Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 66.511
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre obrante a fs. 439 de la causa n° 66.511 (expte. 49.521, causa “Estancias”) que contiene el pliego presentado por la actora para la absolución de posiciones de la codemandada Elvira Melotti, y se glose dicho pliego en ese proceso precediendo a la presente sentencia.
II. Revocar la sentencia única dictada el día 16/07/2020 con los siguientes alcances: a.
En la causa “U.”, rechazar la demanda de división de condominio, con costas de primera instancia por su orden entre la actora e Ileana Elgorriaga, con excepción de las generadas por la intervención de “Estancias La Unión S.C.A.”, que se imponen a la actora (arts. 68, 77, 274 y conc. del C.P.C.C.). Las costas de alzada se imponen a la actora vencida atendiendo al resultado del recurso (art. 68 del C.P.C.C.). b. En la causa “Estancias”: i. Admitir la pretensión de división de condominio por la vía de la partición judicial (art. 673 del C.P.C.C. y 2371 del CCyC), por lo que una vez firme la presente sentencia se procederá en primera instancia a citar a audiencia para el nombramiento del perito o peritos que correspondan, y en principio se deberá proceder a la división del bien para su adjudicación en especie (arts. 674 del C.P.C.C., 2373, 2374 y conc. del CCyC).
Las costas correspondientes a esta pretensión deberán ser soportadas por las codemandadas M. B. U. y Elvira Melotti, con excepción de las ocasionadas por la intervención de la nuda propietaria Ana Inés …
- 1-66511-2020 - "ESTANCIAS LA UNION SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES C/ U. M. B. Y OTROS S/ DIVISION DE CONDOMINIO"
1-66615-2020 "U. M. B. C/ELORRIAGA ELIANA S/DIVISION DE CONDOMINIO"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Reg Nº 49 Folio Nº 49 En la Ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Esteban Louge Emiliozzi, Yamila Carrasco y Lucrecia Inés Comparato, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ESTANCIAS LA UNION SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES C/ U. M. B. Y OTROS S/ DIVISION DE CONDOMINIO" (Causa Nº 1-66511-2020) y "U. M. B. C/ELORRIAGA ELIANA S/DIVISION DE CONDOMINIO" (Causa N° 1-66615-2020), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.),a saber: Doctores LOUGE EMILIOZZI - COMPARATO - CARRASCO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Corresponde proceder a la apertura del sobre de fs. 439 de la causa n° 66.511 (expte. 49.521) para glosar el pliego de absolución de posiciones al expediente?
2da. ¿Es justa la sentencia única dictada el día 16/07/2020, obrante a fs. 422/435 de la causa n° 66.615 (expte. 49.552) y a fs. 463/476 de la causa n° 66.511 (expte. 49.521)?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
Si bien al tratar la siguiente cuestión reseñaré los antecedentes de los dos procesos conexos en los que recaerá el presente decisorio, basta señalar, a los fines que ahora interesan, que a fs. 417 de la causa n° 66.511 (expte. 49.521), caratulada “Estancias La Unión Sociedad en Comandita por acciones c/ U., M. B. s/ División de Condominio”, se fijó audiencia para el día 14/08/2019 a los fines de la absolución de posiciones de distintas personas, entre ellas la Sra. Elvira Melotti, quien fue notificada de tal citación el día 25/06/2019 mediante la cédula obrante a fs. 420. Sin embargo, dicha absolvente no compareció a la audiencia, ante lo cual la ponente “Estancias La Unión S.C.A.” requirió en el acto de la audiencia que se tuviera presente esa circunstancia a los fines del art. 415 del C.P.C.C. (v. audiencia videograbada de prueba común a ambos procesos cuya acta obra a fs. 378 de la causa “U.” y a fs. 446 de la causa “Estancias”, minuto 01:14:20 a 01:14:55).
Con posterioridad no hubo más actuaciones vinculadas con este medio probatorio, al punto que al certificarse sobre la producción de las pruebas simplemente se hizo alusión a las constancias de la mentada acta (fs. 455).
Así las cosas, advirtiendo en este estado que el anterior magistrado no procedió a la apertura del sobre de absolución de posiciones presentado por la actora obrante a fs. 439, entiendo que ello debe ser efectuado en esta instancia para ser eventualmente valorado al tratar la segunda cuestión (S.C.B.A.; Ac 50263 S 10-5-1994, “López”; Ac 50514 S 6-9-1994, “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”; Ac 55593 S 14-6-1996, “Ugarte y Compañía S.A.”; C 99982 S 4- 3-2009, “Cerrato”, todos disponibles en base Juba; esta Sala, causas n° 54940, “Arias”, del 15.10.13.; n° 59605, “Bayala”, del 15.09.15.; n° 60373, “Martino”, del 17.12.15.; n° 60482, “Oses”, del 17.05.2016; n° 61078, “Cerafini”, del 15.09.2016, entre otras).
En consecuencia, propicio al acuerdo que se disponga que por Secretaría se proceda a la apertura del mencionado sobre y se glose el pliego precediendo a la presente sentencia.
Así lo voto.
Las Señoras Juezas Doctoras Comparato y Carrasco adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente. A LA SEGUNDA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
I. Vienen los autos a esta instancia con motivo de distintos recursos deducidos contra la sentencia única dictada el día 16/07/2020, obrante a fs. 422/435 de la causa n° 66.615 (expte. 49.552), caratulada “U., M. B. c/ Elgorriaga, Eliana s/ División de Condominio” (en adelante causa “U.”) y a fs. 463/476 de la causa n° 66.511 (expte. 49.521), caratulada “Estancias La Unión Sociedad en Comandita por acciones c/ U., M. B. s/ División de Condominio” (en adelante causa “Estancias”).
Así las cosas, para una mejor introducción a lo que luego será mi propuesta decisoria, a continuación haré una breve reseña de los hechos más relevantes que derivaron en la promoción de ambos procesos, de lo actuado en cada uno de ellos, del contenido de la sentencia apelada y de los distintos recursos que contra la misma se dedujeron.
A) LOS HECHOS
a) A comienzos del año 2015 existía una situación jurídica de condominio sobre el inmueble rural sito en el partido de Tandil que es objeto de esta litis, de 489 hectáreas y fracción, en virtud de la cual M. B. U. resultaba ser titular de una 1/4 parte de dicho bien, Ana Inés Oliva era nuda propietaria de otra 1/4 parte –siendo la usufructuaria de esa porción la Sra. Alicia Melotti-, mientras que José Alberto Elgorriaga era el titular del restante 1/2 indiviso (puede verse, entre otros elementos, y a los solos fines de comprender los antecedentes que derivaron en la conformación de ese condominio, el informe de dominio obrante a fs. 31/33 de la causa “U.”, el convenio privado de partición y adjudicación obrante a fs. 51/54 de la misma causa, el boleto de compraventa y la escritura obrantes a fs. 21/23 y 82/93, respectivamente, de la causa “Estancias”).
b) El día 19/03/2015 se celebró entre todos los condóminos y la usufructuaria antes mencionados un convenio privado de partición y adjudicación, con firmas certificadas por Escribana Pública (puede verse un ejemplar, en copia, a fs. 51/54 de la causa “U.”). En ese acto se acordaba dividir el condominio antes referido mediante la partición del terreno en dos lotes según croquis realizado por el Agrimensor Danilo Jaque Careaga, quien a su vez quedaba a cargo de realizar el plano final. Esas dos nuevas parcelas quedaban adjudicadas una a las Sras. U. y Oliva –conservando el usufructo la Sra. Melotti sobre la parte indivisa correspondiente a Oliva- y la restante al Sr. Elgorriaga.
Como ya se dijo dicho acuerdo se firmó en instrumento privado (con firmas certificadas) y restaba formalizar los trámites de división y adjudicación.
c) El día 03/05/2016 falleció el Sr. José Alberto Elgorriaga, tramitando su proceso sucesorio ante el Juzgado Civil y Comercial n° 6 de Mercedes. El día 07/12/2016 se dictó la declaratoria de herederos a favor de su hija Eliana Elgorriaga (este proceso puede consultarse a través de la MEV, sin perjuicio de ciertos elementos que fueron requeridos al juzgado de origen, conforme se verá infra).
d) En el mes de mayo de 2016 Elvira Melotti, M. B.
U. y Eliana Elgorriaga celebraron un contrato de arrendamiento sobre el bien objeto de esta litis, en favor de “Don Silverio S.R.L.”, representada en ese acto por el Sr. Gustavo Mauricio Lazarte (ver fs. 105/107 de la causa “Estancias”; el día exacto en principio no se puede consignar porque no fue completado en el contrato, siendo dable aclarar que la fecha que se consigna abajo -30/05/2017- claramente no es la del contrato sino la de la certificación de la copia, conf. fs. 107).
Es importante observar –más adelante se comprenderá a qué fines- que en ese contrato el campo se alquiló como un todo, es decir, sin hacerse alusión alguna al convenio de partición celebrado entre los condóminos.
Por otra parte, y como tendremos oportunidad de observar más abajo –en especial al valorar la declaración testimonial del Sr. Lazarte-, este contrato no daba nacimiento a una relación jurídica totalmente nueva, sino que resultaba ser un nuevo eslabón en una relación locativa muy extendida en el tiempo entre los sucesivos dueños del campo en cuestión y el Sr. Lazarte.
e) El día 06/01/2017 la condómina M. B. U. recibió un correo electrónico remitido por el Dr. Matías Pérez Sotelo, letrado de Eliana Elgorriaga que ya intervenía en el sucesorio, adjuntándole un proyecto de “Convenio de división de condominio y uso y goce excluyente”. A su vez, y conforme tendremos oportunidad de ver en detalle más adelante, ese correo electrónico era el último de una secuencia o “cadena” de mails intercambiados entre Eliana Elgorriaga y los representantes de “Estancias La Unión Sociedad en Comandita por Acciones”, ya que entre ambos estaban negociando la compraventa de la mitad del campo correspondiente a la primera (ver en especial fs. 133, 209/227, 228, escrito electrónico del 19/06/2018, 237, escrito electrónico del 20/07/2018, 242, 244, 263/265, 267/272, escrito electrónico del 21/12/2018, 287/289 y 327 de la causa “U.”).
Anticipándome a un aspecto que abordaré más abajo y es de suma relevancia para la resolución de esta litis, es importante hacer notar que ese correo electrónico no fue respondido por la Escribana U. Sin embargo, en esa misma época las partes habrían entablado algunas tratativas, las cuales –conjeturo- se habrían extendido como máximo hasta fecha de la celebración del boleto de compraventa y el intercambio epistolar que veremos a continuación.
f) El día 02/02/2017 “Estancias La Unión S.C.A.”
adquirió a Eliana Elgorriaga, por boleto de compraventa, el 50% indiviso del bien (fs. 21/24 de la causa “Estancias”).
En cuanto brevemente interesa destacar, se trata de un boleto con firmas certificadas por Escribano Público, en el que la vendedora manifiesta que es titular de un “50% pro indiviso”. El precio acordado es de U$S 1.000.000 y la mitad sería abonada mediante transferencia que realizaría “Agrotecnos S.A.”, quien a su vez había comprado un campo de propiedad de “Estancias La Unión S.C.A.” (v. cláusula segunda a fs. 21 pero también anexo de fs. 24, y fs. 95/100 y 101/103). También se manifiesta en el boleto que en ese acto se entrega la posesión (cláusula segunda), y se aclara en esa misma cláusula que la vendedora le comunicará al arrendatario del campo y a los condóminos sobre la venta del bien y la entrega de la posesión.
A partir de ese momento, y precisamente a razón de esto último, comenzó un muy nutrido intercambio epistolar entre las condóminas (M. B. U., Ana Inés Oliva y Eliana Elgorriaga), la usufructuaria (Elvira Melotti), la compradora (“Estancias La Unión S.C.A.) y el arrendatario (“Don Silverio S.R.L.”, representado por el Sr. Gustavo Mauricio Lazarte), en el cual quedó claramente reflejado el nacimiento del conflicto que a la postre dio lugar a la promoción de estos dos procesos acumulados; esto es, que las condóminas M. B. U. y Ana Inés Oliva y la usufructuaria Elvira Melotti sostienen que el campo ya había quedado subdividido mediante el convenio privado celebrado el día 19/03/2015, en el cual participó el restante condómino José Alberto Elgorriaga, y que ese convenio es oponible a su heredera Eliana Elgorriga y a la compradora Estancias La Unión S.C.A.; mientras que éstas últimas sostienen que el convenio no era conocido por Eliana Elgorriaga y no resulta oponible a la persona jurídica compradora.
g) El día 09/03/2017 la condómina M. B. U.
solicitó una declaración de legítimo abono en el proceso sucesorio de José Alberto Elgorriaga, el cual, como ya vimos, tramita ante el Juzgado Civil y Comercial n° 6 de Mercedes, el que a la postre fue rechazado el día 24/04/2017 (puede verse dicho proceso a través de la MEV y complementarse con la documentación digital remitida desde dicho Juzgado (conf. providencia del día 26/02/2021 en causa “U.”).
h) El día 31/03/2017 el locatario (“San Silverio S.R.L.”) procedió a la restitución del campo, dejando constancia de ello en un acta de constatación extendida por la Escribana Monarca obrante a fs. 23/30 de la causa “U.”.
De ese documento surge que quien tomó la iniciativa de recurrir a la Escribana para la confección del acta de constatación fue el arrendatario, que el requerimiento se efectuó en la Escribanía y el diligenciamiento en el campo, que por la parte arrendadora sólo se hizo presente M. B. U. quien llevó consigo el convenio privado de partición y adjudicación del día 19/03/2015, y que el arrendatario siguió las instrucciones de dicha condómina porque le restituyó la parcela que ella indicó que le correspondía mientras que la otra quedó desocupada y “dispuesta para su entrega”. También se dejó constancia de la existencia de un alambrado, que según lo manifestado por M. B. U. a la Escribana habría sido hecho en función del croquis de la subdivisión. Por otra parte, el arrendatario y U. acordaron en ese mismo acto continuar con el contrato de arrendamiento entre ambos, lo que así efectivamente ocurrió conforme fue explicado por el Sr. Lazarte en su declaración testimonial (sobre la que más abajo se volverá).
i) El día 10/08/2017 Eliana Elgorriaga escrituró a favor de “Estancias La Unión” el 50% indiviso del inmueble y ese mismo día se abonó el saldo de precio mediante una transferencia bancaria (fs. 82/93 de la causa “Estancias”).
j) Finalmente, el día 11/10/2017 la condómina (nuda propietaria) Ana Inés Oliva vendió su 1/4 parte indivisa a su condómina M. B. U. (conf. informe de dominio adjuntado por las demandadas en escrito electrónico presentado el día 29/03/2019 en la causa “Estancias”, asiento n° 8).
Es dable aclarar que este último hecho, en principio, es ajeno al conflicto que se ventila en estos autos. Sin embargo, el mismo tiene incidencia en la conformación de los procesos, más específicamente en relación a los sujetos que intervinieron en los mismos y en las calidades en que lo hicieron, y es por ello que he optado por mencionarlo en esta reseña de hechos relevantes.
B) LOS PROCESOS CONEXOS
1. “U., M. B. c/ Elgorriaga, Eliana s/ División de Condominio”
a) Este proceso fue iniciado el día 27/06/2017 por la condómina M. B. U., pretendiendo la división del condominio (conf. demanda de fs. 36/43). En esa pieza inicial la actora dirigió la demanda contra su condómina Eliana Elgorriaga y solicitó la citación de la restante condómina –Ana Inés Oliva- y de la usufructuaria –Elvira Melotti- en calidad de terceras.
Al narrar los hechos en los que sustenta su reclamo (fs. 37/41), la actora hace referencia a la existencia del convenio de partición y a su oponibilidad frente a la demandada Eliana Elgorriaga pese a que ésta manifestó desconocerlo, y naturalmente pretende que la división del condominio se lleve adelante en los términos que habían sido pactados en aquel convenio. También refiere que su parte intentó hacer valer su derecho en la sucesión del Sr. José Alberto Elgorriaga, a través de la vía del legítimo abono, pero su resultado fue infructuoso.
En cuanto a “Estancias La Unión”, la actora manifiesta que no corresponde su comparecencia al proceso, por varios motivos, entre los cuales se cuentan que a ella no le consta la veracidad de la supuesta operación, y que en todo caso se trataría de un simple comprador por boleto que carece de legitimación sustancial para intervenir en un proceso de cumplimiento de un acuerdo de partición y adjudicación. También argumenta que nadie puede transmitir un derecho mayor o distinto al que se tiene, por lo que un eventual adquirente de la cuota parte no podría tener un derecho mejor que el que tenía su cedente (fs. 40vta). b) El día 17/10/2017 la actora efectuó una nueva presentación (obrante a fs. 73/75) a la cual adjuntó un nuevo informe de dominio del bien inmueble de fecha 21/09/2017 (obrante a fs. 63/66) del cual surgía una inscripción provisional de escritura de compraventa por tracto abreviado relacionada con el inmueble (v. fs. 66, asiento 4).
En ese escrito también manifestó que en el marco de la mediación obligatoria de este mismo proceso la demandada le manifestó que había vendido su parte condominial mediante escritura pública a “Estancias La Unión S.C.A.”, y que a su vez su parte fue citada por la mencionada sociedad a una mediación obligatoria en el marco del otro proceso de división de condominio, es decir, el proceso conexo promovido por la persona jurídica que reseñaremos más abajo (causa “Estancias”). Frente a tales antecedentes, reiteró sus alegaciones vertidas en el escrito de demanda relativas a la oponibilidad del convenio de división de condominio a la supuesta adquirente del 50% indiviso, y requirió su citación como tercera de intervención obligada. c) A fs. 82/83 se imprimió al proceso el trámite sumario y –en cuanto aquí interesa- se dispuso correr traslado en calidad de demandadas a Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión S.C.A.”, mientras que se citó a Elvira Melotti y a Ana Inés Oliva en el carácter de terceras de intervención necesaria.
d) A fs. 90/103 se presentó “Estancias La Unión S.C.A.” a oponer excepción de falta de legitimación pasiva y, en subsidio, contestar demanda.
El argumento medular que esgrime la persona jurídica en su responde, en sustento de la excepción de falta de legitimación pasiva, es que la condómina M. B. U. no intenta en momento alguno ejercitar la acción de división de condominio prevista en el art. 1997 del CCyC, sino que persigue el cumplimiento del acuerdo de disolución, partición y adjudicación celebrado en el año 2015. Sobre esas bases, sostiene que la acción esgrimida por la actora es la de cumplimiento de contrato prevista en el art. 959 del CCyC, de carácter personal, e incluso consiste en una obligación de hacer para ser cumplida exclusivamente por la demandada Eliana Elgorriaga. Sigue argumentando que los efectos de los contratos se extienden pasivamente a las partes y sus sucesores universales, pero no a los terceros, y por tal motivo su parte no podría verse alcanzada por la sentencia que se dicte.
Por otra parte, “Estancias La Unión S.C.A.” también introduce varios argumentos en sustento de su contestación de demanda (v. fs. 94 y sig.), tales como que el convenio no se celebró por escritura pública, que las parcelas a las que alude el convenio no existen y no se inició el trámite de división, que la partición es inoponible a su parte por no encontrarse inscripta en el Registro de la Propiedad tal como lo exige el art. 2363 del CCyC, que el actuar posterior de las partes no permitía inferir la existencia de ese convenio porque las condóminas seguían alquilando el bien en conjunto como copropietarias. Manifiesta que su sorpresa al tomar conocimiento de la existencia del convenio fue muy grande, ya que en ningún momento la vendedora les había hecho referencia a ese convenio suscripto por su padre, ni había constancia del mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble ni en los distintos juicios sucesorios que su parte compulsó para acreditar la titularidad por parte de la vendedora (fs. 97vta., segundo párrafo). También señala que el convenio que la actora pretende hacer valer es notoriamente abusivo, y culmina diciendo que su parte adquirió la posesión del bien.
e) A fs. 116/128 se presentó la codemandada Eliana Elgorriaga a oponer excepción de falta de legitimación pasiva y contestar demanda.
En cuanto a lo primero, argumenta que ella enajenó su porción de la cosa, por lo que ya no puede ser parte en un proceso de división de condominio. Añade que si bien ella no necesitaba de la conformidad de los restantes condóminos para vender su parte, procedió a notificarlos de la venta una vez efectuada la misma, a lo cual se sumó que la actora tomó conocimiento de la operación con el nuevo informe de dominio que ella misma acompañó a fs. 65/66, pero no obstante ello insiste con su pretensión de dirigir la demanda de división de condominio contra la excepcionante.
Y, en apoyo de la pretensión subsidiaria de rechazo de la demanda, también vierte varios argumentos, que en parte son coincidentes por los esgrimidos por “Estancias La Unión S.C.A.”, tales como que su parte no conocía la existencia del convenio de división de condominio, que las tres condóminas seguían alquilando el bien como si se tratara de un todo indiviso, y que el convenio no se escrituró ni se inscribió en el Registro de la Propiedad.
f) A fs. 130 y 132 se confirió traslado a la parte actora de la documental acompañada y de las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuestas por Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión S.C.A.”, respectivamente.
A fs. 219/227 la actora contestó el traslado conferido a fs. 132, es decir, el relativo a “Estancias La Unión S.C.A.”, mientras que no hizo lo propio con el de fs. 130 correspondiente a Eliana Elgorriaga.
En esta presentación la parte actora desconoce la prueba documental adjuntada por “Estancias La Unión S.C.A.”.
En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la persona jurídica, comienza por manifestar que el presente es un proceso de división de condominio en el cual resulta necesaria la participación de Eliana Elgorriaga y de “Estancias La Unión S.C.A.”. También manifiesta que Eliana Elgorriga y la compradora estaban al tanto de la existencia del convenio, pero pese a ello decidieron no cumplirlo por considerarlo inadecuado. En sustento de esa afirmación acompaña impresiones de la “cadena de mails” mencionada en el punto e) del apartado anterior, de la cual, a su entender, surgiría dicho conocimiento. A fs. 228 se tuvo por contestado el traslado y a su vez se confirió traslado al excepcionante –es decir, a “Estancias La Unión S.C.A.”- de la documentación acompañada por la excepcionada.
La persona jurídica procedió a contestar este traslado mediante el escrito electrónico del día 19/06/2018. En primer lugar solicita el desglose de dicha documentación por entender que no tiene relación con la excepción que se contesta sino con el fondo de la cuestión, y por tanto su agregación en ese estado resultaría extemporánea. En segundo lugar, y en subsidio, contesta el traslado de la documentación. En tal faena, sostiene que en su propia demanda de división de condominio su parte manifestó que su intención era la de adquirir una fracción de campo determinada, pero lo que ocurrió fue que Eliana Elgorriaga le informó que el bien formaba parte de un condominio que no había sido dividido pero se estaba en negociaciones con las restantes condóminas para realizar su subdivisión, y fue en tal contexto que se les acercó un plano de un proyecto de división de condominio que su parte consideró inadecuado, y por tal motivo le informaron a Eliana Elgorriaga que no comprarían el bien en esas condiciones, lo que finalmente, y ante la urgencia de Elgorriaga por vender, derivó en que compraran un porcentaje indiviso. En ese mismo orden de ideas afirma –en texto destacado y subrayado- que su parte no tenía la menor idea de la existencia de un anterior convenio, sino todo lo contrario, ya que el hecho de que entre las Sras. U. y Elgorriaga estuvieran negociando un acuerdo de división era una demostración de que no existía una división anterior.
A fs. 242 el Sr. Juez de grado dictó una resolución en la que entendió que la agregación de la documental de fs. 133/218 resultaba extemporánea y que por lo tanto no podría ser tenida en cuenta como prueba en este proceso, por lo que dispuso su desglose, el que se haría efectivo una vez que dicha resolución adquiriera firmeza. Sin embargo, la parte actora apeló dicha resolución, y este tribunal hizo lugar al recurso, disponiendo que dicha documental continúe incorporada a las presentes actuaciones (fs. 287/289).
g) Las citadas como terceras, Elvira Melotti y Ana Inés Oliva, no comparecieron a este proceso, pese a estar debidamente notificadas.
h) A fs. 279/281 se celebró una audiencia de conciliación en la cual no se arribó a acuerdo alguno y seguidamente se proveyeron las distintas pruebas. No obstante, a fs. 327 se amplió el proveimiento de prueba respecto a la ofrecida por la actora al contestar el traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por “Estancias La Unión S.C.A.”, y, en cuanto aquí interesa, se dispuso que no correspondía proveer la pericial informática porque los mails incorporados por la actora no habían sido desconocidos.
A fs. 381 se certificó sobre la prueba producida.
2. “Estancias La Unión Sociedad en Comandita por acciones c/ U., M. B. s/ División de Condominio”
a) Este proceso fue iniciado por “Estancias La Unión S.C.A.” el día 17/11/2017, entablándose la demanda contra las condóminas M. B. U. y Ana Inés Oliva y contra la usufructuaria Elvira Melotti (v. demanda fs. 212/222).
El objeto perseguido por la actora en este proceso está dado por la división del condominio y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el proceder de la contraria.
Al narrar los hechos (fs. 212vta./215vta.) la actora naturalmente hace referencia a la compraventa que su parte celebró con la condómina Eliana Elgorriga. Explica que esa compra fue producto de una estrategia empresaria, ya que su parte explotaba dos campos que se encontraban distanciados, lo que generaba mayores costos, y por eso decidieron vender una porción de campo que tenían en la zona de Santa Luisa (partido de Olavarría) y con su producido adquirir el campo objeto de esta litis. También explica que ambas operaciones se celebraron el mismo año, lo cual representó un beneficio fiscal importante, porque el campo adquirido se consideró un “bien de reemplazo” y por lo tanto no debió abonarse el 35% de impuesto a las ganancias sobre la venta del primero.
Sigue diciendo que una vez celebrada la compraventa tanto la vendedora como su parte notificaron la misma a las restantes condóminas, como así también su voluntad de dividir el condominio, y a través de la respuesta a esas misivas tomaron conocimiento de la existencia del convenio. Al igual que lo hizo al contestar demanda en el proceso conexo, manifiesta -en texto destacado y subrayado- que muy grande fue su sorpresa al tomar conocimiento de ello, ya que la vendedora en ningún momento hizo referencia a ese convenio, y no había constancia del mismo ni en el Registro de la Propiedad ni en los procesos sucesorios (fs. 214, segundo párrafo). A continuación explica –en idénticos términos que en su escrito electrónico del día 19/06/2018 en el proceso conexo- que cuando le acercaron la oferta le informaron que existía por parte de las condóminas la voluntad de subdividir, y que la Sra.
U. había encomendado a un agrimensor que propusiera un plano de división. Sin embargo, cuando la consultaron sobre el plano propuesto, lo analizaron técnicamente y se vieron obligados a informar a la Sra. Elgorriaga que intentaban abusar de su inexperiencia en la materia y desconocimiento del predio, ya que la propuesta era absolutamente inequitativa y no representaba en absoluto el 50% del valor económico y productivo del campo, por lo que en esas condiciones desistirían de la compra. Por tal motivo –continúa diciendo- la Sra. Elgorriaga desistió de la tratativa de división, y estando interesada en vender rápidamente le ofreció la venta del 50% indiviso, como finalmente se realizó. Luego sigue haciendo referencia a que el campo se encontraba alquilado y que al finalizar la locación su parte buscó encontrar una solución respecto al manejo del condominio y a la utilización del predio, invitando a las condóminas a una asamblea a la que no concurrieron, y que a su parte también le fue vedado el ingreso al campo mediante la colocación de un candado a la tranquera de ingreso, lo que a la postre se erige en el presupuesto del reclamo de los daños y perjuicios.
b) A fs. 223/224 se imprimió al proceso el trámite sumario.
c) A fs. 268/274, en fecha 29/12/2017, contestó demanda la condómina (nuda propietaria) Ana Inés Oliva, a través del mismo letrado apoderado de M. B. U., Dr. Aldo J. Cifuentes.
En este responde la codemandada Oliva adopta una posición similar a la condómina U. en relación al fondo de la cuestión, aunque aclara, como dato particular, que su parte había vendido la parte indivisa de la nuda propiedad que le correspondía, por lo cual al contestar demanda ya resultaba extraña al condominio (v. fs. 270, segundo párrafo). Es dable aclarar que si bien en esa presentación la codemandada Oliva no abundó en detalles sobre esa venta, ofreció prueba informativa al Registro de la Propiedad Inmueble para que informe quiénes resultan ser los titulares de dominio del bien objeto de esta litis (fs. 274). La prueba fue proveída y el informe de dominio fue adjuntado por las demandadas en escrito electrónico presentado el día 29/03/2019 (conf. certificación de prueba de fs. 455) y de allí surge que el día 11/10/2017 la condómina (nuda propietaria) Ana Inés Oliva vendió su 1/4 parte indivisa a su condómina M. B. U.
d) A fs. 290/297, también en fecha 29/12/2017, se presentó la usufrucutaria Sra. Elvira Melotti, actuando también bajo la representación del Dr. Cifuentes, y opuso excepción de falta de legitimación pasiva y en subsidio contestó demanda.
La excepción se sustenta en que su parte no resulta condómina del bien y por lo tanto es ajena al proceso de división de condominio.
e) A fs. 306/312, con fecha 14/02/2018, contestó demanda la tercera y última codemandada Sra. M. B. U.
f) A fs. 320/324 la parte actora contestó el traslado de la documentación adjuntada por las tres codemandadas y la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la usufructuaria Sra. Elvira Melotti. g) A fs. 381/384 se abrió la causa a prueba y a fs. 455 se certificó sobre su resultado.
C) LA SENTENCIA ÚNICA
Tal como surge de la formulación de esta segunda cuestión, los dos procesos conexos acumulados culminaron con una sentencia única dictada el día 16/07/2020, obrante a fs. 422/435 de la causa n° 66.615 (causa “U.”) y a fs. 463/476 de la causa n° 66.511 (causa “Estancias”). En lo sucesivo, al hacer referencia a dicha sentencia, haré mención a la foliatura que a la misma corresponde en la causa “U.”, para así evitar la mención a una doble foliatura, pero naturalmente sin perder de vista que se trata de una sentencia única y por tanto común a ambos procesos. En dicho pronunciamiento el Sr. Juez de grado resolvió lo siguiente: “1- En la causa "U.", hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Eliana Elgorriaga; rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Estancias La Unión y en consecuencia, hacer lugar a la demanda promovida por M.
B. U. contra Estancias la Unión SCA, quien en el plazo de sesenta (60) días hábiles -en razón de las tareas profesionales previas a realizar-, contados desde que la presente sentencia quede firme y ante el escribano que se designe, deberá otorgar conjuntamente con la accionante escritura pública de división de condominio en los términos previsto en el plazo allegado a autos. Ello bajo el apercibimiento del art. 510 del CPCC, o en caso de no resultar ello posible, de resumirse la operación en el pago de los daños y perjuicios a determinarse en el estado procesal oportuno. 2- En la causa "Estancias", rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta Elvira Melotti; declarar la falta de legitimación pasiva de Ana Inés Oliva y rechazar la demanda por división de condominio y daños y perjuicios deducida por Estancias La Unión SCA contra M.
B. U. en los términos en que la misma fuera deducida, sin perjuicio de llevarse a cabo la división de condominio conforme punto precedente.- 3- En el "incidente de levantamiento de medida cautelar" acoger el mismo, disponiendo el levantamiento de la medida cautelar de embargo trabada con fecha 28/03/2018 en los autos "Estancias".- 4.- a.- En la causa U. las costas de la acción se han de imponer a Estancias La Unión en su carácter de vencida, conforme principio general de la materia (art. 68 CPCC).- Las correspondientes a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Estancias La Unión también se imponen a la excepcionante vencida y las correspondientes a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Elgorriaga se imponen a la actora vencida.- b.- En la causa "Estancias" las costas se imponen a las actora vencida conforme principio general de la materia.-Las correspondientes a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Melotti se imponen a la excepcionante vencida.- Las generadas con la intervención de la demandada Oliva y la excepción de falta de legitimación que esta interpusiera, se imponen por su orden.- c.- En el incidente de levantamiento de medidas cautelares las costas se imponen a la demandada embargante vencida.-” (conf. parte resolutiva obrante a fs. 435 y vta.
Las consideraciones medulares que llevaron al anterior magistrado a resolver en esos términos pueden resumirse – siguiendo el mismo orden que él empleó- de la siguiente manera: a) Como punto de partida (considerando I, fs. 426vta./427), aclara que de acuerdo a como ha quedado trabada la litis en las dos causas conexas y a los respectivos informes de dominio oportunamente adjuntados, al momento del dictado del decisorio el inmueble objeto del proceso resulta en un 50 % propiedad de la Sra. María Belén U. y el restante 50% propiedad de Estancias La Unión SCA.
Explica -refiriéndose a los antecedentes inmediatos de esa situación jurídica- que el dominio ha quedado así inscripto luego de que la Sra. U. adquiriera 1/4 indiviso que perteneciera a Ana Inés Oliva y que Estancias la Unión SCA escriturara a su favor la compraventa celebrada con Eliana Elgorriaga. Sigue diciendo –haciendo alusión ahora a los antecedentes más remotos- que las Sras. U. y Oliva en su oportunidad detentaban su porción indivisa del bien, por la donación que efectuaran a su favor las Sras. Alicia Melotti Calamante y Elvira Melotti Calamante, quienes habían resultado herederas en el proceso sucesorio de los Sres. Atilio Calamante, Pedro Calamante y Ernesto Calamante y en atención al acuerdo celebrado en el marco del mismo, mientras que Eliana Elgorriaga resultaba propietaria del restante porcentaje como sucesora de su padre José Alberto Elgorriaga, quien a su vez la había recibido de su madre María Calamante, heredera en aquellos autos y adjudicataria de tal porcentaje.
Luego afirma que de acuerdo a tales antecedentes, en fecha 19/03/2015, los copropietarios Ana Inés Oliva, M. B. U. y José Alberto Elgorriaga, con la participación a su vez de Elvira Melotti - titular de usufructo en relación al predio-, celebraron un convenio de partición y adjudicación por el cual se delimitaron dos parcelas específicas en la fracción de campo que nos ocupa y se determinaron cuál de ellas pertenece a cada uno de los condóminos, obligándose en forma recíproca a realizar los trámites necesarios para su inscripción y registración, comprometiéndose en tal sentido a la suscripción de los instrumentos públicos y privados que fuera menester.
Sobre esas bases, concluye el primer considerando señalando con claridad que el meollo de la cuestión a resolver en estos autos consiste en “… establecer la naturaleza del acuerdo referido, determinar en atención a ello si las obligaciones asumidas por su padre alcanzan a Eliana Elgorriaga y eventualmente si lo allí convenido resulta oponible al nuevo propietario "Estancias La Unión SCA" o por el contrario si resulta admisible la división de condominio pretendida por esta firma.”
b) En segundo término (considerando II, fs. 427/428) advierte que en el caso de autos se presenta una cuestión de derecho transitorio con motivo de la entrada en vigencia -con fecha 01 de agosto de 2015- del Código Civil y Comercial de la Nación.
Así las cosas, luego de hacer mención a lo normado por el art. 7 de ese nuevo cuerpo legal y a la doctrina y jurisprudencia elaboradas en torno al mismo, concluye que “… resulta claro que el alcance del convenio que nos ocupa se ha de analizar conforme las normas del Código Velezano y que igual solución se impone para la eventual oponibilidad de tal documento en relación a la compraventa efectuada con Estancias La Union SCA, en tanto ha sido suscripto bajo la vigencia de tal normativa y corresponde en esta instancia, eventualmente, reconocer los derechos que surgen del mismo.”
Es dable observar que en un pasaje posterior el Sr. Magistrado de primera instancia vuelve sobre otra cuestión de derecho transitorio, para hacer notar que el fallecimiento del Sr. Elgorriaga se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código, por lo cual, a los fines de determinar las obligaciones que pesan sobre su sucesora, es dable acudir al nuevo digesto, aunque en lo sustancial poco difiere del anterior (considerando V, fs. 429vta.).
c) En el tercer considerando (fs. 428/429) comienza a introducirse en el análisis de la cuestión debatida.
En primer lugar, puntualiza que el documento que se pretende hacer valer ha tenido por objeto delimitar las parcelas que se adjudicarían a los condóminos de forma definitiva, en relación al predio objeto del pleito o, en otras palabras, establecer el modo en que se iba a dividir el condominio, conforme los titulares registrales lo consideraron conveniente. De modo –sigue diciendo- que se trata de un instrumento privado, con firmas certificadas, suscripto por todos los propietarios y por el que se comprometen a formalizar lo allí acordado mediante la realización de los trámites pertinentes.
Así las cosas, entiende que ello resultaría suficiente para efectuar un encuadre jurídico de la referida documental considerándola como un contrato en los términos de los arts. 1137 y 1197 del Cod. Civil y ccdtes. No obstante, atento que los litigantes Eliana Elgorriaga y Estancias La Union SCA, en sus respectivas presentaciones postulatorias, cuestionan las formas y la validez del mismo por entender que debió hacerse valer en el proceso sucesorio, entiende pertinente, como primera medida, esclarecer tal cuestión.
A esos fines, recuerda que conforme a la reseña efectuada al inicio de los considerandos, relativa al modo en que se ha adquirido por parte de las aquí litigantes el dominio del predio, no existen motivos por los cuales deba darse al convenio el alcance pretendido, en tanto las Sras. María Calamante, Alicia Melotti Calamante y Elvira Melotti Calamente, resultaron adjudicatarias de los porcentajes indivisos del predio de acuerdo al convenio de partición homologado en el proceso sucesorio aludido (de los Sres. Atilio Calamante, Pedro Calamante y Ernesto Calamante) y luego las nombradas en último término efectuaron la donación inscripta a favor de las Sras. U. y Oliva, de manera tal que ya ha existido una partición de la herencia y la misma ha sido inscripta de acuerdo a lo plasmado en los asientos registrales, no resultando por lo tanto admisible pretender que el convenio traído a estudio resulte ser una partición de aquel acervo.
En base a ello, explica que el acuerdo traído al proceso no hace más que reflejar el modo convenido de dividir el condominio nacido a partir de tal inscripción, por lo que resulta ser un acuerdo de voluntades tendiente a regular los derechos de los firmantes, en relación al predio, al que deben someterse como la ley misma (art. 1197 del Cod. Civ.) surgiendo de aquel obligaciones específicas como son la confección de los instrumentos públicos y privados que resulten necesarios para la adjudicación definitiva de las parcelas acordadas.
Aclara que no escapa a su conocimiento que el convenio versa sobre un bien inmueble y que por lo tanto su perfeccionamiento estará condicionado a la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad, previa aprobación de los planos de división. No obstante –prosigue diciendo- ello no impide que el acuerdo pueda considerarse un contrato por el que se acuerda tal adjudicación, no constituye, ni efectiviza la misma, pero sí puede servir como instrumento para ello, facultando a la parte acreedora a exigir la oportuna escrituración a su favor, toda vez que para los inmuebles justo título es la escritura pública y mientras ella no se otorgue sólo existe un contrato que produce una obligación de hacer y un derecho personal, subjetivo pero no real. En base a todo ello concluye que el aludido convenio contiene una obligación de hacer asumida por el Sr. José Alberto Elgorriaga consistente en concluir el trámite de división y adjudicación de las parcelas de acuerdo a la división que allí consta.
d) Continúa diciendo el anterior magistrado que, habiendo quedado establecida la naturaleza del convenio en cuestión, el próximo paso es determinar si han quedado obligados los copropietarios -en su momento- Eliana Elgorriaga y el hoy adquirente "Estancias La Unión SCA", por los términos de aquel (considerando IV, fs. 429/429vta.). Comenzando por la primera (considerando V, fs. 429vta.), afirma que no encuentra razones que le permitan exonerar a la Sra. Eliana Elgorriaga del cumplimiento del acuerdo traído al proceso por M. B. U. y que fuera suscripto por su padre, José Alberto Elgorriaga. Ello es así – explica- porque resultan claras las normas del Código Civil y Comercial al establecer que la muerte de una persona causa la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por la ley, y desde tal oportunidad los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor, refiriendo igualmente que "La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento" (arts. 2277 y 2280 citado digesto). En otras palabras –sigue diciendo- el heredero continúa la persona del causante, y en tal carácter debe cumplir las obligaciones que pesaban sobre aquel, resultando la sucesión la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia. También explica que la alegada ignorancia sobre las obligaciones contraídas por quien fuera en vida su padre no puede resultar suficiente para eludir tales compromisos.
En cuanto a la segunda ("Estancias La Unión SCA"), el a quo no se refiere a ella en ese mismo considerando, sino en un pasaje ulterior (considerando IX), conforme tendremos oportunidad de ver más abajo.
e) Seguidamente el presentenciante ingresa al análisis de la causa “Estancias” (considerandos VI a VIII, fs. 430 a 431vta.), en especial para considerar la situación de las codemandadas Elvira Melotti (considerando VII) y Ana Inés Oliva (considerando VIII).
Comenzando por la codemandada Elvira Melotti, quien –como vimos en la reseña inicial- opuso excepción de falta de legitimación pasiva, afirma que es cierto que de acuerdo a la inscripción registral sólo detenta el derecho de usufructo en relación al predio objeto del proceso, y más precisamente sobre el porcentaje indiviso perteneciente en su momento a la Sra. Oliva y luego a la Sra. U. Sobre esa base, entiende que en principio le asistiría razón en cuanto a que al no ser titular de la nuda propiedad no podría resultar demandada en relación a la división del dominio. No obstante, entiende que las particularidades que presenta este proceso imponen la intervención de la nombrada, en tanto lo que aquí se decida necesariamente interferirá en el ejercicio de su derecho, asistiéndole razón a la actora en este punto. Y ello es así –explica- porque de acuerdo al conflicto traído a estudio, será menester establecer si el condominio del predio debe llevarse a cabo de conformidad con lo plasmado en el convenio reiteradamente aludido, en el que la nombrada usufructuaria intervino, o si el mismo resulta inoponible al nuevo adquirente, en cuyo caso el uso y goce del bien tal como dice estar detentándolo la Sra. Melotti necesariamente resultaría modificado. Por todo ello concluye que la intervención de la usufructuaria en el proceso deviene ineludible, tal como lo entendió en forma oportuna al demandar la empresa accionante, lo que resulta suficiente para desestimar la defensa interpuesta en tal sentido.
En cuanto a la restante codemandada, Sra. Ana Inés Oliva, comienza por aclarar que si bien no interpuso formalmente una defensa de falta de legitimación, expresó al contestar la demanda entablada en su contra que su porción indivisa del bien había sido enajenada, circunstancia que no puede dejar de ponderarse, más aún cuando ello surge del informe de dominio, toda vez que, a contrario de lo que sucede con la Sra. Melotti, al no detentar ya derecho alguno sobre el predio en cuestión, en nada puede afectarla la decisión que recaiga. Así las cosas, teniendo en cuenta que al momento de interposición de la acción por parte de la firma "Estancias La Unión SCA" la inscripción del dominio ya constaba inscripta a favor de M. B. U. en un 50%, comprensivo de un 25% originario y un 25% derivado de la adquisición que le hiciera a Oliva, entiende que la demanda deducida en contra de esta última no puede prosperar. No obstante, advierte que si bien esa circunstancia resulta clara al momento actual, no era así en la etapa postulatoria, en tanto de acuerdo al informe de dominio agregado en tal oportunidad y como prueba documental por la actora, que data del 10/11/2017 (fs. 203/207), la inscripción aludida aún no había sido realizada, en tanto tuvo lugar recién el 16/11/2017, esto es pocos días antes que se interpusiera la acción, habiendo podido verificarse recién en la instancia probatoria con el informe agregado en fecha 15/04/2019, en tanto la excepcionante, no aportó tal instrumento a su presentación, pese a que estaba en condiciones de hacerlo. Por todo ello, valorando que la demandada no planteó la cuestión como de previa resolución, que al momento que presentó su responde se contaba con un informe de dominio de apenas un mes y medio de antigüedad (esto es dentro del plazo de vigencia jurisprudencialmente admitido) y que su denuncia de venta siquiera aporta la fecha de la operación, que pudiere haber justificado la producción de la prueba pertinente en forma anticipada, concluye que la codemandada en algún modo contribuyó a que su situación procesal no fuera resuelta en forma oportuna, debiendo considerarse ello en la imposición de costas. f) En el considerando IX (fs. 431vta./434) el a quo aborda la cuestión antes enunciada y que sin dudas conforma el meollo de la cuestión a decidir en este proceso, es decir, la oponibilidad –o inoponibilidad- del convenio de división de condominio a "Estancias La Unión SCA".
En esa faena, comienza por afirmar algo sumamente trascendente, como es que “Estancias La Unión” conocía el alcance del acuerdo celebrado por Elgorriaga padre y que mortis causae se trasladara a su hija. Entiende que ello es así porque en un pasaje del escrito de demanda en la causa “Estancias” la sociedad actora afirma que "Cuando nos consultaron sobre el plano propuesto, lo analizamos técnicamente y nos vimos obligados a informar a la Sra. Elgorriaga que intentaban abusar de su inexperiencia en la materia y desconocimiento del predio. Le explicamos que (l)a propuesta era absolutamente inequitativa y no representaba en absoluto el 50% del valor económico y productivo del predio. Finalmente le informamos que en esas condiciones, desistiríamos de la compra. Por ese motivo la Sra. Elgorriaga desistió de la tratativa de división y estando interesada en vender rápidamente, nos ofreció la compra del 50% proindiviso, como finalmente se realizó".
Sigue diciendo que el art. 399 Código Civil y Comercial dispone que "Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas", principio que ya se encontraba consagrado en el art. 3270 del Código Velezano y que se remonta al derecho romano.
A continuación transcribe prestigiosa doctrina que advierte que el principio expuesto experimenta distintas excepciones, porque al enfrentarse con la seguridad jurídica, la ley prefiere proteger a los terceros de buena fe y a título oneroso. De allí, la regla nemo plus iuris muchas veces cede frente a la denominada apariencia de titularidad o por la confianza que genera el tráfico jurídico". No obstante, explica que en este caso, conociendo “Estancias la Unión” que su vendedora se encontraba obligada al acto escriturario para cumplir con el acuerdo asumido por su padre, no puede decirse que la adquirente tenga la protección del adquirente de buena fe. Luego hace referencia a la importancia de la registración, pero advierte –con cita del art. 1893 del CCyC- que ella no es la única forma de publicidad, por lo que si “Estancias La Unión”, al momento de contratar con Eliana Elgorriaga, conocía la existencia del acuerdo particionario, la función de publicidad que le hubiera brindado a “Estancias” el Registro de la Propiedad Inmueble en caso de encontrarse anotado ese plano de división, estaba satisfecha por el conocimiento directo y pleno que tuvo de parte de su vendedora.
Por todo ello concluye que el plano de división del inmueble objeto de autos es oponible a “Estancias La Unión”, quien como sucesora individual de Eliana Elgorriaga deberá satisfacer la obligación escrituraria exigida por M. B. U.
g) En el considerando X (fs. 434) el “a quo” afirma que el desarrollo efectuado (en el considerando anterior) impone acoger la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Eliana Elgorriaga en la causa “U.”, mientras que en el considerando XI (también obrante a fs. 434) afirma que se ha de rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por “Estancias La Unión” en la misma causa.
h) En el considerando XII (fs. 434) expresa que en virtud de lo hasta allí dicho se impone el rechazo de la demanda deducida por Estancias La Unión por la cual pretende la división del condominio que tiene con M. B. U. de manera distinta a la acordada en el “plazo” (entiendo que debió decir “plano”) analizado, como así también el reclamo indemnizatorio.
i) En el considerando XIII (fs. 434 y vta.) trató un planteo de levantamiento de una medida cautelar decretada en la causa “Estancias”, que había sido incoado por M. B. U. y diferida su resolución para la oportunidad en la que se resolviera el fondo de la cuestión. Es así que, atento a las conclusiones antedichas, dispone el levantamiento de la medida cautelar.
j) Por último, en el considerando XIV aborda lo relativo a las costas, arribando a las imposiciones que quedaron plasmadas en el punto 4 de la parte resolutiva, que ya fue transcripta más arriba, y a cuya lectura remito.
D) LOS RECURSOS
El decisorio reseñado en el apartado anterior fue objeto de múltiples embates recursivos.
En efecto, en la causa “U.”, la parte actora apeló el día 17/07/2020, el recurso se le concedió libremente el día 23/07/2020, expresó agravios el día 02/11/2020 y obtuvo respuesta de “Estancias La Unión” el día 13/11/2020. En la misma causa también apeló “Estancias La Unión” el día 28/07/2020, el recurso se le concedió libremente el día 03/08/2020, expresó agravios el día 04/11/2020 y obtuvo respuesta de la actora el día 13/11/2020.
Por su parte, en la causa “Estancias” apelaron Ana Inés Oliva (el recurso se le concedió libremente el 28/07/2020, expresó agravios el día 02/11/2020, y obtuvo respuesta de la actora el día 13/11/2020), Elvira Melotti (el recurso se le concedió libremente el 28/07/2020, expresó agravios el día 02/11/2020, y obtuvo respuesta de la actora el día 13/11/2020), y la actora (apeló el día 28/07/2020, el recurso se le concedió libremente el día 14/08/2020, expresó agravios el día 04/11/2020 y obtuvo respuesta de M. B. U. del día 13/11/2020).
Al contenido de todas estas piezas recursivas lo iré mencionando más abajo, a medida que vaya abordando los distintos agravios y demás planteos, para ganar en claridad y evitar reiteraciones. El día 27/11/2020 se llamó autos para sentencia en los dos procesos acumulados y el día 15/12/2020 se practicó el sorteo de ley. No obstante, pasados los expedientes al estudio previo a la celebración del acuerdo (arts. 263, 265 y conc. del C.P.C.C.), se advirtió la existencia de expedientes vinculados a la temática que aquí se ventila que no se tenían a la vista, por lo que se dictó la resolución del día 02/02/2021 disponiendo distintas medidas a esos fines.
Unos días después, y si bien lo anterior aún no había sido cumplido en su totalidad, para evitar mayores dilaciones mediante resolución del día 09/02/2021 se convocó a las partes a una audiencia fijada para el día 26 del mismo mes a los fines de intentar una conciliación y/o requerir ciertas explicaciones que se estimaban necesarias al objeto del pleito (art. 36 inc. 4 del cód. cit.). Luego de diversas vicisitudes que no es necesario reseñar, la audiencia se celebró ese día de manera virtual. En la misma se requirieron ciertas aclaraciones a las partes a los solos fines conciliatorios, y como no fue posible arribar a un acuerdo en ese mismo acto, el tribunal propuso y las partes acordaron continuar en tratativas entre ellas, mediante las cuales intentarían dirimir el litigio ventilado en estos dos procesos conexos a través de un acuerdo. También se acordó que dicho espacio de negociación se extendería hasta el día 26 de marzo del año en curso inclusive, y que si a esa fecha las partes no manifestaban haber arribado a acuerdo alguno, o si antes de eso cualquiera de ellas manifestaba que desistía de las tratativas, el proceso seguiría según su estado. Al presente, dado que ha transcurrido dicha fecha y las partes no arribaron a acuerdo alguno, corresponde considerar reanudado el plazo para dictar sentencia desde el día 29 de marzo del año en curso y emitir sin más tal decisorio.
II. A modo de una primera introducción a la cuestión que llega apelada a este tribunal, ha de tenerse en cuenta que en los dos procesos conexos se acciona por división de condominio, y el derecho mismo a peticionar el fin de la comunidad no se encuentra controvertido –más allá de ciertos cuestionamientos en orden a las legitimaciones, tema sobre el cual se volverá-, lo cual es lógico en virtud de la amplitud con la cual se encuentra consagrada esa prerrogativa (art. 1997 del CCyC; puede verse in extenso esta Sala, causa 66459, “Diribarne”, sentencia del 10.12.2020). Por tal motivo, el núcleo de la contienda no consiste en el derecho a pedir la división del condominio sino en el modo en que la partición debe llevarse a cabo, ya que la Escribana U. pretende hacer valer la partición privada en los términos del art. 2369 del CCyC, por lo que a su criterio sólo restaría que se cumplan las formalidades correspondientes, mientras que “Estancias La Unión S.C.A.” postula que frente a la inoponibilidad de ese convenio a su parte, y la falta de acuerdo para celebrar uno nuevo, la partición debe ser judicial en los términos del art. 2371 inc. c) del mismo código (ambos aplicables por remisión del art. 1996).
Así las cosas, por razones lógicas me abocaré en primer lugar al tratamiento de los agravios vinculados al fondo de la cuestión debatida en ambos procesos. Se trata, naturalmente, de los agravios vertidos por “Estancias La Unión” en sus dos expresiones de agravios (escritos electrónicos del día 04/11/2020), los cuales, como veremos, están básicamente direccionados a cuestionar que se haya entendido –en el fallo apelado- que el convenio celebrado en el año 2015 resulta oponible a su parte. Luego, en caso de corresponder, seguiré con el tratamiento de las restantes críticas.
No obstante, creo pertinente anticipar que también se advierte que en las contestaciones de esas expresiones de agravios la condómina M. B. U. reedita una cuestión que podría derivar en una declaración de falta legitimación activa de “Estancias La Unión S.C.A.” para demandar la división del condominio y, en principio, podría pensarse que ese tema debe tratarse con carácter previo (doctr. art. 345 inc. 3 del C.P.C.C.). Sin embargo, es conveniente que ese tema sea abordado más abajo por dos razones. En primer lugar, porque –tal como se explicó en el llamado a expresar agravios- los planteos que reedita el vencedor en oportunidad de contestar los agravios cobran verdadera vigencia cuando la alzada entiende que los agravios son atendibles. En segundo lugar, porque al abordar el fondo de la cuestión analizaremos ciertos aspectos que serán de utilidad para tratar ese planteo.
a) Pues bien, comenzando a transitar ese sendero, en primer lugar es conveniente dar respuesta expresa al planteo de deserción que introduce la Escribana U. en oportunidad de contestar los agravios de “Estancias La Unión” (escritos electrónicos del día 13/11/2020), aún cuando ello no constituya cuestión esencial (Excma. S.C.B.A., C. 121.472, “Ricardo”, del 14.06.2017).
Al respecto, cabe señalar que este Tribunal participa de un criterio amplio en la apreciación de los requisitos que debe satisfacer el memorial, y aunque el mismo diste de exhibir una adecuada suficiencia técnica, siempre que se exteriorice, aunque mínimamente, el agravio o el esbozo de la crítica, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa (causas nº 43894, “Ane”, del 20.02.2002; nº 49665, “Adami”, del 16.03.2006; nº 51438 “Bonnat”, del 29.11.2007; nº 51278, “Valerio”, del 06.12.2007.; n° 53.567, “Bruni”, del 28.10.2009; n° 58.450, “Enrique”, del 10.04.2014, entre otras). En esa senda, hemos señalado que los principios y límites en esta materia deben ser aplicados en su justa medida, bajo riesgo de caer en rigorismo excesivo por apego a las formas, no querido por el ordenamiento legal (conf. causa n° 44262 “Banca Nazionale del Lavoro S.A.” del 17.05.2002, entre otras).
En virtud de lo expuesto, abasteciendo a mi juicio satisfactoriamente los agravios vertidos por “Estancias La Unión” los recaudos previstos por el art. 260 del C.P.C.C., entiendo que no cabe en este caso declarar la deserción del recurso.
b) Sentado lo anterior, he de observar que si bien las críticas vertidas por “Estancias La Unión S.C.A.” en los dos procesos acumulados son extensos y variados –lo cual es de toda lógica teniendo en cuenta la complejidad de los procesos y trascendencia de la cuestión debatida-, puede decirse, en términos generales y a título introductorio, que la apelante afirma que en el decisorio en crisis se incurre en un “notorio error de interpretación” (conf. título del apartado 2 de las expresiones de agravios), ya que esa parte, en los escritos postulatorios de los procesos, no admitió en modo alguno estar en conocimiento de la existencia del convenio de partición. Para dar sustento a ese agravio medular hace un análisis exegético de los escritos constitutivos que a su entender fueron mal interpretados por el anterior magistrado, y añade toda una serie de consideraciones, de orden jurídico y fáctico, para intentar demostrar que no estaba en conocimiento de dicho convenio y que por tal motivo el mismo le resulta inoponible.
Anticipo al acuerdo que entiendo que este agravio referido al error de interpretación de los escritos postulatorios es de recibo, lo cual es muy trascendente porque –como vimos en la reseña inicial- esa interpretación es la que condujo al a-quo a afirmar que “Estancias La Unión” conocía el convenio y por tal motivo le resulta oponible, lo cual constituye el meollo de la cuestión a resolver en estos actuados (considerando IX, fs. 431vta./434, siempre tomando como referencia la foliatura de la causa “U.”).
Paso a explicarme.
En la sentencia apelada se precisa que “Estancias La Unión” afirma haber tenido conocimiento del convenio en su escrito de demanda, más exactamente a fs. 214 in fine y vta. -naturalmente de la causa “Estancias”- (v. sentencia, fs. 431vta., último párrafo). En ese pasaje de la sentencia se transcriben los párrafos en cuestión, los cuales dicen así: "Cuando nos consultaron sobre el plano propuesto, lo analizamos técnicamente y nos vimos obligados a informar a la Sra. Elgorriaga que intentaban abusar de su inexperiencia en la materia y desconocimiento del predio. Le explicamos que (l)a propuesta era absolutamente inequitativa y no representaba en absoluto el 50% del valor económico y productivo del predio. Finalmente le informamos que en esas condiciones, desistiríamos de la compra.” (los destacados me pertenecen).
“Por ese motivo la Sra. Elgorriaga desistió de la tratativa de división y estando interesada en vender rápidamente, nos ofreció la compra del 50% proindiviso, como finalmente se realizó” (el destacado me pertenece).
Es dable observar que en esos párrafos se hace referencia –en los textos destacados- a un “plano propuesto”, a “la propuesta” y a una “tratativa de división”. Por otro lado, se hace referencia a la supuesta inexperiencia de Eliana Elgorriaga, y no a la de su padre que fue quien firmó el convenio del año 2015. De ese modo, queda en claro que “Estancias La Unión S.C.A.” no afirmó en modo alguno haber tomado conocimiento del acuerdo ya celebrado el día 19/03/2015. Lo que esa parte aseveró es que en la época en que se concretó la venta (es decir, comienzos del año 2017) la vendedora estaba en tratativas con sus condóminas para intentar dividir el condominio, que la vendedera puso en conocimiento de la compradora la propuesta efectuada por las restantes condóminas -lo cual es de toda lógica por la importancia que tiene para la compradora saber si va a adquirir un porcentaje indiviso o un bien ya dividido, y en éste último caso en qué términos se convino la división, máxime tratándose de un campo extenso y con particularidades geográficas muy singulares por estar ubicado en una zona de sierras-, y que la compradora entendió que la propuesta de división no era conveniente, por lo que finalmente –y frente a la premura por concretar la operación- optaron por celebrar la compraventa sobre el 50% indiviso.
Entiendo que la interpretación que antecede es la que mejor se condice con el texto de los dos párrafos transcriptos, y además es coherente con el que los precede (fs. 214, anteúltimo párrafo), que dice así: “También asombró a mi mandante que se sostuviera que tenía conocimiento de ese convenio. Por el contrario, cuando le acercaron la oferta la informaron que existía por parte de las condóminas la voluntad de subdividir, y que la Sra. U. había encomendado a un agrimensor que propusiera un plano de división.” (el destacado me pertenece).
Por último, y a mayor abundamiento, es dable recordar que “Estancias La Unión S.C.A.” también proporcionó esa misma explicación en su escrito electrónico del día 19/06/2018 presentado en la causa “U.”, es decir, en oportunidad de contestar el traslado que se le confirió de la respuesta proporcionada por la actora respecto a su excepción de falta de legitimación pasiva. Es más, en esta ocasión la persona jurídica empleó los mismos términos que había utilizado al promover la demanda en la causa “Estancias”, pero también se extendió en mayores consideraciones –lo cual es comprensible por el objeto del traslado que estaba contestando-, aunque siempre manteniéndose en esa misma tesitura. A modo de ejemplo cabe transcribir un párrafo de ese escrito electrónico (página 4) en el cual manifestó lo siguiente: “Una vez que se acordara la delimitación de las fracciones y se firmara el acuerdo proyectado, mi mandante podría suscribir el boleto de compra subordinando la escrituración a que el proceso de división estuviera terminado. Claramente no teníamos la menor idea de que hubiera ningún convenio anterior ni que le correspondería a nuestra vendedora. Todo lo contrario. El hecho de que entre las Sras. U. y Elgorriaga estuvieran negociando un acuerdo de división, es una demostración de que no existía una división anterior, que nadie incluyó en el tema.” (el destacado y el subrayado pertenecen al original). Por todo lo expuesto, y como ya lo anticipara, entiendo que asiste razón a “Estancias La Unión S.C.A.” al afirmar que ese argumento medular que se emplea en el fallo apelado es producto de una interpretación equivocada de algunos pasajes de su escrito de demanda, y por lo tanto ese agravio ha de ser admitido.
Ahora bien, va de suyo que esa conclusión no podría conducir sin más a la revocación del decisorio apelado, ya que el tribunal de alzada puede encontrar otros fundamentos para fallar en igual sentido. En esa senda, hemos sostenido reiteradamente que la sentencia de alzada que confirma la de primera instancia en base a argumentos distintos no afecta el principio de congruencia (puede verse, in extenso, el esclarecedor fallo de la Excma. S.C.B.A. en causa C. 88.683, “Monterisi”, del 12.12.2007, primer voto del Dr. Hitters, citado por esta Sala en causas n° 58316, “Mespolet”, del 10.12.13.; n° 58673, “Eytec S.A.”, del 29.04.14.; n° 59024, “Lospice”, del 04.09.14.; n° 60.289, “Perrotta”, del 13.08.15.; n° 60.863, “Mazzone”, del 19.04.16; n° 62.431, “Schmale”, del 14.11.17.; n° 63.001, “Ladicon S.A.”, del 31.05.18.; n° 62.853, “García”, del 26.06.18., entre muchas otras).
Es más, es dable observar que la Escribana U., en el punto 8 de sus dos contestaciones de agravios del día 13/11/2020, manifiesta que, pese a resultar vencedora, discrepa con la sentencia en tanto tiene por acreditado el conocimiento del convenio por parte de “Estancias La Unión S.C.A.” mediante su mera confesión en el escrito introductorio, ya que, a su entender, existen otros elementos que también denotan tal conocimiento. Al respecto, he de decir que en parte disiento con tal afirmación, ya que una confesión vertida en términos inequívocos en un escrito postulatorio sería suficiente para tener por reconocido el hecho (doctr. arts. 330 inc. 4, 421 y conc. del C.P.C.C.). Sin embargo, es muy probable que la Escribana U. haya vislumbrado –agudamente- que ese agravio podría prosperar, y lo cierto es que le asiste razón.
Así las cosas, para resolver este primer tema este tribunal debe valorar todos los elementos y argumentos volcados en ambas causas, la mayoría de los cuales quedaron desplazados por la solución a la que se arribó en primera instancia. A esa tarea me abocaré a continuación. c) Como ya lo dijimos en varias oportunidades, el meollo de la cuestión a resolver en autos consiste en dilucidar si el convenio privado de partición y adjudicación celebrado el día 19/03/2015 entre todos los condóminos y la usufructuaria resulta oponible a “Estancias La Unión S.C.A.”, quien en fecha posterior a su celebración adquirió un porcentaje indiviso del bien a la heredera de uno de los condóminos. Ello a su vez incidirá en el modo en el que se concretará la partición, que es en definitiva el tema que está controvertido en los dos procesos de división de condominio que en sentidos inversos han promovido las partes.
A título introductorio, podemos recordar que los Códigos Civil y de Comercio hoy derogados no contaban con un tratamiento ordenado y sistemático de la ineficacia de los actos jurídicos, más allá de que regulaban algunas de sus especies, como era el caso de la nulidad (art. 1037 y sig. del Código Civil). Fue la doctrina quien se encargó de elaborar una teoría general de las ineficacias de los actos jurídicos, en cuyo marco cabía ubicar cada una de sus especies, tales como la nulidad, las ineficacias sobrevinientes, la inoponibilidad, etcétera (pueden consultarse los excelentes desarrollos de Zannoni, Eduardo A, “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos”, Astrea, 3ª reimpresión; Rivera, Julio C., “Instituciones de Derecho Civil. Parte General”, Abeledo-Perrot, 2ª edición actualizada, 2000, T. II, pág. 907 y sig., entre muchos otros). El nuevo Código Civil y Comercial recoge esta elaboración doctrinaria en el Libro Primero, Título IV, Capítulo 9, que precisamente lleva por título “Ineficacia de los actos jurídicos”. Como explica Rivera, la ineficacia es, genéricamente, la privación o disminución de los efectos propios del negocio jurídico, vale decir, de los efectos que las partes persiguen de manera inmediata al otorgarlo (“Instituciones…”, cit., T. II, pág. 910). También explica el reconocido jurista en la misma página de su obra que las ineficacias admiten clasificaciones. La más reconocida es la que distingue entre las ineficacias estructurales –es decir, aquellas en las cuales la privación de los efectos propios de un negocio jurídico se produce por defectos en su estructura y existentes desde el momento mismo de celebrarse el acto, tal como ocurre con las nulidades- y las funcionales –esto es, aquellas en las cuales la causal de ineficacia es extrínseca a la estructura del negocio y sobreviniente, como ocurre con la revocación, la rescisión y la resolución-.
Por otra parte -pero siempre en el marco de la teoría general de las ineficacias-, encontramos el instituto de la inoponibilidad del acto jurídico. Siguiendo con las enseñanzas de Rivera (ob. cit., pág. 921 y sig.), explica el autor que es un concepto relativamente nuevo, pues hace su aparición a comienzos del siglo XX. Puede ser definido –en su variante de inoponibilidad positiva, que es la de mayor aplicación práctica y la que aquí interesa- como un supuesto de ineficacia establecido por la ley, que priva a un negocio válido y eficaz entre las partes de sus efectos respecto de determinados terceros a quienes la ley dirige su protección, permitiéndoles ignorar la existencia del negocio e impidiendo a las partes del mismo ejercitar pretensiones jurídicas dirigidas contra un tercero.
También explica Rivera –al comparar la inoponibilidad con la nulidad- que la segunda se vincula con la invalidez del acto, mientras que en la primera no está en juego la validez del negocio; por el contrario, se trata de actos válidos tanto para las partes como para los terceros en general, pero que no producen sus efectos propios sólo en relación a determinados terceros protegidos por el legislador. Otra nota distintiva se vincula con el momento en el que se constituye el defecto, ya que los vicios que provocan la nulidad son originarios, mientras que la causa que provoca la inoponibilidad también es originaria, pero a veces debe complementarse con una circunstancia sobreviniente.
Zannoni, en su excelente obra, explica que debe distinguirse entre la ineficacia absoluta y la ineficacia relativa de un negocio. La ineficacia absoluta se da cuando el acto jurídico queda destituido de sus efectos para todos, inclusive los otorgantes. La ineficacia es relativa cuando el negocio produce efectos frente a algunos solamente o, como dice Díez Picazo, cuando “despliega unas consecuencias diferentes para diferentes grupos de personas o diferentes círculos de intereses”. Los supuestos más claros de ineficacia relativa –nos dice Zannoni- son los que a partir de Japiot y Bastian se enuncian aludiendo al acto jurídico inoponible (“Ineficacia…”, cit., pág. 135 y sig.).
Como ya dijimos, el Código Civil de Vélez no regulaba sistemáticamente las ineficacias de los actos jurídicos y menos aún contaba con una norma que se refiriera genéricamente a la inoponibilidad. Sin embargo, es evidente que Vélez intuyó la existencia esta especie de ineficacias que terminaría de perfilarse en el siglo XX, a través de aplicaciones específicas tales como la inoponibilidad a determinados terceros del acto fraudulento (art. 965), del instrumento privado que carece de fecha cierta (arts. 1034 y 1035), de la cesión de crédito no notificada al deudor cedido o no aceptada por éste (art. 1459), entre otras (Rivera, “Instituciones…”, cit., pág. 923 y sig.).
Por último, y como ya fuera anticipado, el nuevo Código Civil y Comercial regula esta cuestión en el Libro Primero, Título IV, Capítulo 9, que lleva por título “Ineficacia de los actos jurídicos” (arts. 382 a 397). La Sección 6ª de este Capítulo regula la inoponibilidad (arts. 396 y 397). La primera de esas normas dispone que “El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.” Antes de seguir avanzado, creo oportuno abrir un paréntesis para hacer notar que el hecho de situarnos en el cuadrante de la inoponibilidad invocada por un tercero (art. 396 del CCyC) nos aleja del ámbito de la nulidad, que en principio, y tratándose de nulidades relativas, pueden ser ejercidas por las partes o sus herederos (arts. 388 y conc. del CCyC, especialmente 332 último párrafo referido a la nulidad o reajuste por el vicio de lesión).
Ello es importante en este caso porque “Estancias La Unión S.C.A.” alude en múltiples ocasiones al carácter abusivo y desproporcionado del convenio, lo que podría remitirnos al vicio de lesión, cuyo efecto es la nulidad o el reajuste equitativo del negocio (art. 332 del CCyC). No obstante, como bien lo entendió el a quo, el planteo incoado por “Estancias La Unión” es de inoponibilidad y no de nulidad. Sin perjuicio de ello, es importante para la solución del caso que dicha persona jurídica haya explicado cuál es el interés concreto que la lleva a plantear la inoponibilidad del negocio fundada en su desconocimiento, porque en principio, y por el principio de conservación de los actos jurídicos, es conveniente que los negocios complejos como lo son las divisiones de condominio mantengan su eficacia, de modo que un planteo de inoponibilidad carente de todo fundamento podría ser considerado abusivo (esta Sala, causa n° 51358, “Tolosa”, sentencia del 20.02.2008; Louge Emiliozzi, Esteban y Zárate, José, “¿Es posible plantear la resolución por incumplimiento de un convenio de división de condominio?”, en la Revista Digital “Cartapacio”, editada por la Escuela Superior de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires).
En el mismo sentido, si bien más abajo tendremos oportunidad de ver que del intercambio de mails entre Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión” surge que tenían un conocimiento impreciso de un convenio de uso y goce celebrado varios años atrás, y muy probablemente ignoraban por completo el convenio de división de condominio celebrado en el año 2015, ello no ha de llevarnos a pensar en un planteo de nulidad de la compraventa fundado en el vicio de error o ignorancia (art. 265 y conc. del CCyC; nota al art. 923 del Código Civil derogado), ya que –reitero- el planteo que introduce la persona jurídica es de inoponibilidad de la división de condominio fundada en su desconocimiento.
Pues bien, yendo al supuesto de inoponibilidad que a nosotros particularmente nos interesa, el art. 2363 del Código Civil y Comercial –que resulta aplicable a la división de condominio por la remisión efectuada por el art. 1996 del mismo cuerpo legal- dispone lo siguiente: “ARTICULO 2363.- Conclusión de la indivisión. La indivisión hereditaria sólo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos.”
Si bien a continuación volveré sobre el contenido de este precepto, creo oportuno abrir un nuevo paréntesis para aclarar –ya que se trató de una cuestión de derecho controvertida en autos- que si bien “Estancias La Unión S.C.A.” es un sucesor a título singular en los derechos de Eliana Elgorriaga, también es un tercero respecto a la partición celebrada entre los condóminos, por lo que esa norma es directamente aplicable al caso. Adviértase, en tal sentido, que los conceptos de “sucesor singular” (art. 400 CCyC) y de “tercero” (arts. 2363, 392 y conc. del CCyC), no son en modo alguno excluyentes, sino que son convergentes, ya que la calidad de “sucesor singular” se predica desde la óptica de la transmisión de derechos (Código Civil y Comercial, Libro I, Título V, arts. 398 a 400), mientras que la calidad de “tercero” lo es desde la perspectiva del acto jurídico. Es dable recordar que ya bajo la vigencia del Código velezano se produjo una interesante evolución, pues el art. 3270 consagraba el principio nemo plus iuris, pero se advertía que su aplicación en materia de nulidades de actos jurídicos podía dar lugar a situaciones injustas en relación a subadquirentes, es decir, sucesores a título singular que a su vez eran terceros respecto al acto nulo; ello condujo a la célebre reforma al art. 1051 por parte de la ley 17.711, que buscó proteger a los sucesores singulares (la norma alude a “… derechos reales o personales transmitidos… ”) o “terceros”, en la medida que hayan obrado de buena fe y a título oneroso. En el actual Código estas soluciones se replican (arts. 399 y 392). Es más, la primera de esas normas deja en claro que el principio nemo plus iuris reconoce excepciones, y el artículo que a nosotros especialmente nos ocupa (es decir el 2363) es una clara excepción el principio general.
Pues bien, ya centrándonos en esta norma, la solución que contiene en su última parte es de toda lógica, e implica simplemente la aplicación a la transmisión hereditaria del principio general que rige la adquisición y transmisión de derechos reales contenido en el art. 1893 del mismo Código (“Código Civil y Comercial”, Eduardo Gabriel Clusellas –director-, Astrea-FEN, T. 8, pág. 74). Adviértase que una solución contraria atentaría gravemente contra la seguridad jurídica –ya que todo aquel que adquiere la parte indivisa a un condómino o a un coheredero podría ignorar los actos jurídicos privados celebrados entre el vendedor y sus comúneros, lo que conduciría a que nadie adquiera un bien que se encuentra en esa condición pese a que su venta se encuentra expresamente permitida en el art. 1989- e inclusive podría dar lugar a maniobras pergeñadas entre los comúneros para perjudicar a un tercero (lo que no insinúo en modo alguno que haya ocurrido en este caso, ya que ni la misma compradora lo ha hecho y no existen elementos que me llevan a pensar tal cosa).
A esta altura del análisis parecería que la solución de esta litis resultaría sencilla mediante una mera aplicación al caso del art. 2363 del CCyC, ya que el acuerdo privado de partición que nos ocupa no estaba inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble y por lo tanto resultaría inoponible a “Estancias La Unión S.C.A.”.
No obstante, resulta muy acertado todo el análisis efectuado por el Sr. Juez de grado en cuanto a que la registración no es el único modo de publicidad. Hemos de recordar, además, que –como recién vimos- el art. 2363 del CCyC es una aplicación del principio general que rige la adquisición y transmisión de derechos reales contenido en el art. 1893 del mismo Código, por lo que necesariamente debe ser integrado con dicha norma, la cual dispone lo siguiente: “ARTICULO 1893.- Inoponibilidad. La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. / Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso. / Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real. / No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real.”. Por lo demás, y al margen de la claridad de la norma transcripta, también conducen a esa conclusión los principios generales del derecho sentados en los arts. 9, 10 y concordantes del nuevo ordenamiento, ya que resultaría contrario a la buena fe y abusivo que un tercero que conoce el convenio privado de partición celebrado entre los condóminos plantee que el mismo le resulta inoponible so pretexto de su falta de inscripción registral.
Pues bien, puestos a analizar si “Estancias La Unión S.C.A.” estaba al tanto de la existencia del convenio privado de partición, un primer elemento, sumamente relevante, es la “cadena de mails” a la que hicimos referencia al reseñar lo obrado en ambos procesos (ver más arriba, considerando I.B.1.f.). En ese lugar explicamos cómo se incorporó esa secuencia de correos electrónicos a la causa “U.”, por lo que a lo allí dicho me remito en honor a la brevedad, aunque cabe recordar –en prieta síntesis- que esa documental fue adjuntada por la Escribana U. y que a través de la misma pretendió acreditar que Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión” tenían “… un fiel conocimiento … del acuerdo de división existente …” (fs. 223vta./224).
Cabe analizar ahora cuáles fueron las manifestaciones vertidas en esos correos electrónicos por sus distintos remitentes, y deberé hacerlo con cierto grado de detalle, dadas la trascendencia de este medio probatorio y las arduas dificultades interpretativas a las que da lugar.
La cadena de mails tiene su inicio el día 03/01/2017, cuando el Dr. Eduardo A. C. de Zavalía, apoderado de Estancias La Unión (v. fs. 14 de la causa “Estancias”) le envía al Dr. Pera Sotelo (abogado de Eliana Elgorriaga), con copia a Federico Nordheimer (corredor inmobiliario especializado en campos y estancias que mediaba en la operación) un borrador actualizado del boleto a firmar el día 10/1, para su consideración (fs. 211, abajo). Aunque no se aclara en el mail, es dable inferir que se está refiriendo al boleto de compraventa que firmarían Elgorriaga y “Estancias La Unión”.
El mismo día Federico Nordheimer contesta el mail anterior a los Dres. de Zavalía y Pera Sotelo (fs. 210/211). Es importante advertir que en ese mail el corredor recuerda a las partes que deben llevar al acto de la firma del boleto el convenio de división y uso exclusivo entre Elgorriaga y U., cuya redacción “la realizará” el Estudio Zavalía. Hasta allí parece claro que el corredor y las partes (“Estancias La Unión” y Eliana Elgorriaga) no estaban al tanto de la existencia de un convenio de partición previo, suscripto por el padre de Eliana –ya fallecido por ese entonces- y las restantes condóminas. También se manifiesta en el mail que no existe un alambrado divisorio entre U. y Elgorriaga y que el mismo estará a cargo de la vendedora.
El día 04/01/2017 el Dr. Pera Sotelo envía un mail al Dr. de Zavalía y a Nordheimer manifestando distintas cuestiones en relación al boleto y –en lo que aquí interesa- solicitando (se entiende que al Dr. de Zavalía) que cuando pueda le remita por ese medio el convenio de subdivisión para que Eliana (Elgorriaga) lo firme con las restantes condóminas (fs. 210).
Ese mismo día el Dr. de Zavalía envía un mail al Dr. Pera Sotelo, con copia a Nordheimer, donde hace referencia al convenio, diciendo que creía habérselo enviado pero se lo envía nuevamente con algún pequeño agregado. En otro orden, le manifiesta que está muy preocupado porque fue al campo y observó que no hay mojones ni alambrados en el último tercio de la división, aunque advierte que también puede deberse a un error de parte suya porque el campo estaba sembrado con alpiste y no pudieron recorrer con claridad el lote para no causar destrozos, y por ende tampoco pudieron apreciar dónde termina uno y empieza el otro. Frente a tal situación, solicita que por favor se intente solucionar el tema antes de la firma del boleto (fs. 209/210).
Finalmente, el día 06/01/2017 el Dr. Pera Sotelo (recordemos que es el abogado de Eliana Elgorriaga) envía un mail a la condómina M. B. U. manifestándole que por indicación de su cliente le adjunta el convenio (fs. 209). Fue así que la Escribana U. tomó conocimiento de esa cadena de mails y tiempo después la agregó a la causa “U.” en oportunidad de contestar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por “Estancias La Unión S.C.A.”.
El proyecto de convenio que el Dr. Pera Sotelo envió como ajunto a la Escribana U. obra impreso a fs. 213/215 de la causa “U.”. De su lectura surge que allí se enuncia que las condóminas son M. B. U., Ana Inés Oliva y Eliana Elgorriaga y que su propósito es proceder a la división de condominio y a la atribución de uso y goce excluyente hasta tanto la misma se concrete (encabezamiento), se individualiza el bien (cláusula primera), se explica cómo se conformó ese condominio y los porcentajes que a cada condómino corresponden (cláusula segunda), se aclara que es deseo de las condóminas dividir la propiedad en dos lotes, de modo que uno quede en condominio entre U. y Oliva y el otro se adjudique a Elgorriaga, a cuyo fin contratarán los servicios de un agrimensor y se elaborará un croquis (cláusula tercera) y las partes se obligan a realizar todos los trámites correspondientes y a afrontar los gastos, y a la brevedad será levantado el alambrado divisorio entre ambos lotes, de acuerdo con el amojonamiento efectuado por el agrimensor (cláusula cuarta).
Particularmente importante es el contenido de la cláusula quinta de ese proyecto de convenio (fs. 214 de la causa “U.”), la cual transcribiré a continuación dada su relevancia y las serias dificultades interpretativas a las que da lugar: “Quinta: Todas las partes dejan constancia que, por un acuerdo verbal entre las Sras. U. y Oliva y el Señor José Alberto Elgorriaga continuado por Eliana Elgorriaga, desde hace años el campo era explotado o arrendado en forma separada y en lotes que guardan similitud con los establecidos en el presente. A fin de formalizar esta situación, las partes acuerdan celebrar por el presente y hasta tanto se realice la ajudicación definitiva, un convenio de uso y goce excluyente, en los términos del art. 1987 del C.C.C. sobre los lotes señalados precedentemente y que les serán adjudicados, teniendo las Sras. U. y Oliva la disposición exclusiva del lote “…” y la Sra. Elgorriaga la disposición exclusiva del lote “…” (los puntos suspensivos entrecomillados son del original). Para el caso de que alguno de los condóminos resolviera enajenar su parte indivisa, estará facultado para entregar libremente al comprador el uso y goce del lote que aquí se le acuerda, sin necesidad de recabar la conformidad de los demás condóminos, como así también de ceder todos sus derechos y acciones con relación a la división planteada, en los términos del art. 1636 del C.C.C. Asimismo las Sras. U. y Oliva se comprometen a permitir la entrada a la fracción de uso exclusivo de Eliana Elgorriaga o a quien la suceda en sus derechos, pasando a través de la que se les adjudica, hasta tanto se obtenga de la Municipalidad de Tandil la liberación del acceso a la fracción de Eliana Elgorriaga que se encuentra actualmente obstruida.” (los destacados y subrayados me pertenecen). Finalmente, también es importante advertir que a ese proyecto de convenio no se le adjunta croquis alguno y que contiene muchos espacios en blanco, es decir, que a diferencia del convenio del año 2015, carece de cualquier tipo de precisión respecto a las partes concretas del campo que se adjudicarían a cada una de las condóminas, con excepción de la parte final de la cláusula quinta, donde se menciona que el acceso correspondiente a la fracción de Eliana Elgorriaga se encontraba obstruido en ese momento, lo que denota al menos un conocimiento general de cuál era la parcela adjudicada a cada una de las condóminas en ese convenio de uso y goce.
Pues bien, ya interiorizados del contenido de la “cadena” de correos electrónicos y del proyecto de convenio que el Dr. Pera Sotelo envió como ajunto a la Escribana U. en el último de los mails que conformaron la misma, entiendo que la mayor parte de las declaraciones que surgen de todos esos documentos son claramente favorables a “Estancias La Unión S.C.A.”, ya que revelan que tanto esa persona jurídica como Eliana Elgorriaga -quienes además actuaban bajo la intermediación de Federico Nordheimer (corredor inmobiliario especializado en campos y estancias)-, desconocían o “ignoraban” (conf. nota al art. 923 del Código Civil derogado donde se explica la diferencia entre la ignorancia y el error) la existencia de un convenio privado de partición y adjudicación. De otro modo, sería absurdo que se hubieran abocado a trabajar en un proyecto de convenio para ser consensuado y luego firmado por Eliana Elgorriaga y las restante condóminas (M. B. U. y Ana Inés Oliva), ya que éstas, naturalmente, se opondrían a hacerlo invocando la existencia del convenio ya celebrado. No obstante, la mayor dificultad viene dada por la cláusula quinta del proyecto de convenio -que fuera transcripta más arribaya que de la misma surge que tanto Eliana Elgorriaga como “Estancias La Unión” estaban al tanto de la existencia de un acuerdo anterior, e inclusive su intención era que el convenio escrito cuyo “borrador” estaban enviando a la Escribana U. guardara “similitud” con aquél. Sin embargo, por las razones que a continuación iré explicando, entiendo que ese conocimiento era embrionario, erróneo, y no implicaba un conocimiento directo e inequívoco del convenio privado de partición y adjudicación celebrado entre los condóminos y la usufructuaria el día 19/03/2015.
En primer lugar, del mismo texto de esa cláusula quinta surge con claridad que Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión” pensaban que el acuerdo anterior era sólo verbal, lo que evidentemente era un notorio error, ya que, como vimos en la reseña inicial (ver más arriba, considerando I.A.b.), el mismo había sido celebrado por escrito, el día 19/03/2015, en un instrumento privado con firmas certificadas por Escribana Pública, al que se le anexó un croquis realizado por el Agrimensor Danilo Jaque Careaga, quien a su vez quedaba a cargo de realizar el plano final (puede verse un ejemplar, en copia, a fs. 51/54 de la causa “U.”). Es más, si profundizamos en esta cuestión, podríamos conjeturar que las partes no estaban equivocadas al aludir a un “acuerdo verbal”, ya que lo que probablemente ocurrió es que ese acuerdo en un comienzo fue verbal y tiempo después se formalizó por escrito en el instrumento privado del día 19/03/2015.
Ello se infiere, en primer término, de las palabras empleadas en el proyecto de convenio, ya que en la cláusula quinta se alude al acuerdo verbal celebrado “hace años”, pero lo cierto es que el mail fue enviado el día 06/01/2017, de modo que no habían transcurrido demasiados años –ni siquiera dos- desde el convenio escrito (19/03/2015) hasta ese momento (06/01/2017). En segundo término, se cuenta con el testimonio del Sr. Gustavo M. Lazarte, quien declaró –desde el minuto 52:40 en adelante- en la audiencia videograbada de prueba común a ambos procesos cuya acta obra a fs. 378 de la causa “U.” y a fs. 446 de la causa “Estancias”. Como vimos en la reseña inicial (ver arriba, considerando I.A.d.), el Sr.
Lazarte es la persona que –actuando en representación de “Don Silverio S.R.L.”- en el mes de mayo de 2016 alquiló la totalidad del campo a las condóminas Elvira Melotti, M. B. U. y Eliana Elgorriaga (v. fs. 196/197 de la causa “Estancias”). Ahora bien, conforme lo anticipamos en ese lugar, ese contrato no daba nacimiento a una relación jurídica totalmente nueva, sino que resultaba ser un nuevo eslabón en una relación locativa muy extendida en el tiempo entre los sucesivos dueños del campo en cuestión y el Sr. Lazarte. Ello dota al testimonio del Sr. Lazarte de un especial valor, ya que es de profesión “agropecuario” (v. minuto 54:05 de la audiencia) y alquiló el campo a todos los condóminos desde unos 20 años atrás (minuto 54:40 en adelante), por lo que se trata de un testigo especializado cuya declaración denota un profundo conocimiento del campo (arts. 384, 441 última parte, 456 segunda parte y conc. del C.P.C.C.).
Pues bien, en lo que aquí interesa, al testigo se le exhibió el croquis que las partes adjuntaron al convenio del día 19/03/2015 (para ser más precisos, se le exhibió la copia obrante a fs. 21 de la causa “U.”, y en el curso de la audiencia el Sr. Juez de grado fue anotando sobre el mismo croquis ciertos datos que aportaba el testigo, con lapicera azul), y dijo con total seguridad que la parte del campo que correspondía a U. era la fracción 662m-A y la que correspondía a Elgorriaga era la 622m-B (lo que se condice con los lotes que las partes se adjudicaron en dicho convenio, conforme cláusula segunda del mismo) y también dio a entender que esa división había sido hecha varios años atrás y desde entonces él comenzó a abonar los arriendos por separado aunque alquilaba todo el campo (ver minuto 1:00:00 en adelante).
En segundo lugar, es muy relevante observar que en el texto de la cláusula objeto de este análisis se hizo constar que “… por un acuerdo verbal entre las Sras. U. y Oliva y el Señor José Alberto Elgorriaga continuado por Eliana Elgorriaga, desde hace años el campo era explotado o arrendado en forma separada y en lotes que guardan similitud con los establecidos en el presente. (…)” (el destacado me pertenece). Esa frase, y en especial el empleo de las palabras “explotado o arrendado”, deja a las claras que Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión” entendían que ese acuerdo verbal preexistente había tenido por único objeto convenir cómo se utilizaría la cosa común hasta tanto se realizara la división del condominio (doctr. art. 1987 del CCyC), lo que ciertamente era otro palmario error porque el convenio celebrado por escrito el día 19/03/2015 tenía efectos jurídicos muchos más intensos, como lo son la partición y adjudicación definitivas, de modo que también estaban equivocadas sobre la naturaleza del acto (art. 267 inc. a del CCyC).
Vinculado a lo anterior, no paso por alto otro dato relevante a los fines de este análisis, como lo es que en esa cláusula también se consignó que en ese acuerdo verbal preexistente se habían atribuido lotes “… que guardan similitud con los establecidos en la presente…”. Esta manifestación es importante, porque permitiría razonar que si bien Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión” pensaban que el acuerdo previo tenía por único objeto la atribución de uso, también estaban dispuestas a tomarlo como pauta para concretar la división del condominio. Nótese que ello nos desplazaría del instituto de la “inoponibilidad” hacia el de la “invocabilidad”, ya que el mismo tercero aparecería invocando la existencia de un acto del cual no participó (ver esta Sala, causas n° 64680 “Rodríguez” y 64681 “Alijuaya” –acumuladas-, sentencia del 30.06.2020, donde se aludió a ambos institutos y a su aplicación en el art. 12 de la Ley de Sociedades).
Sin embargo, y como ya lo hemos dicho, el conocimiento que tenían Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión” del convenio preexistente estaba afectado por distintos errores e inexactitudes, los cuales también quedaron evidenciados en el mail enviado por el Dr. de Zavalía el día 04/01/2017, donde manifestó las dudas que le quedaron tras recorrer el campo y su consecuente preocupación. También hemos visto que el proyecto de convenio que enviaron a la Escribana U. tenía todos los aspectos referidos a la división del campo en blanco, es decir, sin completar, por lo que está claro que quienes lo habían redactado carecían de precisiones y que su intención era que el convenio se fuera completando conforme avanzaran las negociaciones con las restantes condóminas.
Así las cosas, es razonable, y no parece contrario al principio de buena fe ni a la prohibición de volver contra los propios actos, que en un momento determinado ambos contratantes (vendedora y compradora) hayan desistido de seguir avanzando en esas tratativas de división de condominio y hayan optado por celebrar la compraventa de una cosa indivisa, lo cual está expresamente permitido (art. 1989 del CCyC), en el convencimiento de que lo único que existía hasta ese momento era un antiguo convenio verbal de atribución de uso y goce –que podría haber servido como base para la división del condominio, pero ello no tenía que ser necesariamente así- y no un convenio de división de condominio. Por lo demás, el empleo de la palabra “similitud” empleado en la cláusula quinta del proyecto de convenio es ambiguo, porque si bien puede resultar favorable a la posición de la Escribana U., también deja en claro que la compradora no estaba dispuesta a sujetarse sin más a un acuerdo previo cuyos exactos alcances claramente desconocía.
Por último, y más allá de las dudas y dificultades que genera el texto de esa cláusula quinta del proyecto de convenio, entiendo que el elemento de interpretación más importante en aras a determinar qué es lo que realmente sabían las partes -y en especial “Estancias La Unión”- no debe ser buscado en su texto, sino en el hecho de que el mismo le fue enviado a la condómina Escribana M. B. U. a través del mail del día 06/01/2017 que ella misma agregó al proceso. Ello es así, en primer término, porque -como antes dije- si “Estancias La Unión S.C.A.” e Ileana Elgorriaga hubieran tenido conocimiento del acuerdo preexistente habría resultado totalmente absurdo que invirtieran tiempo y esfuerzos en la trabajosa tarea de elaboración de un nuevo proyecto para ser negociado y luego firmado por ésta última y las restante condóminas, ya que éstas, naturalmente, se opondrían a hacerlo, invocando la existencia del convenio ya celebrado, tal como efectivamente lo hicieron en la instancia judicial. En segundo lugar, y ya colocándonos en un escenario distinto, si por hipótesis pensáramos que “Estancias La Unión S.C.A.” actuó inescrupulosamente, pues intentó prevalerse de la falta de inscripción registral del convenio para alegar su inoponibilidad respecto a su persona, o que inclusive actuó en connivencia con Eliana Elgorriaga para incumplir el acuerdo previo –tal como lo afirman las restantes condóminas en los escritos postulatorios-, debería haber celebrado el contrato de compraventa con Eliana Elgorriaga sin más, “a escondidas”, calladamente, sorpresivamente, y no alentar a ésta para que divida el condominio con sus comúneras, facilitándole inclusive la redacción del proyecto, porque ello generaría la ocasión ideal para que sus condóminas planteen la existencia del convenio anterior y hagan saber de su existencia a “Estancias La Unión”, tornándolo así oponible a ésta última.
Cabe efectuar una consideración final en torno a esta “cadena de mails” y su incidencia en el supuesto conocimiento, por parte de “Estancias La Unión”, del convenio previo de división de condominio. No sabemos con certeza en qué momento la Escribana U. leyó el mail que recibió el día 06/01/2017 con su adjunto (sí sabemos, naturalmente, que en algún momento lo leyó, porque fue ella quien lo agregó al proceso). Adviértase que si la Escribana U. hubiera leído ese mail con cierta prontitud lo podría haber respondido para alertar a su condómina Eliana Elgorriaga y a “Estancias La Unión” de que el convenio de división de condominio ya había sido celebrado y en cuáles eran sus exactos efectos y alcances, todo lo cual habría resultado muy sencillo para ella dada su doble condición de condómina que había participado personalmente en la celebración del convenio y de Escribana (doctr. art. 1725 del CCyC). No soslayo en modo alguno que la Escribana U.
no tenía un deber legal de expedirse, por lo que su silencio no podría ser reputado sin más como un elemento en su contra (doctr. art. 264 del CCyC). Del mismo modo, tampoco pesaba sobre ella una obligación directa de advertir a su condómina y a “Estancias La Unión” de los notorios errores en los que estaban inmersos, más allá de que tal obligación podría considerarse indirectamente impuesta por un deber genérico de colaboración, máxime que ese error, o incluso la ignorancia absoluta del convenio celebrado en el año 2015, eran fácilmente reconocibles para ella (arts. 9, 266 y conc. del CCyC; nota al art.923 del Código Civil derogado). Pero, como contrapartida, sí resulta claro que tras la recepción y lectura del mail que le envió el letrado de su condómina, ella no podía dejar de advertir, aunque más no sea por un imperativo derivado de su propio interés, que las partes y el corredor intervinientes no tenían conocimiento del convenio de división de condominio firmado en el año 2015, ni que ello gravitaría inexorablemente en su contra porque ese convenio no estaba inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble y por tanto resultaría inoponible al adquirente (art. 2363 del CCyC), a menos que ella misma desplegara alguna actividad concreta para hacer conocer la existencia del convenio escrito de división de condominio a la interesada en adquirir el bien y de ese modo suplir su falta de publicidad registral. Sin embargo, la condómina U. no procedió de esa manera, y entiendo que no lo hizo porque interpretó equivocadamente que el convenio previo al que se aludía en el documento adjunto a la cadena de mails era el que oportunamente suscribiera el causante José Alberto Elgorriaga, y que las partes tenían un fiel conocimiento del acuerdo “de división existente” (v. sus escritos de fs. 219/227 y especialmente el presentado electrónicamente el día 17.02.2021), lo que claramente no era así.
Con todo, he de aclarar que estas últimas consideraciones solo tienen por objeto ahondar en el análisis de esta cuestión, dada su trascendencia, y en especial para explicar, mediante un razonamiento contrafáctico, que no hubiera resultado complejo anoticiar a “Estancias La Unión” de la existencia del convenio de división de condominio, ya que la misma persona jurídica y la condómina Eliana Elgorriaga habían facilitado las condiciones para ello mediante el envío del mail. De modo que esa referencia al art. 1725 del CCyC no debe llevar a pensar que la condición profesional de la condómina es la que decide esta cuestión, máxime si tenemos en cuenta que esa norma está contenida dentro de las disposiciones atinentes a la responsabilidad civil (art. 1708 y sig.) y en este tramo del fallo estamos evaluando un aspecto distinto, como lo es la inoponibilidad a un tercero de un convenio de división no inscripto y de cuya existencia no tuvo un conocimiento fehaciente por otra vía, cuestión regulada en los arts. 2363, 1893 y concordantes del mismo ordenamiento. Es más, me he referido puntualmente a la actuación de la Escribana “U.” porque fue ella quien inició el primero de los procesos conexos y quien recibió el mail y lo agregó a dicho proceso, pero va de suyo que este análisis no podría perjudicar a las restante condómina y a la usufructuaria que no recibieron un mail semejante, por lo que reitero que no es la condición profesional de la primera lo que decide esta cuestión.
Por último, no soslayo otro aspecto que podría resultar muy relevante a los fines de este análisis, como lo es que si bien la “cadena” de mails propiamente dicha concluyó el 06/01/2017 (mediante el envío del último mail a la Escribana U., que ésta no contestó), ambas partes admitieron –aunque en distintas oportunidades procesales y mediante versiones muy distintas-, que con posterioridad a ese último correo electrónico continuaron en tratativas. En el caso de “Estancias La Unión”, se refirió a esta cuestión en los escritos constitutivos de la litis que ya mencionamos al analizar su agravio primario, donde explicó que su parte entendió que la vendedora Eliana Elgorriaga había iniciado tratativas con sus condóminas para dividir el condominio, y que en el marco de esas negociaciones se le hizo llegar un croquis, pero como entendió que el acuerdo que las restantes condóminas le proponían a la vendedora era desventajoso por las características de la fracción del campo que se le pretendía adjudicar, y frente a la premura en concretar la operación, optaron por hacerlo sobre la parte indivisa, lo cual –como vimos- está expresamente permitido (art. 1989 del CCyC).
En el caso de las restantes condóminas, no se refirieron a estas tratativas posteriores al último mail en los escritos constitutivos de la litis, sino en actuaciones posteriores, en especial en la absolución de posiciones de la Escribana U. (ver minuto 4:20 a 6:30). No obstante, resulta claro que esos hechos no fueron alegados por dicha condómina en los escritos liminares del proceso, por lo que en principio no podrían ser valorados en las sentencias de ambas instancias (art. 330 inc. 4, 354 inc. 2, 163 inc. 3, 4 y 6, 266 y conc. del C.P.C.C.). Nótese, en tal sentido, que cuando la Escribana U. introdujo esa cadena de mails en la oportunidad procesal que ya reseñamos, fue para afirmar que de los mismos correos electrónicos y de su documento adjunto surgía el conocimiento del convenio previo, y no para decir que con posterioridad a esos correos las partes mantuvieron reuniones en las que quedó debidamente aclarada la situación (v. fs. 223vta./224 de la causa “U.”).
Por lo demás, y si bien lo anterior sería razón suficiente para no tomar en cuenta tales alegaciones, tampoco puede dejar de señalarse que las versiones que proporcionan ambas partes sobre lo ocurrido en esas tratativas carecen de medios de prueba convincentes que las respalden (arg. art. 375 del C.P.C.C.). En el caso de la Escribana U., solo se cuenta con sus propios dichos vertidos en la absolución de posiciones, por lo que esas manifestaciones no pueden ser tomadas a su favor (S.C.B.A.; L 41092 “Gómez” del 21.03.89; L 74342, “Peralta” del 28.09.01; L 74289 “Ávila” del 13.03.02; entre otros; esta Sala, causa 66326, “Díaz”, del 13.04.21., con sus citas), máxime cuando ello implicaría en este caso excepcionar un principio tan trascendente a los fines de la seguridad jurídica como lo es el de la inoponibilidad establecida en el art. 2363 del CCyC.
Por su parte, la versión de los hechos que proporciona “Estancias La Unión” solo cuenta con algún respaldo probatorio en el testimonio del Ingeniero Agrónomo Rafael Juan Barrera, quien declaró en el minuto 36:40 en delante de la audiencia videograbada, es integrante de la sociedad “Agrotecnos” que era quien alquilaba y luego adquirió el campo del partido de Olavarría a “Estancias La Unión”, y refirió en su declaración que estaba al tanto de que el negocio se había complicado pero finalmente “Estancias La Unión” optó por comprar el condominio (minuto 45:00 en adelante); sin embargo, ha de valorarse que en este último aspecto Barrera es un testigo “de oídas”, que tomó conocimiento de esa circunstancia a partir de los dichos de “Estancias La Unión”, y por lo tanto su valor probatorio es muy acotado (v. esta Sala, causa 64786, “Lageyre”, del 05.12.2019, con sus citas).
Pasando a los restantes medios de prueba a los que aludió la Escribana U. en el punto 8 de sus dos contestaciones de agravios del día 13/11/2020 para demostrar que “Estancias La Unión” estaba en conocimiento del convenio previo, entiendo que los mismos no tienen los alcances que esa parte pretende darles.
En efecto, comenzando por el acta notarial de constatación labrada por escritura pública nº 13 del 31/03/2017, se trata, según vimos en la reseña inicial, del acta labrada cuando el locatario (“San Silverio S.R.L.”) procedió a la restitución del campo. Sin embargo, la misma es posterior al boleto de compraventa celebrado el día 02/02/2017, por lo que -a los fines de este análisis- no resulta relevante el conocimiento que la compradora pudo haber adquirido con posterioridad a la celebración de la compraventa, al margen de que tampoco estuvo presente en ese acto de restitución del bien. En cuanto a las otras implicancias de ese acto, como las concernientes a sus efectos sobre la posesión, las mismas serán analizadas más abajo.
En cuanto a la declaración testimonial del Sr. Gustavo Mauricio Lazarte, ya nos hemos referido con anterioridad al valor de su testimonio, por tratarse de una persona especializada que además alquiló todo el campo durante muchos años (arts. 384, 441 última parte, 456 segunda parte y conc. del C.P.C.C.). No obstante, si bien el testigo pudo explicar con facilidad cómo estaba dividido el campo, en su relato refiere básicamente a una división hecha algunos años atrás, por lo que parecería que el testigo alude a ese antiguo acuerdo verbal de atribución de uso y goce, y no al convenio de división de condominio celebrado en el año 2015, del que no se sabe si tiene noticias precisas. Ello, además, es de toda lógica, porque en principio no cabe esperar de un testigo especializado en explotaciones agropecuarias, pero no especializado en cuestiones jurídicas, que distinga con precisión la delgada línea divisoria entre un convenio de uso y goce entre condóminos (art. 1987 del CCyC) y un convenio privado de división de condominio (arts. 1996, 2363, 2369 y conc. del CCyC), máxime teniendo en cuenta que el segundo no incidió en su esfera de intereses porque él siguió alquilando la totalidad del campo.
Por lo demás, a la hora de valorar este testimonio, no debemos olvidar lo antes dicho en cuanto a que en este caso “Estancias La Unión” es un tercero que está invocando la inoponibilidad del convenio de división de condominio a su respecto, por falta de publicidad registral y de conocimiento por otras vías. De modo que lo que el testigo Lazarte pudiera saber –y aún suponiendo, por vía de hipótesis, que estaba al tanto de una verdadera división de condominio- no tiene por qué ser trasladable al tercero adquirente ajeno a esa relación locativa.
Es más, vinculado a lo anterior, asiste razón a “Estancias La Unión” en relación a un argumento muy importante que ha sostenido con énfasis desde los escritos postulatorios en relación a la incidencia del contrato de locación. En efecto, resulta claro que la circunstancia de que los condóminos fueran celebrando sucesivos contratos de locación con el mismo arrendatario, en los que inclusive se alquilaba la totalidad del campo (ver contrato obrante a fs. 105/107 de la causa “Estancias”), dificultó en grado sumo que el adquirente pudiera tener conocimiento de la división del condominio, sea a través de la lectura de ese contrato (que precisamente llevaba a pensar lo contrario, es decir, que el campo no estaba dividido) o de la “publicidad posesoria” a la que alude el art. 1893 del CCyC (aunque esto último es más relativo, porque aunque los condóminos hubieran explotado el campo por sí mismos y por separado, esto podría resultar demostrativo tanto de un convenio de atribución de uso y goce como de una división del condominio).
No paso por alto que tanto en la declaración testimonial del Sr. Lazarte como en la absolución de posiciones de la Escribana U. ambos explicaron que el campo se alquilaba en su totalidad porque ello le convenía al arrendatario y – naturalmente- porque todos los condóminos querían continuar esa relación locativa y estaban de acuerdo en alquilarlo de ese modo. Desde esa perspectiva podría explicarse que al celebrarse el contrato de locación en el mes de mayo del año 2016 las partes no hayan mencionado el convenio de división de condominio del año 2015. Además, esa mención resultaba absolutamente innecesaria a los fines de la locación, porque en definitiva el campo se seguía alquilando en su totalidad.
Pero, aunque esa falta de precisiones se comprenda desde esa óptica, va de suyo que –como decía más arriba- impidió que a través del contrato de locación “Estancias La Unión” tomara conocimiento del convenio de división de condominio, e inclusive se inclinara a pensar lo contrario (es decir, que el campo continuaba indiviso). Para concluir este tópico, es dable señalar que resulta absolutamente irrelevante el modo en el cual se efectuaban los pagos de los arriendos, porque siendo el dinero una cosa divisible es posible y habitual tanto que se pague a un único arrendatario como que el pago se divida entre ellos, y de hecho el mismo arrendatario aclaró que el modo de efectuar los pagos fue cambiando a través del tiempo (v. audiencia videograbada, minuto 01:05:00 a 01:06:20).
Otro tanto cabe decir del alambrado divisorio existente, que por ser un simple “alambre eléctrico” es de menor porte que un alambrado tradicional (ya que cuenta con menos postes y menos hilos de alambre), además de ser mucho más económico y fácilmente removible, y por esos mismos motivos puede interpretarse que es más demostrativo de un simple convenio de uso y goce que de una división definitiva del condominio.
Por último, en cuanto a la respuesta de la Cooperativa Rural Vial de Tandil, que según refiere la Escribana U. luce agregada el 28/02/2019, antes que nada es dable aclarar que esa es la fecha en la cual esa parte acreditó el diligenciamiento del oficio mediante un escrito electrónico presentado en la causa “Estancias”, mientras que la respuesta propiamente dicha obra a fs. 389 de la misma causa. Pues bien, puestos a analizar este medio de prueba, es dable observar que se le requirió al ente oficiado que informe si había recibido alguna solicitud de apertura de calle y/o acceso a la parcela 622m-B del acuerdo de partición y adjudicación cuya copia se agrega al oficio y en caso afirmativo informe la identidad del solicitante, a lo que la Cooperativa se limitó a contestar que el acceso a la esa parcela corresponde a una calle pública denominada “Cno. Municipal N. 22” que se encuentra abierta al tránsito en general, que es utilizada por la gente del lugar y que se ha reacondicionado cada vez que se ha solicitado. Por lo demás, aunque por hipótesis la mencionada Cooperativa hubiera respondido que la gestión había sido hecha por una de las condóminas, y aunque también por hipotésis hubiera respondido que el pedido había sido acompañado del plano de división de condominio, ello no tenía por qué ser conocido por “Estancias La Unión”, quien –como varias veces dijimos- es un tercero ajeno a la partición que alega la inoponibilidad a su respecto. Por lo tanto cabe concluir que este medio de prueba nada aporta en cuanto a la solución de este aspecto de la litis.
Por todo lo expuesto a lo largo de este extenso apartado, concluyo que no existen elementos para afirmar que “Estancias La Unión” tuviera conocimiento del convenio de división de condominio celebrado el día 19/03/2015, lo cual –sumado a su falta de inscripción registral- lo hace inoponible a dicha persona jurídica (art. 2363 y conc. del CCyC).
d) Como ya lo anticipé al explicar el orden que imprimiría a esta propuesta decisoria, cabe abordar ahora un planteo que la condómina M. B. U. introdujo en primera instancia y reeditó en las contestaciones de las expresiones de agravios. Nos referimos, puntualmente, al argumento según el cual “Estancias La Unión” nunca habría tenido la posesión del bien y por tal motivo carecería de legitimación activa para demandar la división del condominio (doctr. art. 345 inc. 3 del C.P.C.C.).
En un reciente precedente de esta Sala se abordaron distintas aristas relativas a este tema, sentándose, como principio general, que los legitimados activos y pasivos de la acción de división de condominio solo pueden ser quienes resulten titulares del derecho real perfectamente establecido e inscripto en el registro de la propiedad (causa 66.347, “Santarcángelo”, sentencia del 25.03. 2021, primer voto de nuestra estimada colega Lucrecia Comparato, con cita de Areán en la obra de Bueres-Highton “Código Civil…” T° 5B, pág. 121). Tal como surge de esa causa, y también de trabajos de doctrina que han abordado esta temática, la mayor parte de los planteos conflictivos se presentan en punto a la solicitud de división interpuesta ante supuestos de otras comunidades de bienes distintas al condominio, o de actores que no resultan ser titulares registrales, tales como los adquirentes en subasta sin inscripción, y los adquirentes por boleto de compraventa (Abad, Gabriel O. y Olcese, M. Josefina, “La legitimación para iniciar la acción judicial de división de condominio”, Ed. Microjuris.com Argentina; MJ-DOC-13718-AR | MJD13718).
En el presente caso la situación se presenta desde un vértice distinto y poco explorado, ya que “Estancias La Unión S.C.A.” cuenta con título pero –a estar al argumento de la Escribana U.- carecería de modo para adquirir el dominio. Ello, ciertamente, podría erigirse en un serio obstáculo en orden a la legitimación activa de la primera, también en el sistema del nuevo Código (aplicable al caso, conf. art. 7 del mismo), ya que la adquisición derivada de derechos reales sobre inmuebles por actos entre vivos sigue requiriendo por regla del concurso del título y de la tradición, siendo ésta última equivalente al modo suficiente (art. 1.892). Ahora bien, entiendo que existen dos razones por las cuales este planteo defensivo no puede prosperar.
i. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que tratándose de una transmisión de parte alícuota o indivisa entre condóminos, la tradición efectiva no puede juzgarse independientemente de la forma en que se ejercía hasta ese momento la coposesión por parte de ellos y cómo se desarrolla desde entonces la relación real por el adquirente (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, "Illuminatti”, sentencia del 01.10.2013, voto del Dr. Juan José Guardiola).
En el caso de autos, a lo largo del análisis precedente hemos tenido oportunidad de ver que el campo venía siendo alquilado desde muchos años atrás a “Don Silverio S.R.L.” (representada por el Sr. Gustavo Mauricio Lazarte), y esa era la situación fáctica y jurídica existente al momento en que se celebró la compraventa entre Eliana Elgorriaga y “Estancias La Unión S.C.A.”. En ese contexto, una vez producida la venta, la vendedora Eliana Elgorriaga habría procedido a notificar a sus restantes condóminas y al locatario de la venta efectuada, haciéndoles saber la identidad del adquirente y que a partir de ese momento debía considerárselo poseedor del bien. Más abajo volveré sobre estas notificaciones.
Así las cosas, y tal como lo sostuvo “Estancias La Unión S.C.A.” en los escritos constitutivos de la litis (v. fs. 98vta. de la causa “U.”), en principio resultaría aplicable al caso el instituto de la “traditio brevi manu” regulado en el art. 1892 tercer párrafo del CCyC, el cual dice así: “La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente.” En sentido concordante, el artículo 1923 del mismo código dispone –en cuanto aquí interesa- que “No es necesaria la tradición, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste pasa la posesión a quien la tenía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla a nombre de otro, quien la adquiere desde que el tenedor queda notificado de la identidad del nuevo poseedor. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en representante del nuevo poseedor.”
Kiper explica este supuesto de traditio brevi manu, es decir, el del “tenedor que poseyendo una cosa a nombre de una persona, pasa a poseerla a nombre de otra”, en los siguientes términos: “Como se ve, el tenedor sigue siendo el mismo, pero se produce una mutación subjetiva en la relación posesoria: cambia la persona que posee la cosa. Por ejemplo, el dueño de un inmueble (antigua posesión) que, luego de darlo en locación (tenencia actual y permanente), lo vende a un tercero (nueva posesión). / Se advierte, a través del ejemplo, que no sería económico y ni práctico exigir que el poseedor (dueño del inmueble y locador) le requiere la cosa al tenedor (locatario), para luego, una vez en su poder, hacerle tradición de ella al comprador a fin de que instale su posesión (nuevo poseedor), debiendo éste, finalmente, reintegrarla al locatario (mismo tenedor).” (autor citado, “Tratado de derechos reales”, Rubinzal Culzoni, T. I, pág. 159). Ahora bien, en el caso de autos la aplicación de este instituto nos enfrenta a una dificultad vinculada a la notificación al tenedor de la identidad del nuevo poseedor, tema que -como vimos- se encuentra actualmente regulado en el art. 1923 del CCyC. En efecto, según surge del relato contenido en la demanda de la causa “Estancias” y de la documentación adjunta, el mismo día de la celebración de la compraventa por boleto, es decir, el 02/02/2017, la vendedora Eliana Elgorriaga envió cartas documento a las condóminas y al arrendatario haciéndoles saber la identidad del nuevo adquirente y que el mismo pasaría a encontrarse en posesión del bien (v. demanda fs. 212vta. último párrafo y carta documento en original a fs. 26 de la misma causa). Sin embargo, el problema viene dado porque esa carta documento enviada al locatario no fue acompañada de su aviso de recibo, a lo que se suma que en el intercambio epistolar posterior entre el nuevo poseedor (“Estancias La Unión”) y el tenedor (“Don Silverio S.R.L.” representada por Gustavo Lazarte) éste último desconoció haber recibido esa primera carta documento (ver cartas documento obrantes a fs. 39/40, 42, 44/47, 48/49, 50/51 y 53, todas de la causa “Estancias”), y que cuando éste declaró como testigo no se le exhibieron las cartas documento en cuestión para su reconocimiento ni se proveyó la prueba al Correo Argentino.
Ahora bien, no obstante esa falta de reconocimiento o prueba supletoria de la recepción de esa primera carta documento por parte del arrendatario, se imponen dos consideraciones. En primer lugar, resulta ciertamente llamativo que si el arrendatario “Don Silverio S.R.L.” desconocía la venta y los problemas generados en torno a la misma haya recurrido a los servicios de un Escribano Público para proceder a labrar un acta de constatación en la cual dejar constancia del acto de restitución del predio, siendo que eso no estaba pactado en el contrato y es algo absolutamente inusual en los usos de los contratos de locación en general y de los arrendamientos agropecuarios en particular (doctr. art. 1 del CCyC). No paso por alto que en el “requerimiento” se dejó constancia de que el Sr. Lazarte procedió de ese modo por seguir las indicaciones de las arrendadoras Sras. U. y Oliva (v. acta de constatación obrante a fs. 23/29 de la causa “U.”, en especial punto segundo obrante a fs. 23 y vta.), lo cual es muy verosímil porque no es dable pensar que el arrendatario haya procedido de esa manera por iniciativa propia; aún así, seguramente debió preguntarse y preguntar a las arrendadoras por qué motivo se le solicitaba que la restitución quedara plasmada en un acta notarial, siendo que –como dije- ello es algo absolutamente inusual en los arriendos agropecuarios.
En segundo lugar, es cierto que el artículo 1923 del CCyC dispone expresamente que la nueva posesión se adquiere desde que el tenedor queda notificado de la identidad del nuevo poseedor, sumando así una exigencia que el código derogado no contemplaba (art. 2387) pero que era reclamada por la doctrina y la jurisprudencia (Nelson G. A. Cossari, comentario al art. 1923 en “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético”, Jorge H. Alterini –Director General-, La Ley, T. IX, págs. 257/258).
Ahora bien, entiendo que el fundamento último de la notificación exigida por la nueva norma es la oponibilidad a terceros, tal como acontece en otras situaciones análogas en las cuales es necesario notificar de ciertos actos a determinados terceros que no participaron en su celebración pero se ven indirectamente alcanzados por sus efectos, a las cuales nos referimos más arriba al aludir al instituto de la inoponibilidad (vgr., arts. 1459 del Código Civil derogado y 1620 del CCyC). En esa misma orientación, en la prestigiosa obra antes citada se aconseja efectuar una notificación fehaciente “… a fin de poderla oponer a terceros interesados y al mismo tiempo al notificado si ésta intenta desconocerla.” (Cossari, comentario…, cit., pág. 258). Y, ciertamente, la solución legal parece de toda lógica, ya que es necesario que el tenedor conozca el acto jurídico del que no participó, en especial para que en su momento restituya la cosa a quien corresponda.
No obstante, en el caso de autos es fácil observar que el verdadero conflicto está dado entre las distintas condóminas (poseedoras) y el adquirente de una parte indivisa (que pasa a ser nuevo poseedor), mientras que el locatario (tenedor) es totalmente ajeno a ese conflicto. Y, ciertamente, no está controvertido que las restantes condóminas y la usufructuaria tuvieron conocimiento inmediato de la venta y de la identidad del nuevo poseedor, porque así surge de los escritos constitutivos de la litis y del intercambio epistolar (v. cartas documento obrantes a fs. 27 –fotocopia a fs. 125- 28, 31, 33, 34, 58 de la causa “Estancias”; absolución de posiciones de la Escr. U., minuto 12:00 en adelante y reconocimientos de documental en minuto 01:15:30 en adelante; confesión ficta de Elvira Melotti, en especial posición n° 4).
Así las cosas, concluyo que al caso de autos no resulta aplicable el art. 1923 del CCyC en su tenor literal, por lo que cabe considerar operada la transmisión de la posesión a través del instituto de la traditio brevi manu. Una interpretación contraria implicaría una aplicación de la norma ajustada a su literalidad pero totalmente contraria a su finalidad, lo cual debe ser evitado (art. 1 CCyC).
ii. Si bien la razón anterior sería suficiente para desestimar el planteo de falta de legitimación activa respecto a “Estancias La Unión S.C.A.”, entiendo que existe un argumento coadyuvante que conduce a idéntico resultado.
En efecto, como antes señalé, no es habitual que en los procesos de división de condominio se alegue la falta de legitimación activa derivada de la falta de posesión, sino que los casos más frecuentes se vinculan a compradores por boleto o herederos. Sin embargo, esos planteos sí se verifican con mucha frecuencia en materia de acciones reivindicatorias, en las cuales sí es muy habitual –por obvias razones- que un adquirente por escritura pública reclame la posesión a un tercero, y que éste alegue que el adquirente carece de legitimación porque nunca se le hizo la tradición del bien.
Esta cuestión que fue tratada por esta Sala en múltiples oportunidades (causas n° 58.923, “Fittipaldi”, del 02.06.2015, con primer voto de nuestro estimado ex colega Dr. Ricardo Bagú; causa n° 64.614, “Di Siervi”, del 23.12.2019, con primer voto de la estimada colega Dra. Yamila Carrasco, entre muchas otras).
Retomando conceptos vertidos en dichos precedentes, nuestro cimero tribunal provincial sostuvo que “(l)os arts. 2758 y concordantes del Código Civil no se oponen a la aplicación del art. 2790 de ese mismo cuerpo legal en el caso de reivindicación por parte del reivindicante que pudiera invocar a su favor títulos de dominios anteriores a la posesión del reivindicado, aún cuando no probare la preexistencia de la propia posesión, porque debe presumirse que los antecesores del reivindicante -que transfirieron la cosa cum omni sua causa, es decir, subrogándolo a aquél en todos los derechos de garantía- tuvieron la posesión de la cosa desde la fecha de su título, lo que basta para que como sucesor pueda ampararse en los derechos que hubiesen tenido aquellos para reivindicar, sin perjuicio del carácter iuris tantum de tal presunción (conf. C. 98.866, sent. del 11-XI-2009). Por lo demás, los argumentos que expone el recurso están de tal modo entrelazados entre sí que al desmontarse uno de ellos se desmoronan por completo los restantes. Tal es lo que ocurre con el óbice aquí analizado -la ausencia de acción por la no conjunción del modo necesario para adquirir el dominio-. Si, como adelanté, el recurrente no logró acreditar que haya tenido la posesión con anterioridad al acto de transmisión dominial a los fines del progreso de demostrar la adquisición por usucapión, tampoco puede valerse de ese antecedente indemostrado para oponerlo como óbice al perfeccionamiento del dominio en cabeza del actor. Mas, a fin de dar respuesta concreta a este agravio, he de señalar que en supuestos como el de autos, al reivindicante no le es requerido acreditar la conjunción del título y el modo, siendo suficiente con el primero. En efecto, es un principio recibido en nuestro sistema que aun cuando mediara desposesión de la cosa por parte de un tercero, nada impide a su titular la posibilidad de celebrar -con relación a la mismaaquellos contratos que tienen por finalidad la transmisión de su dominio (compraventa, cesión, donación, etc.). En tales hipótesis, la titularidad del bien permanecerá en cabeza del enajenante -pues la tradición se verá impedida por la posesión que ejerce el tercero- aun cuando el adquirente recibirá de su cocontratante todas las acciones que tienden a tutelar ese derecho real que se pretende transmitir” (SCBA, C. 99.055, “Fabiani Laura Delia c/ Di Nunzio Daniel Francisco s/ Acción de reivindicación”, del 07.05.14.).
Reseñó el Dr. Hitters en aquella ocasión: “Un antiguo fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Civil se encargó de zanjar la discusión a favor de esta interpretación, reconociendo al comprador a quien no se le ha efectuado la tradición de la cosa la titularidad de la acción reivindicatoria contra quien ejerza su posesión (C.N.Civ., en pleno, "Arcadini, Roque s. suc. v. Maleca, Carlos", 11-XI-1958, LL 92-463). Para fundar esta afirmación, señaló por entonces el doctor Cichero en la opinión que abrió el acuerdo, que "los contratos, como el de compraventa, que tienen por finalidad transmitir la propiedad de una cosa, llevan en sí la fuerza suficiente para que se cumpla dicha finalidad". Por su parte, y desarrollando la misma idea, el voto del doctor Llambías puntualizó que "el desplazamiento de derechos que provoca la compraventa no alcanza, desde luego, al dominio mismo, hasta tanto no se practique el 'modo' adecuado para la traslación de ese derecho, consistente en la tradición de la cosa. Pero mientras esto ocurre, especialmente en los casos en que el vendedor por carecer de la posesión de la cosa está impedido de entregarla al adquirente, nada se opone a que se entienda transmitida a éste la acción reivindicatoria perteneciente a aquél, a mérito de esa independencia funcional que media entre el dominio como tal y la acción que lo ampara ... Adviértase que de otra manera [concluyó el prestigioso tratadista] el contrato de compraventa, en tal supuesto, vendría a quedar desprovisto del contenido práctico pues sería ilusorio esperar que el vendedor sin provecho efectivo para él promoviera nada menos que un juicio de reivindicación contra un tercero, cuando es razonable pensar que exactamente para eludir esa contingencia es que ha concertado la venta en condiciones inconvenientes -sin posesiónque no puede menos de haberse reflejado en un inferior precio del inmueble. Ha de admitirse pues en esas hipótesis, y en virtud de los fundamentos que anteceden, que por el efecto del contrato el comprador se encuentra facultado a promover aquellas acciones pertenecientes al autor de su derecho, en tanto puedan ser consideradas accesorias al objeto enajenado, las que por tal razón se transmiten al adquirente con prescindencia de la suerte que siga la titularidad del dominio (doctrina del art. 3268 del Código Civil)” (SCBA, causa C. 99.055. “Fabiani”, ya cit.).
Como refieren Causee y Pettis “en todos los casos no podemos dejar de señalar los beneficios que en la práctica conlleva la solución propiciada, como así también nuestra coincidencia con Kiper cuando afirma que los efectos del ejercicio directo de la reivindicatio le resultarían más provechosos al comprador, por cuanto de este modo adquiriría en forma directa la posesión a que tiene derecho en razón de su título (art. 1323, 1409, 2468 y concs.). En suma, por lo hasta aquí apuntado concluimos (…) que el comprador de un inmueble al que no se le hizo la tradición puede ejercer la acción reivindicatoria para hacerse de la posesión, solución ésta que corresponde también extender al caso en que dicho sujeto haya únicamente tenido la posesión de una parte del inmueble, permitiéndole así reivindicar la parte respecto de la que no tuvo la posesión.
Lógicamente que si se acepta esta postura, pierden relevancia todos aquellos planteos que pudiera oponer el demandado en la acción reivindicatoria sobre falsedad ideológica de la manifestación vertida en la escritura acerca de que el comprador había entrado en la posesión del inmueble, pues tuviera o no la posesión por tradición, esta parte se encuentra facultada a reivindicarlo de un tercero que pretendiera poseerlo” (autores citados, en Kiper “Juicio de acciones reales”, p. 67 y ss.). Bajo estas directrices, la jurisprudencia ha resuelto que “El comprador de un bien inmueble a quien no se le hizo tradición de la cosa está legitimado para ejercer la acción de reivindicación ante el tercero poseedor, pues al celebrar la compraventa se produce una cesión de todos los derechos y acciones del vendedor, y entre ellas se encuentra la reivindicación” (LLNO, 2009 (agosto) 634).
“El comprador de un inmueble tiene acción para peticionar su reivindicación contra el tercero poseedor, aun cuando personalmente no haya tenido la posesión, invocando la que tuvieron sus antecesores en el dominio, pues la venta importa implícitamente la cesión de todos los derechos y acciones que el vendedor tenía sobre la cosa, por lo que no es necesario que el reivindicante haya sido desposeído, siendo suficiente que lo haya sido alguno de sus predecesores en el dominio” (Cám. Apel. Civ. y Com., Posadas, Sala III, 09.03.06, “Pereira”, LLLitoral, 2007 (febrero), 88; toda jurisprudencia reseñada por Kiper, Claudio, Dir., “Juicio de acciones reales”, ya citado, p. 68). En el sistema del nuevo Código, la adquisición derivada de derechos reales sobre inmuebles por actos entre vivos requiere por regla del concurso del título y de la tradición, siendo ésta última equivalente al modo suficiente (art. 1.892), por lo que se ha afirmado que la doctrina antedicha conserva plena vigencia (Claudio Kiper, “Tratado de derechos reales”, Rubinzal Culzoni, T.
II, págs. 459/460, cit. por esta Sala en causa 65.339, “Penna”, sentencia del 22.09.2020).
Como ya lo anticipé, entiendo que esta rica construcción doctrina y jurisprudencial elaborada en torno a la acción reivindicatoria resulta aplicable analógicamente (doctr. art. 2 del CCyC), por idénticos motivos prácticos y de justicia, a la acción de división de condominio, máxime en un supuesto como el que nos ocupa, en el cual no ha mediado controversia alguna entre vendedor y comprador, por lo que resulta indudable la voluntad de vendedor de ceder a su comprador todas las acciones derivadas del dominio.
e) A la luz de todo lo dicho hasta aquí, resulta claro que debe revocarse la sentencia única en lo principal que allí se decidió, con las implicancias concretas que a continuación se desarrollarán. Ello, a su vez, desplaza los agravios vertidos en los distintos escritos a los que hicimos referencia en la reseña inicial.
Pues bien, puestos a analizar cuáles son las implicancias concretas de todo lo hasta aquí desarrollado en cuanto al fondo de la cuestión, ha de recordarse lo dicho al inicio de este apartado II, es decir, que el núcleo de la contienda no consistió en el derecho a pedir la división del condominio sino en el modo en que la partición debía llevarse a cabo. Sobre esas bases, a continuación analizaré qué suerte han de correr las pretensiones contenidas en ambas causas.
i. Causa “U.”
En principio parece claro que debe ser rechazada la demanda promovida por M. B. U. en la causa “U.”, tanto en relación a la demandada originaria Eliana Elgorriaga como también respecto a “Estancias La Unión S.C.A.”. No obstante, es pertinente efectuar algunas breves consideraciones adicionales en relación a cada una de estas “codemandadas”, que además son necesarias para readecuar las costas de primera instancia en los términos del art. 274 del C.P.C.C., tarea a la que me iré abocando en simultáneo para facilitar la comprensión de cada solución. En relación a esto último, y dado que en los dos procesos conexos se han opuesto distintos planteos de falta de legitimación, es pertinente aclarar que -si bien se trata de un tema controvertido en doctrina y jurisprudencia- esta Sala adhiere al criterio según el cual cuando una excepción es opuesta como una defensa de fondo no corresponde emitir una decisión separada sobre costas, sino que queda subsumida en las costas de la cuestión principal (v. in extenso causa 65926, “Márquez”, sentencia del 18.02.2021, primer voto de la Dra. Yamila Carrasco, con sus citas).
Con respecto a Eliana Elgorriaga, si tenemos en cuenta que el boleto de compraventa por el cual ella vendió su parte a “Estancias La Unión S.C.A.” se celebró el día 02/02/2017, que la causa “U.” se inició el día 27/06/2017, y que la escritura traslativa de dominio se otorgó el día 10/08/2017 y fue inscripta el día 31 del mismo mes y año, resulta claro que al momento de interposición de la acción aquélla contaba con legitimación pasiva para ser demandada por división de condominio, y que esa calidad no podía ser sustituida sin la conformidad expresa de la contraria (art. 44 del C.P.C.C.), lo cual no se verificó en este caso. Por otra parte, también es evidente que dicha condómina no podía negarse a cumplir el convenio celebrado por su padre – de quien resultó heredera- por el mero hecho de alegar su desconocimiento, ya que en esas hipótesis el heredero debe recurrir a la figura procesal de la “respuesta en expectativa” (arts. 314, 400, 2277 y conc. del CCyC; arts. 354 inc. 1 2do. párrafo y conc. del C.P.C.C.). Asimismo, si bien Eliana Elgorriaga esbozó un planteo de nulidad del acuerdo particionario a razón de su carácter abusivo, ella misma aclaró –a fs. 124vta. de la causa “U.”- que en su caso la haría valer en un proceso autónomo, por lo que está claro que no planteó la nulidad ni por la vía reconvencional ni como defensa tal como lo autoriza el art. 383 del CCyC (v., de mi autoría, “La articulación y sustanciación de la nulidad en el nuevo Código Civil y Comercial”, en la obra colectiva “Derecho Procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación”, dirigida por el Dr. Gabriel Hernán Quadri, La Ley, Buenos Aires, 2017, T. II. págs. 1477 a 1489).
Por tales motivos, si bien la demanda de división de condominio debe ser rechazada también en relación a Eliana Elgorriaga, ello acontece de manera indirecta, como consecuencia de la inoponibilidad del convenio de división de condominio frente a “Estancias La Unión”. Esta circunstancia produce que este decisorio resulte indivisible, ya que la demanda promovida por U. no podría prosperar contra Elgorriaga y no prosperar contra la adquirente, pues ello implicaría que la partición se lleve adelante de dos modos distintos, lo cual es lógica y materialmente imposible. Ahora bien, por otra parte no puede dejar de valorarse que al momento de promover la demanda de división de condominio la Escribana U. ya tenía conocimiento de cuáles eran las posiciones de Eliana Elgorriaga y de “Estancias La Unión” respecto al desconocimiento y a la inoponibilidad (respectivamente) de convenio privado de partición, porque para ese entonces ya se habían intercambiado multiplicidad de cartas documento y había incoado sin éxito el pedido de legítimo abono. Pero aún así la Escribana U. optó por promover la demanda de división de condominio, en el convencimiento de que el convenio privado de partición era oponible a la adquirente y por tanto la demanda podría prosperar contra ambas.
Por todo lo expuesto, entiendo que en este punto cabe apartarse del principio objetivo de la derrota y disponer que las costas de la causa “U.” sean impuestas por su orden entre la actora M. B. U. y Eliana Elgorriaga (arts. 68 y conc. del C.P.C.C.), con excepción de las causadas en la defensa de “Estancias La Unión S.C.A.”, cuya situación analizaré a continuación.
En relación a “Estancias La Unión S.C.A.”, y como ya fuera anticipado, también corresponde rechazar la pretensión de división de condominio incoada a su respecto, lo que en su caso sí es una consecuencia directa de la declaración de inoponibilidad del convenio privado de división de condominio, ya que esa inoponibilidad se declara precisamente en beneficio de esa persona jurídica.
En cuanto a las costas ocasionadas por su intervención, en la reseña con la que inicié este voto quedó en claro que se presentó una situación procesal atípica, ya que la Escribana U. solicitó la citación de “Estancias La Unión” como tercero obligado (fs. 73/75), pero el Sr. Juez de grado la consideró codemandada y le confirió traslado de la demanda (fs. 82/83), y en principio debe estarse a este último encuadre, ya que el mismo no fue recurrido por la parte actora.
Así las cosas, entiendo que en este caso no corresponde apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), lo que conlleva a imponer las costas ocasionadas por la intervención de “Estancias La Unión” a la parte actora, es decir, a la Escribana U. Ello es así porque la actora requirió la citación como tercero de “Estancias La Unión” el día 17/10/2017 (fs. 73/75), es decir, cuando ya tenía un conocimiento muy certero de la celebración del contrato -primero formalizado por boleto y luego por escritura ya otorgada en ese entonces-, y cuando ya se habían intercambiado la mayor parte de las múltiples cartas documento, por lo que la decisión de la actora de citar como tercero a “Estancias La Unión”, que era un tercero totalmente ajeno al convenio de división de condominio, fue exclusiva consecuencia de su punto de vista sobre la oponibilidad del convenio a su respecto (el cual, por respetable que sea, no es compartido en este voto).
Por lo demás, me permito hacer notar que esa solución no cambiaría si por hipótesis consideráramos que “Estancias La Unión S.C.A.” fue citada como tercero, ya que cuando la sentencia definitiva resulta favorable a la posición del tercero la parte que ha solicitado su intervención debe cargar con las costas derivadas de la misma (doctrina art. 68 del C.P.C.C.; conf. Loutayf Ranea, Roberto G., “Condena en costas en el proceso civil”, cit. por esta Sala en causas n° 55.764, “Ibarra de Bertini”, del 27.03.2012; n° 60.005, “Cisilino”, del 12.04.2017; nº 60.141, “Bonifacio”, del 06.02.2018; n° 64.305, “Silva”, del 27.08.2019, entre otras).
ii. Causa “Estancias”
Contrariamente, debe ser admitida la demanda deducida por “Estancias La Unión S.C.A.” en la causa “Estancias”, lo que implica que la división del condominio existente en la actualidad entre dicha parte y la Escribana M. B. U. ha de llevarse a cabo por el modo de la partición judicial (art. 673 del C.P.C.C. y 2371 del CCyC). Por lo tanto, cabe acceder a lo solicitado por esa parte en su escrito de demanda, y disponer que una vez firme la sentencia se proceda en primera instancia a citar a audiencia para el nombramiento del perito o peritos que correspondan, y en principio se deberá proceder a la división del bien para su adjudicación en especie (arts. 674 del C.P.C.C., 2373, 2374 y conc. del CCyC).
No obstante, es pertinente efectuar algunas breves consideraciones adicionales en relación a cada una de las codemandadas y, tal como lo hicimos en el apartado anterior, proceder a la readecuación de las costas en los términos del art. 274 del C.P.C.C.
En relación a la codemandada M. B. U., resulta claro que –como antes se dijo- la demanda ha de prosperar a su respecto y debe cargar con las costas de primera instancia por la pretensión de división de condominio (arts. 68, 274 y conc. del C.P.C.C.; art. 26 de la ley 14.967). Con respecto a la codemandada Ana Inés Oliva, quien era nuda propietaria de un 25% indiviso, la demanda ha de ser rechazada, ya que dicha condómina enajenó su porcentaje indiviso a la Escribana M. B. U. antes de la iniciación del juicio, por lo que ya no contaba con legitimación pasiva. No obstante, entiendo que las costas causadas por su intervención deben ser soportadas en el orden causado (entre ella y la actora), ya que la demanda se inició el día 17/11/2017 (fs. 212/222) en base a un informe de dominio del día 10/11/2017 (fs. 203/207), y la compraventa de parte indivisa entre Oliva y U. se llevó a cabo por escritura pública del día 11/10/2017 y se presentó su solicitud de inscripción en el Registro el día 16/11/2017, es decir, el día previo a la presentación de la demanda (conf. informe de dominio adjuntado al escrito electrónico del día 29/03/2019). Por último, respecto a la codemandada Elvira Melotti, quien era y continúa siendo usufructuaria del 25% indiviso que Ana Inés Oliva enajenó a M. B. U., entiendo que tiene legitimación pasiva porque la división del condominio la afecta directamente (arts. 2130, 2131, 2151 y conc. del CCyC) y porque en el proceso se discutió acerca de la inoponibilidad de un convenio privado de división de condominio del que ella también había participado. En consecuencia, cabe hacer lugar a la demanda contra ella, con costas (arts. 68 y conc. del C.P.C.C.).
III. Si lo dicho hasta aquí es compartido, también debemos pronunciarnos sobre la restante pretensión contenida en el escrito de demanda de la causa “Estancias”, esto es, la indemnización de los daños y perjuicios. Ello es así por aplicación del principio de “plenitud de la jurisdicción”, según el cual en estos casos en los que no se comparte el fundamento del juez por el cual se rechazaron las pretensiones contenidas en la demanda, debe la alzada pronunciarse sobre las mismas, sin que corresponda devolver el expediente al juez de primera instancia para que dicte un nuevo decisorio (De los Santos, Mabel “Flexibilización de la congruencia”, La Ley del 22.11.07., mediante remisión a otro trabajo de la misma autora: “Procedimiento en segunda instancia”, en la obra colectiva “Recursos ordinarios y extraordinarios”, Arazi (dir.) De los Santos (coord.), pág. 209; esta Sala, causas nº 53.322 “Larregina” y sus acumuladas, del 22.10.09., voto Dra.
Fortunato de Serradell; n° 53.799, “Veiga”, del 25.02.10.; n° 55.098, “Volonté”, del 15.07.11.; n° 55.193, “Sucesores de Abdala” del 25.08.11.; n° 55.573, “De Lorenzo”, del 15.12.11.; n° 57.813, “Di Giano”, del 13.06.13.; n° 63.114, “Souto”, del 28.08.18., entre otras). De la lectura del pasaje del escrito de demanda en el cual se reclama la indemnización de los daños y perjuicios (fs. 217vta./218vta. de la causa “Estancias”) surge que la actora afirma que su parte se vio privada del uso de la cosa en los términos del art. 1986 del CCyC y, en consecuencia, reclama que se le abone el monto equivalente al alquiler del campo durante todo el tiempo que transcurra hasta que su parte pueda explotar el predio, con más sus intereses devengados hasta la fecha del efectivo pago (v. esp. fs. 248 último párrafo y fs. 248vta.).
Así las cosas, dado el tenor de lo solicitado y la jurisprudencia invocada a fs. 218vta., cabe interpretar que la actora solicita por esa vía una “indemnización” en los términos del art. 1988 del CCyC, lo que desde el plano jurídico es procedente, pues es pacíficamente aceptado que la “indemnización” a la que alude a ese precepto, como así también el art. 2328 para el caso del uso exclusivo de la cosa común por parte de uno de los coherederos, sea cuantificada en función de un “canon locativo” (S.C.B.A., Ac. 57.020, “Gauna”, sentencia del 17.09.96. y C. 119.829, “Ruggiero”, del 23.11.16., entre otras y con sus citas; esta Sala, causas n° 60.532, “De Lóizaga”, del 26.06.17. y n° 66240, “Larroca”, del 21.12.20., entre otras y con sus citas).
Tal afirmación no implica emitir opinión sobre la eventual procedencia o improcedencia de otros rubros, o de una indemnización de mayor cuantía, ya que nada de ello ha sido reclamado (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 266, 330 inc. 6 y conc. del C.P.C.C.). En cuanto a los hechos en los que se sustenta ese reclamo, está probado y admitido por las propias demandadas en la causa “Estancias” que desde el día en que les fue restituido el bien por el locatario siguieron poseyendo en forma exclusiva lo que consideraban que era la fracción del campo que les correspondía tras la partición –aunque volvieron a alquilarla a Lazarte, por lo que éste continuó siendo tenedor de dicha parcela-, como así también que no concurrieron a la asamblea de condóminos convocada por “Estancias La Unión” en los términos de los arts. 1993 y 1994 del CCyC e impidieron, mediante el uso de candados, que la persona jurídica accediera al predio (ver fotografías de la tranquera con candado obrantes a fs. 109/110 de la causa “Estancias”; fs. 41 de la causa “U.” –escrito de demanda- donde la actora explica el sentido de la colocación de los candados; fs. 314/318 de la causa “Estancias” donde se adjunta el nuevo contrato de locación celebrado con Lazarte; reconocimientos de la citación a la asamblea de condóminos: audiencia videograbada, minutos 35:40, reconocimientos de cartas documento obrantes en la causa “Estancias” en minuto 01:18:30 y siguientes y confesión ficta de Elvira Melotti, en especial posición 5).
Ahora bien, en los escritos de contestación de demanda de la causa “Estancias” las tres accionadas introducen un argumento defensivo muy agudo –en relación a la pretensión de daños y perjuicios-, ya que expresan que el uso exclusivo y excluyente que su parte hizo de la parcela adjudicada se compensa con el uso exclusivo y excluyente que la contraria haga de la parcela a ella adjudicada (v. fs. 273, 295vta. y 311). Este planteo amerita algunas consideraciones.
En primer lugar, va de suyo que esa “compensación del lucro con el daño” sólo podría haber operado en la medida en que “Estancias La Unión” hubiera explotado efectivamente la parcela correspondiente a Eliana Elgorriaga, pero no hay constancia ni manifestación alguna de que ello haya sido así. Por el contrario, del intercambio epistolar habido entre las partes se desprende que “Estancias La Unión” no habría accedido al predio y, por añadidura, no lo habría explotado.
En segundo lugar, lo anterior nos lleva a preguntarnos con mayor profundidad si “Estancias La Unión” no pudo o no quiso explotar en forma exclusiva y excluyente la fracción de campo que – según la versión de la contraparte- le había sido adjudicada a Eliana Elgorriaga. Esta cuestión reviste trascendencia en atención al deber de prevención del daño o de su agravación. En efecto, el Código Civil y Comercial dispone en el art. 1710, bajo el título de “Deber de prevención del daño”, que “Toda persona tiene el deber, en cuanto a ella dependa, de: (…) c) no agravar el daño, si ya se produjo.” Conforme lo han señalado distintos comentaristas de la norma, el deber de no agravar el daño pesa tanto sobre el victimario como sobre la víctima, ya que ésta, por imperio del principio de buena fe, debe impedir el agravamiento del daño que ya comenzó a producir efectos nocivos (Jorge M. Galdós, comentario al art. 1710 en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, dirigido por Ricardo Lorenzetti, Rubinzal Culzoni, T. VIII, pág. 300; Pascual E. Alferillo, “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético”, dirigido por Jorge Alterini, La Ley, T. VIII, pág. 16; esta Sala, causa 62119, “Fal”, del 19.09.2017, con sus citas).
Puestos a dar respuesta a tal interrogante, va de suyo que esa explotación solo hubiera resultado posible en caso de existir un acceso independiente a la fracción adjudicada a Eliana Elgorriaga, ya que el acceso principal al campo había sido cerrado con candado. En relación a ello, es dable recordar que en la parte final de la cláusula quinta del proyecto de convenio que el Dr. Pera Sotelo envió a la Escribana U. se consignó lo siguiente: “Asimismo las Sras. U. y Oliva se comprometen a permitir la entrada a la fracción de uso exclusivo de Eliana Elgorriaga o a quien la suceda en sus derechos, pasando a través de la que se les adjudica, hasta tanto se obtenga de la Municipalidad de Tandil la liberación del acceso a la fracción de Eliana Elgorriaga que se encuentra actualmente obstruida.” Desde luego que no soslayo que esa fue una manifestación vertida en un proyecto de convenio del cual las restantes condóminas no participaron, pero, aunada a otros elementos, puede ser un indicio de la situación de ese acceso en ese momento (art. 163 inc. 5 del C.P.C.C.).
Del mismo modo, al prestar declaración testimonial el Sr. Lazarte, quien como ya dijimos en varias oportunidades tenía un conocimiento muy directo del campo, explicó que la entrada principal del campo era a través de una tranquera que permitía el acceso a la parcela 662 A, mientras que a la restante parcela sólo se podía acceder de modo independiente por un tranquerón que daba a un camino que llevaba a la ruta 74 (v. audiencia videograbada, minuto 1:03:00 en adelante, aunque este tramo de la declaración no es del todo sencillo de valorar porque el testigo y el juez van señalando y haciendo anotaciones en el croquis obrante a fs. 21 de la causa “U.” que en la filmación no se alcanza a divisar).
Finalmente, es dable recordar la respuesta proporcionada por la Cooperativa Rural Vial de Tandil, obrante a fs. 389 de causa “Estancias”, donde informa que el acceso a la parcela 622m-B corresponde a una calle pública denominada “Cno. Municipal N. 22” que se encuentra abierta al tránsito en general, que es utilizada por la gente del lugar y que se ha reacondicionado cada vez que “puntualmente” se ha solicitado. Todos estos elementos, valorados en forma conjunta (arts. 163 inc. 5, 384 y conc. del C.P.C.C.), permiten entender que si bien la parcela 622 B cuenta con un acceso independiente, se trata de un acceso secundario, que claramente no era utilizado por Lazarte, que muy probablemente se encontraba obstruido en ese momento - lo cual es muy habitual en caminos rurales secundarios que no son utilizados, conforme lo indican las máximas de la experiencia, en especial para quienes habitamos zonas rurales-, y que solo podría ser reacondicionado tras un pedido “puntual” efectuado ante la Cooperativa.
En tercer lugar, en este punto es importante recordar la explicación que proporcionó “Estancias La Unión” en su escrito de demanda en torno a las características del campo que se le pretendía adjudicar, ya que según sus manifestaciones la parcela adjudicada a Eliana Elgorriaga se encontraría ocupada en un 40% de su superficie por cerros y afloramientos rocosos y sólo sería apta para algo de ganadería en los valles, mientras que la restante parcela sería trabajable en su totalidad (v. fs. 216vta. de la causa “Estancias”). Así las cosas, así como antes dijimos que esas manifestaciones permiten afirmar que el planteo de inoponibilidad del convenio de división de condominio no es caprichoso ni abusivo porque se sustenta en un interés concreto y razonable, del mismo modo, y por los mismos motivos, no es abusivo que “Estancias La Unión” no se haya avenido a comenzar a explotar la parcela que las restantes condóminas le indicaban.
Y, si por hipótesis lo hubiera hecho, en principio no se hubieran podido “compensar” sin más ambas explotaciones, sino “hasta el monto de la menor” (doctr. art. 921 del CCyC), dada su distinta rentabilidad. Por último, y vinculado a lo anterior, entiendo que – mutatis mutandis- son aplicables al caso los fundamentos vertidos por la Corte provincial en un caso en el cual un coheredero ocupaba una parte de una vivienda y resistía el reclamo indemnizatorio de sus coherederos alegando que ellos podían ocupar los sectores de la vivienda que él no ocupaba (C. 119.829, “Ruggiero”, del 23.11.16.). Tal como lo señaló la Corte en uno de los argumentos empleados en ese fallo, esa pretensión “… importaría otorgar al coheredero (en este caso condómino) en uso y goce del bien común su sola autoridad para forzar una partición provisional del acervo hereditario entre los comuneros con prescindencia de la voluntad de los demás condóminos, en violación de lo que preveían los arts. 3464 y 3465 del Código Civil.” Y a renglón seguido se agregó que “De esta forma, reconocida la ocupación exclusiva de una parte del bien por parte del demandado (fs. … ), su deber de compensación no exigía ninguna adicional acreditación de impedimento de acceso por los demás comuneros a la parte restante -no ocupada- del mismo (conf. arts. 2680, 2684 y ccdtes., Cód.
Civil)…”.
Por todo lo expuesto concluyo que el reclamo de indemnización de los daños y perjuicios es procedente (art. 1988 y conc. del CCyC), por lo que la pretensión ha de prosperar contra las codemandadas M. B. U., Ana Inés Oliva y Elvira Melotti, quienes deberán responder frente a “Estancias La Unión S.C.A.” en forma solidaria (art. 1751 del CCyC), aunque la responsabilidad de Ana Inés Oliva no se extiende a los periodos posteriores a la fecha en la cual vendió su parte indivisa del bien a su condómina M. B. U. (11/10/2017), por los cuales solo responderán solidariamente las restantes codemandadas.
En cuanto al dies a quo de los cánones locativos adeudados, el art. 1988 del CCyC lo fija en el momento en el que un condómino se opone en forma fehaciente al uso y goce excluyente por parte de otro/s condómino/s. En el caso de autos, si bien las posiciones de las partes quedaron fijadas en el profuso intercambio epistolar registrado en el mes de febrero de 2017 –aunque se extendió en los meses siguientes-, “Estancias La Unión” no podría haber explotado el bien por sí misma hasta el día 01/04/2017, porque el contrato de locación que había celebrado su antecesora en el dominio Eliana Elgorriaga vencía en esa fecha. Así las cosas, la fecha de inicio para el pago de los cánones locativos adeudados ha de fijarse el día 01/04/2017, y se seguirán devengando hasta que “Estancias La Unión” se encuentre en condiciones de comenzar a explotar la parcela que en definitiva le corresponda en la división del condominio, salvo que antes las partes convengan un modo de usar la cosa común (art. 1987 del CCyC).
En relación a la cuantificación de este rubro, puede observarse que en el escrito de demanda de la causa “Estancias” se ofreció pericia de tasación para determinar el valor de arrendamiento y sus distintas posibles variables (fs. 221). No obstante, en la audiencia celebrada el día 12/02/2019 ambas partes estuvieron de acuerdo en diferir la producción de esa prueba para la hipótesis en que se considerara procedente la división del condominio (v. fs. 381vta. de la causa “Estancias”). En consecuencia, si la presente adquiere firmeza se deberá proceder en la instancia de origen y por la vía procesal que el a quo considere adecuada a efectuar dicha cuantificación (doctr. art. 165 del C.P.C.C.), y en esa oportunidad deberá resolverse también sobre los intereses moratorios aplicables cuyo reclamo también integró el escrito de demanda (art. 1748 del CCyC).
Las costas por la pretensión de indemnización de daños y perjuicios que prospera se imponen en forma solidaria a las tres codemandadas (art. 1751 del CCyC; arts. 68, 75 primer párrafo última parte, 274 y conc. del C.P.C.C.).
Así lo voto.
Las Señoras Juezas Doctoras Comparato y Carrasco adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente. A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, propongo al acuerdo:
I. Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre obrante a fs. 439 de la causa n° 66.511 (expte. 49.521, causa “Estancias”) que contiene el pliego presentado por la actora para la absolución de posiciones de la codemandada Elvira Melotti, y se glose dicho pliego en ese proceso precediendo a la presente sentencia.
II. Revocar la sentencia única dictada el día 16/07/2020 con los siguientes alcances:
a. En la causa “U.”, rechazar la demanda de división de condominio, con costas de primera instancia por su orden entre la actora e Ileana Elgorriaga, con excepción de las generadas por la intervención de “Estancias La Unión S.C.A.”, que se imponen a la actora (arts. 68, 77, 274 y conc. del C.P.C.C.). Las costas de alzada se imponen a la actora vencida atendiendo al resultado del recurso (art. 68 del C.P.C.C.). b. En la causa “Estancias”:
i. Admitir la pretensión de división de condominio por la vía de la partición judicial (art. 673 del C.P.C.C. y 2371 del CCyC), por lo que una vez firme la presente sentencia se procederá en primera instancia a citar a audiencia para el nombramiento del perito o peritos que correspondan, y en principio se deberá proceder a la división del bien para su adjudicación en especie (arts. 674 del C.P.C.C., 2373, 2374 y conc. del CCyC). Las costas correspondientes a esta pretensión deberán ser soportadas por las codemandadas M. B. U. y Elvira Melotti, con excepción de las ocasionadas por la intervención de la nuda propietaria Ana Inés Oliva, las cuales se imponen por su orden a la nombrada y a la parte actora (arts. 68, 75, 274 y conc. del C.P.C.C.). Las costas de alzada se imponen del mismo modo atendiendo al resultado del recurso (art. 68 del C.P.C.C.).
ii. Admitir la pretensión de indemnización de los daños y perjuicios con los alcances concretos asignados en el apartado III del voto a la segunda cuestión. Con costas en forma solidaria a las tres codemandadas (art. 1751 del CCyC; arts. 68, 75 primer párrafo última parte, 274 y conc. del C.P.C.C.). Las costas de alzada se imponen a las codemandadas vencidas atendiendo al resultado del recurso (art. 68 del C.P.C.C.).
III. La regulación de honorarios por las actuaciones de alzada se difiere para la oportunidad procesal correspondiente (arts. 26 primer párrafo, 31, 38 –con su remisión a los arts. 21 y 27-, 51 y conc. de la ley 14.967).
Así lo voto.
La Señoras Juezas Doctoras Comparato y Carrasco adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.- Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se Resuelve: I) Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre obrante a fs. 439 de la causa n° 66.511 (expte. 49.521, causa “Estancias”) que contiene el pliego presentado por la actora para la absolución de posiciones de la codemandada Elvira Melotti, y se glose dicho pliego en ese proceso precediendo a la presente sentencia. II) Revocar la sentencia única dictada el día 16/07/2020 con los siguientes alcances: a.
En la causa “U.”, rechazar la demanda de división de condominio, con costas de primera instancia por su orden entre la actora e Ileana Elgorriaga, con excepción de las generadas por la intervención de “Estancias La Unión S.C.A.”, que se imponen a la actora (arts. 68, 77, 274 y conc. del C.P.C.C.). Las costas de alzada se imponen a la actora vencida atendiendo al resultado del recurso (art. 68 del C.P.C.C.). b. En la causa “Estancias”: i. Admitir la pretensión de división de condominio por la vía de la partición judicial (art. 673 del C.P.C.C. y 2371 del CCyC), por lo que una vez firme la presente sentencia se procederá en primera instancia a citar a audiencia para el nombramiento del perito o peritos que correspondan, y en principio se deberá proceder a la división del bien para su adjudicación en especie (arts. 674 del C.P.C.C., 2373, 2374 y conc. del CCyC).
Las costas correspondientes a esta pretensión deberán ser soportadas por las codemandadas M. B. U. y Elvira Melotti, con excepción de las ocasionadas por la intervención de la nuda propietaria Ana Inés Oliva, las cuales se imponen por su orden a la nombrada y a la parte actora (arts. 68, 75, 274 y conc. del C.P.C.C.). Las costas de alzada se imponen del mismo modo atendiendo al resultado del recurso (art. 68 del C.P.C.C.). ii. Admitir la pretensión de indemnización de los daños y perjuicios con los alcances concretos asignados en el apartado III del voto a la segunda cuestión. Con costas en forma solidaria a las tres codemandadas (art. 1751 del CCyC; arts. 68, 75 primer párrafo última parte, 274 y conc. del C.P.C.C.).
Las costas de alzada se imponen a las codemandadas vencidas atendiendo al resultado del recurso (art. 68 del C.P.C.C.). III) La regulación de honorarios por las actuaciones de alzada se difiere para la oportunidad procesal correspondiente (arts. 26 primer párrafo, 31, 38 –con su remisión a los arts. 21 y 27-, 51 y conc. de la ley 14.967).
En la misma fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, procediéndose a la apertura del sobre obrante a fs. 439 de la causa n° 66.511 (expte. 49.521, causa “Estancias”) que contiene el pliego presentado por la actora para la absolución de posiciones de la codemandada Elvira Melotti, y se glosó dicho pliego en ese proceso precediendo a la presente sentencia.
Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf. SCBA. Resolución de Presidencia SP 10/20; art. 3 punto c) apartado 2) y oportunamente devuélvase.-
Fin de la sentencia