Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 35489
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez de Garantías Juan F. Tapia que, no haciendo lugar a los pedidos defensistas, elevó a juicio los presentes obrados respecto del encausado Carlos David Galarza con relación a los hechos que se investigan en autos y que fueron calificados como abuso sexual previsto en el artículo 120 del CP (hecho 1) y rapto tipificado en el segundo párrafo del artículo 130 del CP (hecho 2) ambos en concurso real. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del Sr. Defensor particular del encausado, letrado Martín Nicolás Bernat. Rigen los arts. 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 106, 125, 210, 323 a contrario, 334, 337, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 35489. "GALARZA CARLOS DAVID S/ ESTUPRO Y RAPTO AGRAVADO".
IPP 01-482-21.
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 35489, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez de Garantías Juan F. Tapia, no haciendo lugar a los pedidos defensistas, elevó a juicio los presentes obrados respecto del encausado Carlos David Galarza con relación a los hechos que se investigan en autos y que fueron calificados como estupro (hecho 1) y rapto (hecho 2) ambos en concurso real.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. Defensor particular del encausado, letrado Martín Nicolás Bernat.
En primer término el recurrente peticiona la nulidad del auto de la instancia; ello en tanto entiende que el mismo carece de motivación suficiente torno a planteos que considera esenciales y que fueron formulados al tiempo de realizar la oposición a la requisitoria de elevación a juicio efectuada por el Ministerio Público Fiscal. Marca que el proceder del a quo resulta violatorio del artículo 168 de la Constitución provincial.
Precisa que la solicitud de sobreseimiento formulada en la instancia en favor de su defendido se sustentó en múltiples extremos con respecto a profundas contradicciones y diversas cuestiones sobre los elementos de cargo obrantes en las actuaciones, lo que fue expresado de manera pormenorizada y cuyo tratamiento fue absolutamente omitido por el Juez de Garantías.
En esa línea marca las paradojas que entiende emergen entre la testifical de la víctima vertida en el marco de la diligencia de cámara Gesell practicada y las manifestaciones que la misma realizó en el marco de la intervención que en el hecho de autos tuvo el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Precisa que las contradicciones que advierte se refieren, nada más y nada menos, da la circunstancia más elemental del presente caso: la existencia o no de relaciones sexuales en el propio relato de la pretensa víctima.
Asimismo releva el recurrente las constancias de los informes médicos realizados respecto de la víctima y al encausado. Señala que tal el relato de la víctima el suceso narrado por la violencia que contendría debería haber dejado, sin lugar a dudas, signos físicos y rastros de sangre; los cuales fueron descartados en aquéllas diligencias. Así ni del reconocimiento médico legal realizado al imputado ni del realizado en la joven se constatan lesiones o signos de interés para los hechos investigados en autos.
Indica que tanto de los informes psicológicos oficiales como de parte surgen claras contradicciones, advirtiendo que en la víctima no se encuentran indicadores de padecimiento de trastorno postraumático alguno.
Releva que las manifestaciones del encausado, descartadas de plano por el a quo, encuentran sustento en otras constancias obrantes en autos.
Entiende que el sentenciante de origen al no haber dado tratamiento a todos estos tópicos, los cuales resultan trascendentales para definir la situación procesal de su asistido, conllevan a invalidar el pronunciamiento de la instancia por resultar notoriamente inmotivado. Finca la violación en las mandas de los 1 y 18 de la CN; 168 del la Constitución provincial; 106 y cctes. del CPP, argumentando que ese proceder implica la consecuente afectación a derechos y garantías constitucionales de su asistido procesal.
A modo subsidiario del pedido de nulidad efectuado, pide la revocación de la resolución dictada entendiendo que en el caso procede el sobreseimiento del encausado dado que del pronunciamiento del a quo emerge una valoración absurda y sesgada de la prueba producida.
Asienta este pedido accesorio en el mismo análisis que funda la solicitud de nulidad realizada, pero hace especial hincapié en que, más allá de la trascendencia del relato de la víctima en casos como el investigado en autos, el supuesto dado aquí las manifestaciones de la joven fueron analizadas de manera errada, por cuanto constan múltiples elementos de cargo y pruebas que contradicen de manera objetiva esos los dichos vertidos por la pretensa víctima en la Cámara Gesell.
Señala, expresamente, que el propio Agente Fiscal actuante en cumplimiento de su deber de objetividad descree de los dichos de la víctima dadas las evidentes contradicciones que emergen de los mismos.
Así, considera que el proceder del a quo, otorgando preeminencia a la declaración de la pretensa víctima en este caso en concreto, surge en el particular como arbitrario.
Critica, especialmente, la conclusión vertida por la Lic. María Florencia Manterola, en el pertinente informe realizado y que fue relevada por el sentenciante de origen, precisando que la misma resulta desacertada dado que la contradicción de lo narrado por la víctima emerge per se y por tanto no se advierte en la diligencia de cámara Gesell. Pero, sí resulta muy fácilmente palpable al cotejar la diligencia mencionada con la narrado por la misma víctima en el marco de las medidas realizadas en el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño; lo que obra en el informe médico elaborado el día 12 de febrero del año próximo pasado por médica de policía Natalia Mendoza y, además, las constancias de los reconocimientos médicos legales tanto del encausado como de la víctima.
Reitera que salvo por la arbitrariedad y absurdo de la valoración, no se puede arribar a la decisión adoptada por el a quo, la cual se basada únicamente en una sola porción del relato de la menor en cámara Gesell.
Con todo, solicita que se haga lugar al recurso interpuesto, dictando la nulidad de resolución en crisis imponiéndose el sobreseimiento definitivo del encausadoó, subsidiariamente, se reenvíen las actuaciones a un nuevo Juez de Garantías a los fines de dictar una resolución conforme a derecho. Y, en caso de rechazar la nulidad impetrada, analizando las constancias de autos se revoque la decisión impugnada, dictándose el sobreseimiento definitivo de Carlos David Galarza en relación a los delitos imputados.
3. Que en atención al pedido de nulidad que contiene el recurso interpuesto, se dio vista a la Fsicalía General.
En el pertinente responde, propugna el rechazo del pedido nulicente entendiendo que el a quo dio adecuados y fundados motivos por los cuales la presente causa debe ser llevada a juicio. Acompaña en apoyo doctrina y jurisprudencia que entiende aplicables al caso.
1. Que en modo liminar se debe dar tratamiento al agravio relacionado con la nulidad del pronunciamiento del sentenciante de origen.
En el sentido indicado, es criterio de esta Alzada que el decisorio no debe en modo expreso replicar cada uno de las formulaciones que realizan las partes y que nutren al mismo planteo, ello siempre y cuando se arribe a la convicción conclusiva en modo fundado. En consecuencia, la obligación constitucional de resolver todas las cuestiones sometidas por las partes no implica, cuando en cada una de ellas existen pluralidad de extremos que la conforman y dan andamiaje al mismo sustento, rebatir uno a uno cada uno de los tópicos que la componen, toda vez que, empleando un procedimiento distinto al propuesto por el peticionante, se arribe a una conclusión fundada lógica que proporcione contestación a lo puesto a conocimiento de la jurisdicción.
Nótese que todo el análisis, que realiza el Defensor al tiempo de oponerse a la elevación fiscal a juicio presentada contra su asistido procesal, funda el pedido de sobreseimiento de Galarza. En este sentido, el sentenciante de origen dio respuesta a lo requerido por el Sr. Defensor particular, ahora recurrente, fundando las razones por las cuales la presente causa debe ser llevada a debate. En este punto de análisis, en el caso no se advierte vulneración alguna a las mandas de los artículos 106 del CPP y 168 y 171 de la Constitución provincial.
Así, coincidiendo en un todo con el dictamen emitido por el Sr. Fiscal Adjunto, la nulidad impetrada contra el pronunciamiento dictado por sentenciante de grado debe ser rechazada.
2. Que sentado lo anterior y a tenor del conteniendo subsidiario del recurso en trámite, debe traerse a colación que el artículo 334 del CPP no requiere certeza para que proceda la apertura del juicio; sólo basta un mérito de probabilidad fundado en elementos de convicción suficientes respecto de los tópicos pertinentes de la imputación que se dirige contra los co encausados. De ahí que el artículo de cita exige que el requirente cuente "con elementos suficientes para el ejercicio de la acción".
Como contrapartida de ese criterio, el sobreseimiento en esta etapa procesal necesita un grado de certeza o, bien, un cartabón de duda insuperable en el venidero debate, tal como lo manda el artículo 323 inc. 6 del CPP.
3. Que al encausado se le endilgan en autos los hechos narrados del siguiente modo: hecho 1: " sin poder precisar fecha exacta pero a partir del mes de noviembre del año 2020 hasta el 11 de febrero del año 2021, un sujeto mayor de edad posteriormente identificado como Carlos David Galarza, aprovechándose de la inmadurez sexual de la menor de edad NGP - de 15 años de edad- procedió a abusar sexualmente de esta por vía vaginal, ello en el domicilio de calle 15 n° 810 de la ciudad de Balcarce"; hecho 2 "con fecha 11 de febrero del año 2021, siendo aproximadamente las 00:30 hs., el mismo sujeto mayor de edad individualizado precedentemente retuvo, previo consentimiento, a la menor NGP de 15 años de edad, en el domicilio de calle 15 n° 810 de la ciudad de Balcarce, hasta que pudo ser rescatada por personal policial de la Sub DDI local mediante el cumplimiento de la orden de registro domiciliario ordenada en autos".
Esos sucesos fueron calificados como abuso sexual, previsto en el artículo 120 del CP, en concurso real con rapto, tipificado en el segundo párrafo del artículo 130 del CP.
4. Que a la luz del criterio interpretativo que rige en esta instancia del proceso, respecto al hecho identificado como primero, los tópicos de materialidad delictiva y autoría que el esforzado Defensor pone en tela de juicio en el recurso en trámite, se hallan adecuadamente constatados a tenor de la instancia por la que transita esta causa.
En efecto, no emerge duda que la víctima de autos al momento del hecho en cuestión poseía menos de 16 años de edad, tampoco que con el aquí encausado mantendría una relación con características asemejables a la de una pareja, menos aún que el imputado nació el día 5 de octubre del año 1988 y consecuentemente doblaba en edad a la víctima.
Luego, el acceso carnal en el caso se encuentra adecuadamente corroborado con las constancias del examen médico forense practicado a la niña, donde se deja constancia que presenta una desfloración cónica con himen ausente. Ello, más allá de las manifestaciones de la testifical que vertió la víctima en el ámbito de la cámara Gesell practicada, donde da cuenta de los encuentros sexuales que tuvo con el aquí encausado.
Por último el prevalimiento y aprovechamiento de la inmadurez sexual de la niña, surge con elocuencia del contexto de la visualización de la aludida declaración vertida en cámara Gesell, como también de las propias características de la víctima que, tal como emerge de lo obrado, posee un retraso madurativo que indica la presencia de un síndrome de comportamiento que se caracteriza por un deterioro en el nivel intelectual, afectivo y de adaptación (ver en este último sentido informe psicológico realizado por la perito Ana Teresa Aroza, diligencia que fue presenciada por la perito de parte María Laura Maldonado). No escapa a conocimiento del Tribunal el contenido del informe practicado por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Balcarce, realizado inmediatamente después que la niña fue habida por la prevención, esto es el día 11 de febrero del año 2021 a la hora 21:38, en el que el Sr. Defensor funda sus alegaciones dado que allí consta que en el lapso transcurrido entre los días 10 y 11 de febrero del año 2021 la niña no habría tenido encuentro sexual con el encartado. Pero en ese documento, cuyo contenido y contexto podrá ser aclarado por las profesionales intervinientes, consta con claridad que "Durante la entrevista se logra saber que su primer encuentro sexual [el de la niña víctima de autos] fue con David 'no estaba segura de hacerlo', refiere que utiliza como método anticonceptivo pastillas las cuales se las compra él, declara que David siempre utilizaba preservativo, que la última vez que tuvieron relaciones sexuales fue hace unos días, sin referir con exactitud la fecha exacta por no encontrarse ubicada en tiempo y espacio...".
Por último, debe ponderarse que como producto de las diligencias periciales realizadas en el domicilio donde permanecía el encausado en la localidad de Balcarce, se secuestraron distintos elementos. Así, se impone apuntar que en la sabana de dos plazas se hallaron manchas que a las determinaciones realizadas dio positivo para sangre humana (M1 y M2) y positivo para presencia de semen (M1, M3, M5); luego también se hallaron restos de semen de la funda del cubre colchón (M6 y M8) y en una bombacha tipo cola less color negro (A10 a); dejándose para una diligencia futura el eventual cotejo (ver pericia química n° 183-21).
Todo lo aquí ponderado, constata en modo adecuado y con relación a la instancia por la que transita esta causa, tanto el extremo de materialidad delictiva como de autoría relacionados con el hecho primero.
5. Que en lo referente al hecho identificado como segundo y calificado como rapto, tipificado en el segundo párrafo del artículo 130 del CP, surge acreditado con lo obrado en autos y acorde a la exigencia propia de la instancia.
Nótese en ese punto que la niña junto al encausado, en un contexto confuso y en la madrugada del día 11 de febrero del año 2021, arribaron al domicilio donde el imputado permanecía en la localidad de Balcarce sito en la 15 n° 810. Denuncia mediante y arribo de la prevención policial a ese lugar en horario posterior al mediodía de ese del día 11 de febrero, el aquí imputado señaló que la niña, si bien había estado en su transitoria finca de alquiler, desconocía donde podría permanecer (ver testimonial del Comisario Blanco Rio). Huelga mencionar que ese mismo día, aproximadamente a la hora 20:00, en el lugar se practicó una diligencia de registro domiciliario - tal la oportuna autorización dada en autos- y que la niña víctima, que por largas horas permaneció en los fondos de ese sitio (al menos desde el medio día, primera vez que concurrieron allí los preventores), egresó por la finca de un vecino de ese lugar y fue hallada en sus inmediaciones por la prevención policial en el horario de 20:30 hs.
Mas allá de las alegaciones vertidas por el encausado torno al punto en tratamiento al momento de declarar en autos a tenor del artículo 308 del CPP; las que se contrastan con lo obrado en autos - relevado en el párrafo anterior - y lo manifestado por la víctima de autos en el marco de la declaración vertida en cámara Gesell, cierto es que de momento, la intención de menoscabo de la integridad sexual de la niña y la retención de la misma en el lugar en cuestión (que si bien habría comenzado con su consentimiento, luego este extremo habría desaparecido), emerge presente de lo actuado.
Consecuentemente, las exigencias típicas de la particular figura penal con la cual se circunscribió el hecho segundo - extremo del que carece jurisdicción esta Alzada en razón que la competencia en el caso es abierta por un recurso de la Defensa y, además, el encausado se encuentra el libertad - se hallan presentes dada las exigencias procesales enmarcadas en la instancia por la que transita esta causa.
Aquí, también, las dudas emergentes deberán ser aventadas en la venidera instancia procesal.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez de Garantías Juan F. Tapia que, no haciendo lugar a los pedidos defensistas, elevó a juicio los presentes obrados respecto del encausado Carlos David Galarza con relación a los hechos que se investigan en autos y que fueron calificados como abuso sexual previsto en el artículo 120 del CP (hecho 1) y rapto tipificado en el segundo párrafo del artículo 130 del CP (hecho 2) ambos en concurso real. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del Sr. Defensor particular del encausado, letrado Martín Nicolás Bernat. Rigen los arts. 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 106, 125, 210, 323 a contrario, 334, 337, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2022 13:11:03 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 13:11:29 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 13:11:39 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/09/2022 13:11:52 hs. bajo el número RR-478-2022 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia