Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín · Causa 7243
Lo que resolvió el tribunal
I. Receptar en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; revocar el veredicto absolutorio; y en consecuencia, condenar al imputado Rodolfo Pedro Etchart por el delito de Lesiones Leves Calificadas (art. 89 en relación con los arts. 92 y 80 inc. 1 y 11 del Código Penal), hecho perpetrado con fecha 26 de marzo del 2020 en Colón (Bs. As.), en perjuicio de M. L. G., a la pena de seis (6) meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso. Sin costas.
II. Imponer a Rodolfo Pedro Etchart la obligación de cumplimiento, por el término de dos (2) años, de las siguientes pautas de conducta: a) Mantener su domicilio, debiendo comunicar dentro de las 24 horas en caso de operarse algún cambio en el mismo, b) Prohibición de todo tipo de contacto, por cualquier medio, con la denunciante M. L. G.; c) Someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico previa determinación por los Peritos Oficiales de su necesidad y eficacia; d) Realizar curso con perspectiva de género en entidad pública, sujeto a las posibilidades que brinden eventualmente el Municipio o demás instituciones de la localidad de residencia; y e) Someterse al contralor del Patronato de Liberados, bajo apercibimiento de prolongación del lapso de monitoreo o de revocación del beneficio en caso de incumplimiento. Art. 27 bis C.P.
Trámite: DESPACHO SIMPLE Organismo: CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS EN LO PENAL - JUNIN Texto con 11 Hojas.
Expte. Nº -7243-: "ETCHART, RODOLFO PEDRO S/ LESIONES LEVES CALIFICADAS"
Junín, a los 3 días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós, los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Carlos Mario Portiglia y Luis Alberto Beraza (artículo 440 del C.P.P. y Acuerdo 3975/2020 de la SCJBA.), bajo la Presidencia del primero, proceden a pronunciar Sentencia en la Causa Nº -7243-, caratulada "ETCHART, RODOLFO PEDRO S/ LESIONES LEVES CALIFICADAS"
Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden Doctores: Beraza y Portiglia.
Seguido el Tribunal resolvió considerar la siguiente cuestión: ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 233/235?.
A LA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Luis Alberto Beraza dijo:
El Sr. Juez titular del Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, Dr. Carlos Ariel Picco, tras la celebración de la audiencia de debate, dictó en fecha 4 de agosto de 2022 veredicto de carácter absolutorio en favor de Rodolfo Pedro Etchart, en relación con el delito de Lesiones Leves Agravadas -arts. 89 en relación con los arts. 92 y 80 inc. 1 y 11 del C.P.-, atribuido al mismo en virtud del hecho ocurrido en Colón (Bs. As.), en fecha 26 de marzo de 2020, del cual resultara víctima M.
L.. G.-
Para así decidir, consignó que en los casos correspondientes a cuestiones de género, la forma de valorar la prueba no puede colisionar con el estado de inocencia del que goza todo acusado. Concluyendo que si las pruebas son insuficientes o incompletas, se impone la absolución. Sostuvo que la declaración testimonial de la víctima prestada en el debate luce contradictoria con lo manifestado en la etapa de instrucción, y en contrario, que el relato del imputado le pareció veraz y sincero. Luego, en relación a los exámenes médicos incorporados, consideró que las lesiones constatadas no son compatibles con el violento accionar relatado por la víctima, y entendió que las mismas pueden haber sido producto del fragor de la discusión. Tomó como un dato no menor que el examén médico suscripto por el Dr. Pagella fue realizado cuatro días después a la fecha del hecho.
Advirtió sobre la omisión de la instrucción de no ordenar el secuestro de las cámaras de seguridad colocadas en el lugar donde ocurrieron los hechos, lo que según su parecer hubiera arrojado luz al evento bajo juzgamiento.
Sobre las declaraciones testimoniales de Florencia Saley y Gladys Sospetto, dijo que no aportaron nada significativo. Como así tampoco el testimonio brindado por Eva Betty Valla que fuera incorporado por lectura. Asimismo, estimó que los elementos probatorios colectados durante la instrucción no le permitieron zanjar la duda en cuanto a la forma en que ocurrieron los hechos, y que en esa circunstancia el estado de incertidumbre juega a favor del imputado Etchart.
Frente a ello, el representante del Ministerio Público Fiscal, titular de la UFIyJ descentralizada de Colón N° 2, Dr. Ignacio Uthurry, interpuso recurso de apelación a fs. 233/235, el que fuera mantenido por su superior jerárquico a fs. 237 y vuelta.
Entendió el recurrente que se habrían vulnerado con el fallo atacado los arts. 18, 33 y 120 de la Constitución Nacional, arts. 15, 168 y 171 de la Constitución Provincial y arts. 106, 210 y 373 ss y ccs. del CPPBA. Señaló que el aquo en ningún momento precisó en que se basó para tildar al relato de M. L. G. de contradictorio, ni cuales serían los motivos por los cuales le restó credibilidad a la versión de la nombrada, a su pedido de auxilio, y a las lesiones constatadas y acreditadas que sufriera. Alegó que la narración de la víctima luce con coherencia interna y externa, y a los efectos de tal conclusión, realizó un análisis de todos los elementos probatorios, concluyendo que son contestes entre sí.
Hizo hincapié en el informe elaborado por la psicóloga que comenzó a atender a M.L.G. a raíz del hecho investigado en autos.
Advirtió que la sentencia carece de los parámetros de valoración que fijan la Convención de Belem Do Pará y la Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Agregó que la prueba no se valoró de manera armónica, integrada y circunstanciada a las características del hecho que se reprocha. Concluyendo que se violentaron los estándares impuestos por los instrumentos internacionales sobre la materia.
Finalizó solicitando se revoque la sentencia en crisis, y se dicte veredicto condenatorio respecto de Rodolfo Pedro Etchart.
En el inicio de la tarea revisora que me compete, corresponde dejar sentados los términos de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, conforme transcripción textual: " Que el 26 de marzo de 2020, aproximadamente a las 12.30 horas, en el interior de la farmacia sita en calle 47 y 20 de Colón, Rodolfo Pedro Etchart agarró del cuello a su entonces pareja M. L. G., la arrastró y empujó contra los muebles de la farmacia, luego la sacó a los empujones y la tiró al patio, resultando G, con escoriación lineal en muñeca izquierda, brazo derecho, antebrazo izquierdo. Hematoma en región posterior gemelo izquierdo y tobillo izquierdo, hematoma en muslo derecho y fractura de primer falange, quinto dedo pie derecho, lesiones estas de carácter leve".
La cuestión traída a consideración se enmarca en el contexto que implica la necesidad ineludible de juzgar lo ocurrido en base a principios de perspectiva de género. Ello a partir de la normativa internacional incorporada al bloque constitucional en virtud de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna (específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, y la Convención Belém do Pará precedentemente citados).
Asimismo, en el examen de estos casos se impone el respeto de la garantía de las víctimas a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, tanto como la obligación de que se consideren los indicios y pruebas indirectas que sean graves, precisas y concordantes que acrediten el contexto (Art. 16 inc. "i" ley 26485).
En esta linea la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene dicho que "El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género (conf. causa P. 125.687, cit.), sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria -arts. 16 inc. "i" y 31 de la ley 26.485- no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que "...está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada" (Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres -femicidios- de la Procuración General de la Nación, año 2018, pto. 4.2.2.) (P. 133.669-Q, "Merola, Pablo Alejandro -Fiscal General del Departamento Judicial de Mercedes- s/ Recurso de queja 05/07/2021)". Es decir que el abordaje desde una perspectiva de género reconoce que en casos como el que nos ocupa, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferente hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la víctima o denunciante. Por dicho motivo es que debe realizarse un riguroso análisis sobre la consistencia, coherencia y congruencia de ese testimonio. Dicho esto, y en tren de resolver, debo adelantar que no comparto con el Juez de grado en cuanto a que la declaración testimonial de M. L. G. prestada en el debate oral resulte contradictoria con la vertida oportunamente en la etapa de instrucción.
Por el contrario, surge del caso que durante todo el proceso la víctima ha brindado un relato del hecho por demás de contundente, con abundancia de detalles y precisiones, que genera la convicción de resultar creíble, verosímil y sin fisuras, al tiempo que no alberga contradicciones intrínsecas, dejando la fuerte impresión de que lo contado se corresponde realmente con los hechos vividos.(fs. 6/8; 21/22).
En ese marco, se encuentra debidamente acreditado la relación de convivencia que mantenían M.L.G. y Etchart; y el contexto de violencia en que se encontraba inmersa la víctima.
A su vez, cada uno de los detalles manifestados han sido acreditados por M.L.G, quien ha adjuntando los diálogos de whats app intercambiados con la hija del imputado (agregados a fs. 33/43), que fueron incorporados por lectura, lo que le otorga aún más veracidad a sus dichos.
Si bien como lo he expuesto ut supra el testimonio de la víctima goza de un alto valor convictivo, no puedo dejar de ponderar que la certeza sobre la ocurrencia material del hecho y la participación de Etchart se sustenta y ratifica además con el resto del material probatorio existente. A lo que debo agregar que la falta de testigos directos no resulta rara en el caso, toda vez que este tipo de hechos habitualmente suceden en la intimidad, es decir, fuera del alcance de la mirada de ocasionales testigos (delitos a ciegas o a oscuras).
Sin perjuicio de ello, la declaración testimonial de Florencia Saley no puede ser pasada por alto, ya que se desprende de la misma que en las circunstancias de tiempo y lugar del evento, mientras se estaba bañando en su vivienda lindera, escuchó una discusión y gritos como "Socorro" y "auxilio", e identificó la voz del incusado que referia "Estoy trabajando". Voces provenientes del patio de la farmacia que da a la ventana de su baño. A su vez, de la declaración de Eva Betty Valla (fs. 49 y vuelta), brindada en la etapa investigativa e incorporada por lectura, también surge que oyó los gritos y pedidos de auxilio que provenían de la farmacia. Y agregó que a la noche se comunicó telefónicamente con M.L.G., quien le manifestó que Etchart le había pegado.
Con respecto al testimonio de Sosppeto, la nombrada reconoció y reafirmó la declaración prestada en fecha 9 de junio de 2020 (fs. 25/26), en donde describió lo que M.L.G. le había manifestado sobre los hechos ocurridos en la farmacia, en términos que guardan similitud con lo expuesto en la denuncia.
Así, de lo reseñado, no puede pasar inadvertido el pedido de auxilio escuchado por dos personas, y la circunstancia de que la versión de M.L.G. puesta en conocimiento de todas las personas con las que habló se observa congruente, ello a partir de los testimonios recibidos.
En cuanto a las lesiones que presentaba la víctima, las mismas se encuentran constatadas por el examen médico realizado por el Dr. Norberto Pagella (fs. 15), quien certificó haber constatado en M.L.G. "... Excoriaciones en muñeca izquierda, brazo derecho, antebrazo izquierdo, hematoma región posterior gemelo izquierdo, interior tobillo izquierdo, hematoma muslo derecho...", agregando el galeno sobre el modo de producción que habrían sido provocadas por "...golpe con o contra objeto como contacto con superficie rugosa... ". Por consiguiente, las conclusiones apuntadas guardan similitud con la mecánica del hecho manifestada por G. Asimismo, a fs. 8 y vuelta se dejó constancia suscripta por la Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de Colón, Dra. Pilar Ibarra, relacionada con las lesiones que presentaba la víctima; y a fs. 28/30 y fs. 32/33 se agregaron constancias médicas que devienen ilustrativas.
No puedo dejar de soslayar el informe psicológico realizado por la Licenciada María Laura Di Vito, acercado en el debate por M.L.G. y receptado por el juez de grado, el que resulta contundente en cuanto a sus conclusiones, puntualizando que "...padece estrés post traumático. Existió una trauma, en tanto la situación de violencia vivenciada arrasó con la subjetividad de la paciente, fue un suceso inesperado que la dejó sin herramientas para continuar con las actividades cotidianas y provocó síntomas nuevos (además de las secuelas físicas); es por esto que aparece un montante de angustia mayor al esperado durante un proceso de duelo normal, insomnio, auto- reproches, abulia, desinterés generalizado sobre actividades de ocio, alejamiento de lo social, etc...".
Por último, comparto con el juez de grado respecto a la omisión en que incurrió la instrucción al no ordenar el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad dentro de la farmacia. También es cierto que Etchart podría haberlos acercado voluntariamente para acreditar su relato, lo que así no sucedió.
Es evidente que la problemática de la violencia de género ha pasado a revestir el carácter de interés público, y con ello, la protección de la mujer frente a cualquier tipo de violencia dirigida por su sola condición de tal merece una particular protección frente a los compromisos asumidos por el Estado Argentino. Bajo ese prisma deben ser observadas las conductas del acusado, pues del contenido de todas las pruebas antes detalladas se desprenden los elementos típicos de la violencia de género: el haber agarrado y empujado por sorpresa a G., que se encontraba sola e indefensa; haberla golpeado e inmovilizado; y haberla arrastrado y retirado por la fuerza de la farmacia, trasluciendo una relación de violencia y poder. En base a los fundamentos expuestos, entiendo que el marco de duda desaparece, correspondiente revocar el pronunciamiento absolutorio en orden al delito de Lesiones leves Calificadas contemplado en el art. 89 en relación con los arts. 92 y 80 inc. 1 y 11 del Código Penal.
Se impone de ese modo asumir competencia positiva respecto a lo que tiene que ver con la graduación de la pena, teniendo en cuenta la gravedad que revisten los hechos juzgados, afectando la integridad física y psíquica de M. L. G., así como lo que fuera solicitado por el propio fiscal recurrente al momento del alegato final, en donde pidiera la imposición de una pena equivalente a nueve (9) meses de prisión en suspenso.
Vale destacar que "La pena debe ser medida, necesariamente, de un modo tal que se garantice su función compensadora en cuanto al contenido del injusto y de la culpabilidad y, a la vez, posibilite, por lo menos, el cumplimiento de la tarea resocializadora para el autor. Pero, por sobre todo, la determinación de una pena es también "aplicación del derecho". Esto supone que la decisión esté fundamentada en criterios racionales explícitos, porque el Juez no puede partir de cualquier valoración personal que le merezca el hecho o el autor, sino que los parámetros que utilice deben ser elaborados a partir del ordenamiento jurídico, estructurando el complejo de circunstancias relevantes a partir de la interpretación sistemática y teológica (ver Patricia S. Ziffer en "Lineamientos de la determinación de la pena", ed. Ad-Hoc, pág. 96/97), teniendo siempre como norte la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, en la medida que ello constituye una de las máximas injerencias del Estado en relación a los bienes de la persona sometida a juicio penal".
En este punto, si bien el art. 41 del C.P. establece ciertas reglas o parámetros que los jueces deben observar al momento de imponer penas, estas pautas objetivas y subjetivas no son taxativas, y nada impide la evaluación de otro tipo de cuestiones relacionadas con la mayor o menor gravedad del hecho o de la peligrosidad del condenado.
Siguiendo con este hilo argumental, la determinación de la pena deberá tener en cuenta, además, la condiciones personales y socio-culturales del autor. Su edad, su educación, sus costumbres y su conducta precedente a la comisión del delito deben ser justipreciadas por el juez a la hora de fijar la pena en concreto. Y dicha imposición debe estar guiada por la razonabilidad tanto de su dosificación como de su ejecución. Sentado lo expuesto, y en función de los hechos juzgados y acreditados, con la mirada puesta fundamentalmente en un proceder que contemple la "perspectiva de género", he de propiciar que la pena que debe imponerse al imputado sea de seis (6) meses de prisión de ejecución condicional, dado que no registra antecedentes penales condenatorios, adicionándose por el plazo de dos años la obligación de cumplimiento de reglas de conducta en términos del art. 27 bis del Código Penal, a saber: a) Mantener su domicilio, debiendo comunicar dentro de las 24 horas en caso de operarse algún cambio en el mismo, b) Prohibición de todo tipo de contacto, por cualquier medio, con la denunciante M. L. G.; c) Someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico previa determinación por los Peritos Oficiales de su necesidad y eficacia; d) Realizar curso con perspectiva de género en entidad pública, sujeto a las posibilidades que brinden eventualmente el Municipio o demás instituciones de la localidad de residencia; y e) Someterse al contralor del Patronato de Liberados, bajo apercibimiento de prolongación del lapso de monitoreo o de revocación del beneficio en caso de incumplimiento . Sin costas (arts. 106, 434, 439, 440, 441, 530, 531 y cc. del C.P.P.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Dio su voto en el mismo sentido, aduciendo análogas razones, el Señor Juez Dr. Carlos Mario Portiglia.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Receptar en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; revocar el veredicto absolutorio; y en consecuencia, condenar al imputado Rodolfo Pedro Etchart por el delito de Lesiones Leves Calificadas (art. 89 en relación con los arts. 92 y 80 inc. 1 y 11 del Código Penal), hecho perpetrado con fecha 26 de marzo del 2020 en Colón (Bs. As.), en perjuicio de M. L. G., a la pena de seis (6) meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso. Sin costas.
II. Imponer a Rodolfo Pedro Etchart la obligación de cumplimiento, por el término de dos (2) años, de las siguientes pautas de conducta: a) Mantener su domicilio, debiendo comunicar dentro de las 24 horas en caso de operarse algún cambio en el mismo, b) Prohibición de todo tipo de contacto, por cualquier medio, con la denunciante M. L. G.; c) Someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico previa determinación por los Peritos Oficiales de su necesidad y eficacia; d) Realizar curso con perspectiva de género en entidad pública, sujeto a las posibilidades que brinden eventualmente el Municipio o demás instituciones de la localidad de residencia; y e) Someterse al contralor del Patronato de Liberados, bajo apercibimiento de prolongación del lapso de monitoreo o de revocación del beneficio en caso de incumplimiento. Art. 27 bis C.P.
III. Regístrese, notifíquese, y oportunamente, devuélvase al origen.
Fin de la sentencia