Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-55108498-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones que determinaron el Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 126.201 (pesos ciento veintiséis mil doscientos uno), equivalente a 19,51 (diecinueve con 51/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 315.503 (pesos trescientos quince mil quinientos tres), equivalente a 48,78 (cuarenta y ocho con 78/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta lo decidido en la sentencia agregada mediante PV-2019-103858105- APN-VOCXII#TFN, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.262.015 (pesos un millón doscientos sesenta y dos mil quince), equivalente a 195,12 (ciento noventa y cinco con 12/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 3.155.038 (pesos tres millones ciento cincuenta y cinco mil treinta y ocho), equivalente a 487,79 (cuatrocientos ochenta y siete con 79/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-14571708-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 15 de Febrero de 2022 Electrónico EX-2019-55108498- -APN-SGAI#TFN En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX-2019-55108498- -APN-SGAI#TFN caratulado “ESTUDIO DE INGENIERÍA REYES Y ASOCIADOS S.R.L. s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas, al Valor Agregado y a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que por IF-2019-55104650-APN-SGAI#TFN Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados S.R.L. interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nº 85/2019 (DV RRBB) y Nº 86/2019 (DV RRBB) de fecha 21 de mayo de 2019 dictadas por la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahía Blanca de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinaron los Impuestos a las Ganancias de los períodos fiscales 2014 y 2015; a las Ganancias – Salidas no Documentadas de los períodos fiscales febrero, mayo, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2014, febrero a abril, junio a agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y enero a mayo de 2016 y al Valor Agregado de los períodos fiscales noviembre del 2013 a octubre del 2015, con más intereses resarcitorios. Se dejó en suspenso en los términos del art. 20 de la ley Nº 24.769 la aplicación de sanciones por el Impuesto a las Ganancias períodos fiscal 2014 y el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas por los períodos fiscales 2015 y 2016. Por último se aplicaron sendas multas equivalentes a tres veces el monto del Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas evadido por el período fiscal 2014 (febrero, mayo, agosto, septiembre y octubre de 2014) y el Impuesto al Valor Agregado evadido en los períodos fiscales noviembre de 2013, septiembre de 2014 y marzo a julio de 2015 según los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Manifiesta que se cuestionaron las prestaciones de alquiler y mantenimiento de equipos especiales recibidas de la empresa Dago Industriales S.A. al considerar que dicho proveedor poseía una conducta “incumplidora”, cuando se trataba de una sociedad con actividad constante, con presentaciones y pagos de sus declaraciones y que fue incluida en la base de facturación apócrifa con posterioridad a las operaciones celebradas.
Critica que se hayan tomado una serie de aspectos que resultan insustanciales y que de ninguna forma permite inferir que no ha existido relación contractual y comercial, por lo que apunta que se la responsabilizó por hechos ajenos a su conducta empresarial.
Alega que presentó los elementos que demuestran la necesidad de contar con los equipos técnicos contratados para ser aplicados a una serie de obras que fueron presupuestadas a empresas de primer nivel pero que luego, por diversos motivos, no pudieron llevarse a cabo en su totalidad.
Con relación a los pagos, asegura que todos los cheques fueron emitidos a la orden de Dago Industriales S.A. quien luego los endosó, lo que es una cuestión que no le compete. Critica que no se haya tenido en consideración que el Sr. Ojeda Fabián, apoderado del proveedor, haya firmado varios de los endosos solo porque la inspección no pudo ubicarlo.
Se agravia del proceder fiscal, y alega que resulta absurdo que se haya reconocido que requirió las prestaciones brindadas por Dago Industriales S.A. pero no todas las facturadas, sino aquellas que fueron aplicadas a la prestación que brindó a Paleco S.A. y no las que necesitó para proyectar sus trabajos (luego truncados) a Siemens S.A. y Odebrecht S.A., entre otros. Lo que afirma demuestra que se impugnó el crédito fiscal y el gasto por el perfil incumplidor del proveedor y no por su carácter apócrifo o por no haber prestado los servicios. Advierte que de las actuaciones surge un desconocimiento por parte del Juez Administrativo respecto de las actividades de ingeniería civil que lleva a cabo, y de la necesidad de contratar a otras empresas para los proyectos de trabajo que no puede realizar, y se agravia de que se hayan tomado las manifestaciones del Sr. Gustavo Muñoz, apoderado de Paleco S.A., quien desconoció las operaciones con Estudio de Ingeniería Reyes S.A. y con Dago Industriales S.A., pero quien finalmente rectificó sus declaraciones ante Escribano Público. Asegura que toda la prueba documentada demuestra que el proveedor brindaba sus prestaciones, de modo que sus incumplimientos posteriores no pueden erigirse en el sostén de las determinaciones impositivas recurridas, como así tampoco el hecho de que no pudo ser localizado. Insiste en que los actos dictados carecen de sustento jurídico y fáctico que respalde la extensión de responsabilidad fiscal por el eventual incumplimiento de un tercero. Explica que el proveedor obtuvo su carácter de “no confiable” por no contestar requerimientos a partir del año 2016, pero sostiene que el Juez Administrativo no fundamentó el por qué de la descalificación tan ligera a las facturas computadas como así tampoco qué grado de participación pudo haber tenido al contratar concretas prestaciones, pagarlas y recibir los comprobantes respectivos para su ulterior cómputo.
Brinda explicaciones y detalle sobre las prestaciones contratadas, lo que entiende acreditaba la necesariedad de las contrataciones y las afectaciones de esas prestaciones a los proyectos y demás trabajos de ingeniería civil que quiso llevar adelante y que en algunos casos no pudo realizar.
Expresa que Dago Industriales S.A. era su proveedor antes de su inclusión en la base Apoc, y que contaba con facturas con CAI vigentes, retenciones, pagos con cheque cruzados y todos los elementos de pago en regla, a lo que agrega como prueba del vínculo contractual el juicio que tuvo que iniciar por la falta de cumplimiento en la provisión de dos equipos perforadores.
Afirma que existió una indudable vinculación entre la actividad desplegada y los gastos en que incurrió con el proveedor, el que no es un proveedor fantasma, por lo que resultan total y plenamente deducibles de los ingresos obtenidos en los ejercicios fiscales comprendidos en autos. A lo que agrega que cumplió con todos y cada uno de los requisitos formales y sustanciales para gozar de los créditos fiscales por sus adquisiciones de servicios vinculadas a la actividad.
Con respecto al Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas expone que los pagos se hicieron según las normas vigentes, que la totalidad de las erogaciones efectuadas están debidamente documentadas, como se demuestra con las facturas, las que se encuentran debidamente asentadas en sus registros contables e impositivos, lo que desvirtúa la posibilidad de considerar carente de documentación a las erogaciones al haber sido canceladas con cheques a la orden y estar sustancialmente individualizado el beneficiario.
Con relación a las multas, aduce que la pretensión punitiva se encuentra viciada de nulidad al sancionarse parcialmente ya que por los mismos hechos se efectuó la denuncia penal por el delito de evasión tributaria simple. En subsidio, pide su revocación al no encuadrar los hechos en las normas aplicadas por no demostrarse la utilización de comprobantes falsos. Concluye en que el ente fiscal pretende sancionarla por la falta de pago por parte de los proveedores de los tributos que éstos tienen a su cargo. En el caso de la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas pide su revocación con fundamento en el fallo “D´Ingianti” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por las razones expuestas y en virtud del principio de accesoriedad, señala que resulta improcedente la aplicación de los intereses resarcitorios previstos por el art. 37 de la ley 11.683, sin que además se haya probado la existencia de mora culpable, los que además resultan ser confiscatorios.
Por último, ofrece prueba documental, instrumental, informativa y pericial contable y por los argumentos que desarrolla pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2019-84847011-APN-DNTEID#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
En primer término enuncia que las resoluciones apeladas contienen una descripción pormenorizada de las circunstancias fácticas de la causa con adecuación a la normativa aplicable, por lo que discierne que dichos actos resultan suficientes para justificar el criterio fiscal adoptado.
Hace saber que en los períodos fiscalizados la empresa Dago Industriales S.A. facturó a la recurrente servicios de transporte de equipos entre Buenos Aires con carga y descarga, provisión de losetas de hormigón, provisión de parrilla mecánica, servicios de mantenimiento de maquinaria, provisión de tres equipos de perforación, entre otros conceptos.
Indica que la firma mencionada fue incluida en la Base Apoc como consecuencia de las tareas de fiscalización desarrolladas, y remite a lo dicho por el Juez Administrativo al respecto. Revela que el proveedor no fue localizado, no respondió los distintos requerimientos, lo que junto con otros indicios llevaron a sostener que carecía de la capacidad económica y financiera para operar. Agrega que la actora tampoco arrimó algún indicio sobre su localización actual, incluso remarca que la prueba documental relativa al juicio iniciado puso de relieve la imposibilidad de notificarla debido al desconocimiento del domicilio denunciado.
Resalta que la documentación por sí sola, no permite inducir la existencia y medida de las operaciones, lo que debe ser acreditado por la responsable ya que el cumplimiento de requisitos formales no valida per se la existencia de las operaciones cuestionadas.
Explica que si bien no se coloca en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control delegada, no se puede ignorar que las inconsistencias detectadas resultan suficientes para cuestionar las operaciones, correspondiendo a la recurrente la carga de demostrar lo contrario.
Señala que se tuvieron en cuenta las manifestaciones de la actora como la prueba aportada pero concluye en que las mismas no lograron enervar la postura fiscal.
En cuanto a las declaraciones del Sr. Muñoz manifiesta que el hecho de que la firma Paleco S.A. haya operado con la recurrente no implica que las operaciones impugnadas hayan sido realizadas por Dago Industriales S.A. Añade además que lo vertido por el Sr. Muñoz ante el Escribano Público no consistió en una declaración espontánea al haber sido intimado para ello.
Rechaza los restantes agravios esgrimidos y apunta que no basta que la factura haya sido confeccionada formalmente acorde a la normativa vigente sino que se debe comprobar la veracidad de las transacciones y que los créditos fiscales y gastos estén avalados por la existencia real y comprobable de las operaciones que los originan.
Advierte que las constataciones efectuadas impiden vincular la erogación con el gasto necesario para la obtención, mantenimiento y conservación de la ganancia gravada, por lo que no se pudo conocer al beneficiario auténtico de esa erogación, quien se mantuvo oculto debido a ser falsos los comprobantes emitidos. En lo que hace a las sanciones, refuta la nulidad alegada y remite a lo expuesto en los actos apelados, y pide que las mismas sean confirmadas al encontrarse cumplidos los presupuestos que hacen a su configuración. Con relación a la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas puntualiza que la recurrente invoca dictámenes y jurisprudencia que ya no resultan aplicables, en razón de existir jurisprudencia posterior.
Afirma que al ser viable los ajustes practicados resultan también procedentes los intereses resarcitorios intimados, sin que sea necesaria la previa constitución en mora debido a que la misma se produce en forma automática. Niega que pueda prosperar el planteo sobre su confiscatoriedad al haber sido liquidados según el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal.
Por lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que mediante PV-2019-103858105-APN-VOCXII#TFN se agrega la sentencia dictada por la que se rechazo el planteo de nulidad articulado por la recurrente con relación a la falta de firma de las resoluciones recurridas, con costas a su cargo.
Que por PV-2020-89979597-APN-VOCXII#TFN se hizo lugar a la oposición del ente fiscal con relación a la prueba informativa y luego a través de la PV-2021-10820497-APN-VOCXII#TFN se hizo lugar a la prueba pericial contable, la que fue agregada por IF-2021-56933183-APN-DTD#JGM, por lo que con la PV-2021- 80860974-APN-VOCXII#TFN se cerró el período de instrucción.
Que por PV-2021-121109894-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF- 2021-122332140-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar, agregándose con IF-2021-125999029- APN-DTD#JGM y IF-2022-08741158-APN-DTD#JGM los alegatos producidos por las partes. Por último con IF-2022-12981839-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para dictar sentencia.
IV. Que se debe establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que la recurrente se encuentra inscripta en las actividades de “servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico N.C.P”, “alquiler de equipos de transporte N.C.P sin conductor ni operarios”, “actividades especializadas de construcción N.C.P” y “construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”
Que en la verificación desarrollada se advirtieron diferencias a favor del organismo fiscal con motivo de haber computado en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias compras y/o gastos cuya procedencia no fue justificada, mientras que en el Impuesto al Valor Agregado se tomaron créditos fiscales que tampoco fueron justificados, en ambos casos respaldados por facturación de Dago Industriales S.A. con indicios de que no habrían sido efectivizados por la firma nombrada en mérito a las inconsistencias detectadas, por lo que también se procedió a aplicar el art. 37 de la ley de Impuesto a las Ganancias.
Que entre los conceptos facturados se advierten los servicios de transporte de equipos con carga y descarga, provisión de losetas de hormigón, provisión de parrilla metálica, servicios de mantenimiento de maquinaria (provisión de mano de obra, equipos, herramientas), provisión de tres equipos de perforación rotativo, entre otros. Que como consecuencia de la labor llevaba a cabo por el personal fiscalizador éste verificó que Dago Industriales S.A. poseía impuestos dados de baja de oficio por Decreto 1299/98, falta de presentación o presentación sin movimiento de declaraciones juradas (ej: IVA desde 08/2015 hasta 07/2016), requerimientos pendientes de cumplimiento, no se registraban pagos de impuestos, se encontraba en la categoría “D” (Alto) del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) y en los domicilios fiscales obrantes en la base de datos E- no se constató el desarrollo de actividad comercial, razón por la cual fue incluida en la base de emisores de comprobantes apócrifos. Asimismo se constató que carecía de capacidad operativa debido a que no poseía bienes registrables; y si bien había presentado declaraciones de nómina salarial ello no resultó suficiente para convalidar su existencia como empresa prestadora de los servicios facturados en los períodos fiscalizados.
Que ello así, se concluyó que Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados S.R.L. no proporcionó prueba hábil que demuestre indubitablemente que las operaciones comerciales hayan existido y además que se hayan efectivamente realizado con Dago Industriales S.A. para poder computar el crédito fiscal y el gasto originado en las mismas en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado.
Con relación al Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas se verificó que los cheques propios y de terceros, imputados al pago de las operaciones cuestionadas, fueron emitidos a nombre de Dago Industriales S.A. y en su mayoría fueron cobrados por terceros, por lo que se circularizó a los beneficiarios de la cadena de endosos, quienes manifestaron no haber tenido ninguna actividad u operatoria comercial con la inspeccionada o con Dago Industriales S.A. En el caso de cheques propios con endoso de Silvia Eva Ventura, en su carácter de presidenta de Dago Industriales S.A., se verificó que adicionalmente renunció a dicho cargo a partir del 15/03/2015 y respecto de los endosados por Fabián Ojeda, no se acreditó su vinculación legal con el proveedor. Por lo que al no demostrarse la realidad de las operaciones en cabeza de Dago Industriales S.A. se exigió el pago del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
V. Que ello así cabe considerar los agravios planteados con relación a las determinaciones de oficio practicadas, junto con las distintas constancias documentales incorporadas a la causa y la prueba pericial contable producida ante este Tribunal.
Que en primer lugar cabe señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse en aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
Que la recurrente aduce en su defensa que el proveedor Dago Industriales S.A. al momento de operar era una empresa activa no incluida en la Base Apoc, que presentaba sus declaraciones juradas y efectuaba los pagos correspondientes, alega que le fueron emitidas facturas válidas con CAI vigente y que por las operaciones realizó las retenciones pertinentes, las que además fueron canceladas con cheques a la orden del proveedor, que fueron endosados por su apoderado. Además considera que no se le pueden atribuir incumplimientos de un tercero, a lo que agrega que las operaciones se encuentran debidamente documentadas en sus registros contables. Que durante la etapa de fiscalización aportó documentación referida a las operaciones concertadas, la que fue agregada en los antecedentes administrativos acompañados en soporte papel, entre la que se advierten facturas de compra, recibos, copias de los cheques, resúmenes bancarios y certificados de retenciones.
Que sin embargo, no sólo es necesario el cumplimiento de los recaudos formales sino que además es necesaria la consumación del aspecto material de la operación, debido a que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que con relación al agravio referido a la falta de inclusión del proveedor en la Base Apoc al momento de las contrataciones, cabe remarcar que dicha circunstancia no implica que posea capacidad operativa para contratar debido a que la sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas, las que deben ser rebatidas por la aquí recurrente.
Que pese a lo afirmado por la actora, el personal fiscalizador realizó una ardua tarea investigativa en orden a la situación particular del proveedor, en especial con la finalidad de su localización, sin embargo no pudo ser ubicado en los domicilios que figuran en la base del Fisco Nacional ya que al presentarse el personal actuante no se constató el desarrollo de actividad comercial alguna, incluso se desconoció a la sociedad, sin que la recurrente haya brindado datos que cooperen a su ubicación (act. adm., cpo. V Impuesto a las Ganancias, fs. 873/877). En lo que hace a las argumentaciones referidas a las manifestaciones del Sr. Gustavo Muñoz, indicado como apoderado de Paleco S.A., las mismas no resultan relevantes para la cuestión controvertida en razón de que no aportó indicios sobre la materialidad de las operaciones entre la recurrente y Dago Industriales S.A., ya que el hecho de que la empresa Paleco S.A. haya operado o no con la contribuyente no implica por sí sólo que las operaciones impugnadas efectivamente hayan sido efectuadas por Dago Industriales S.A. (act. adm., cuerpo III Impuesto a las Ganancias, fs. 590/593 y cuerpo X Impuesto a las Ganancias, fs. 1915/1916).
VI. Que por IF-2021-56933183-APN-DTD#JGM se agregó el informe pericial, en el que los expertos contables detallan los libros que les fueron exhibidos, los que señalan son llevados en legal forma pero aclaran que no realizaron tareas de auditoría que permitan verificar las operaciones asentadas en los mismos. Hacen saber que tuvieron a la vista las facturas extendidas por Dago Industriales S.A., resúmenes bancarios, certificados SICORE, comprobantes de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, certificados de retenciones del Impuesto a las Ganancias, una planilla emitida por la recurrente titulada “Estado de Cuentas Corrientes Acreedoras “Proveedor 000422 Dago Industriales S.A.”, recibos, entre otra documentación. A la pregunta sobre sí la empresa tenía fondos para abonar las facturas cuestionadas exponen los valores que reflejaba el rubro “Disponibilidades” al cierre de los ejercicios comerciales 2013, 2014, 2015 y 2016. En cuanto a la forma de cancelación respondieron que se hizo con cheques a la orden de Dago Industriales S.A. y luego endosados por una firma con sello “Dago Industriales S.A. Apoderado Fabián Israel Ojeda” y luego por otra firma con la aclaración: Jorge Barbitta. Por último, el perito por parte de la recurrente aclaró que todos los cheques fueron emitidos a la orden de la empresa Dago Industriales S.A., y afirmó que ésta resulta ser la beneficiaria en términos legales, quien para cobrarlos o transferirlos a un tercero, los endosó con firma y sello.
Que por presentación agregada con IF-2021-59413254-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional impugnó la última aclaración realizada por el profesional actuante por Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados S.R.L. al considerar que se basó en elementos que no fueron exhibidos en el transcurso de la prueba pericial debido a que la totalidad de los caratulares a los que aludió no fueron puestos a disposición, ya que se exhibieron a los efectos de contestar el punto pericial copia de solamente tres cheques, conforme surge de la respuesta conjunta de los peritos contadores.
Que dicha impugnación fue respondida por el citado profesional a través del IF-2021-61925870-APN- DTD#JGM, quien ratificó íntegramente su conclusión técnica al haber dictaminado en base a las normas legales y a las constancias que tuvo a la vista. Alega que la impugnante confundió la afirmación efectuada y respaldada en las actuaciones, con la respuesta que se brindó respecto del dorso de sólo tres cheques. Agrega que en respaldo de su afirmación tuvo a la vista la Resolución Nº 85/19.
VII. Que las tareas realizadas por la inspección, el análisis de las constancias documentales y la prueba pericial contable producida en autos, permiten inferir que el supuesto proveedor no fue el prestador de los conceptos expuestos en las facturas computadas en virtud de las irregularidades que lo descalifican como tal, lo que descarta su capacidad operativa para brindar servicios de la magnitud de los facturados.
Que los argumentos de la apelante se refieren a aspectos formales, al hacer referencia a la documentación de respaldo de las operaciones y a sus libros y registros, aspectos sobre los que también se pronunció la pericia presentada, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones negociables contenidas en dicha facturación, al no acreditar que las prestaciones de servicios hayan sido reales y efectuadas por el proveedor cuestionado en autos, sin que ante este Tribunal se hayan incorporado elementos que rebatan la postura fiscal, en razón de que el informe pericial, ya se dijo, no aportó señales sobre la efectiva intervención de Dago Industriales S.A. como prestador de los conceptos facturados al versar solo sobre aspectos documentales. Que ello así, resultan insuficientes o ausentes los elementos probatorios reunidos en la instancia administrativa y ante este Tribunal para demostrar la existencia de las operaciones.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que por lo tanto, al no demostrarse la materialidad de las operaciones debido a que la facturación no refleja la realidad económica de las operaciones, no se puede tener por acreditado la veracidad del vínculo comercial con el proveedor, por lo que se deben confirmar los ajustes practicados en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado.
VIII. Que cabe considerar la procedencia de la sanción aplicada en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales noviembre de 2013, septiembre de 2014 y marzo a julio de 2015 según los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que el planteo de nulidad aducido debe ser desestimado en razón de que el proceder fiscal se ajustó a lo dispuesto por los arts. 17 y 20 de la ley N° 24.769 sin que se haya afectado el derecho de defensa de la aquí recurrente. Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo al recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en los Considerandos precedentes, ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la aquí recurrente en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas.
IX. Que resta referirse al ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentada. Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias -ley vigente- establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que con relación a la jurisprudencia, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
19. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 254:362; 256:277) o, dicho en otras palabras, ‘las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación’ (Fallos: 243:204 y su cita, entre otros).
20. Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (artículos 1 y 2 en el t.o. 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
X. Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos de prueba colectados durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios.
Que al respecto la recurrente manifestó que el pago de las facturas se realizó mediante el libramiento de cheques propios de la cuenta del Banco ICBC y cheques de terceros girados contra una cuenta del BBVA Francés, y que los endosos posteriores no implicaron que no se hayan cancelado las operaciones. En ese sentido, incorporó a las actuaciones las órdenes de pago, la cuenta corriente comercial e individualizó los cheques que imputó a las facturas cuestionadas (act. adm., cpo. I Impuesto a las Ganancias, fs. 100/102 y 145).
Que en los antecedentes administrativos obran copias del frente y dorso de los cheques, habiéndose constatado que fueron emitidos a nombre de Dago Industriales SA, no obstante lo cual en su mayoría fueron cobrados por terceros, que circularizados respondieron no haber tenido contacto comercial con la recurrente ni con el proveedor.
Que para aplicar el instituto de las salidas no documentadas, el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron percibidas por el proveedor, en atención a que no se probó la existencia de las operaciones ni se acreditó que Dago Industriales S.A. haya sido el prestador de los conceptos descriptos en las facturas computadas, y si bien se ha sido individualizado quien resultó perceptor de los montos involucrados en las órdenes de pago con motivo de los distintos endosos realizados, éstos no resultan ser el sujeto que facturó las operaciones aquí cuestionadas. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la operación reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Que a ello cabe agregar, que de admitirse que el beneficiario se encuentra identificado por el hecho de que una persona física o jurídica -distinta a la que emitió la factura- figure como perceptor en el cheque endosado, llevaría a neutralizar la aplicación de la figura de la salida no documentada.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste.
XI. Que corresponde analizar la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas según los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que si bien como sostiene el ente fiscal los argumentos de la actora con remisión a la causa “D´Ingianti” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han sido desvirtuados por jurisprudencia posterior del Máximo Tribunal, lo cierto es que ha quedado demostrado que la recurrente incorporó en la contabilidad fiscal comprobantes con dos tipos de vicios; recaen sobre operaciones de compras-gastos inexistentes y además no se ha podido establecer, quiénes han sido los verdaderos destinatarios de las erogaciones que se cancelan.
Ese único accionar, calificado como maniobra en contra del Fisco Nacional, generó dos impactos perfectamente diferenciados pero con idéntico resultado -mayor impuesto a favor del Fisco-. Técnicamente en primer lugar procedió la impugnación del gasto en la determinación del Impuesto a las Ganancias y en forma simultánea se dispuso la aplicación del Impuesto que prevé el artículo 37 de la LIG.
Si bien pueden existir supuestos en que se consagre el uno sin el otro lo real es que la erogación se realizó en favor de quien emitió el comprobante. Entonces la erogación es la consecuencia de un comprobante sin motivación, tanto desde el punto de vista de la naturaleza del gasto como del perceptor del pago. No hay un segundo comportamiento independiente que haga nacer el gravamen del artículo 37, es un desprendimiento de la única operación plasmada en el comprobante viciado, que se concreta en un momento posterior -con el pago- pero el origen es uno solo. El único comprobante incorporado en la determinación del Impuesto a las Ganancias que pretende sustentar una operación inexistente y mediante el cual se reconozca un beneficiario también inexistente es el que resulta motivo de impugnación.
Por ello entiendo que cuando se intenta relacionar este hecho con el encuadre realizado por el Juez Administrativo a los efectos de aplicar la multa sobre salidas no documentadas, no cabe ninguna duda que las declaraciones juradas inexactas y engañosas u ocultaciones maliciosas, necesarias para tipificar la conducta están concretadas con la incorporación de comprobantes en la determinación del gravamen ajenos a la realidad, en cuanto a su motivación y a su beneficiario. En base a lo expuesto considero que las declaraciones juradas para el pago del impuesto especial del artículo 37, son sólo un requisito formal ajeno a la conducta que se está evaluando a los efectos de la aplicación de sanciones.
Según lo expresado y atento que concurren los elementos objetivo y subjetivo necesarios para que se configure el aspecto subjetivo requerido por la figura aplicada, voto por confirmar la multa sobre la determinación de salidas no documentadas.
XII. Que con relación a los intereses resarcitorios reclamados en la Resolución N° 35/2017, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), los que además fueron calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), sin que se presenten como confiscatorios, por lo que cabe disponer la confirmación de los mismos.
XIII. Por todo lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones que determinaron el Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparto la solución propiciada por el Dr. Martín en tanto confirma los ajustes en el IVA, Impuesto a las Ganancias y Salidas no Documentadas, con más sus intereses resarcitorios, derivado ello de la impugnación de la operatoria con la supuesta proveedora Dago Industriales S.A., teniendo en cuenta además de las razones expuestas en dicho voto, las deficiencias detectadas en la contabilidad que surgen la pericia contable producida y que son recogidas por el Fisco Nacional tanto en la impugnación del mentado informe como en el alegato presentado (archivo adjunto al IF-2021-59413254-APN-DTD#JGM e IF-2022-08741158-APN-DTD#JGM, respectivamente), por lo que no se advierten elementos que sostengan los agravios formulados por la recurrente en su recurso.
II. Que corresponde dar tratamiento a las sanciones aplicadas en los actos apelados, correspondientes al IVA (Art. 5°, Resolución 86/19) y a Salidas no Documentadas (Art. 8°, Resolución 85/19), ello con sustento en los artículos 46 y 47 inc. c) de la ley de rito.
En cuanto a la facultad para imponer multas en concepto de Salidas No Documentadas, en virtud de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vg. entre otros Red Hotelera Iberoamericana”, sentencia del 26/8/2003 e Interbaires S.A., del 27/09/2011, decisorio donde se compartieron los fundamentos expuestos por el dictamen de la procuradora fiscal) la falencia de la documentación que respalda la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley N° 11.683.
Que para el pago del tributo en concepto de Salidas no Documentadas para los períodos determinados debe tomarse en consideración lo establecido por la Resolución General N° 893/00 (B.O. 13/10/2000), que prevé la forma y plazo para el pago de este gravamen. Que ello así, en el caso de autos no se ingresó el impuesto correspondiente, como tampoco se presentó el volante de pago, el que según la Nota Externa (AFIP) 8/2007 constituye la comunicación de pago a que hace referencia el art. 15 de la ley 11.683. Dicha norma prevé que las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, pudiendo aplicar el Fisco sanciones en concepto de Salidas no Documentadas, tal como surge del correspondiente acto apelado.
Sentado ello, cabe recordar que sobre el art. 46 de la ley de rito, la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que: “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.83 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y cla existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.”
“De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco” “Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por comisión o por omisión y necesariamente se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño”.
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales –en este caso la prevista en el inciso c)- consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). Que en tal sentido, se advierte en el caso concreto y en lo que al aspecto sancionatorio respecta, se impugnó el cómputo de crédito y se determinó Salidas no Documentadas, todo ello proveniente de la operatoria con una proveedora signada de diversas inconsistencias que fueron expuestas en el voto del Vocal Instructor, advirtiéndose una maniobra de parte de la recurrente tendiente a ocultar su realidad frente a las obligaciones tributarias y en franca contradicción con lo ordenado por las normas que regulan ésas, lo cual no hubiera sido detectado de no mediar la labor de fiscalización (cfr. CNACAF, Sala II in re “Rasic Hermanos S.A. c/ Dirección General Impositivas/Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 18 de junio de 2020).
En efecto, debe concluirse que se concreta tanto el tipo penal imputado, no correspondiendo dispensa o reencuadre de las sanciones en figura culposa ni tampoco reducción de graduación, la cual se encuentra debidamente justificada a partir de la reseña de hechos formulada.
IV. Por lo expuesto, corresponde confirmar en todas sus partes los actos apelados, con costas.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones que determinaron el Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 126.201 (pesos ciento veintiséis mil doscientos uno), equivalente a 19,51 (diecinueve con 51/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 315.503 (pesos trescientos quince mil quinientos tres), equivalente a 48,78 (cuarenta y ocho con 78/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta lo decidido en la sentencia agregada mediante PV-2019-103858105- APN-VOCXII#TFN, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.262.015 (pesos un millón doscientos sesenta y dos mil quince), equivalente a 195,12 (ciento noventa y cinco con 12/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 3.155.038 (pesos tres millones ciento cincuenta y cinco mil treinta y ocho), equivalente a 487,79 (cuatrocientos ochenta y siete con 79/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Regular los honorarios del contador José Luis Domper por la labor desarrollada como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $ 1.213.537 (pesos un millón doscientos trece mil quinientos treinta y siete), la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines las pautas dispuestas por el Decreto ley N° 16.638/57.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse con licencia la Vocal Titular de la 11° Nominación (conf. art. 184 de la ley N° 11.683 – t.o. en 1998 y sus modif.-).
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2022.02.15 11:59:36 -03:00 Date: 2022.02.15 12:50:41 -03:00 Edith Viviana Gomez Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.15 12:50:41 -03:00
Fin de la sentencia