Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123651
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes.
C 123.651
"B. M. E.. DELITO/S: ESTUPEFACIENTES- TENENCIA CON FINES DE COMERCIALIZACION (ART. 5 INC. C - LEY 23.737)"
La Plata, 26 de febrero de 2020.
I. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n° 20 de Quilmes promovió, el 24 de mayo de 2019, ante el Juzgado de Garantías n° 3 de la misma localidad, la presente investigación sobre tenencia de estupefacientes con fines de comercialización contra la señora M. E. B. -quien padece síndrome delirante crónico, según informe pericial, v. fs. 159/160, 183-. En virtud de lo solicitado por la señora agente fiscal, el magistrado dictó el sobreseimiento de la nombrada en los términos de los arts. 34 inc. 1 del Código Penal y 323 inc. 5 de Código Procesal Penal, dispuso su internación por los mismos fundamentos en la Unidad n° 45 de Melchor Romero y remitió los presentes al Juzgado de Familia n° 3 de Quilmes, donde tramita la causa: "B., M. E. s/ determinación de la capacidad jurídica" (v. fs. 1/73, 74/77, 108/109, 113, 132, 137/138, 158, 159/160, 164, 180, 183, 187, 193/197, 198, 205).
Recibidos, el magistrado de familia rehusó la atribución de competencia, al considerar que esta Corte tiene dicho que quien debe velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad emitidas en el marco del art. 34 inc. 1 del Código Penal es el juez que la dispuso. Citó la causa C. 121.850, "R., M. C.", resol. de 11-X-2017, entre otras. Asimismo, sostuvo que sin perjuicio de las diligencias dispuestas a fs. 114 y 117 en los autos "B., M. E. s/ Internación" Expte. n° 5657 no le correspondía asumir la intervención conferida, toda vez que el alojamiento en la Unidad Penitenciaria mencionada fue dispuesta por el juez de Garantías en los términos del citado artículo del Código Penal. En virtud de lo expuesto, devolvió los obrados al órgano que lo precedió (v. fs. 225/226).
El magistrado de Garantías luego de reseñar los antecedentes del caso y alegar que ordenó la internación provisional de la causante con fundamento en el art. 168 del Código Procesal Penal, insistió en la remisión de los presentes actuados al Juzgado de Familia n° 3 Departamental, donde tramita el expediente: "B., M. E. s/ determinación de la capacidad" y anotó a la citada señora a exclusiva disposición del mencionado órgano de Familia (v. fs. 228/233)
Luego, previa certificación de la actuaria, informando que ante dicho Juzgado de Familia tramitan las citadas causas sobre "Internación" -iniciada el 27 de abril de 2000- y "Determinación de la capacidad jurídica" -iniciada el 16 de marzo de 2007-, el magistrado ratificó los términos del rechazo de su competencia formulado a fs. 225/226 y elevó las actuaciones ante este Tribunal (v. fs. 235).
II. Recibidos (v. fs. 235 vta.), se requirió al Juzgado de Familia n° 3 de Quilmes la remisión a esta Corte de la causa: "B., M. E. s/ Internación", Expte. n° 5657 (v. fs. 236), la que en fotocopias debidamente certificadas obra agregada por cuerda (v. fs. 237).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
III. Liminarmente cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente, que el magistrado que debe velar por el cumplimiento de la medida de seguridad dictada en los términos del art. 34 inc. 1 del Código Penal es el juez que la dispuso (causas C. 112.923, "D., M. J.", resol. de 26-X-2010; C. 114.908, "P., J. V.", resol. de 17-VIII-2011; C. 121.850, "L. T., G. E.", resol. de 11-X-2017; C. 122.923, "L., S. M.", resol. de 19-XII-2018; C. 123.067, "F., M. R.", resol. de 13-III-2019).
Concatenado con el principio anterior, en el caso corresponde aplicar la resolución de esta Corte n° 2.914/19 y su Protocolo Anexo de actuación para supuestos -como el presente- de personas incapaces de culpabilidad en conflicto con la ley penal, en el que se delimitó el ámbito de las competencias de los fueros de familia y penal.
Así, en el área del fuero penal el citado Protocolo establece que al disponerse una medida de seguridad, entre otras directivas, el magistrado tendrá a su cargo el control de la internación.
Además, deberá verificar como mínimo cada seis meses (conf. arts. 518 CPP; 24 ley 12.256 -t.o.- según ley 14.296):
1. Las condiciones de higiene, seguridad y tratamiento en que se cumple la internación, asistiendo a los respectivos establecimientos en compañía de un/una médico/a psiquiatra o psicólogo/a de la Asesoría Pericial (conf. arts. 62, 63, 168, primer párrafo, CPP; 1 y 2, cap. I, Ac. 1.800 del 1-VIII-1978, modificado por el Ac. 1.990, 1-XII-1981; art. 1 inc. "b", Ac. 3.390 del 8-X-2008).
2. Determinar en base a prueba pericial actualizada la necesidad o no de mantener la internación lo cual dependerá de la persistencia de la peligrosidad y de la subsistencia del criterio de internación (conf. arts. 62, 63 y 168, primer párrafo, del CPP; 34 del CP y 24, ley 12.256).
