momento de individualizar la pena, los antecedentes y circunstancias del/los hechos que permitan mensurar con mayor precisión el desvalor de la conducta y la culpabilidad del autor. En ese sentido, la pluralidad de hechos punibles cometidos por el imputado revela una mayor intensidad del injusto, que no puede ser ignorada por el juzgador.
En el mismo sentido se expidió el máximo tribunal provincial, la Suprema Corte de Justicia provincial expresó que el número de hechos traduce una repetición de decisiones delictuales reveladoras también de mayor peligrosidad, de manera que la acumulación prevista en el art. 55 del Código Penal no excluye la utilización de aquella circunstancia como agravante en los términos de los arts. 40/1 del Código de fondo (P. 60.946 sentencia del 17/8/99 y P 83.523 sentencia del 22/4/2009).
Así entonces, la reiteración fáctica de conductas antijurídicas, aunque sean juzgadas en unidad procesal, constituye un dato objetivo que incrementa el juicio de reproche y justifica una respuesta penal más severa, en tanto evidencia una decisión sostenida en el tiempo de desconocer el orden jurídico, más cuando como en el caso en tratamiento que, aún considerando el máximo legal previsto para el concurso, éste es inferior ostensiblemente al que correspondería a la suma de los máximos, conforme la cantidad de delitos cometidos.
II. También la parte recurrente se agravió en cuanto a que la magistrado de primera instancia al dictar sentencia, acogió la propuesta de esa parte en considerar como atenuantes la edad avanzada del imputado, su delicado estado de salud y su precaria situación económica, pero ello no tuvo incidencia en la pena impuesta, cuatro años de prisión, que fuera la misma solicitada por el MPF, quien sólo había considerado como atenuante la confesión de su defendido.
Debo decir que en los procesos donde al decisorio final -veredicto y sentencia- se arriba mediante el proceso ordinario de debate oral, los jueces no estamos limitados en la determinación de la pena en cuanto a su quantum a coincidir con la pretensión acusadora, poseyendo potestad para fijar la misma al contenido del/los injustos acreditados y al grado de culpabilidad del autor, a diferencia de los procesos abreviados donde el acuerdo de parte impone un límite sancionador.
En este sentido la Sra. Juez a quo, valorando los agravantes considerados en el punto anterior, y aún incorporando atenuantes propuestos por la defensa, merituó adecuado imponer la pena en ciernes.
Sobre este aspecto, resulta pertinente recordar que la individualización judicial de la pena es una facultad exclusiva del órgano jurisdiccional, quien debe ponderar autónomamente los elementos que hacen a la entidad del injusto y la culpabilidad del autor, sin quedar vinculado a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Así lo ha reconocido el Tribunal de Casación Penal en fallo plenario, al sostener que "la facultad de establecer la pena dentro del marco previsto por el legislador corresponde exclusivamente al juez del caso" (Plenario Causa n.º 6467, Sala I, "N.N. s/ recurso de queja", rta. 18/12/2002).
Así, no se advierte en el razonamiento del sentenciante ningún exceso, ni una aplicación arbitraria de la ley penal, sino una correcta ponderación de las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto, conforme a los principios de proporcionalidad y culpabilidad que rigen en materia penal.
En definitiva, los agravios formulados por la defensa no logran conmover los fundamentos de la sentencia apelada, que se presenta como razonable, debidamente motivada y respetuosa de las garantías del debido proceso.
Por todo lo expuesto, voto por rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmar en todos sus términos la sentencia condenatoria dictada en autos.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez Alfredo Jose Deleonardis dijo:
Adelanto que habré de disentir parcialmente con el voto del Juez Poggetto, colega que me precede en el voto.
Integrando el Tribunal Oral Criminal N° 4 Dptal., me he pronunciado en distintos casos en que me tocara intervenir (ver, por todos, c. 2.446, "Cerrutti, Fernando Javier s/ falsific. doc. púb. reit. -tres hechos en concurso real-, sent. del 14/6/2023), sosteniendo que la "reiteración delictiva" derivada exclusivamente del concurso real de delitos que se juzga en la presente causa no corresponde ser valorada como circunstancia agravante, en el sentido previsto por los arts. 40/41 del C.P. pues, tal como lo tiene resuelto el Tribunal de Casación Penal provincial: "Sentado que la concurrencia de ilicitudes moviliza en el derecho penal argentino una escala penal agravada (art. 55 del Cód. Pen.), resulta claro que la reiteración delictiva no puede invocarse como agravante, toda vez que, además de configurar doble consideración de una misma circunstancia, plasmaría infracción a la lógica jurídica, habida cuenta de que la mayor especificidad de la regla apuntada desplaza las consideraciones de orden genérico contenidas en los art. 40 y 41 del Código Penal..." (Sala I, sent. del 21/6/2001 en causa 912, "Díaz y Díaz").
Ello en modo alguno implica que no comparta los argumentos de mi colega preopinante cuando afirma que el art. 41 del C.P. habilita a valorar, al momento de individualizar la pena, los antecedentes y circunstancias del o de los hechos, que permitan mensurar con mayor precisión el desvalor de la conducta y la culpabilidad del autor. Solo que interpreto que este análisis debe realizarse individualmente respecto de cada uno de los hechos que se tienen por probados, a fin de establecer el concreto desvalor de cada conducta y el grado de culpabilidad que le cabe al autor en cada una de ellas.
Postulado en esos términos, no suscribo que la reiteración de hechos punibles revele "una mayor intensidad del injusto".
Entiendo, sí, que la reiteración de conductas antijurídicas debe incrementar el juicio de reproche y justifica una respuesta penal más severa que la que correspondería en caso de tratarse de un único comportamiento, en tanto evidencia una decisión sostenida en el tiempo de desconocer el orden jurídico, como bien afirma el Juez Poggetto en su voto. Solo que interpreto que esa es precisamente la razón de ser que justifica el incremento punitivo establecido por el art. 55 del Código Penal "cuando concurrieren varios hechos independientes", llevando en estos casos la pena máxima que puede ser impuesta hasta "la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos", fijando como tope que no sea superior a cincuenta años de reclusión o prisión.
Entonces, ya no se trata de las pautas generales mencionadas por los arts. 40/41 del CP para mensurar, en más o en menos, el desvalor de injusto y grado de culpabilidad del autor que corresponde a cada hecho en particular, lo que indefectiblemente debe cumplirse en todos los casos -sean una o varias las conductas a juzgar-, sino de una regla específica para los casos de "reiteración delictiva" exclusivamente aplicable al concurso real de delitos que se juzga en una causa, la que por su especificidad entiendo que debe ser aplicada en proporción al incremento en el juicio de reproche precisamente derivado de esa reiterancia, que justifica la respuesta penal más severa expresamente prevista por el citado art. 55 CP.
En cuanto a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia que se citan (P. 60.946 y P. 83.523), sin desconocer que en el pasado ha sido doctrina legal que la aplicación en un caso de la regla del art. 55 CP no impide valorar la reiteración delictiva como reveladora también de mayor peligrosidad, en los términos de los arts. 40/41 del C.P., de la lectura de los votos de la Sra. Juez Dra. Kogan, al que adhiere el Sr. Juez Dr. Soria en el último fallo citado, sosteniendo que "... no es posible advertir la contradicción que (el Fiscal) le atribuye al pronunciamiento por haber descartado como circunstancia agravante la reiteración delictiva -en razón de hallarse incluida en la mayor pena que corresponde al concurso real- y luego no reflejar dicha situación al establecer el quantum punitivo, pues esta segunda afirmación configura tan solo una hipótesis del recurrente, desprovista de todo sustento", criterio éste que hiciera mayoría junto al Ministro Negri, dejando en minoría al primer voto del Ministro Pettigiani que sostuviera el criterio consabido sobre este punto. Aún cuando no lo consigna expresamente, del citado voto de la doctrora Kogan y de la adhesión del doctor Soria (los únicos de aquellos Ministros que actualmente integran el Alto Tribunal) puede inferirse que no encuentran incorrecto el temperamento que aquí se sostiene.
Aclarada mi posición con respecto a los motivos por los que no habré de valorar la reiteración delictiva como circunstancia agravante (CP: 40/41), debo decir que, en lo demás, suscribo y adhiero a todas y cada una de las consideraciones que efectúa el Juez Poggetto, por compartir los fundamentos en los que las apoya.
En cuanto a la pena que estimo adecuada al presente caso, producto de la detracción de la circunstancia agravante ya aludida, entiendo que debe ser modificada la impuesta por la Jueza de grado, y establecerse en tres (3) años y seis (6) meses de prisión, con más las accesorias legales y costas del proceso.
Así lo voto, por ser mi sincera y razonada convicción (CPP: 210 y 373).-
A la cuestión planteada el señor Juez Adrian Angulo dijo: Voto en igual sentido que el colega Pablo Martín Poggetto, adhiriendo a todos los términos de su sufrago y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos y citas legales el Tribunal, por mayoría, resuelve: confirmar la sentencia dictada con fecha 20 de marzo del corriente año por la la Sra. Juez Inés Haydée Olmedo, integrante del cuerpo de magistrados suplentes designada en el Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, mediante la cual y tras la celebración de juicio oral, condenó a Arturo Vicente Almada a la pena de cuatro (4) años de prisión, con costas, en orden a considerarlo autor penalmente responsable del delito de Estafa reiterada en once (11) hechos en concurso real (arts. 172, 45 y 55 del Código Penal), disponiendo que la pena se ejecute bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en atención a su edad y estado de salud. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por la Defensora Oficial María Laura Solari. Rigen los artículos 40, 41, 55 y cctes. CP; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes. del CPP).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2025 10:11:17 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2025 10:49:20 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2025 11:46:17 - ANGULO Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2025 12:01:36 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 09/06/2025 12:01:56 hs. bajo el número RS-24-2025 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia