Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-98186045-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado la suma de $ 8.302.328 (Pesos ocho millones trescientos dos mil trescientos veintiocho) equivalente a 95,06 (noventa y cinco con 06/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 3.320.931 (Pesos tres millones trescientos veinte mil novecientos treinta y uno) equivalente a 38,02 (treinta y ocho con 02/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 1/26 (09/02/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
3Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, José Luis Domper, en la suma de $ 2.135.021 (pesos dos millones ciento treinta y cinco mil veintiuno) equivalente a 24,44 (veinticuatro con 44/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines la labor desarrollada en autos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-16057915-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 13 de Febrero de 2026 NUTRITION S.A"
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-98186045- -APN- SGAI#TFN caratulado “ETHICAL NUTRITION S.A. s/ recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por IF-2024-98185973-APN-DTD#JGM Ethical Nutrition S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 105/2024 (DV MRRI) de fecha 20 de agosto de 2024 dictada por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP-DGI (actual ARCA), por la cual se impugnó la declaración jurada presentada en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020 y se determinó su obligación impositiva con un saldo a su favor de $26.040.034,01, implicando el ajuste una disminución de dicho saldo de $3.677.447,46.
Señala que con fecha 14/05/2021 puso en conocimiento del organismo fiscal que había presentado la declaración jurada del citado impuesto con aplicación del mecanismo de ajuste por inflación impositivo, debido a que el gravamen sin su íntegro cómputo conduce a una alícuota efectiva que tiende al infinito, toda vez que el resultado impositivo del ejercicio -ajustado por inflación en forma plena e integral- arroja quebranto y el resultado impositivo sujeto a impuesto es cero.
Insiste en que el gravamen determinado con la aplicación de lo previsto en el primer párrafo del artículo 194 (que dispone el diferimiento de 5/6 del ajuste por inflación impositivo previsto en el Título VI) y sin la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivo previstos en los artículos 87 y 88 de la LIG, en la liquidación del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020, excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad que lesiona gravemente derechos y garantías de raigambre constitucional, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Candy S.A. c/ AFIP y Otro” de fecha 3 de julio de 2009 y pronunciamientos posteriores en el mismo sentido. Recuerda que en dicho precedente el Máximo tribunal puntualizó que se configura un supuesto de confiscatoriedad si la comparación de los resultados con ajuste y sin ajuste por inflación “…presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar” y que concluyó que “…en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor (…) y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad (…) corresponde declarar procedente en el caso, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación”.
Alega que, por los motivos que invoca, corresponde que se deje sin efecto el ajuste pretendido en cuanto deniega la plena e íntegra aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación en la determinación del impuesto. Se agravia de que el ente fiscal pretenda ajustar las ganancias del período fiscal 2020, reclamando las diferencias no ingresadas en virtud de haber aplicado e imputado íntegramente los mecanismos de ajuste por inflación en la determinación y pago del impuesto, no obstante la situación de confiscatoriedad denunciada al insumirse una parte sustancial de la renta, con grave afectación del derecho de propiedad y el principio de capacidad contributiva. Refiere a que el cómputo de un ínfimo del resultado derivado de la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación y la imposibilidad de actualizar el costo de amortización de bienes en forma global en la liquidación del Impuesto a las Ganancias, evidencia una situación de confiscatoriedad de conformidad con los fallos de la CSJN.
Realiza un repaso del marco normativo y de los precedentes jurisprudenciales emitidos al respecto para luego explayarse sobre su caso en concreto. En dicho sentido, señala que hay una significativa diferencia entre los importes gravables según se calcule el resultado impositivo sin ajuste por inflación: ganancia de $31.729.856,12 y, con ese ajuste, quebranto de $86.959.634,00 y agrega que dicha diferencia impacta en el monto del Impuesto a las Ganancias determinado en uno y otro caso: $9.518.956,84 en el caso en que no se aplique el ajuste por inflación, y $0,00 si se practica ese ajuste.
Hace notar que el monto de impuesto determinado con ajuste por inflación sería menor, de haberse utilizado el “índice de precios internos al por mayor” -IPIM- en los cálculos correspondientes al Título VI, en lugar del “índice de precios al consumidor nivel general” -IPC- aplicado, en virtud de la arbitraria sustitución dispuesta por la ley N° 27.468, por lo que, dado que para el año 2020 la variación acumulada del IPC ascendió al 36,14% mientras que la del IPIM al 35,38%, hace reserva de cuestionar dicha modificación normativa.
Expresa que el impuesto determinado sin aplicar el ajuste culmina en la determinación de un impuesto sobre utilidades impositivas inexistentes en virtud de que el resultado impositivo ajustado por inflación arroja un quebranto, sin que la situación de confiscatoriedad haya sido resuelta por el legislador con la admisión e imputación parcial de sus efectos en el ejercicio fiscal 2020, en razón de que se continua verificando dicha confiscatoriedad antes señalada. Ello así, debido a que se presenta una gran diferencia entre los importes gravables según se calcule el resultado impositivo que surge de la aplicación del “bloque normativo” vigente en 2020, esto es, con la aplicación e imputación parcial del ajuste por inflación: ganancia de $12.258.158,20 y, con ese ajuste aplicado e imputado en forma integral, un quebranto de $86.959.634,00; lo que impacta en el monto del Impuesto a las Ganancias determinado en uno y otro caso: $3.677.447,46 en el primero, y $0,00 si se practica e imputa ese ajuste en forma integral.
Concluye en que la no aplicación e imputación integral del sistema de ajuste por inflación implica, en el caso, que el impuesto incida directamente sobre su patrimonio neto, atento a la inexistencia de ganancias imponibles reales, configurándose un supuesto de confiscatoriedad, en un todo de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.
Asegura que la confiscatoriedad, impide que se aplique el diferimiento previsto en la norma, en razón de que el mismo, a la par que lesiona el principio de seguridad jurídica, distorsiona la estructura jurídica y económica del gravamen, afectando gravemente la razonabilidad de su determinación. A ello, añade que el monto diferido no contiene ningún tipo de actualización ni resarcimiento por la limitación en su uso.
Sobre el planteo de confiscatoriedad articulado en el presente recurso argumenta que encuentra sustento en la doctrina sentada por la CSJN en la materia, con particular incidencia en impuestos patrimoniales, por lo que el Tribunal se encuentra facultado para pronunciarse en el caso y resolver la controversia sobre la base de la interpretación de la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación.
Por último, pide la suspensión del presente trámite debido a que interpuso una acción declarativa de certeza a fin de obtener la declaración de inaplicabilidad del diferimiento previsto en el primer párrafo del artículo 194 la ley del Impuesto a las Ganancias, la que se encuentra en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaria N°17, bajo el número de expediente 15253/2024. Ofrece prueba documental y pericial contable y económica, y por los argumentos desarrollados y la jurisprudencia citada pide que se revoque la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional. Hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2024-123732154-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Expone que en el acto apelado se formularon los siguientes cargos: a) computar en su declaración jurada presentada la suma de $97.060.462,68 en concepto del 100% del ajuste por inflación impositivo en abierta contradicción a lo previsto por el artículo 194 de la ley N° 20.628 (t.o. 2019 y mod.), dejando de exteriorizar el gravamen pertinente en su justa medida y, b) deducir improcedentemente en el balance impositivo un importe de $2.157.329,52 en concepto de actualización de amortizaciones originadas en bienes adquiridos con anterioridad al 01/01/2018.
Respecto del cargo vinculado al cómputo en exceso del ajuste por inflación impositivo, apunta que dado que la ley del gravamen en su actual redacción restringe el cómputo del resultado positivo o negativo que surgiera del mecanismo, en sextos, la imputación debe realizarse en tales términos (cf. art. 194 de la LIG t.o. 2019), por lo que expresa que la pretensión de presentar sus declaraciones juradas ajustadas por inflación al margen de la ley y amparada en el precedente “Candy S.A.”, resulta improcedente.
Se advirtió que dentro del “Resultado por exposición a la inflación” de su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2020, la actora computó cuatro conceptos, por $137.250.756, siendo uno de ellos la segunda cuota del Ajuste por inflación impositivo del período fiscal 2019, por $18.620.871,46; lo que demuestra una contradicción en su accionar cuando respecto del período fiscal 2020 manifestó que el cómputo en cuotas del ajuste por inflación es inconstitucional porque afecta el principio de no confiscatoriedad.
Con relación al segundo de los cargos, se reparó que se habían detraído del balance impositivo no solo las actualizaciones previstas por la normativa respecto de bienes adquiridos con posterioridad al 01/01/2018, sino que también se dedujeron actualizaciones provenientes de amortizaciones vinculadas con bienes que fueran adquiridos con anterioridad a dicha fecha, lo que fue cuestionado, para admitir en la liquidación sólo las actualizaciones originadas en bienes adquiridos a partir del 1 de enero de 2018.
Sobre la suspensión de las presentes actuaciones hasta tanto recaiga sentencia en la acción declarativa de certeza en la causa caratulada “ETHICAL NUTRITION SA c/ EN-AFIP-LEY 20628 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” Expte. 15253/2024, en trámite ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 9, Secretaría 17, en el marco de la cual -con posterioridad al dictado del acto aquí apelado- planteó la improcedencia del ajuste por inflación requerido, pide su rechazo por improcedente al sostener que no se presentan razones que justifiquen la declaración de litispendencia, ni la suspensión del trámite.
Manifiesta que, en virtud de las tareas desarrolladas por la fiscalización en el marco de la O.I N° 2.054.132, se detectó una incorrecta liquidación del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2020, como consecuencia de haber imputado la totalidad del resultado negativo surgido de la aplicación del ajuste impositivo por inflación, cuando debió computar solo una sexta parte de dicho resultado y diferir el saldo restante para su cómputo en cuotas iguales en los cinco periodos siguientes y, la deducción de amortizaciones de bienes de uso adquiridos con anterioridad a enero de 2018, cuando sólo podía deducir tal concepto bienes adquiridos a partir de ese momento. Alega que el precedente “Candy S.A.”, invocado por la apelante en apoyo de su postura sobre la situación de confiscatoriedad que dice que se presenta con relación al período fiscal 2020, versa sobre un período fiscal en el cual la legislación entonces vigente era distinta a las normas aplicables para la liquidación del tributo en el período fiscal 2020 y resalta que el proceder fiscal encuentra respaldo en los principios de legalidad, así como en el principio de igualdad que rige en materia tributaria.
Por último, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos expuestos pide que se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas. Formula reserva del caso federal.
III. Que con la PV-2024-128750041-APN-VOCXII#TFN se tuvo por agregada la documental acompañada y se ordenó la producción del informe pericial contable, el que se incorporó mediante el IF-2025-67480320-APN- DTD#JGM junto con su Anexo por el RE-2025-67480409-APN-DTD#JGM. Luego con el IF-2025-71386631-
APN-DTD#JGM el ente fiscal impugnó las respuestas unilaterales brindadas por el perito de la parte actora, lo que fue respondido por el mismo con el IF-2025-76457202-APN-DTD#JGM. Con la PV-2025-77704199-APN- VOCXII#TFN se cerró el período de instrucción.
Que ello así, mediante PV-2025-129203949-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Mediante IF-2025-134836053-APN-DTD#JGM y IF-2025-136873920-APN-DTD#JGM se agregan los alegatos presentados por las partes. Finalmente con IF-2026-15223637-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. Que previo a todo trámite, cabe analizar la procedencia del pedido de suspensión formulado por la actora, el que es sustentado en la conexidad que existiría entre la causa N° 15253/2024 iniciada ante Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 9, Secretaría 17 caratulada “ETHICAL NUTRITION SA c/ EN-AFIP-LEY 20628 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” y el recurso de apelación incoado ante este Tribunal, al alegar que el dictado de una resolución en dicha causa tendría incidencia en la controversia de autos.
Que se advierte que este Tribunal debe pronunciarse sobre los recursos fiscales, es decir sobre la pertinencia del ajuste, mientras que la demanda contenciosa iniciada en la Justicia Federal tiene por objeto una finalidad diferente, de manera que no se verifica la triple identidad de sujetos, objeto y causa entre el proceso en trámite y el que se promueve en el fuero contencioso administrativo, por lo que no se suscita la posibilidad de sentencias contradictorias que puedan hacer viable la suspensión de plazos legales pretendida, debiendo rechazarse la petición formulada en dicho sentido.
V. Que corresponde establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que en forma preliminar corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que se desprende de las actuaciones administrativas que Ethical Nutrition S.A. estuvo bajo fiscalización con la Orden de Intervención Nº 2.054.132 con motivo de una presentación efectuada por la misma, en la que informó que aplicó e imputó el ajuste por inflación impositivo en forma integral para determinar el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020, es decir sin considerar las limitaciones para su cómputo, ni las referidas a la actualización de las amortizaciones.
Que la actora posee como actividades principales declaradas: "Venta al por mayor de productos lácteos", "Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p."; "Elaboración de productos alimenticios n.c.p." y “Servicios empresariales n.c.p.”; con cierre de sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año. Se indica que Ethical Nutrition S.A. es la División Nutricional de Roemmers, una compañía especializada en nutrición clínica (fórmulas infantiles, alimentos para bebés, suplementos nutricionales y alimentos con propósito médico para satisfacer las necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la vida).
A la fecha de inicio de la inspección había presentado la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2020 exteriorizando un quebranto impositivo del período por $86.959.634 y un saldo a su favor de por $29.717.481,47.
Ante lo cual, el personal fiscalizador solicitó los Estados Contables históricos de los ejercicios 2019 y 2020, el papel de trabajo con el detalle del resultado impositivo antes del ajuste por inflación y el detalle del ajuste por inflación impositivo integral y la determinación de las amortizaciones impositivas históricas y ajustadas. En respuesta a ello, aportó los Estados Contables requeridos, los balances de sumas y saldos históricos, los papeles de trabajo de las amortizaciones de bienes de uso y del ajuste por inflación impositivo del período fiscal 2020. Asimismo, se pidieron aclaraciones vinculadas con las valuaciones de los bienes de cambio, los créditos con sociedades vinculadas, como así también el detalle de los ajustes dinámicos del ajuste por inflación impositivo del período fiscal 2020, lo que también fue cumplido.
Con relación al cargo sobre amortizaciones, Ethical Nutrition S.A. acompañó papel de trabajo con el detalle de las actualizaciones de amortizaciones computadas, del que se desprende que no sólo se detrajeron del balance impositivo las actualizaciones previstas por la normativa respecto de bienes adquiridos con posterioridad al 01/01/2018, sino que adicionalmente dedujo actualizaciones provenientes de amortizaciones vinculadas con bienes que fueran adquiridos con anterioridad a dicha fecha. Por lo que, se observó que las amortizaciones históricas relativas a bienes adquiridos con anterioridad al 01/01/2018 ascendieron a $510.895,08, no obstante lo cual la empresa consideró que dicho importe debía ser actualizado, deduciendo de esta manera un importe por amortizaciones de bienes de uso en exceso por la suma de $2.157.329,52; conforme lo previsto en el artículo 93 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019 y mod.).
A los fines de la liquidación del gravamen pertinente, se tuvieron en cuenta los valores que surgían del papel de trabajo aportado por la actora, en el cual se distinguían las actualizaciones originadas por los bienes adquiridos hasta diciembre de 2017 y las que se generaron por los adquiridos a partir del 1 de enero de 2018, correspondiendo considerar para la liquidación sólo las actualizaciones originadas en bienes adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. El monto total de la actualización de las amortizaciones computada en exceso ascendió entonces a $2.157.329,52.
En el caso del cargo referido al cómputo en exceso del ajuste por inflación impositivo, se señaló que la eventual aplicación del antecedente “Candy S.A.” sobre la particular situación de la firma, depende de sí se verifican en el caso concreto las circunstancias de hecho y prueba tenidas en cuenta por la CSJN al dictar dicha sentencia, lo que no se presenta en razón de que la normativa imperante prevé actualmente la aplicación lisa y llana del ajuste por inflación al periodo fiscal bajo análisis, conforme los términos allí definidos.
Por lo expuesto, el monto total del ajuste por inflación impositivo del período fiscal 2020 computado en exceso ascendió a $ 97.060.462,68; lo que generó un menor saldo a su favor de $26.040.034,01.
Se constató que la recurrente presentó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020 aplicando el mecanismo del ajuste por inflación impositivo con un saldo a su favor de $29.717.481,47; al haber computado un ajuste por inflación negativo de $116.472.555,21 que dedujo al 100% del resultado contable en la declaración jurada.
Se consideró que Ethical Nutrition S.A. no debió aplicar en el ejercicio fiscal 2020 el mecanismo de ajuste por inflación impositivo en su totalidad y, consecuentemente, se impugnó el cómputo de 5/6 partes del ajuste por inflación deducido en exceso en la declaración jurada del gravamen en dicho período, es decir $97.060.462,68 de los $116.472.555,21 deducidos, validando la deducción de 1/6 parte por $19.412.092,54 en conformidad por el art. 194 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019).
Que los ajustes efectuados implicaron revertir el quebranto impositivo de $86.959.634 declarado por la actora, en una ganancia (resultado impositivo ajustado del período) de $12.1258.158.20, que se traduce en un impuesto determinado (alícuota 30%) de $3.677.477,46, el que una vez neteadas las retenciones y percepciones sufridas ($14.288.427,24) y el saldo a su favor del período anterior ($15.429.054,23), significó una disminución del saldo a su favor de $29.717.481,47 a $26.040.034,01 (es decir, en definitiva, una disminución del saldo a su favor por igual monto que el impuesto determinado).
VI. Que cabe abordar el primero de los cargos formulados, siendo necesario hacer referencia a los antecedentes legislativos que rodean al presente caso.
Que resulta oportuno recordar que el mecanismo de ajuste por inflación que contempla la Ley de Impuesto a las Ganancias desde el año 1986 en su título VI, en su versión integral, que permite determinar los resultados impositivos homogeneizando la moneda de comparación, encontró un obstáculo para su aplicación a partir de la sanción de las leyes 24.073, de convertibilidad fiscal N° 23.928 y de emergencia económica N° 25.561, debido a que los bajos niveles de variación en los índices generales de precios, llevaron a que virtualmente se suspendiera su incidencia por una vía indirecta de suponer la no movilidad de esos ratios, subsistiendo sin embargo, la herramienta en la norma del tributo. Pacíficamente se aceptó esta normativa, mientras efectivamente fueron exiguos los desplazamientos en los índices de precios. Sin embargo, el statu quo se alteró a partir del año 2002 cuando siguiendo a un aumento significativo en el tipo de cambio, también comenzó a notarse un incremento en los precios.
Si bien el mecanismo de ajuste por inflación impositivo como dispositivo de corrección global de los resultados puede provocar alternativamente ganancias por inflación o pérdidas por inflación, en este último caso dio lugar a un sinnúmero de reclamos administrativos y judiciales con el fin de que se permitiera incorporar el ajuste por inflación para la determinación de los resultados impositivos. En ese interregno también se pronunciaron los jueces, en diversos sentidos, destacándose un leading case producido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Candy S.A.” (2/06/2009), donde reconoció para dicho supuesto la existencia de confiscatoriedad y exigiéndole al Fisco Nacional el reconocimiento del ajuste por inflación impositivo - virtualmente suspendido por aplicación de las normas citadas ut-supra-.
Que estos conflictos parecieron destinados a desaparecer o por lo menos a disminuir, cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 27.430 (B.O. 29/12/2017), y en lo tocante, “restableció” para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, el mecanismo de ajuste por inflación integral contemplado en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias, claro que con una disposición limitante incorporada en el Artículo 95 del texto ordenado en 1997 y modificatorias. De la conjunción de los dos párrafos incorporados por el artículo 65 de la ley N° 27.430, se puede concluir que el ajuste por inflación sería aplicable si la variación en el índice de precios acumulados en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio superara el 100%, entendiendo que para el primer ejercicio sería un 33,33% (para los siguientes 66,66%). Esto es, llegado al primer cierre posible de un ejercicio regular de 12 meses, 31 de diciembre de 2018, el IPIM -con un parámetro vigente superior al 33%- permitiría la utilización del dispositivo de Ajuste por Inflación contemplado en el Título VI.
A pesar de lo descripto, antes de producirse este hecho, y camino a una variación en los índices precios que superaría ese umbral y pondría en funcionamiento efectivo el AxI, el Poder Legislativo sancionó la ley N° 27.468 (B.O 4/12/2018) con varias modificaciones de trascendencia, con puesta en funcionamiento para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, aún no cerrados. En primer lugar, sustituyó los índices de precios al por mayor, internos y nivel general, por el índice de precios al consumidor nivel general (IPC). El segundo aspecto abordado fue el incremento, para el primer ejercicio en que se utilizaría plenamente el ajuste por inflación integral, del umbral para que disparara la aplicación del mismo a un 55% (siguientes 30% y 15%, respectivamente). En términos concretos, al no alcanzar el IPC durante el período fiscal 2018 el ratio de 55%, ambas reformas significaron que en el citado ejercicio no quedara legalmente autorizada la utilización del AxI. Al mismo tiempo la tercera novedad que introdujo la ley N° 27.468, lo constituyó el diferimiento parcial (66,66%) del ajuste por inflación -positivo o negativo- a los dos ejercicios siguientes en lugar de imputarse su totalidad al ejercicio en que se determinó y al cual corresponde su cálculo.
Con posterioridad, mediante la sanción de la ley N° 27.541 (B.O. 23/12/2019) se sustituyó el artículo 194 de la LIG (t.o. 2019) al disponer que “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”. De esta manera, la ley del gravamen en su actual redacción condiciona la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación al diferir su aplicación en sextos, debiendo imputarse un sexto (1/6) en el período fiscal 2019 y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
VII. Que en autos no resulta controvertido que la recurrente determinó el ítem ajuste por inflación, con incidencia en el resultado impositivo, constituyendo un renglón más para establecer la base imponible del Impuesto a las Ganancias o el quebranto respectivo. De esta manera, imputó a resultados del período fiscal 2020 la totalidad del resultado negativo surgido de la aplicación integral del ajuste impositivo por inflación, cuando no lo tenía permitido en virtud de que, conforme la normativa vigente, sólo podía imputar una sexta parte, teniendo en cuenta que se encontraba cumplido con el umbral exigido por la ley N° 27.468 para que sea aplicable el mecanismo de ajuste por inflación (Art. 94 LIG, t.o. 2019 s/ Decreto 824/2019). Sin embargo, para sustentar su proceder invoca el precedente “Candy S.A.” al alegar que, de lo contrario, se configura un supuesto de confiscatoriedad con lesión de sus derechos y garantías de raigambre constitucional.