3. Si la peligrosidad disminuyera, el/la juez/a podrá disponer su inclusión en un régimen terapéutico de externaciones transitorias o altas a prueba, la continuación del tratamiento en establecimientos especializados acorde a su patología o su egreso con alta definitiva (art. 24, ley 12.256).
4. De lo actuado, se notificará a las partes y al Órgano de Revisión Local de la Ley de Salud Mental (conf. arts. 38, 39, 40 y siguientes, ley 26.657, ley 14.580; v. ítem II del Anexo).
Asimismo, reviste trascendencia el mandato previsto en el punto III del Protocolo, que le exige al/la juez/a penal al momento de imponer una medida de seguridad del art. 34 del Código Penal, fijar un tope máximo de duración de la misma (conf. P. 126.897, "G. J., F. A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" sent. de 8-V-2019). Luego de cumplidos todos los recaudos allí previstos y una vez vencido el plazo máximo de la citada medida, la intervención del juez penal cesará de manera definitiva e irrevocable (v. ítem. III 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo).
Lo dispuesto por esta Corte en la referida resolución de fecha 30 de octubre de 2019, encuentra sus raíces en tres ejes: 1-los autos P. 126.897, caratulados: "G. J., F. A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 69.983 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" (sent. 8-V- 2019); 2- lo dispuesto en la Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657 a la que la Provincia de Buenos Aires adhirió a través de la ley n° 14.580 y 3- el Acuerdo n° 3.824.
Delimitado el marco normativo que ha de guiar la solución del conflicto en tratamiento, cabe puntualizar las circunstancias que se observan en las presentes actuaciones.
La causante padece de Esquizofrenia paranoide, diagnosticada ya en el año 2000, motivo por cual estuvo internada en abril del citado año en el Hospital "Dr. Alejandro Korn" de Melchor Romero, desde donde fue trasladada a la Clínica Privada Abrines de Quilmes, obteniendo el alta en junio del mismo año (v. fs. 1, 2, 10, 22, 24, 27 del expediente sobre internación). El 18 de abril de 2016 ingresó al Hospital Interzonal "José A. Esteves" de Temperley, por una descompensación psicótica ante el abandono de la medicación y tratamiento, egresando el 24 de mayo del mismo año (v. fs. 56, 57, 59 de los agregados, Expte. n° 5657). En virtud de tal patología, también se había iniciado ante el mismo Juzgado de Familia, en el año 2007, una causa homónima sobre "Determinación de la capacidad jurídica" (v. certificación actuarial a fs. 235 de los presentes).
Ahora bien, el 24 de septiembre de 2019, el juez de Garantías de Quilmes, en la IPP 13-00-013318-19, resolvió sobreseer a M. E. B. del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la causa n° 36.053 y disponer su internación en la Unidad n° 45 de Melchor Romero, en los términos del art. 34 inc. 1 del Código Penal y arts. 62, 323 inc. 5 del Código Procesal Penal (v. fs. 193/197 y 198).
De la reseña efectuada de las constancias de autos cabe afirmar que el magistrado del fuero penal sobreseyó a la señora B., en razón de hallarse plenamente demostrada la causal de inimputabilidad reglada por el art. 34 inc. 1 del Código Penal y ordenó como medida de seguridad curativa su internación, de conformidad con lo requerido por la perito psiquiatra (v. fs. 183 y 191) y la señora agente fiscal (v. fs. 187).
En el caso particular de autos y con las constancias habidas, se advierte que la señora B. tiene como antecedentes varias internaciones en diferentes instituciones públicas y privadas en razón de su patología (v. fs. 159/160, 168/169, 183 y 191), circunstancias que originaron la intervención del Juzgado de Familia n° 3 de Quilmes, donde tramitan las causas: "B., M. E. s/ Determinación de la capacidad jurídica" y "B., M. E. s/ Internación" (ésta última obra agregada por cuerda en copias).
Sin embargo, el actual alojamiento de la causante en la Unidad Penitenciaria n° 45 de Melchor Romero, se debe a la medida de seguridad curativa dispuesta por el magistrado penal, en virtud de lo resuelto en la causa seguida a la citada señora por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 193/197 y 198). En tales condiciones, no resulta ajustada a derecho la atribución de competencia endilgada por el juez de Garantías al fuero de familia, toda vez que, aquél no ha cumplido con las prescripciones establecidas en la resolución n° 2.914/19 y el Protocolo de actuación que obra en Anexo, aplicable a estos supuestos (v. art. 1 de la resolución n° 2.914, del 30-X-2019 y puntos I, II, III y IV del Protocolo de actuación que obra en Anexo).
Con base en lo aquí expuesto y siendo que la señora M. E. B. fue alojada en la Unidad n° 45 de Melchor Romero por disposición del juez penal en los citados términos (v. fs. 198, 205 y 225), corresponde declarar hábil para seguir conociendo en los presentes al Juzgado de Garantías n° 3 de Quilmes (art. 34 inc. 1 del Cód. Penal).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes.
Regístrese. Expídase un juego de copia de la presente resolución y agréguese al expediente caratulado: "B., M. E. s/ Internación" que en un cuerpo de fotocopias certificadas corre por cuerda. Hágase saber y remítanse.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia