Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2023-71206750-APN-DTD#JGM
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-40829977-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 21 de Abril de 2025
El Expediente N° EX-2023-71183284- - APN-SGAI#TFN caratulado: “ESTIBAJES SUARMO S.A. S/ recurso de Apelación” y sus acumulados EX-2023-71206750-APN-DTD#JGM y EX-2023-71195407-APN- DTD#JGM, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante RE-2023-71173700-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 49/2023 (DV MRRI), de fecha 22/05/2023, dictada por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP-DGI.
El apelante impugna la mencionada resolución relativa al Impuesto a las Ganancias, períodos 2017 a 2020, inclusive, intimando el pago de la suma de $73.806.808,35, con más intereses por un total de $118.001.572,73 calculados a la fecha de la resolución determinativa.
En su acumulado EX-2023-71206750-APN-DTD#JGM recurre la Resolución Nº 51/2023 (DV MRRI) referida al Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas, por los períodos fiscales 11/2016 a 02/2020, inclusive, intimando el pago de la suma de $104.922.642,62, con más intereses por un total de $ 195.008.312,62 calculados a la fecha de la resolución determinativa.
En el restante acumulado EX-2023-71195407-APN-DTD#JGM impugna la Resolución Nº 50/2023 (DV MRRI) referida al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 11/2016 a 11/2017 y 01/2018 a 12/2020, inclusive, intimando el pago de la suma de $64.592.779, con más intereses por un total de $108.222.528,78 calculados a la fecha de la resolución determinativa.
Que en primer lugar, destaca en sus libelos recursivos ser una empresa líder en servicios de estiba de buques pesqueros, en el ámbito del puerto de Rawson, Provincia de Chubut, cuyos servicios son regularmente contratados por plantas de procesamiento de productos de mar. Informa que su actividad consiste en ejecutar la descarga de estos y su estiba en los correspondientes medios de transporte que los llevarán a destino. Indica que la mano de obra por ella empleada es regularmente contratada en el ámbito portuario a desarrollar la tarea, en turnos organizados por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. Indica que ese contexto la hace tener que recurrir a las correspondientes listas o bolsas de trabajo. Señala la posibilidad de obtener de modo directo las manos- la mano de obra- que requiere para un servicio determinado o que, en cambio, por diferentes razones debe valerse de una segunda empresa de estiba con disponibilidad de las manos- mano de obra- que la contribuyente precisa.
Expone haber dado cumplimiento a la debida diligencia, entendiendo la contribuyente que esta se limitaba a: (i) verificar las aptitudes y existencia de las “manos” ofrecidas –lo cual era muy fácilmente realizable in situ en el ámbito portuario, en los momentos previos al arribo del buque que debería ser descargado—, (ii) verificar que el proveedor en cuestión estaba registrado en AFIP, debidamente dado de alta, y que tenía autorización de parte de AFIP para operar y emitir comprobantes fiscales y (iii) verificar que el trabajo sea efectiva y eficazmente realizado en el momento oportuno.
Alega que la cuestión controvertida en autos no es novedosa, y ha sido ya tratada por diversos pronunciamientos jurisprudenciales, inclusive de la CSJN. Se trata de la cuestión relativa a la impugnación de créditos fiscales, gastos y erogaciones declarados por contribuyentes que han satisfecho la totalidad de los deberes sustantivos y formales a su cargo, sobre la base de que la contraparte de la operación, obligada a ingresar sus impuestos en virtud del débito fiscal e ingreso devengado, no habría cumplido con las obligaciones fiscales a su cargo, no pudiendo ser ubicada por el fisco en este momento.
Señala que la Administración Fiscal ha cuestionando la efectiva prestación de servicios por parte de las empresas de estiba contratadas por la actora, hecho acaecido con demasiada posterioridad a prestados los servicios y sobre la base de que tales empresas fueron incluidas en la base APOC por parte de las autoridades fiscales. Alega que la inclusión a base APOC, de esos proveedores aquí impugnados, se encuentra debatida en sede penal y entiende que todas estas actuaciones han comenzado con una clara y categórica motivación política en el ámbito de la provincia de Chubut.
Entiende que las resoluciones determinativas de oficio deben ser dejadas sin efecto por no cumplirse los elementos del hecho imponible. Señala que al momento de contratar con los proveedores ahora cuestionados estaban habilitados por AFIP para operar y facturar. Resalta que durante la fiscalización ha aportado todos y cada uno de los elementos requeridos, en tiempo y forma, y encontrándose sobrada evidencia de la efectiva prestación de los servicios registrados en las facturas en cuestión.
Señala que el criterio que terminó por imponerse por ese Organismo es aquel en función del cual debía practicarse el ajuste sobre la base de la incapacidad económica que tendrían las empresas proveedores en cuestión. Manifiesta haber cumplido con todos y cada uno de los deberes a su cargo, sin que fuera su responsabilidad auditar la capacidad económica de los respectivos proveedores, ni garantizar a la AFIP el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Observa que desde un punto de vista formal la operatoria exhibe una perfecta regularidad, no siendo reprochable a la contribuyente las consideraciones relativas a la capacidad económica del proveedor, que no tenía ni tiene por qué constarle a la actora.
Expone que ha recibido facturas por cada uno de los conceptos que abonaba, todo lo cual fue debidamente registrado en la contabilidad, el CAI correspondiente a cada una de las facturas estaba vigente y que todos y cada uno de los pagos se hicieron de modo bancarizado, utilizando a tal fin cheques.
Que en consecuencia, entiende la actora la operatoria no exhibe defecto alguno desde el punto de vista formal, sin que quepa la posibilidad de atribuir negligencia o violación de deber de cuidado alguno.
Cuestiona la legitimidad que asiste al Organismo ante la morosidad aparente en la que ha incurrido la Administración Publica en la ejecución de sus controles y al no haber negado en tiempo la autorización para facturar, así como privado de validación a los comprobantes cuya impresión ya hubiera podido ser autorizada. Cita jurisprudencia y doctrina que asiste a su postura.
En segundo lugar, plantea la improcedencia de los ajuste al entender la contribuyente que ha acreditado el cumplimiento de las prestaciones abonadas. Señala la normativa y jurisprudencia que hace a su defensa. A consecuencia de ello, plantea que en la medida en que se demuestre en autos que el servicio pagado por la actora efectivamente existió y se prestó, se impondría la conclusión según la cual no es posible realizar ajuste alguno, toda vez que estarían satisfechas todas y cada una de las condiciones previstas en la legislación para el cómputo del crédito fiscal y la deducción del gasto, y mucho menos sobre la base de consideraciones relativas a su capacidad económica del proveedor que la Dirección hace recién mucho tiempo después.
Considera improcedente la invocación, por parte del Organismo, del principio de la realidad económica para sustentar los ajustes insinuados, toda vez que es elemental a la aplicación de este principio que la adopción de formas manifiestamente inadecuadas sea imputable a la parte en contra de la cual se invoca el principio. En tercer lugar, en cuanto a los efectiva prestación de servicios la contribuyente destaca que los proveedores cuestionados prestaron servicios de estiba y/o descarga de buques en puerto, respecto de los cuales no puede esperarse que haya quedado registro empírico permanente, como podría suceder en el caso de una locación de obra a instancias de la cual se crea un inmueble.
Señala que a partir de la documentación existente puede verificarse la realidad de los hechos y la efectiva prestación de los servicios a partir del examen de diversas fuentes registrales independientes que servirían de factor de autenticación del mismo, tal y como quedó registrado en la factura considerada apócrifa. Agrega que, en efecto, cada una de las facturas impugnadas pueden ser vinculadas a la descarga de un buque en particular sucedida en una fecha en particular, habiendo sido dicha descarga encargada a la actora por una planta procesadora en particular.
Indica que al vincularse cada factura con la descarga de uno o de varios buques en particular, en fechas específicamente determinadas, la prueba del servicio efectivamente prestado puede venir dada por (i) la confirmación de que el buque en cuestión efectivamente fue descargado en las fechas determinadas, la cual podrá ser brindada tanto por el armador como por el adquirente de los productos del mar, como por la autoridad portuaria y/o la secretaría de pesca, (ii) la confirmación por parte de la planta adquirente de los productos de que la estiba fue encomendada a Estibajes Suarmo, y (iii) la verificación documental de que, para dicha estiba en particular, Estibajes Suarmo se valió de las manos proporcionadas por el proveedor sindicado en la factura en cuestión.
Plantea que, por medio de la sana critica, surge que ante la percepción de parte del Fisco Nacional en el sentido de que un determinado contribuyente podría haber dejado una deuda en concepto de tributos que podría ser de dificultosa realización o cobranza, en lugar de perseguir la cobranza de tales créditos hasta las últimas consecuencias haciendo uso de todas las facultades a su disposición, ese Organismo, dice la contribuyente, opta antojadizamente por reclamar el pago de sumas similares a quienes, de buena fe y sin que se les pueda atribuir obrar negligente alguno, han contratado sus servicios en el pasado.
Que ello es valorado por la actora como la creación de una hipótesis de responsabilidad solidaria más allá de las previstas legislativamente, en lo que constituye una grave afrenta al principio de reserva de ley. Cita jurisprudencia que hace a su defensa.
En cuarto lugar, entiende que las resoluciones determinativas de oficio deben ser dejadas sin efecto por un vicio en el elemento competencia, al haber sido dictadas por un Juez Administrativo sin competencia territorial. Destaca que atento la ubicación del domicilio fiscal de la contribuyente en la Ciudad de Mar del Plata, sus obligaciones fiscales estaban sometidas y sujetas a las facultades de verificación y fiscalización de la Agencia Nro. 129, Sede Nro. 2, Mar del Plata, correspondiente a la Dirección Regional Mar del Plata.
Señala que en las resoluciones determinativas de oficio no se explicitan ni mínimamente las condiciones o circunstancias en virtud de las cuales se habría habilitado la prórroga de competencia en cuestión, así como tampoco se explicita por autoridad de qué funcionario dicha prórroga fue dispuesta. Mucho menos se señala cuál sería la competencia en virtud de la cual dicha prórroga fue decidida.
Resalta que dichos actos determinativos de oficio carecen (i) de motivación suficiente por cuanto no han explicitado las circunstancias mínimas que podrían haber habilitado la prórroga en cuestión (cf. disposición 666/2003) y (ii) de causa por cuanto no logran vislumbrarse cuál de las causales previstas en la normativa aplicable podría haberse considerado verificada en el caso, como para habilitar la prórroga en cuestión. Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable. Solicita se dejen sin efecto las resoluciones determinativas de oficio, con costas.
II. Que en IF-2023-114631306-APN-DTD#JGM, IF-2023-114543547-APN DTD#JGM e IF-2023-113180749-
APN-DTD#JGM contesta los traslados la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Que en primer lugar corresponde señalar que los argumentos esbozados por el Fisco Nacional resultan ser análogos en los tres contestes.
Manifiesta que las tareas de fiscalización desarrolladas por la A.F.I.P., así como el procedimiento que desembocó en el dictado de la resoluciones cuestionadas, se han ajustado en un todo a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa del contribuyente, quien en todo momento tuvo acceso a las actuaciones y oportunidad de ser escuchado y de efectuar las aclaraciones y descargos que estimase convenientes.
Argumenta que el Juez administrativo ha resuelto en función a los elementos colectados por la fiscalización y su análisis ha sido de acuerdo a las reglas de la “Sana crítica”, para ello cita doctrina que hace a su planteo y funda en jurisprudencia.
Señala que toda la argumentación expuesta por la recurrente apunta a desconocer un elemento fundamental que da sentido y sostén al análisis elaborado por el Fisco Nacional. Indica ese Organismo que la contribuyente es la única beneficiaria en toda la maniobra desplegada con los proveedores apócrifos, ergo es solo ella la que debía tomar las medidas necesarias para demostrar que esa prueba aportada por el Fisco y que denostaba las supuestas operaciones con los sujetos cuestionados, se habían verificado en lo material más allá de lo estrictamente formal. Resalta que la jurisprudencia ha sido conteste, en el sentido de establecer que, en los procedimientos de determinación de oficio, le corresponde al sujeto pasivo de la obligación tributaria probar fehacientemente la autenticidad de las facturas presentadas a fin de acreditar sus operaciones comerciales con sus proveedores. Entiende que, la validez de dichas facturas está dada no sólo por si cumple con los elementos formales, sino también la exigencia de que el contenido de la misma esté respaldada lo suficiente, ante el hecho puntual de que el Fisco compruebe “prima facie” que ese contenido deviene falso.
Plantea que al contrario de lo que afirma la recurrente, no existe prueba directa alguna que compruebe la realidad fáctica que invoca, más allá de los elementos formales acompañados los que por su propia existencia y sin el respaldo correspondiente, en contraposición a lo detectado por el Fisco Nacional; carecen de valor convictivo en los términos que la actora pretende otorgarle.
Indica que los ajustes no se sustentan en los incumplimientos fiscales de las supuestas proveedoras, sino en elementos como la inexistencia de acreditaciones bancarias, frente al volumen de ventas declaradas a través de facturación electrónica, falta de personal en relación de dependencia, falta de pagos de impuestos y otras obligaciones, irregularidades en su conducta fiscal, falta de capacidad económica y operativa, inexistencia de compras informadas por terceros que guarden relación con los montos facturados, entre otras cosas. Todo ello, no permitió tener por acreditada la existencia de las operaciones aludidas en la documentación cuestionada, emitida por quienes figuran como proveedores.
Resalta que se desprende que las facturas en cuestión no se corresponden con operaciones reales, atento que con los elementos aportados por la administrada y reunidos por la fiscalización, no se ha podido acreditar la efectiva prestación de las operaciones que surgen de la documental cuestionada.
Remarca que la fiscalización actuante recabó información de la base de datos del Organismo respecto de facturación de servicios subcontratados a proveedores que a priori, no tendrían la capacidad económica y financiera para la concreción de dicha operatoria comercial. Luego la inspección realizó, con toda la información y documentación reunida, un análisis de cada caso de los proveedores señalados como dudosos, en virtud de su inclusión en la base de contribuyentes no confiables, analizando las condiciones de existencia física, domicilio, establecimiento, maquinarias, mano de obra, movimientos financieros, como así también de otros elementos necesarios para evaluar su capacidad económica y operativa, en el sentido si el servicio dudoso facturado pudo ser efectivamente prestado por el proveedor, atendiendo a la realidad económica.
Manifiesta que la carga de la prueba en el procedimiento tributario es a cargo del contribuyente porque el Fisco impugna aquello que el primero ha declarado como verdad, en el marco del art. 13 de la Ley 11.683. Conducentemente, para sostener esa "verdad" declarada es el que debe demostrar que el resultado de la auditoría impositiva no resiste cuestionamiento.
Insiste en que no existe prueba directa alguna que compruebe la realidad fáctica que invoca la contribuyente, más allá de los elementos formales acompañados los que por su propia existencia y sin el respaldo correspondiente, carecen de valor convictivo en los términos que la actora pretende otorgarle.
Destaca que la existencia de documentación cuya validez ha sido desconocida por su falta de eficacia y la ausencia de toda prueba, constituyen al costo deducido como inadmisible y no computable en las declaraciones juradas, ello atento a que la presentación de documentación apócrifa no puede conducir a obtener tratamiento más favorable que el que deviene de la ausencia de documentación. Y aclara, que la autorización de facturas o de CAI; no sólo no constituyen actos administrativos en sí mismos, sino que además no generan per se seguridad en cuanto a la existencia y condición tributaria del contribuyente en cuestión, por encontrarse sujetos siempre al control posterior y permanente del Fisco.
Remarca que las observaciones que se han realizado al supuesto proveedor, tienen que ver precisamente con su existencia como tal, lo que no permite tener por comprobada la realidad económica que la contribuyente pretende confirmar a través de la facturación en cuestión.
Respecto al planteo que refiere a la prórroga de competencia que si bien el recurrente no lo enmarca en un presupuesto de nulidad, alega que según se desprende claramente de los “Considerandos” de la Disposición N° 666/03 (AFIP), “… el Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones y el Decreto N° 618, de fecha 10 de julio de 1997, su modificatorio y sus complementarios, reconocen expresamente la facultad de poder sustituir y delegar las atribuciones inherentes a la calidad de Juez Administrativo, entre otras circunstancias, por la naturaleza de las materias de que se trata o por el ámbito territorial en que deban ejercerse.”. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Acompaña los antecedentes administrativos.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia confirmándose las resoluciones recurridas. Con costas.
III. Que en PV-2024-42536795-APN-VOCV#TFN obra embebida el acta de la audiencia celebrada el 25/4/24 en los términos del artículo 173 de la Ley 11683, en la cual se dispuso la apertura a prueba de la causa proveyéndose la prueba informativa y pericial propuestas por la actora.
Con fecha 20/3/25 a tenor del tiempo transcurrido sin que la parte instara la producción de las pruebas por ella ofrecidas y ordenadas por este Tribunal, mediante PV-2025-29233977-APN-VOCV#TFN se dispuso dar por decaído el derecho a la actora de su producción, se clausura el período de instrucción, elevándose los autos a consideración de la Sala B, la que mediante IF-2025-36560587-APN-VOCV#TFN los llamó para sentencia.
IV. Que, en primer lugar, y aún cuando no haya sido planteado como cuestión de previo y especial pronunciamiento, en cuanto al planteo de la actora relativo a la prórroga de competencia cabe tener presente que los Decretos Nros. 1397 del 12 de junio de 1979 y el Decreto 618 del 10/7/1997, establecían la facultad de sustituir y delegar las atribuciones inherentes a la calidad de Juez administrativo, ya fuera por la naturaleza de las materias o por el ámbito territorial. Por su parte, la Disposición N° 666/03 (AFIP), en el inciso a) de su artículo 1, dispuso: “Los jueces administrativos sustitutos podrán entender con carácter de excepción, y a todos los efectos, fuera del ámbito jurisdiccional de las dependencias a su cargo, sólo sobre los temas que a continuación se indican: a) Determinaciones de oficio en materia tributaria (artículo 16 y concordantes de la Ley Nº 11.683 – t.o. en 1998 y sus modificaciones) e impugnaciones relativas a los recursos de la seguridad social, cuando se trate de contribuyentes cuya fiscalización haya sido iniciada en su jurisdicción, y durante el transcurso de la misma modifiquen su domicilio fiscal, como así también respecto de aquellos que, aunque no tengan constituido su domicilio fiscal en la jurisdicción territorial de dicha dependencia, desarrollen en el ámbito de la misma, su actividad comercial habitual, o bien, realicen cualquier actividad susceptible de generar el hecho o hechos sujetos a imposición.” (el subrayado es propio).
Asimismo, el artículo 2 de la citada Disposición previó que: “Los jueces administrativos que asuman la competencia jurisdiccional en los casos contemplados en el artículo 1º en sus incisos a), b), c), y d), respectivamente, deberán comunicar dicha circunstancia al juez administrativo del domicilio fiscal de los contribuyentes y/o responsables y notificarla fehacientemente a éstos, en las siguientes oportunidades: a) En el procedimiento de determinación de oficio hasta el otorgamiento de la vista, pudiéndose realizar en ese mismo acto; y en los procedimientos de impugnación relativos a los recursos de la seguridad social, hasta el dictado de la primera resolución del juez administrativo, pudiéndose también hacerlo en ese acto.”
En tal sentido, corresponde señalar que la Orden de Intervención fue iniciada con fecha 22/02/2021, y notificada el 25/02/2021 por el personal fiscalizador de la División Fiscalización N°2, de la Dirección Regional Microcentro, hallándose la recurrente inscripta en jurisdicción de la Agencia Sede N° 2, Mar del Plata, dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata, recién a partir del 03/12/2021, es decir que cambió su domicilio casi 10 meses después de iniciada la fiscalización.
Asimismo, corresponde señalar que cabe tener presente que en oportunidad de correr vista al contribuyente de los cargos formulados, como así también en el Visto de las resoluciones apeladas, el Fisco Nacional informó que “…la Subdirección General de Operaciones Impositvas Metropolitanas tomó conocimiento de la comunicación de prórroga de la competencia jurisdiccional a esta División Revisión y Recursos I, dependiente de la Dirección Regional Microcentro y a las unidades de estructura que dependen de la misma, para entender, intervenir y resolver en todos sus efectos, en la tramitación integral de los expedientes y de las actuaciones que puedan corresponder, en el procedimiento de determinación de oficio previsto en los artículos 16 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), con relación a ESTIBAJES SUARMO S.A., CUIT N° 30-71532459-4, hasta la finalización del proceso respectivo…”.
Que por lo tanto, se observa que el Organismo Fiscal actuó de conformidad a la normativa vigente, y en cuanto actos administrativos las resoluciones de autos aparecen satisfaciendo además los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, correspondiendo por lo tanto el rechazo de los agravios de la recurrente en tal aspecto.
V. Que conforme surge de los antecedentes administrativos la Orden de intervención Nº 1.905.041, tuvo su origen en los Oficios de la Fiscalía Federal de Rawson en Expte. FCR 13.886/2020, a efectos de conocer la presunta comisión de los delitos tipificados en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27.430, respecto de los períodos fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 con relación a los Impuestos a las Ganancias, Salidas no Documentadas y al Impuesto al Valor Agregado. Los proveedores cuestionados fueron:
1. FRIGORIFICO VALLE CHUBUT SRL: De la lectura del extenso informe elaborado por la Dirección Regional, surgen cuestiones fácticas irrefutables que confirman que el proveedor cuestionado se trata de una usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera. Se evidencia que durante los períodos bajo verificación (2016 a 2020) emitió comprobantes consignando un número de Ingresos Brutos de una actividad económica inscripta hasta 31/12/2014, en Jurisdicción de la Municipalidad de Trelew, que se trataría de un contribuyente INACTIVO por Baja de Oficio, con el agregado que no registra inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Régimen del Acuerdo Interjurisdiccional. Asimismo no hay información alguna de la forma de cancelación utilizada por sus principales clientes por las operaciones de ventas realizadas y tampoco informó cuentas bancarias. Ademas dicho informe agrega:
- Otras Consideraciones - Recursos (Bienes. Personal, etc.) s/Base AFIP-EFISCO:
1. No posee bienes automotores ni inmuebles (Cpo. Anex. / - fs. 73 a fs. 75);
2. No registra Pagos Bancarios - Periodos 2016 a 2020 - Ni en Impuesto a las Ganancias, ni IVA; Ni en Apodes y Contribuciones Seguridad Social; y los Planes de Pagos registran Estado: CADUCO; e inclusive los Planes de Pago presentados fueron con un CBU de terneros (Cpo. Anex. / - fs. 76 a fs. 108);
3. El Socio Gerente VAQUERO MOLINA, Facundo Federico, CUIT N° 23-35888341-9, en un tramo de la verificación, registra trabajos en relación de dependencia con otras empresas; no registra acreditaciones bancarias relevantes y las que se observa en SITERA son consistentes con las remuneraciones informadas. Así también, se informa que s/Consulta Sistema Registral - Padrón VAQUERO MOLINA, Facundo Federico registra fecha de fallecimiento 19/07/2020 (fs. 147 a fs. 169);
4. La Socia Gerente MOLINA, Mirta Noemi, CUIT N° 27-16838877-8; en un tramo de la verificación, registra trabajos en relación de dependencia con otra empresa. Así también se observa, que desde períodos anteriores la Sra. MOLINA, Mirta Noemi percibe una pensión. No registra acreditaciones bancarias relevantes y las que se observa en SITERA son consistente con las remuneraciones informadas (fs. 170 a fs. 188).
2. KOM SAS:
A continuación se transcriben las conclusiones arribadas en la OI1900386 que dieran origen a la solicitud de la carga en la base e-Apoc de la fiscalizada como contribuyente apócrifo:
El domicilio fiscal de la firma, el que es coincidente con al domicilio fiscal del Administrador Titular de la sociedad el Sr HOBERT HÉCTOR CEFERINO CUIT N.° 20-17421816-2 corresponde a una vivienda particular de características de precariedad ubicada en el Barrio Moreira 1 de la ciudad de Trelew.
Respecto al domicilio del Administrador Suplente de la sociedad, el Sr LAURE LISANDRO DANIEL CUIT N.° 20-30883956-8 corresponde a un departamento en el Barrio Constitución claramente en estado de abandono y sin habitar. -
Es decir no se observan oficinas, depósitos, galpones, etc. que puedan ser utilizados para el desarrollo de la actividad en los domicilios registrados en las bases de la AFIP., se reitera que solo existen dos domicilios vinculados a la sociedad o a los administradores y uno de ellos puntualmente el domicilio real legal de la sociedad: Soberanía Nacional AL° 367 de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut corresponde al domicilio particular/fiscal del Sr Bulacios Pablo Martín CUIT N° 20-30088599-4 el que se encuentra desvinculado de la sociedad según "Convenio de Cesión de Acciones" desde la fecha 30/12/2019 aportado por la fiscalizada Respecto a la capacidad financiera, la sociedad no posee cuentas bancarias, los pagos informados por los supuestos clientes son cancelados en su mayoría mediante cheques de terceros o en efectivo, los cuales no permite efectuar ningún tipo de seguimiento de los mismos. Sólo cuatro clientes informan como cancelación el pago mediante cheques propios y aportan el extracto bancario, se efectuó el pedido de los reversos de los mismos para verificar los verdaderos beneficiarios de los mismos a los bancos en cuestión. Se recibió respuesta del Banco Patagonia S.A. correspondiente a los cheques pertenecientes a Tridos S.A., en donde se desprende de la respuesta que el verdadero beneficiario de los mismos es una empresa a la cuál no se la puede vincular con la fiscalizada y con domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De la respuesta del Banco Galicia y de Buenos Aíres SA se desprende que los beneficiarios en sus segundos o terceros endosos, corresponden a sociedades con Clave Inactiva, incluidas en la base contribuyentes No Confiables. A la fecha del presente informe, queda pendiente la respuestas del Banco Francés BBVA S.A..- Realiza presentaciones de DDJJ de IVA desde los períodos fiscales 07/2019 a 11/2021, exteriorizando importes relevantes tanto en los débitos como en los créditos fiscales sólo en los períodos fiscales 12/2019 a 01/2021. Y por ende determinando importantes saldos a ingresar a favor de la AFlP; encontrándose los mismos impagos, y sin consolidación de algún plan de facilidades de pagos.
La fiscalizada, no posee bienes registrables a su nombre, si se observa personal bajo relación de dependencia en los periodos fiscales 01/2020 a 03/2021 informando en el año 2020 entre 67 a 70 empleados ( períodos fiscales 01/2020 a 03/2020) y entre 59 a 27 empleados en los PF 08/2020 a 12/2020, en los meses de PF 04/2020 a 07/2020 no informa empleados y se da de baja como "Empleador-Aportes Seg. Social" desde 03/2021. Destaca que si bien existe un período en donde se han declarado empleados, no se efectuaron pagos en concepto de Aportes y Contribuciones en ningún período.-
Respecto a las ventas, se pueden observar que entre los clientes de Kom S.A.S. se encuentran clientes del estudio contable: "Estudio MCH S.A.S CUIT N.° 30-71666214-0" que le realiza los trabajos de contabilidad y administración a la fiscalizada. Cabe destacar que el Sr. Chiaccio Leonardo Alberto fue socio de KOM S.A.S. hasta su desvinculación en 12/2019 y es integrante actualmente de la sociedad "Estudio MCH S.A. 5" en su carácter de socio y administrador titular; la fecha de inscripción en IVA de ésta última es 11/2019.- Es decir existe una clara vinculación del estudio contable con la emisión de comprobantes apócrifos a través de KOM S.A.S a sus propios clientes, todos vinculados a la causa penal que diera origen al presente cargo. - Asimismo resulta muy importante destacar la diferencia sumamente relevante existente entre las Ventas informadas por la fiscalizada de $ 178.089.543,52 y las Ventas informadas por terceros $ 1.087.616.035,64 en el Régimen informativo de Compras y Ventas RG 3685.-
3. PENSEL S.A.
Analizada la documentación aportada por los distintos Organismos en las OI 1.905.117. (VRANA SA), OI. 1.905.116 (KARIQUITAN S.A) y en la OI en curso perteneciente a PENSEL S.A, mas la información que surge de los sistemas (Efisco, Sistemas Tributarios), se destacan los puntos más relevantes que tienen en común las mencionadas firmas:
1. Poseen los mismos integrantes las tres sociedades, los que se detallan a continuación: Socios: ARZAN. Mauro Javier CUIL 20-30883842-1 y FERNANDEZ, Alejandro Gabriel CUIL 20-31020316-6.
2. Las tres firmas desarrollan la misma actividad: Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario.
3. Domicilio Fiscal: PENSEL S.A y VRANA S.A declaran el mismo domicilio sito en Fontana N.° 515 - Trelew - Chubut No así KARIQUITAN cuyo domicilio fiscal es Chacho Peñaloza N.° 289 - Trelew - Chubut.
4. Los empelados relevados manifestaron desconocer a las tres empresas.
5. Respecto de las IP desde las cuales las firmas emiten las facturas electrónicas (información que surge de los sistemas del organismo): las empresas confeccionan facturas electrónicas y presentan DDJJ de IVA y de Impuesto a las Ganancias desde las mismas IP (ver punto 7 del presente informe). Ademas se emiten comprobantes electrónicos de otros contribuyentes que se encuentran mencionadas dentro del Oficio 597/20- Expdte: FCR 13886/2020-Caratulado "NN. sobre averiguación de delito. Denunciante: Massoni, Federico". Se reitera que se confeccionó papel de trabajo con detalle de las IP (Ver a Fs. 320 a 326.del Cpo. Ppal), ademas se adjunta el archivo con las planillas de todas las I.P en SEFI.
6. No se pudo identificar quienes son los contadores de las firmas.
7. De la información aportada por la Municipalidad surge que PENSEL S.A y VRANA S.A, quienes comparten el mismo domicilio fiscal, NO registran habilitación comercial a su nombre y en cuanto a KARIQUITAN tampoco registra habilitación comercial.
8. De la información aportada por Prefectura Naval Argentina: se destaca que no obran registros, ni se emitieron autorizaciones para que estas firmas operen en puertos hasta la fecha.
9. De la información apodada por Dirección General de Puertos de Explotación Directa: no surgen datos de ninguna de las tres firmas en la nómina del Registro Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios.
10. Por último se informa que las mencionadas firmas se encuentran dentro del Oficio 59 7/20- Expdte: FCR 13886/2020-Caratulado "N.N. sobre averiguación de delito. Denunciante: Massoni Federico"
Por lo tanto, se pone de manifiesto que las mencionadas firmas carecen de capacidad económica, operativa y financiera para desarrollar las actividades declaradas, constituyendo parte de un grupo de firmas apócrifas.-
4. ESTIBAJES SCARICO S.A.
Se exponen a continuación los indicios que llevan a la inspección a considerar la inclusión de la contribuyente en la base e-Apoc - Usina sin capacidad operativa económica y/o financiera:
El domicilio fiscal de la contribuyente es coincidente con el domicilio fiscal de Mare del Sur SA - CUIT N° 30715895249, Servicios Monisur SA - CUIT N° 30715895230, Sea Tase SA - CUIT N° 30715895257 y de Janet Allievi - CUIT N° 27328015035. En el caso de las sociedades también coinciden el domicilio legal y el comercial.
Categoría SIPER E - Muy Alto Riesgo. Aproximadamente en un año cambió tres veces de Región. Presentó la declaración jurada del impuesto a las ganancias del ejercicio 2018, con un resultado neto negativo, las correspondientes al impuesto al valor agregado desde 01/2018 a 01,2020, con actividad entre el 05/2018 y el 03/2019 y en 05/2019 y las de seguridad social - empleadores desde 07/2018 a 0412019. No se efectuaron pagos. Se informan prestaciones de servicio documentados con facturas Electrónicas por $ 38.101.087 en 2018 y por $ 67.155.552 en 2019 mientras que las compras con facturas electrónicas suman $ 177.842 en 2018, $2.008.385 en 2019 y $231.856 en 2020.
Las servicios prestados comunicados en el sistema informativo de compras y ventas ascienden a $ 49.153. 859 en 2018, $146.916.621 en 2019, $907.651 en 2020y$ 1.582.954 en 2021. Los servicios prestados en 2020 y 2021 se facturaron con el punto de venta 00002 que corresponde a Remito Electrónico en Línea. Las compras suman $ 177.842 en 2018, $ 1.199.759 en 2019 y $36.050 en 2020.
No se informan consumos relevantes. Las retenciones sufridas ascienden a $ 353.003 en 2018 y a $ 1.048.941 en 2019. La sociedad no efectuó retenciones ni percepciones. No se informan bienes registrables a nombre de la sociedad. No posee cuentas bancarias.
Declaró empleados en relación de dependencia hasta 04/2019. Se observa sólo la transferencia electrónica de los estados contables correspondientes al primer ejercicio, cerrado en febrero 2018. Nótese que la sociedad se inscribió en AFIP DGI en enero 2018.
Los integrantes de la sociedad no son solventes.
Teniendo en cuenta las disposiciones de la IG 1041/19 (DI PYNF) y dado que la contribuyente no contestó el requerimiento efectuado, que el mismo domicilio fiscal, el legal y el comercial es declarado por otras empresas con los mismos integrantes, que no posee cuentas bancarias, que no se observan compras de bienes ni de servicios que le permitan efectuar las ventas de bienes y prestaciones de servicios facturados, la inspección consideró su inclusión en la base e-Apoc como usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera a fin de salvaguardar el interés fiscal.
5. MARE DEL SUR:
Se exponen a continuación los indicios que llevan a la inspección a considerarla inclusión de la contribuyente en la base e-Apoc - Usina sin capacidad operativa económica y/o financiera:
1. El domicilio fiscal de la contribuyente es coincidente con el domicilio fiscal de Estibaje Scarico SA - CUIT N° 30715895222, Servicios Monisur SA - CUIT N° 30715895230, Sea Tase SA - CUIT N° 30715895257 y de Janet Allievi - CUIT N° 27328015035 En el caso de las sociedades también coinciden el domicilio legal y el comercial.
2. Categoría SIPER E - Muy Alto Riesgo. Aproximadamente en un año cambió tres veces de Región. Se informan requerimientos incumplidos.
3. Presentó la declaración jurada del impuesto a las ganancias del ejercicio 2018, con un resultado neto negativo, las correspondientes al impuesto al valor agregado desde 01/2018 a 01/2020, con actividad entre el 05/2018 y el 03/2019 y en 05/2019 y las de seguridad social - empleadores desde 07/2018 a 05/2019. No se efectuaron pagos.
4. Se informan ventas documentadas con facturas electrónicas por $ 104.891.271 en 2018 y por $ 154.902.297 en 2019 mientras que las compras con facturas electrónicas suman $ 282.804 en 2018, $806.682 en 2019 y $32.622 en 2020.
5. Las ventas comunicadas en el sistema informativo de compras y ventas ascienden a $ 143.861.923 en 2018 y $ 146.465682 en 2019 y $ 2291.798 en 2020 mientras que las compras suman $282.804 en 2018, $ 776.682 en 2019 y $32.622 en 2020.
6. No se informan consumos relevantes.
7. Las retenciones sufridas ascienden a $ 4.664.837 en 2018 y a $ 1.628.843 en 2019. La sociedad no efectuó retenciones ni percepciones.
8. No se informan bienes registra bies a nombre de la sociedad.
9. No posee cuentas bancarias.
10. Declaró empleados en relación de dependencia hasta 05/2019 pero muchos de los empleados declarados manifestaron en el marco de la Causa N° 1193/2019 no conocer a la empresa.
11. Se observa sólo la transferencia electrónica de los estados contables correspondientes al primer ejercicio, cerrado en febrero 2018. Nótese que la sociedad se inscribió en AFIP DGI en enero 2018.
12. Los integrantes de la sociedad no son solventes.
13. En la Fiscalía Nacional en lo Penal y Económico N° 2 se tramita la Causa 1193/2019 caratulada "Mare del Sur SA, sobre infracción Ley N° 24.769".
Teniendo en cuenta las disposiciones de la lG 1041/19 (Dl PYNF) y dado que la contribuyente no contestó el requerimiento efectuado, teniendo ya una marca en el padrón por incumplimientos anteriores, que el mismo domicilio fiscal, legal y comercial es declarado por otras empresas con los mismos integrantes, que no posee cuentas bancarias, que no tendría empleados, que siendo su actividad la pesca no posee buques, que no se observan compras de bienes ni de servicios que le permitan efectuar las ventas de bienes y prestaciones de servicios facturados, la inspección considera su inclusión en la base e-Apoc como usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera a fin de salvaguardar el interés fiscal.
El 05/08/2021, el actuante se constituyó en el Domicilio Fiscal y Legal/Real del contribuyente de asunto; y mediante F 8400 N° 0320002021041786201 (fs. 12) se dejó constancia que:
En el domicilio mencionado, el agente, fue atendido por una Señora que manifestó llamarse Fabiana Elizabeth Gueicha, que se identificó con D.N.I. N° 37.337 801, que no exhibió, e invocó el carácter de inquilina del inmueble ubicado en dicho lugar.
Se consultó a la Sra. Fabiana Elizabeth Gueicha sobre el contribuyente VALLE Raul Eduardo; específicamente si en el lugar habita el mencionado, respondió que NO y agregó que ella es inquilina desde aproximadamente un año y que antes había otro inquilino pero no era de apellido Valle;
Además se preguntó a la Sra. Gueicha si posee Contrato de Alquiler de/inmueble; respondió que no y agregó que es un acuerdo de palabra y que paga el alquiler a una persona que NO es Valle Raul Eduardo;
Con respecto al mencionado domicilio alternativo; cabe agregar, que es INEXISTENTE; atento a que en la localidad de Trelew provincia del Chubut NO EXISTE calle con dicho nombre; todo ello, atento al visto del Plano Ciudad de Trelew - Municipalidad de Trelew e inclusive a consultas realizadas en paradas de taxis cercanas cuya respuesta fue la mencionada.
En base a lo expuesto, las actuantes agregan:
Posee pagos irrisorios como monotributista hasta el año 2017. No posee bienes registrables. Posee relevantes acreditaciones bancarias, para su condición de monotributista. Posee retenciones sufridas relevantes, que no guardan relación con la caracterización de monotributista.
Las compras no guardan relación con las ventas. En su historial sobre facturación registra la limitación de hacerlo con factura M.
Atento la falta de localización del contribuyente en su domicilio fiscal y alternativos, más los otros parámetros descriptos precedentemente, se considera que el contribuyente se encuentra incluido en base Apoc, de manera correcta.
7. VRANA SA: Se observa del informe final de inspección que en la pretensión del impuesto a las ganancias – salidas no documentadas se encuentra incluida la factura del proveedor VRANA SA por un total de $9.998.381,25 atento que el ajuste por la misma en IVA y en Ganancias fue reconocido y efectuado por la verificada en el marco de la OI Nº 1.885.853.
VI. Que en relación al fondo del asunto, se observa que la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional, en el cual se acredita entre otros, que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora, destacando entre las principales anomalias, presunción de utilización de prestanombres, falta de capacidad económica.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido. Se adelanta que la recurrente no ha producido en autos prueba tendiente a desvirtuar los indicios recolectados por el Organismo Fiscal.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que los proveedores impugnados hayan sido los verdaderos prestadores cuyos créditos fiscales se encuentran controvertidos, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos prestadores de servicios cuyo crédito fiscal y gasto computado se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que la impugnación se asienta sobre un único hecho presumido por el Fisco, el cual es que los proveedores impugnados no poseerían capacidad operativa y económica para realizar las operaciones declaradas ante el Organismo Fiscal, lo que traería aparejada la inexistencia de las operaciones. Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el Impuesto a las Ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los servicios hayan sido efectivamente prestados, no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin ellos no se hubiera podido llevar a cabo la actividad de la recurrente, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013). Por lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar el ajuste en el Impuesto a las Ganancias.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.” (el resaltado me pertenece). Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectivamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.”
Con respecto al argumento por el cual los pagos efectuados por transferencia bancaria correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Por su parte la contribuyente invoca en el presente procedimiento, el fallo de la CSJN “Bildown SA”, de fecha 27/12/2011. Cabe señalar que el mismo no resulta aplicable por cuanto se refiere a circunstancias diferentes de las que aquí se tratan en atención a que en el referido precedente las impugnaciones del organismo recaudador se habían sustentado en el cuestionamiento de operaciones realizadas con determinados proveedores sobre la base de que las facturas involucradas no cumplian ciertos requisitos reglamentarios, y no se encontraba en debate en esa causa la existencia y materialidad de las operaciones realizadas entre el contribuyente y sus proveedores, circunstancia esta que difiere en el caso sub examine y corresponde rechazar los argumentos esbozados por la actora en ese sentido.
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Asimismo corresponde señalar que la actora no ha instado la producción de la prueba informativa y pericial contable dándosele por decaído el derecho a producirlas en PV-2025-29233977-APN-VOCV#TFN, circunstancia esta que resta sustento a los argumentos esbozados en sus recursos. Asimismo conforme surge de los antecedentes administrativos la actora aportó planillas de compras y ventas simples, es decir no surgen de libros rubricados. Que en otro orden de ideas, volviendo al acto determinativo apelado debe tenerse presente que en oportunidad de sentenciar en la causa "Emerson Argentina S.A.I.C.", la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que "...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad- art. 12 de la ley 19549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios..." (fallos ---, sent. del 30/9/74).
Que cabe destacar que si bien este Tribunal, en virtud de lo dispuesto por el articulo 164 de la ley 11683 tiene "amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes..", es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica "llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violacion del principio de igualdad procesal" -CNACAF, Sala 2°, "Tamileyfú SRL", sent. del 27/6/72-, debiendo las partes instar el procedimiento en la etapa probatoria, a fin de que el juzgador obtenga el grado mas elevado de certeza luego del analisis de la prueba producida.
Que atento lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VII. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en las determinaciones apeladas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del vocal instructor.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que adhiero al relato de antecedentes y al voto del Dr. Pérez.
II. Ello no obstante, considero útil hacer una precisión con respecto a la inaplicabilidad en estos autos de la doctrina del precedente de Fallos 334:1854 -causa “Bildown”- tratada en el final del considerando VI de su voto. Entiendo que el criterio seguido por mi colega no solo es jurídicamente acertado, sino que reproduce fielmente lo que, de modo expreso, resolvió la Corte en un precedente sentenciado con posterioridad al rechazar una inapropiada invocación de aquella doctrina bajo supuestos fácticos diferentes. Y ello es lo que sucede en el presente caso.
En efecto, en el precedente “ADM Argentina S.A.” -sentencia del 10/03/2015- la Corte adoptó una solución desfavorable para el contribuyente al convalidar el rechazo a la solicitud de devolución del crédito fiscal de IVA del exportador respecto de operaciones que se consideraron apócrifas.
Corresponde destacar que en dicho precedente, la situación fáctica relativa a las impugnaciones -los indicios colectados por el Fisco- no involucraba únicamente el incumplimiento de deberes formales y/o materiales por parte de los proveedores, sino que -según había considerado la Cámara en la instancia previa- “…de acuerdo con la investigación efectuada por la fiscalización actuante, ninguno de los proveedores fiscalizados ni los terceros involucrados tenían capacidad económica, patrimonial, financiera ni operativa para realizar las aludidas operaciones, circunstancia que ponía en evidencia que los sujetos mencionados como proveedores no eran los verdaderos generadores de los créditos declarados por la actora, extremo que denotaba que la documentación respaldatoria no reflejaba la realidad económica de las operaciones”.
Ya en trance de resolver la controversia, la sentencia de la Corte se encarga de poner de relieve la diferencia entre las situaciones fácticas que se verificaban en uno y otro caso, al rechazar el agravio de la actora basado en la no aplicación, por parte de la Cámara, de la doctrina emanada de “Bildown”. A tal fin, destacó que en dicho precedente, contrariamente a lo que ocurría en el sub lite, no se había debatido acerca de la existencia y materialidad de las operaciones y, enfrentada a tal cuestionamiento, la apelante no había demostrado la veracidad de las que alegó haber realizado con los proveedores consignados en las facturas impugnadas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2025.04.16 13:11:06 ART Date: 2025.04.21 08:36:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.21 09:57:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.21 09:58:18 -03:00
Fin de la sentencia