Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 284.099
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue la sentencia dictada con fecha 28 de noviembre de 2024 debe ser modificada con el alcance determinado en el considerando VI (arts. 16, 17, 18, 33, 75 incs. 22, 23 Const. Nac.; arts. 1, 3, 4, 6, 9, 23, 24, 31 y concs., CIPDHPM, incorporado por ley 27.360; arts. 36 inc. 6° Const. Pcial.; arts. 20, 512, 589, 591, 923, 929, 2309, 2315, 2331/2, 2351, 2353/6, 2358, 2364, 2369, 2430, 2438/9, 2440/1, 2516/7, 2519, 2520, 2524, 2587/2590, 2614, 2671, 2756, 4406/7 y concs., CC; arts. 1, 2, 3, 7, 9, 726, 729, 1794, 1909, 1916, 1918, 1921, 1934/5, 1938, 1962, 2250, 2587 y concs., CcyC; arts. 34 inc. 4, 68, 163, 164, 165, 242, 260, 266, 330, 354, 384, 409, 454, 457, 474 y concs., CPCC).
POR ELLO y demás fundamentos del precedente Acuerdo se hace lugar al recurso interpuesto por la parte actora con fecha 04/12/2024 y fundado el 26/03/2025 y se desestima el deducido por la parte demandada con fecha 06/12/2024 y fundado el 18/03/2025.
En consecuencia, se modifica la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2024 en los siguientes términos:
1A lo fines de la justipreciación del eventual crédito por las mejoras introducidas en la construcción existente en el inmueble de la parte actora, el perito ingeniero civil interviniente deberá determinar el costo de la inversión realizada por los demandados y el mayor valor que, a raíz de dichas mejoras, haya adquirido el bien, tomando este último como límite máximo de la cuantificación (cf. consid. VI.1.a); …
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL C. 284.099 "ESTELRICH, ANTONIA ISABEL C/ MENDEZ, HILDA Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA"
En la ciudad de La Plata, a los 12 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco, se reúnen en Acuerdo de la Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, la señora Jueza doctora Irene Hooft y el señor Juez doctor Federico Guillermo García Ceppi, en los términos de art. 8 del Anexo único de la Acordada 3975 y Acordada 3971 de la SCBA, para dictar sentencia en la causa caratulada: "ESTELRICH, ANTONIA ISABEL C/ MENDEZ, HILDA Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA", causa Nro. 284.099 y, habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley, el cual arrojó el siguiente orden de votación: doctora Hooft - doctor García Ceppi, el Tribunal resolvió plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde modificar la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2024?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A LA PRIMERA CUESTIÓN planteada, la señora Jueza, doctora Irene Hooft dijo:
I. La Magistrada de grado receptó la reivindicación promovida por la señora Antonia Isabel Estelrich contra Hilda Beatriz Méndez, Amilcar Yndaber, Josué Yndaber y/u ocupantes, condenando a estos últimos a restituir, en el término de 30 días a contar desde la firmeza del fallo, el inmueble situado en la Ruta 11 y 642 nro. 5445 de La Plata, identificado catastralmente como Circ. VII, Secc. Y, Qta. 12, parc. 4 y matrícula 80263 (055); bajo apercibimiento de proceder a su desapoderamiento con el auxilio de la fuerza pública.
Adicionalmente, de un lado, desestimó el derecho de retención invocado por los accionados y, del otro, admitió el crédito por mejoras necesarias y útiles según el mayor valor asignado al bien, por la suma de $47.779.436.
Finalmente, impuso las costas procesales a los accionados.
II. Contra dicho pronunciamiento se alzaron tanto la actora Estelrich como los demandados Méndez e Yndaber.
La primera, lo hizo a través de la apelación del 04/12/2024, 10:32:51 hs., fundada el 26/03/2025, 10:24:35 hs., con réplica de la parte contraria del 06/04/2025, 23:01:07 hs. Y los segundos, por medio del recurso interpuesto el 06/12/2024, 10:01:39 hs. y fundado el 18/03/2025, 13:38:42 hs., el que fue contestado por la contraparte el 08/04/2025, 9:35:08 hs.
II.1.a. En apretada síntesis, la señora Estelrich objeta el reconocimiento del crédito por mejoras reclamado por los demandados, ya que, desde su perspectiva y con cita del art. 1934 del Cód. Civ. y Com., ellas no constituyen mejoras útiles sino de mero lujo o provecho exclusivo de quienes las efectuaron.
Asimismo, cuestiona la falta de consideración de los frutos civiles percibidos o que pudieron percibirse durante el tiempo que se extendió la ocupación del inmueble objeto de la reivindicación promovida, oponiendo la compensación correspondiente.
Finalmente, y por el principio de eventualidad, controvierte la cuantificación de las mejoras al reputarla desajustada de la metodología adoptada por el ordenamiento jurídico vigente.
II.1.b. En su contestación, los demandados insisten en su carácter de poseedores de buena fe y sostienen la exactitud de la calificación de las mejoras efectuada por la magistrada de grado, remitiéndose en forma expresa a las conclusiones vertidas por el perito ingeniero civil en su dictamen del 12 de julio de 2024.
Remarcan, de otra parte, la improcedencia de la compensación por cánones locativos y la insuficiencia de los argumentos tendientes a la modificación de la cuantía del crédito por mejoras útiles reconocido a su favor, peticionando su oportuna actualización en la etapa de ejecución. II.2.a. A su turno, la señora Méndez y los señores Yndaber controvierten lo que entienden configura un equivocado rechazo del derecho de retención esgrimido en resguardo de su crédito por mejoras, especialmente, ante la verificada presencia de menores de edad en el inmueble.
Solicitan, además, la elevación del monto acordado en concepto de reembolso de mejoras útiles a la suma $66.753.292 o su equivalente en "dólar blue".
Por último, impugnan la forma en que fueron decididas las costas procesales.
II.2.b. Corrido el traslado de ley, la señora Estelrich denuncia el incumplimiento de la carga prevista en el art. 260 del CPCC y, por el principio de eventualidad, propicia la confirmación del encuadre posesorio realizado por la judicante de grado y, como derivación de ello, la ratificación del rechazo del derecho de retención invocado.
Insiste, de todos modos, en lo infundado del aumento de la cuantía del crédito por mejoras útiles, así como del agravio relacionado con la forma en la que fueron decididas las costas procesales.
III. En forma liminar, ha de remarcarse que la discusión en torno a la existencia del dominio y derecho reivindicatorio en cabeza de la señora Estelrich sobre el inmueble situado en Ruta 11 y 642 nro. 5445 de La Plata, identificado catastralmente como Circ. VII, Secc. Y, Qta. 12, parc. 4 y matrícula 80263 (055) ha quedado definitivamente zanjada al constituir un aspecto de la sentencia de grado que arriba firme a esta instancia (art. 242, 260, 266 CPCC).
A su vez las partes tampoco cuestionan la aplicación al caso del régimen del Código Civil, ordenamiento vigente a la fecha en que se realizaron los trabajos y construcciones que motivan el reclamo pecuniario intentado por los demandados y que diera sostén a la solución provista en el fallo apelado (v. consid. I y ss. de la sentencia del 28/11/2024; arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 266, 272 su doc. CPCC; CSJN, Fallos 307:948; 312:696; 313:983; 319:3363; 342:1336; SCBA C. 94.251, sent. de 6-XII-2006; C. 118.775, sent. de 10-VIII-2016; C. 119.370, sent. de 09-V-2018).
IV. Ello sentado, la labor revisora debe comenzar por el análisis del carácter de la posesión ejercida por los demandados Hilda Beatriz Méndez, Amilcar Yndaber y Josué Yndaber. Una vez esclarecido dicho extremo, corresponderá abordar el crédito reconocido globalmente en la sentencia bajo el rótulo de “mejoras” y, finalmente, examinar la procedencia del derecho de retención invocado en resguardo de esa acreencia, así como la condena en costas dispuesta por la colega de grado.
Ahora bien, antes de ingresar de lleno en el estudio propuesto se impone una precisión preliminar.
Conforme surge de los escritos recursivos, las partes discrepan tanto respecto de la calificación jurídica de las mejoras reconocidas a favor de la señora Méndez y los señores Yndaber como, consecuentemente, sobre la existencia y eventual extensión del crédito derivado de dicho concepto.
Tal como se reseñó, la jueza de grado tuvo por acreditada la existencia de mejoras útiles introducidas en el inmueble propiedad de la actora, fundando dicha conclusión en las consideraciones vertidas por el perito ingeniero civil en su dictamen de fecha 12/07/2024, 11:26:56 hs., ampliado el 31/07/2024, 13:31:51 hs. Sin embargo, desde mi perspectiva, la valoración efectuada englobó bajo el régimen de los arts. 2440, 2441 y concs. del Código Civil dos situaciones jurídicamente diferenciadas. Me explico.
El repaso del dictamen pericial, en lo concerniente a las características de los trabajos relevados en el inmueble, permite distinguir entre mejoras introducidas en la construcción preexistente al inicio de la relación de poder mantenida por los demandados y, por otro lado, edificaciones erigidas desde los cimientos con posterioridad. En tal sentido, el ingeniero Barreto informó que el lote de propiedad de la señora Estelrich presenta dos edificaciones independientes: una ubicada al frente -existente por lo menos desde el año 1981 y respecto de la cual se verificaron mejoras- y otra completamente nueva en el contrafrente, cuya construcción data aproximadamente del año 2009 (arts. 384, 457 y 474, CPCC).
Este distingo reviste particular trascendencia, puesto que como se desarrollará más adelante (v. consid. VI) el ordenamiento jurídico -tanto bajo la vigencia del Código Civil derogado como del actual Código Civil y Comercial- confiere un tratamiento diferenciado a cada supuesto. No obstante, antes de avanzar en esa cuestión, resulta indispensable dilucidar el carácter de la posesión ejercida por los demandados, ya que, en ambos regímenes, tal aspecto constituye un elemento central para la procedencia de las pretensiones articuladas por las partes.
V. Carácter de la posesión de los demandados En la tarea propuesta, resulta insoslayable advertir que la señora Méndez y los señores Yndaber, al fundar su recurso, cuestionan el carácter de poseedores de mala fe que se les atribuyó en el pronunciamiento recurrido. Desde su punto de vista, la creencia de que el inmueble de autos se hallaba abandonado, unida a la ausencia de reclamo alguno hasta el momento de su citación a juicio, justificaría la buena fe invocada. No les asiste razón.
V.1. La posesión se reputa “legítima” cuando refleja el ejercicio “de un derecho real, constituido en conformidad a las disposiciones” legales, esto es, aquella que algunos denominan posesión con derecho de poseer. Por el contrario, es “ilegítima” cuando carece de ese sustento jurídico, lo que ocurre cuando se tiene “sin título”, por un título nulo o de quien no tenía derecho a poseer o a transmitir la cosa (art. 2355 su doc. CC, actual art. 1916 del CCyC; esta Sala II, causa C. 279.555, sent. del 01/08/2023, e.o.). En el caso, interesa particularmente la carencia de título, pues éste constituye el acto jurídico idóneo para dar nacimiento al derecho real, revestido de las condiciones sustanciales y formales necesarias para su adquisición: es, en definitiva, la causa fuente del derecho. Así, cuando la posesión no responde a una causa constitutiva válida, no existe título. Es el supuesto paradigmático del usurpador, quien, aunque ejerce la posesión material, carece de derecho real legalmente constituido: es, en suma, un poseedor sin título.
Esta posesión ilegítima puede ser de buena o mala fe, según las condiciones personales del poseedor.
La primera tiene lugar cuando el poseedor, por ignorancia o error de hecho excusable, se persuade sin duda alguna de su legitimidad, creyendo –de manera fundada- que su ocupación refleja el contenido de un derecho real constituido de acuerdo a la ley. Ello así, v.gr., cuando el poseedor adquirió el inmueble de quien suponía era el titular del derecho transmitido o con capacidad o legitimación para transmitirlo y/o por medio de título idóneo al efecto (arts. 20, 923, 929, 4006/7 su doc. CC). En sentido concordante, el actual art. 1918 del CCC dispone que es de buena fe quien “no conoce, ni puede conocer que carece de derecho, es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de [la] legitimidad” de su posesión (cf. Alterini, J. H., en Llambías, J.J.-Alterini, J.H., Código Civil anotado, Abeledo Perrot, Bs. As., 1988, t. IV-A, p. 92; Cossari, N. A. en Alterini, J. H. (dir), Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético, LL, Bs. As., 2016, t. IX, p. 200 y ss.) (esta Sala II, causa C. 279.555, ya cit.). Será, en cambio, de mala fe el poseedor que no cumple con las diligencias del caso para cerciorarse de la legitimidad de su adquisición (arts. 512, 929 su doc. CC). En caso de duda, no puede reputarse de buena fe, pues –como señala el codificador- no debe considerarse tal a quien “duda si su autor era o no señor de la cosa, y tenía o no el derecho de enajenarla…” (nota art. 4006 CC) (cf. Loiza, Fabián-Picado, Leandro, Doctrina legal en casos de edificación de mala fe en fundo ajeno, LLBA 2005 mayo, 380).
Esta mala fe, a su vez, puede ser “simple”, cuando la posesión ilegítima carece de vicios, o “viciosa” cuando tratándose de inmuebles se obtiene mediante violencia, clandestinidad o abuso de confianza (art. 2364 y ss. CC; art. 1921 CCyC).
V.2. En la especie, no ofrece dudas que la posesión ejercida por los demandados reviste carácter ilegítimo y de mala fe, en tanto no reconoce como causa una fuente constitutiva válida para el nacimiento de un derecho real, mediante un acto jurídico idóneo tanto en el plano sustancial como en el formal (art. 2355 del CC y 1916 del CCyC). Asimismo, no concurre en autos circunstancia alguna que permita tener por configurada la creencia fundada en su legitimidad (arts. 2, 923, 929, 4006/7 de CC, art. 1918 del CCyC).
Pero, aún más, en el caso cobran especial relevancia los arts. 2364 y 2369 del Código Civil, que califican de viciosa a la posesión adquirida o mantenida por clandestinidad, esto es, cuando media ocultamiento, se aprovecha la ausencia del poseedor o se adoptan precauciones para que la posesión no llegue a su conocimiento (cfr. Highton, E.I., Posesión, p. 47/49 y 56/60 y Alterini, J.H. en Llambías, J.J. - Alterini, J.H., ob. cit., t.º IV-A, p. 106/108 - el resaltado no es del original).
En efecto, la postura asumida por los demandados omite un dato de singular relevancia para la calificación de la relación de poder mantenida sobre el inmueble: el conocimiento de que la señora Estelrich se encontraba de viaje al tiempo en que el señor Amilcar Yndaber ingresó al bien sito en la Ruta 11 y 642 nro. 5445 de La Plata. Paso a explicarlo.
En las contestaciones de fecha 14/03/2024, 15:20:01 hs., todos los demandados -sea por manifestación expresa o adhesiva- reconocieron que, al momento de iniciarse la ocupación, "alguien al pasar (...) dijo que la supuesta señora dueña del lugar no estaba en el país y que había fallecido..." (art. 354, CPCC).
Este pasaje -que, además, encuentra ratificación tácita tanto en las preguntas 2 y 3 del pliego de posiciones presentado el 05/09/2024, 13:58:02 hs., como en el antepenúltimo párrafo del punto II.A de la expresión de agravios- echa por tierra el argumento recursivo, al poner en evidencia no solo que los ocupantes carecían de título alguno para ocupar el inmueble, sino también que todos conocían que su propietaria estaba ausente (arts. 330, 354, 384, 409 y concs., CPCC).
En suma, a partir del propio relato efectuado al contestar la demanda, resulta indudable que los poseedores eran plenamente conscientes de carecer de título alguno que los habilitara a ocupar el inmueble de propiedad de la señora Estelrich y de que ésta se encontraba ausente -fuera del país-, circunstancia que deliberadamente aprovecharon para tomar posesión del bien.
En tales condiciones, y a la luz de los extremos comprobados, forzoso es concluir que la posesión ejercida por la señora Méndez y los señores Yndaber, además de ser de mala fe, se encontraba viciada por la clandestinidad (arts. 2351, 2353, 2354, 2355, 2356, 2358, 2364, 2369 y concs. CC).
VI. Determinado el carácter de la posesión ejercida por los demandados, se impone avanzar en el estudio del reembolso por ellos pretendido.
Como anticipé, una razonable hermenéutica del ordenamiento jurídico aplicable no autoriza a conferir igual tratamiento a situaciones claramente disímiles (arg. arts. 1, 2, y 3, CCyC). De ello se sigue que el reclamo relativo a las mejoras realizadas sobre la construcción preexistente al momento del inicio de la posesión de mala fe y viciosa de los demandados, deba ser analizado a la luz de los arts. 2441 y concs. del Código Civil; mientras que el vinculado con la edificación del contrafente, cuya data de construcción ha sido fijada aproximadamente en el año 2009, habrá de encuadrarse en las previsiones del art. 2589 de mismo cuerpo legal. Veamos.
VI.1. Mejoras sobre la construcción preexistente a la desposesión de la señora Estelrich.
VI.1.a. Las mejoras, a diferencia de la edificación, “no dan lugar a la formación de una cosa nueva a la que pudiera aplicarse la accesión. En las mejoras, la cosa objeto de ellas queda siempre la misma, si bien su valor puede haber aumentado y ser justo, [según las circunstancias], tenerlo en cuenta para reglar los derechos de las partes” (C.Fed. LL 43-922, JA 1946-III-72; Alterini, J. H., en Llambías-Alterini, ob. cit., t. IV-A, p. 376/377; Arean, Beatriz en Bueres (dir), Código Civil y Comercial de la Nación, Abeledo Perrot, Bs. As., 2014, vol. 2, p. 301; esta Sala II, causa 279.555, ya cit.). ´ En el caso, revistiendo los demandados la calidad de poseedores de mala fe, su derecho a reclamar las mejoras se encuentra sujeto a las previsiones de los arts. 2440 y 2441 del Código Civil (cf. SCBA, C. 89.207, sent. de 15-VII-2009; C. 116.650, sent. de 02-VII-2014) -actual art. 1938 del CCyC- que, en lo que aquí interesa, reconocen el derecho a ser indemnizados de los “gastos necesarios hechos en la cosa” y a “repetir las mejoras útiles que hayan aumentado el valor de la cosa hasta la concurrencia del mayor valor existente”.
Por cierto, las partes difieren en la calificación de las refacciones realizadas en la construcción existente según el plano fechado el 15 de julio de 1981, que el perito ingeniero civil describió en su ampliación del dictamen pericial del 31/7/2024, 13:31:51 hs.
El experto, luego de la inspección practicada en el inmueble, dio cuenta de las siguientes modificaciones introducidas en la construcción original: a) la demolición de 2/3 partes de la sala de estar original y la construcción de una galería semicubierta; b) el reemplazo de techos, pisos/contrapisos, pintura y revestimientos de paredes; c) el recambio de artefactos sanitarios del baño y cocina y d) el reemplazo de la instalación eléctrica (arts. 384 y 474, CPCC).
Pues bien, en nuestro ordenamiento jurídico, desde antiguo se distingue entre mejoras necesarias, útiles y suntuarias o voluptuarias (arts. 589 y 591, Cód. Civ.). Son necesarias aquellas que resultan indispensables para la conservación de la cosa (v.gr. reparación de cañerías, arreglo de techos o apuntalamiento de una pared que amenaza ruina, e.o.) -no así los gastos menores de simple conservación o gastos de mero mantenimiento que se entienden compensados con los frutos percibidos y no pueden ser cobrados (art. 2430 su doc. CC; art. 1934 inc. c y 1938 del CCyC; SCBA, C. 89.207 y esta Sala II, causa 279.555 ya citadas); útiles, las que resultan de provecho para cualquier poseedor (v.gr. la instalación de los servicios sanitarios, eléctrico o de gas, las plantaciones o nivelación o relleno de un terreno, e.o.) y suntuarias o voluptuarias, las de mero lujo o recreo, que aprovechan únicamente a quien las introduce (v.gr. el emplazamiento de estatuas en un jardín, una pileta de natación, la decoración artística de un muro, las refacciones de un local hechas con motivo del ramo de negocio que desarrolla el deudor, e.o.).
Así las cosas, no advierto motivos para apartarme de la conclusión alcanzada por la colega de la instancia, puesto que todas las modificaciones constatadas por el experto pueden ser aprovechadas por cualquier poseedor del inmueble. De este modo, el régimen aplicable para el reembolso al poseedor de mala fe de las mejoras introducidas en la construcción original es el contemplado en el art. 2441 y concs. del Código Civil.
Conforme dicha norma, "[e]l poseedor de mala fe puede repetir las mejoras útiles que hayan aumentado el valor de la cosa hasta la concurrencia del mayor existente. Estas mejoras son compensables con los frutos percibidos o que hubiere podido percibir..."
En cuanto al valor del reintegro, es razonable que éste no supere el mayor valor adquirido por la cosa a causa de las mejoras, lo que impone comparar el estado del bien antes y después del mejoramiento. En otras palabras, el mecanismo previsto por el art. 2441 del CC permite reclamar el valor de las mejoras útiles introducidas siempre que hayan aumentado el valor de la cosa y solo hasta el mayor valor existente que hubiera adquirido, lo cual -en criterio que comparto- importa que debe resarcirse el valor actual menor, ya de costo (de inversión) o de la cosa (Alterini, J.H. en Llambías-Alterini, ob. cit., t. IV-A, p. 188/189) (CCCom. SI, Sala II, causa “Souviron”, sent. del 07/11/2006, LLonline 70037286; esta Sala II, causa 279.555, ya cit.).
Lo expuesto evidencia el error en la cuantificación efectuada en la sentencia de grado, pues si bien encuentra respaldo en los cálculos del perito ingeniero civil, de la lectura de sus explicaciones surge que los guarismos fueron establecidos considerando los costos de las mejoras a valores actuales (valor de costo o inversión), sin ponderar el límite legal impuesto por el citado art. 2441 del Código Civil (mayor valor de la cosa existente).
VI.1.b. A ello se suma la objeción de la parte actora relativa a la falta de consideración de los frutos civiles que no pudo percibir con motivo de la desposesión de mala fe sufrida y/o los daños derivados de la retención ilegítima del inmueble por parte de los demandados.
Una interpretación razonable del pto. 9 de la contestación de la reconvención (cf. escrito del 09/04/2024) corrobora que la accionante efectivamente reclamó tales conceptos, fundando su pretensión en la privación de uso experimentada a raíz de la desposesión del bien de su propiedad (arts. 163 inc. 5, 164, 330 y concs., CPCC; arts. 2438, 2439 y 2756, su doc., CC; arts. 1935 y 2250 segundo párrafo del CCyC), aspecto omitido en el fallo según denuncia al expresar agravios (cf. escrito del 04/12/2024).
Los accionados se oponen a tal reclamo. A su entender, el reconocimiento del daño consistente en el valor locativo dejado de percibir durante diez años -conforme la valuación solicitada al perito tasador- resulta improcedente, pues para exigir un canon locativo es indispensable poseer la cosa. En segundo término, alegan que quien reclama un canon locativo no puede, al mismo tiempo, pretender el reconocimiento de mejoras efectuadas en el inmueble, por resultar ambas pretensiones incompatibles. Finalmente, afirman que el eje de la controversia reside en la naturaleza de los derechos invocados, toda vez que se discute la posesión, y no de derechos personales derivados de un eventual contrato de locación, inexistente en el caso. En tal sentido, insisten en que su parte detenta la posesión del bien desde hace largos años, como consecuencia del abandono inicial de la señora Estelrich (v. contestación de fecha 08/04/2025).
La protesta de la actora es atendible. Veamos.
i] Conforme dispone el art. 2756 del Código Civil –actual art. 2250 del CCyC-, las acciones reales –entre ellas la reivindicatoria- son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, con el efecto accesorio, cuando correspondiere, de la indemnización del daño causado.
A su turno, los arts. 2438 y 2439 del Código Civil establece que el poseedor de mala fe está obligado “a entregar o pagar los frutos de la cosa que hubiese percibido, y los que por su culpa hubiera dejado de percibir”, así como a indemnizar al propietario “los frutos civiles que habría podido producir una cosa no fructífera, si el propietario hubiese podido sacar beneficio de ella”.
La doctrina ha sostenido que los frutos no percibidos que deberá restituir el reivindicado perdidoso “son aquellos que no hizo producir a la cosa por su actuar negligente”. Asimismo –a propósito del art. 2439 del Código Civil- Segovia explicaba que la referencia a la cosa "no fructífera" alude a los frutos naturales "puesto que el artículo reconoce que pudo producir frutos civiles, v. gr. alquileres". Se trata, entonces, de los frutos civiles de un inmueble que, si bien no genera frutos naturales o industriales, posee un valor locativo del cual el propietario pudo razonablemente haber obtenido rédito (cf. Cossari, N.J. en Alterini, J.H, Código Civil y Comercial comentado, LL, 2016, t. IX, p. 247).
Asimismo, Llambías y Alterini precisan que "[e]l art. 2441 luego de consagrar en favor del poseedor de mala fe la facultad de cobrar las mejoras útiles, aclara que 'estas mejoras son compensables con los frutos percibidos o que hubiere podido percibir'. Como de conformidad con lo dispuesto por los arts. 2438 y 2439 el dueño tiene contra el poseedor de mala fe un crédito por los frutos percibidos o que no hubiere percibido por su culpa, o que en su caso hubiera percibido el propietario, la idea de la ley es compensar tal crédito, con el que a su vez tiene el poseedor de mala fe por las mejoras útiles. Según Borda, no se trataría de una compensación porque el crédito por los frutos no es líquido (art. 818), y sería menester su previa liquidación, pero sostiene que la solución legal obedece a evidentes razones de equidad" (Alterini, J.H. en Llambías-Alterini, ob. cit., t.º IV-A, p. 189). ii] En tales condiciones, sea que se interprete como el resarcimiento de los frutos civiles que la cosa habría podido producir y de los que la propietaria se vio privada por la desposesión ilegítima, o bien como indemnización del daño derivado de la ocupación indebida del inmueble por los demandados, corresponde reconocer el valor locativo del bien. Con todo, la actora promovió en 2017 diligencias preliminares orientadas a identificar a los ocupantes del inmueble. En octubre de 2022 inició la instancia de mediación previa a este proceso civil, habiendo previamente formulado -el 23 de marzo de 2019- la denuncia que dio origen a la causa penal IPP 06-00-012477-19/00 (que tengo a la vista).
En dicha denuncia la señora Estelrich manifestó que, tras exigir a los ocupantes la restitución de su inmueble –quienes inicialmente se comprometieron a devolverlo para luego negarse-, concurrió junto a un grupo de personas al lugar el día 23 de marzo de 2019 para reiterar el reclamo. Relató que, ante la negativa de los moradores y cuando se retiraban, fue agredida físicamente por el grupo familiar ocupante (cf. fs. 4 de la IPP). Esa secuencia fáctica fue corroborada por los testigos Ayelén Flores y Ayrton David Flores (cf. fs. 17 y 21 de la citada causa). Asimismo, quedó acreditado que los ocupantes tomaron conocimiento de la denuncia desde el primer momento: el oficial policial constató ese mismo día 23 de marzo de 2019 la permanencia del grupo en el inmueble en el marco de las actuaciones penales (cf. declaración de fs. 23), y en igual fecha compareció la codemandada Hilda Beatriz Méndez a la seccional policial a tomar conocimiento formal de la imputación que se les formulaba (cf. fs. 25 de la IPP).
Tales actuaciones demuestran que, al regresar al país en 2016 y advertir la ocupación del inmueble –según la declaración del testigo Gómez y el informe de la Dirección Nacional de Migraciones-, la señora Estelrich no consintió tal situación, sino que impulsó acciones penales y civiles para recuperar su propiedad (arts. 384, 394 y 456 del C.P.C.C.).
Por cierto, el hecho de que durante los años previos no hubiera formulado reclamo alguno –en particular, hasta luego de su regreso al país el 22/10/2016 (cf. informe de fecha 11/07/2024)- no autoriza a presumir un consentimiento de la ocupación gratuita más allá del momento en que requirió formalmente la desocupación. En el caso, no cabe duda de que, a partir de dicho requerimiento, la ocupación ilegítima y viciosa de los demandados configuró una retención indebida que impidió a la propietaria obtener los frutos civiles del bien, generando un daño resarcible (cf. CNCiv., Sala F, “Ruiz de Richardson”, sent. del 11/10/2005, LLonline AR/JUR/6206/2005; CA de Concordia, Sala civil y comercial I, “Cabral”, sent. del 21/02/2011, LLonline AR/JUR/1632/2011; CNCiv., Sala F, “Dayjo SAICFIC”, sent. del 23/10/2009, LLeyonline AR/JUR/40284/2009).
En consecuencia, el crédito correspondiente a favor de la actora deberá liquidarse atendiendo al valor locativo del inmueble, el cual habrá de determinarse a valores actuales en la etapa de ejecución de sentencia, computándose desde el 23/03/2019 y hasta el efectivo reintegro del inmueble a su propietaria reivindicante.
VI.1.c. En resumidas cuentas, admitidos los agravios formulados por la señora Estelrich en cuanto a la valuación de las mejoras y a la omisión de considerar la compensación de los frutos civiles que se vio privada durante el período antes indicado, resulte necesario diferir la determinación definitiva del crédito adeudado para la etapa de ejecución de sentencia.
A tal fin, el monto deberá establecerse del siguiente modo: en primer término, el perito ingeniero civil deberá calcular el costo de inversión de las mejoras introducidas y la existencia de un mayor valor adquirido por el bien a partir de las obras realizadas sobre la edificación preexistente, valor este último que actuará como límite de la cuantificación de esta primera partida.
Luego, deberá compensarse dicho importe con el monto correspondiente a los frutos civiles –valor locativo- devengados, conforme la estimación actualizada que practicará el perito martillero (arts. 34, 163, 164, 165, 457 y concs., CPCC; art. 772 su doc. CCyC).
VI.2. Edificación del contrafrente del fundo de la señora Estelrich.
VI.2.a. Como se vio, el perito ingeniero civil detalló la existencia en el inmueble de autos, de una construcción independiente de la edificación original, ubicada en el contrafrente del fundo, cuya data estimada de ejecución fue fijada en el año 2009. Se trata, por ende, de una edificación nueva, erigida desde sus cimientos por los demandados y, por tanto, ajena al régimen de reembolso de mejoras introducidas por el poseedor de mala fe previsto en el art. 2441 y concs. del Código Civil.
Sobre tales premisas, no cabe duda de que el tratamiento de la cuestión debe abordarse a la luz del régimen aplicable a la edificación en fundo ajeno.
La “edificación” constituye un modo de adquirir el dominio por “accesión” (arts. 2524 inc. 3°, 2571/2600, CC). En este supuesto “una cosa acrece a otra -en el caso, por adherencia artificial-, perteneciendo ambas, originariamente, a distintos propietarios. Supone, por tanto, la incorporación de una cosa a otra, adquiriéndose la propiedad de la agregada por efecto de la accesión" (cfr. Laquis, M. A., "Derechos Reales", Depalma, Bs. As., 1979, t.º II, p. 571 y ss.; Arean, B. en Bueres (dir)-Higthon (coord.), Código Civil y normas complementarias, Hammurabi, Bs. As., 1997, t.º 5, p. 412; Puerta de Chacón, A. en Zannoni (dir) - Kemelmajer de Carlucci (coord.), Código Civil y leyes complementarias, Astrea, Bs. As., 2005, t.º 10, p. 863). De su regulación se ocupan los artículos 2587 y siguientes del Código Civil -estatuto, hoy día, contenido en el artículo 1962 del Cód. Civ. y Com.-, normas aplicables frente a construcciones u obras nuevas e independientes de la existente en un inmueble, las cuales se agregan a éste. Por lo mismo que hay creación de una cosa nueva, puede haber materia para la aplicación de la teoría de la accesión como modo de adquisición de la propiedad. Tal supuesto se distingue de las simples mejoras (cf. consid. VI.1.a; esta Sala II, causa C. 261.042/1, sent. del 25/02/2022 y C. 279.555 ya cit.).
La accesión responde al principio romano superficie solo cedit -la superficie siempre cede al suelo- (arts. 2331 y 2332, Cód. Civ.), conforme al cual todo lo que se incorpora al terreno -v.gr. una construcción- pertenece al dueño de éste (arts. 2315, 2519 y 2614 su doc., Cód. Civ.). Así, la adquisición tiene lugar con independencia del valor de lo edificado, y sea la obra realizada por el dueño del terreno o por un tercero, con materiales propios o ajenos. En correlato, el art. 2519 del ordenamiento civil establece -de un lado- una presunción relativa respecto de la autoría de las construcciones, y -del otro- una presunción que no admite prueba en contrario -iure et de iure- concerniente a la propiedad de lo construido, que se atribuye al dueño del terreno.
De ahí que, de comprobarse que la edificación fue introducida por un tercero, a fin de evitar el enriquecimiento sin causa, surge en favor de quien la realizó el derecho a ser compensado, generándose a su favor un crédito por el importe de lo construido o su valor, según el caso. No obstante, el tercero no puede pretender la propiedad de las obras, pues éstas, en su carácter de accesorias, pertenecen al dueño del suelo (cfr. arts. 2309, 2520 y 2588 su doc., Cód. Civ.; cfr. Laquis, ob. cit., 107, 633 y 645; Alterini,J.H. ob. cit., t.º IV-A, p. 315/6, 374 y 377/378; Arean en Bueres-Highton, ob cit., p. 429; Puerta de Chacón, ob. cit., p. 740/2, 899/900 y 905; Highton-Wierza, en Bueres-Highton, ob. cit., p. 357/358; CCCom. Bahía Blanca, sala II, sent. de 28/4/1982, ED 102-755; CCiv., 1°, LL 36-730 y JA 47-872).
VI.2.b. Ahora bien, la suerte de la pretensión de reembolso deducida en autos depende -entre otros factores- de la buena o mala fe tanto de los edificantes como de la propietaria del terreno.
Quienes edifican con materiales propios en terreno ajeno no pueden destruir lo edificado, salvo autorización del dueño del fundo, quien adquiere el dominio de lo construido y debe, en su caso, indemnizar al tercero (art. 2588, Cód. Civ.). Sin embargo, si el edificante actúa de mala fe, el dueño del predio puede optar entre la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado anterior -a costa del tercero de mala feo conservar lo construido, abonando el mayor valor adquirido por el inmueble (art. 2589, Cód. Civ.). De mediar mala fe de ambos los derechos se arreglarán según lo dispuesto para el edificante de buena fe (art. 2590). Se impone, entonces, dilucidar el carácter que cabe asignar a los litigantes para, sobre esa base, proveer la solución del caso.
VI.2.c. En cuanto al edificador, la doctrina discute si la buena fe a la que alude el art. 2588 del Código Civil se identifica con la del poseedor (cfr. art. 2356, CC, actual art. 1909, CCyC) o si, por el contrario, reviste un alcance más amplio y comprende a cualquiera que haya edificado de buena fe en terreno ajeno (Laquis, ob. cit., p. 654/658; Alterini J.H., ob. cit., t.º IV-A, p. 376; Arean en Bueres (dir), ob. cit., p. 301; Cossari, N.G.A., en Alterini, "Código Civil y Comercial de la Nación", La Ley, Bs. As., 2016, t.º IX, p. 313; Arean en Bueres-Highton, ob. cit. p. 431/432) (esta Sala II, causa C. 261.402/1, sent. del 25/02/2022).
i] Una primera corriente interpreta que el régimen de edificación sólo resulta aplicable al tercero poseedor, y que su calificación debe regirse por las reglas propias de la posesión. Por consiguiente -y a fin de evitar reiteraciones innecesarias-, cabe remitir al análisis efectuado en torno a la posesión en el considerando V del presente Acuerdo.
ii] Una segunda orientación, en cambio, postula que el ámbito de aplicación subjetivo de las normas en examen es más general y alcanza a todo edificador, aun cuando no ostente la condición de poseedor. Bajo este entendimiento, para reputar de buena fe al edificador no se requiere que sea poseedor legítimo del terreno, sino que actúe con la convicción cierta de tener derecho de construir en él. En otras palabras, la buena fe radica en la creencia de estar legítimamente habilitado para edificar en el lugar, ya sea en virtud de una posesión basada en justo título, o de relaciones jurídicas entre las partes que lo autoricen a hacerlo (cfr. CCCom. Bahía Blanca, 29/12/1931, JA 37-514; CFed. Rosario, 05/8/1936, JA 55-479; CCCom 1° LP, Sala I, 14/6/1960, LL 99-578; CNCiv., sala C, 10/6/1969, LL 139-912, 23.485-S; esta Sala II, causa 261.402/1, sent. del 25/02/2022).
iii] En la especie, cualquiera sea la tesis que se adopte, la señora Méndez y los señores Yndaber deben ser considerados edificadores de mala fe.
En efecto, tal como se expuso en el considerando V, del propio relato de los hechos contenido en las contestaciones de demanda surge con claridad que los edificadores conocían perfectamente la carencia de título alguno para ocupar el inmueble propiedad de la señora Estelrich. Además, sabían que la titular se hallaba ausente al momento de ingresar y realizar las construcciones (arts. 330, 354, 384 y concs., CPCC).
VI.2.d. En lo que atañe a la señora Estelrich, los antecedentes del caso distan de evidenciar un obrar de mala fe (art. 2590 “a contrario” del CC).
So riesgo de incurrir en reiteraciones, vale subrayar que, desde su regreso al país en el año 2016, la actora promovió diligencias preliminares en 2017, formuló una denuncia penal por usurpación contra quienes la desposeyeron y, sin solución de continuidad, inició la presente acción tendiente a reivindicar el inmueble. Tal proceder se muestra coherente con la defensa activa de su derecho y resulta incompatible con toda idea de tolerancia o pasividad al tomar conocimiento de la ocupación indebida. VI.2.e. Precisado lo anterior, resta decidir los temas litigiosos pendientes.
Apartándose de la solución consagrada por el derecho romano –que negaba todo resarcimiento al edificante de mala fe-, el Código Civil establece una opción en favor del dueño del terreno de buena fe, quien puede exigir la demolición de lo construido –esto es, el restablecimiento del predio a su estado anterior- o conservar lo hecho abonando el mayor valor adquirido por el inmueble (cfr. art. 2589 Cód. Civ.).
La prerrogativa reconocida al propietario reposa en la facultad de exclusión que le compete (arts. 2516 y 2517 su doc., Cód. Civ.) y, al mismo tiempo, actúa a modo de sanción para quien, careciendo de derecho para intervenir en un fundo ajeno, se introduce en él a sabiendas y procede contra la voluntad del dueño. En justificación del requerimiento de demolición, se ha señalado que, “como no es posible hacerse propietario de algo sin abonar nada, porque ello implicaría un enriquecimiento injusto, tampoco parece acorde con la equidad tener que llegar a soportar eventualmente la ejecución forzada del inmueble, como sucede cuando el edificador es de buena fe. De ahí el derecho de optar por la demolición, aunque con ello se cauce un perjuicio al edificador. Es el precio que éste debe pagar por disponer a su arbitrio de lo que no es suyo” (cf. Arean, en Bueres-Highton, ob. cit., p. 434), máxime cuando el dueño puede carecer de medios para afrontar el pago de lo edificado (v. Arean, en Bueres-Highton, ob. cit., p. 435; Puerta de Chacón, ob. cit., p. 912/915) (esta Sala II, causa 261.402/1 ya cit.).
Ahora bien, en circunstancias de excepción, la prerrogativa legal debe ceder, por ejemplo, cuando concurre un interés social prevalente en la conservación de la obra -v.gr. por tener un valor artístico o arquitectónico-. No obstante, en el caso de autos no se advierten elementos que permitan encuadrar la situación en tal hipótesis.
Por lo demás, a diferencia de la señora Méndez -quien, según surge de los testimonios prestados en el marco del beneficio de litigar sin gastos por ella promovido, poseería otro inmueble de su propiedad (v. audiencia de vista de causa del 22/08/2025, tramos que van desde 35'58'' a 37'10'', 49'14'' a 49'50'' y 58'20'' a 58'30'')-, los elementos incorporados a la causa avalan la imposibilidad real en que se encuentra la señora Estelrich, de 78 años de edad (cfr. copia del DNI obrante como archivo adjunto el escrito de 11/8/2023, 11:43:03 hs., nacida el 9/6/1947), para afrontar el pago de las mejoras que el fallo censurado pone a su cargo (arts. 384, CPCC). Basta confrontar el tenor de las declaraciones de Juan Arzenio Zavala y Ana Lucía Cuello –recogidas a los fines del beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora- para tener por acreditada la marcada vulnerabilidad que atraviesa, encontrándose actualmente alojada en un hogar geriátrico (v. audiencia de vista de causa del 22/8/2025, tramos que van desde 19'16'' a 20'10'', 25'38'' a 25'46''; arts. 384, 440, 456 y concs., CPCC).
En síntesis, la señora Estelrich se encuentra, indudablemente, en una situación de fragilidad derivada tanto de su avanzada edad como de la notoria estrechez económica que atraviesa. Tales circunstancias deben ser atendidas con especial cuidado, pues es deber del Estado brindar respuestas diferenciadas a quienes integran sectores históricamente desprotegidos o en condiciones de desventaja, a fin de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos (arg. arts. 16, 17, 18, 33, 75 incs. 22, 23 CN; art. 1, 3, 4, 6, 9, 23, 24, 31 y concs., CIPDHPM, incorporado por ley 27.360; arts 36 inc. 6, Const. pcial. y CSJN, Fallos: 343:264, cons. 8 y 9). La decisión provista en la instancia no reparó suficientemente en ello, al omitir considerar la situación en que quedaría inmersa la señora Estelrich tras transitar un largo proceso judicial en procura del reconocimiento de su derecho, quien –pese a obtener una decisión favorable- se vería en riesgo de perder su inmueble pues carece de los recursos mínimos para afrontar el pago de la construcción erigida de mala fe.
Por consiguiente, y con la salvedad que expondré seguidamente, corresponde reconocer el derecho de la señora Estelrich a requerir la demolición de lo construido de mala fe, conforme la opción habilitada por el art. 2589 del Código Civil.
VI.3. Estimo, sin embargo –tal como lo sostuve en la causa C.
261.402/1, sent. de 25/2/2022-, que la controversia no puede clausurarse sin antes evaluar la posibilidad de arribar a un resultado más funcional, que procure armonizar los bienes jurídicos y necesidades sociales en presencia. VI.3.a. Con ese cometido, resulta útil acudir a la regulación prevista en el Código Civil y Comercial, que brinda una respuesta parcialmente diversa. El citado ordenamiento, en su artículo 1962, dispone que si la construcción ha sido realizada por un tercero de mala fe, “el dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior a su costa, a menos que la diferencia de valor sea importante, en cuyo caso debe el valor de los materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño”.
De la norma surge que la cancelación del derecho a pedir la destrucción de lo incorporado de mala fe exige sopesar los valores en juego. Para ello, debe tasarse la finca “con” y “sin” las obras, y si la diferencia entre ambas resulta “importante” -determinación librada al arbitrio judicial-, el propietario del terreno no podrá exigir la demolición. En tal hipótesis, se abren dos alternativas: o bien abona al edificador el valor de los materiales y del trabajo, o abdica su derecho en favor de éste, quien deberá pagar el valor del terreno –en el caso, con más las edificaciones preexistentes- y los daños ocasionados al dueño (v. Cossari, N.G.A., ob. cit., t.º 9, p. 311/312). Vale remarcar que, aun antes de su recepción normativa expresa, la doctrina había propuesto una solución similar. Así, frente a los problemas prácticos que suscitaban las alternativas previstas en el art. 2589 del Código Civil y la falta de razonabilidad que implicaba destruir un valor incorporado al sistema sin contraprestación visible alguna, se sugirió una tercera opción: que el propietario sea indemnizado por el valor del terreno cuando éste sea muy inferior al del lote ya edificado, con más una compensación por los perjuicios sufridos, aplicando por analogía el criterio adoptado por la jurisprudencia en casos de edificación parcialmente asentada en terreno ajeno (cf. Pastrian, G.A., De la edificación en terreno ajeno, DJ 2001-2, 224). Así las cosas, y siguiendo una inteligencia acorde con la solución propiciada por la doctrina -posteriormente generalizada por la nueva codificación- la destrucción de lo edificado quedará condicionada a que no se verifique una diferencia de valor importante entre el inmueble con y sin la construcción nueva en su contrafrente, y en su caso a que la señora Méndez y los señores Yndaber procedan, sin dilación, a poner a disposición de la dueña del terreno y construcción preexistente el valor, con más los daños causados (art. 1962 CCyC).
No ignoro que esta solución representa para la propietaria del terreno un sacrificio, en tanto podría verse compelida a desprenderse de la finca que legítimamente pretendía conservar. Sin embargo, a través de este mecanismo se preserva su interés económico directo, al recibir el valor del terreno con su construcción originaria que habría de mantener en caso de demolición, junto con la compensación debida de todos los daños sufridos. A la par, se responsabiliza a los constructores de mala fe, quienes, si pretenden conservar lo edificado, deberán –como expresamente prevé la normativa vigente- abonar a la dueña el valor del terreno más los perjuicios ocasionados.
VI.3.b. Es menester ahora definir pautas precisas a efectos de no dilatar más la resolución del presente conflicto.
i] La efectividad de la tutela judicial constituye la característica diferencial y principal del derecho a la jurisdicción, por cuanto “la protección jurídica significa que por el resultado del procedimiento (juicio, proceso o litigio) se garanticen los derechos sustanciales de su titular” (arts. 18 Const. nac.; arts. 1, 8, 24 y 25 CADH y 2, 3 y 25 PIDCyP, e.o). Es deber del Estado otorgar “lo necesario e indispensable para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias” (cf. Barrera, M. El deber de prevenir el daño y el rol de la jurisdicción, RCCyC 2017 -marzo-, 113).
La Corte Nacional ha precisado que, “con mayor cautela cuando se trata de personas que integran un grupo vulnerable, con preferente tutela constitucional (art. 73 inc. 23 de la Constitución Nacional), se debe tener presente que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia consagrado en el citado art. 18, requiere que la tutela judicial resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver, sin dilaciones, las cuestiones sometidas a su conocimiento” (CSJN, Fallos: 344:983). Este mandato exige por parte de los operadores “la implementación de mecanismos que garanticen la efectiva ejecución de las sentencias. Así pues, la falta de previsión de un modo de ejecución idóneo para superar los problemas que puedan presentar en esta instancia procesal vulnera, en definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva” (CSJN Fallos: 339:740).
ii] Trasladando estos conceptos al presente caso, y atendiendo al proceso prolongado que ha debido transitar la señora Estelrich para hacer efectivos sus derechos, cabe disponer que, en la instancia de origen, se requiera al perito martillero interviniente que, en el plazo de 10 días, informe –de un lado- el valor actual del terreno con más la construcción preexistente y –del otro- el correspondiente al inmueble computando también la nueva construcción erigida por la señora Méndez y los señores Yndaber al confrafrente.
Practicada dicha estimación, si de la pericia resultare que el valor actual del inmueble con la construcción nueva supera en más de un sesenta por ciento (60%) al valor del inmueble sin dicha construcción al contrafrente, la señora Méndez y los señores Yndaber podrán evitar la demolición mediante el depósito y pago de una suma equivalente al valor del inmueble con más la construcción preexistente, dentro del plazo máximo de dos meses, contados desde la notificación de la pericia a las partes.
A ese importe deberán adicionarse los perjuicios causados a la señora Estelrich, previa determinación con la mayor celeridad posible. En tal contexto, será excluyente el impulso activo de ambas partes, imponiéndose un celoso actuar guiado por el deber de buena fe, lealtad y probidad (arg. art. 34 inc. “d”, CPCC).
En caso de que la diferencia en juego no alcance la proporción indicada, o que superándola la señora Méndez y los señores Yndaber no ejerzan la opción prevista ni efectúen el depósito correspondiente dentro del plazo fijado, la señora Estelrich podrá hacer efectiva la opción de demolición reconocida por el art. 2589 del Código Civil.
VII. Por último, cabe tratar los cuestionamientos de los accionados a la desestimación del derecho de retención invocado en resguardo del crédito reconocido a su favor en concepto de mejoras. Sin embargo, antes de continuar es importante dejar aclarado que, de conformidad con el principio de aplicación inmediata de las leyes a los hechos y situaciones jurídicas existentes y al margen de la similitud que presentan en el tópico la normativa vigente y la derogada, esta puntual cuestión habrá de resolverse al amparo de las reglas del Código Civil y Comercial sancionado por ley 26.994 (cfr. Kemelmajer de Carlucci, A. La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 36 y 176). Sentado lo anterior, debe recordarse que el art. 2587 del digesto unificado habilita a echar mano de esta forma de protección del crédito sólo a quien obtiene la cosa por medios que no sean ilícitos.
Al respecto, Lopez Mesa sostiene que "[c]laramente, esa tenencia debe ser lícita; ello, porque quien ha obtenido la cosa por un hecho ilícito, no tiene la facultad de retenerla". Y con cita de jurisprudencia, el autor remarca que "[e]n esta línea, se ha decidido que si el retenedor ha entrado en la tenencia de una manera antijurídica, contraria a derecho o en abuso de éste, se configura la 'detentación' y no se origina la facultad de retención". (López Mesa, M.J. Derecho de las obligaciones. Análisis exegético del nuevo Código Civil y Comercial, BdeF, Bs. As., 2015, t.º II, p. 184). Pues bien, tal como fue establecido anteriormente, la posesión ejercida por la señora Méndez y los señores Yndaber sobre el inmueble de propiedad de la señora Estelrich es de mala fe, y, por efecto de la clandestinidad con la que fue ejercida, viciosa. Tales extremos, indudablemente, tornan a todas luces improcedente el derecho de retención invocado y conducen al rechazo de este tramo del recurso de los demandados (Arean, B. Curso de derechos reales, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, p. 150).
VIII. Igual suerte adversa ha de seguir el agravio contra la imposición de las costas de la instancia de origen, las que –atento a la condición de sustancialmente vencido que reviste el frente pasivo- deben ser mantenidas en el sentido establecido en el pronunciamiento apelado, por resultar ello conforme al principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC). Por las razones y con el alcance indicado, voto por la AFIRMATIVA.
El señor Juez, doctor Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
En mérito a los fundamentos expuestos, corresponde, de un lado, desestimar el recurso interpuesto por Hilda Beatriz Méndez, Amilcar Yndaber y Josué Yndaber con fecha 06/12/2024 y, del otro, receptar el deducido por Antonia Isabel Estelrich el 04/12/2024, modificándose la sentencia del 28 de noviembre de 2024 con el alcance indicado en el considerando VI, con costas de alzada a la parte demandada sustancialmente vencida (arts. 16, 17, 18, 33, 75 incs. 22, 23 Const. Nac.; arts. 1, 3, 4, 6, 9, 23, 24, 31 y concs., CIPDHPM, incorporado por ley 27.360; arts. 36 inc. 6° Const. Pcial.; arts. 20, 512, 589, 591, 923, 929, 2309, 2315, 2331/2, 2351, 2353/6, 2358, 2364, 2369, 2430, 2438/9, 2440/1, 2516/7, 2519, 2520, 2524, 2587/2590, 2614, 2671, 2756, 4406/7 y concs., CC; arts. 1, 2, 3, 7, 9, 726, 729, 1794, 1909, 1916, 1918, 1921, 1934/5, 1938, 1962, 2250, 2587 y concs., CcyC; arts. 34 inc. 4, 68, 163, 164, 165, 242, 260, 266, 330, 354, 384, 409, 454, 457, 474 y concs., CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Juez, doctor Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente S E N T E N C I A
Que la sentencia dictada con fecha 28 de noviembre de 2024 debe ser modificada con el alcance determinado en el considerando VI (arts. 16, 17, 18, 33, 75 incs. 22, 23 Const. Nac.; arts. 1, 3, 4, 6, 9, 23, 24, 31 y concs., CIPDHPM, incorporado por ley 27.360; arts. 36 inc. 6° Const. Pcial.; arts. 20, 512, 589, 591, 923, 929, 2309, 2315, 2331/2, 2351, 2353/6, 2358, 2364, 2369, 2430, 2438/9, 2440/1, 2516/7, 2519, 2520, 2524, 2587/2590, 2614, 2671, 2756, 4406/7 y concs., CC; arts. 1, 2, 3, 7, 9, 726, 729, 1794, 1909, 1916, 1918, 1921, 1934/5, 1938, 1962, 2250, 2587 y concs., CcyC; arts. 34 inc. 4, 68, 163, 164, 165, 242, 260, 266, 330, 354, 384, 409, 454, 457, 474 y concs., CPCC).
POR ELLO y demás fundamentos del precedente Acuerdo se hace lugar al recurso interpuesto por la parte actora con fecha 04/12/2024 y fundado el 26/03/2025 y se desestima el deducido por la parte demandada con fecha 06/12/2024 y fundado el 18/03/2025.
En consecuencia, se modifica la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2024 en los siguientes términos:
1. A lo fines de la justipreciación del eventual crédito por las mejoras introducidas en la construcción existente en el inmueble de la parte actora, el perito ingeniero civil interviniente deberá determinar el costo de la inversión realizada por los demandados y el mayor valor que, a raíz de dichas mejoras, haya adquirido el bien, tomando este último como límite máximo de la cuantificación (cf. consid. VI.1.a);
2. Se reconoce el crédito de la actora por los frutos civiles –valor locativo- frustrados durante el tiempo en que se mantuvo la retención indebida por parte de los accionados, desde el 23/03/2019 y hasta la efectiva restitución, conforme la estimación actualizada que deberá practicar el perito martillero (cf. consid. VI.1.b.); y, 3) Se reconoce el derecho de la señora Estelrich a exigir la demolición de la construcción nueva erigida de mala fe por los demandados en el contrafrente del inmueble de su propiedad, supeditado a la previa comprobación de la entidad de la diferencia entre el valor actual de la finca con dicha construcción y sin ella –esto es, el valor del terreno con más la construcción originaria- y, en su caso, el pago por parte de los edificantes de mala fe del importe correspondiente dentro del plazo máximo de dos meses, con más los daños (cf. considerando VI.2 ap. e y V.3).
Las costas de esta instancia se imponen a los demandados vencidos (art. 68 CPCC). Regístrese. Notifíquese autom. (art. 10, anexo I, Ac. 4013 SCBA) y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen. Destinatario: ESTELRICH ANTONIA ISABEL Destinatario: MENDEZ HILDA; YNDABER JOSUE y YNDALER AMILCAR
Fin de la sentencia