Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 28413
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el auto dictado por el Juez en lo Correccional, Jorge L. Rodriguez, en cuanto suspende este proceso a prueba en relación a Juan Antonio Marchisio y Consuelo Zaldivar, filiados en autos, por el lapso de dos años, imponiéndoles como reglas obligatorias de conducta por el mismo plazo las de fijar domicilio en la Provincia de Buenos Aires y someterse al contralor del Patronato de Liberados.. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 76 bis del CP; 1, 15, 21, 106, 210, 404, 421, 422, 434, 439, 440, 445 y ccdtes. del CPP.
c. 28413. "MARCHISIO, Juan Antonio - ZALDIVAR, Consuelo. Estafa procesal en grado de tentativa y uso de documento privado falso".
Mar del Plata, de Agosto de 2016.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 28413, y de cuyas constancias,
1. Con fecha 29 de junio de 2016 el Juez en lo Correccional, Jorge L. Rodriguez, resuelve suspender este proceso a prueba en relación a Juan Antonio Marchisio y Consuelo Zaldivar, filiados en autos, por el lapso de dos años, imponiéndoles como reglas obligatorias de conducta por el mismo plazo las de fijar domicilio en la Provincia de Buenos Aires y someterse al contralor del Patronato de Liberados.
2. Contra dicho resolutorio interpone apelación el Fiscal Carlos David Bruna a fs. 297/9vta.
Se agravia del resolutorio en cuanto entiende que la oposición Fiscal resulta arbitraria. Sostiene que la ausencia de consentimiento fiscal radica en que el monto ofrecido como reparación del daño resulta ser irrazonable, lo que contradice la manda del art. 76 bis párrafo tercero del CP.
Hace referencia a los antecedentes del caso e informa que los imputados ofrecieron en concepto de reparación del daño la suma de $280.000, dinero que sería obtenido mediante la tramitación de un posterior crédito hipotecario. Añade que se ha realizado una tasación privada sobre los terrenos, estimándose como valor mínimo de cada uno de los lotes en la suma de $120.000, con lo cual el valor de los inmuebles asciende a $1.080.000.
Ante la imposibilidad económica de los imputados de contar con dicha suma, la Fiscalía propuso completar la oferta con la devolución de seis de los lotes en conflicto, que se encuentran liberados y sin construcción alguna. Aclara que el Ministerio Público tuvo en miras la admisibilidad y procedibilidad de la suspensión del juicio, estimándose que dicha reparación resultaba a todas luces posible, por cuanto estamos en un grupo de inmuebles que son independientes y que deja a salvo la construcción efectuada por los Sres. Marchisio y Zaldivar sobre tres de los terrenos en cuestión, pero la férrea oposición de los encartados es demostrativa de no haber internalizado el disvalor de su acción, ni de tener vocación de remediar el conflicto que ellos mismos provocaron.
Cita doctrina y jurisprudencia, concluyendo que se ha resuelto la suspensión del juicio a prueba sin el consentimiento del acusador público y eludiendo el examen de los argumentos de su oposición, violándose la norma que se desprende de los párrafos 3° y 4° del art. 76 bis del CP, por lo que se ha inobservado el principio acusatorio y de debido proceso.
El recurso es sostenido por el Fiscal General a fs. 324/6, añadiendo el Dr. Garello diversa jurisprudencia en favor de la postura del Ministerio Público.
3. Asimismo, presenta apelación el particular damnificado Oscar G. Alonso con el patrocinio del letrado Carlos A. De Rosa, a fs. 316.
Destaca la inconsistencia de la propuesta que estaría condicionada al efectivo otorgamiento del crédito bancario, que resulta incierto y eventual. Esta inconsistencia ha llevado a esa parte y a la Fiscalía a oponerse al otorgamiento del beneficio solicitado.
Señala que la falta de concreción en el objeto de la propuesta es tan evidente que la concesión del beneficio es absurda e irrazonable. Critica que la decisión no debe quedar circunscripta a los aspectos meramente formales, pues se requiere la valoración de un contexto vivencial en el que no pueden dejar de ponderarse los factores humanos, el bien jurídico protegido, y los aspectos axiológicos que deben sustentar a toda decisión judicial.
Refiere que la oferta del Fiscal de devolución de seis de los lotes que ocupan sin título alguno, no aludía al plano puramente económico sino al indispensable desprendimiento que desde lo ético debe poner de manifiesto todo aquél que pretenda no ser juzgado para evitar una condena.
Por ello, solicita se haga lugar al recurso y se revoque el resolutorio.
Analizadas las constancias de autos, adelantamos que la resolución debe confirmarse.
1. El artículo 76 bis establece que "Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente".
A la luz de la normativa señalada, cierto es que ha habido un ofrecimiento de reparación del daño. Ello, más allá de la disponibilidad o no del dinero, cuestión sobre la que no cabe hacer un análisis pues el particular damnificado ha rechazado la oferta. En su caso, de haberse aceptado, el pago hubiese sido una exigencia que debía cumplirse a los fines de la procedencia del instituto, pero el hecho es que la oferta existió por una suma concreta, sin importar el modo en que pudieran los imputados efectivizarla. Y esta, conforme se desprendería de los ingresos que han acreditado Marchisio y Zaldivar, resulta razonable.
En este punto, discrepamos con la crítica que realizan los impugnantes, al analizar el monto ofrecido en función del valor de los terrenos para concluir que la misma resulta exigua. Ello, pues el ofrecimiento debe ser razonable respecto de las posibilidades económicas del oferente y no en relación al objeto del delito, y, por otro lado, coincidimos en este punto en los fundamentos expuestos por el Juez, recordando que lo que aquí se investiga es un hecho constitutivo del delito de estafa procesal. Amén de lo anterior, el estudio de la razonabilidad de la oferta tampoco puede realizarse sobre el valor de los lotes, pues el delito ha quedado en grado de tentativa, no habiendo adquirido título o derecho alguno sobre los bienes, más allá de estar poseyendo los mismos en la actualidad.
Por otro lado, como bien ha sostenido el a quo, ante el rechazo de la oferta, ha quedado expedita la vía civil para que los damnificados utilicen las vías que estimen idóneas a los fines de reclamar los daños. A su vez, se ha informado que se encuentra tramitando ante el fuero específico un litigio sobre los bienes en cuestión.
En consecuencia, entendemos que el ofrecimiento de reparación del daño resulta razonable, no siendo exigible tampoco la devolución de los terrenos a los fines de suspender el presente proceso a prueba. Se recuerda que la presente investigación no se sigue por el delito de usurpación de propiedad, de modo que a fin de obtener la restitución de los bienes, deberá procederse por la vía civil.
2. Por otro lado, se advierte que la oposición del Fiscal se funda exclusivamente en el monto ofrecido como reparación del daño.
Este Tribunal no desconoce que conforme la normativa, y a la luz del Fallo Plenario dictado por el Tribunal de Casación Bonaerense que "La anuencia del fiscal es, en principio, necesaria en todos los supuestos contemplados en la norma del artículo 76 bis del Código Penal". Ello se desprende del principio acusatorio, siendo el Ministerio Público Fiscal el titular del ejercicio de la acción penal (art. 71 del CP y 6 del CPP). Pero este requisito no resulta absoluto, pues como reiteradamente ha sostenido el superior, "...la oposición manifestada por el Ministerio Fiscal no puede ser infundada o caprichosa: el ejercicio responsable de las facultades que le son conferidas (más allá de la obligatoriedad de motivar debidamente sus dictámenes que emerge del citado art. 56 del C.P.P.) resulta necesaria para que el órgano jurisdiccional pueda cumplir con la función que le compete, que es la de controlar la logicidad de la postura del órgano acusador. En efecto, la oposición fiscal al pedido de suspensión de juicio a prueba debe ser razonada y fundada porque de lo contrario estaríamos frente a un área reservada al arbitrio de una de las partes, situación insostenible en nuestro ordenamiento legal" (c. 73.341, Sala IV del Tribunal de Casación Bonaerense; c. 55.377, Sala V del mismo Tribunal; entre otras).
Aquí, coincidimos con lo expuesto por el Dr. Rodriguez, en tanto conforme el análisis del punto anterior, los fundamentos del Fiscal no resultan suficientes para justificar el rechazo del beneficio solicitado por la Defensa.
En este punto, observamos que la oposición no se basa en razones de política criminal, como por ejemplo la gravedad del intento de engaño a un Juez, u otras explicaciones que ameriten acoger la negativa por parte del órgano persecutor.
Consecuentemente, y teniendo en miras lo normado por el art. 76 bis del CP, en cuanto preserva los derechos resarcitorios de las víctimas ante el rechazo de la oferta, por quedar expedita la vía civil, y habiendo aclarado en el punto anterior que la oferta resultaba razonable a la luz de las posibilidades de los imputados, entendemos que los recursos de apelación deben rechazarse pues la oposición del Fiscal en el caso resulta irrazonable.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el auto dictado por el Juez en lo Correccional, Jorge L. Rodriguez, en cuanto suspende este proceso a prueba en relación a Juan Antonio Marchisio y Consuelo Zaldivar, filiados en autos, por el lapso de dos años, imponiéndoles como reglas obligatorias de conducta por el mismo plazo las de fijar domicilio en la Provincia de Buenos Aires y someterse al contralor del Patronato de Liberados.. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 76 bis del CP; 1, 15, 21, 106, 210, 404, 421, 422, 434, 439, 440, 445 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese mediante cédulas con habilitación de días y horas en forma urgente. Devuélvase.
RAUL ALBERTO PAOLINI
Juez Si-///
///guen firmas.
PABLO MARTIN POGGETTO
Juez
Ante mi:
FACUNDO LAYA
Auxiliar Letrado
En se libraron cédulas. Conste.
En se remitió a la Fiscalía General. Conste.
En se devolvió. Conste.
Fin de la sentencia