Que cabe tener en cuenta que el resultado al que arribó la recurrente no se aparta del criterio fiscal -a excepción de los índices aplicables-, ya que el monto de $ 116.472.555-pérdida- es efectivamente reconocido por la Administración, circunscribiéndose la materia litigiosa a si ese monto debe ser imputado al ejercicio fiscal 2020, con cierre en diciembre de 2020, tal como lo hizo Ethical Nutrition S.A., o por el contrario son plenamente aplicables las normas del Título VI de la LIG, con las modificaciones introducidas por las leyes N° 27.468 y N° 27.541 (que contemplan para el presente caso que sólo la sexta parte es utilizable en 2020 y los cinco sextos restantes en 2021 a 2025.)
Que ello así, la actora no desconoce su derecho a utilizar en los ejercicios siguientes los sextos pendientes, lo que equivale a admitir que al cabo de seis años está computando íntegramente el ítem ajuste por inflación determinado en 2020 y si bien se agravia de que el monto diferido no contiene ningún tipo de actualización ni resarcimiento por la limitación en su uso, lo cierto es que en la ley del Impuesto a las Ganancias, los montos de los sextos que se difieren no contemplan una compensación monetaria por el deterioro de la moneda en el momento en que van a ser utilizados.
Que corresponde considerar que con relación al período fiscal 2020 con cierre de ejercicio el 31 de diciembre, debe recordarse que se trata del tercer ejercicio finalizado con posterioridad a la vigencia de la ley N° 27.430 y modificaciones. Al respecto para resolver la aplicación efectiva y plena del AxI corresponde en primer lugar verificar si el umbral del 15% fue superado o no. Analizado el IPC para dicho lapso, el mismo indica un incremento levemente superior al 36%. Por ende, se cumple la condición para aplicar el mecanismo de AxI contemplado en la Ley de Impuesto a las Ganancias con la restricción fijada en términos de imputación, ya que el resultado que arroje dicho instrumento deberá ser computado en sextos durante seis ejercicios fiscales, y no en forma integral como pretende la aquí recurrente ya que dicho accionar es contrario a la normativa. Esta conclusión permite desestimar in límine su asociación con el fallo Candy, ya que en aquel caso se desprendía una definición binaria, aplicación o no del ajuste, mientras que en el presente caso la utilización del régimen y el reconocimiento del resultado que arroje el procedimiento, están autorizados en su totalidad, existiendo únicamente una virtual afectación respecto del criterio general de devengamiento en lo que refiere a los períodos a que deben imputarse.
Que no puede pasarse por alto, que la actora reconoce que la normativa vigente y aplicable al caso implica la no aplicación de la totalidad del ajuste por inflación al período fiscal en trato, sin embargo invoca el precedente jurisprudencial “Candy S.A.”, en el que al analizar la aplicación o no del ajuste por inflación impositivo, se contempló un período fiscal en el cual la legislación entonces vigente era distinta a las normas aplicables para la liquidación del tributo en el período fiscal 2020; por lo que su consideración lisa y llana no es procedente, cuando ahora a los fines de remediar una posible situación de confiscatoriedad, la LIG habilita la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación con las condiciones y en la medida en que la propia ley dispone. Si bien no resulta aplicable el antecedente citado, a los efectos de evaluar la existencia de una eventual confiscatoriedad, solo resultaría viable comparar conceptos homogéneos y ello solo es posible analizando el 100% que arrojó el ítem ajuste por inflación coincidente con el efectivo cómputo en seis ejercicios, contra los resultados obtenidos en idéntico bloque. Ello sólo será posible cuando se obtengan los seis resultados anuales, que cabe adelantar no deberían arrojar diferencias nominales, basadas en esta razón (atento que el total es reconocido por el legislador).
Ahora bien, distinta podría ser la conclusión respecto del diferimiento de los sextos por la falta de un reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Dicha pérdida “real” sólo será factible en cada uno de los ejercicios donde se computen los sextos restantes y el monto nominal que se reconozca se hubiere deteriorado en tal magnitud que pudiere implicar una confiscatoriedad. Será una cuestión que deberá evaluarse ejercicio por ejercicio en oportunidad del citado cómputo, pues es allí dando podría consolidarse la pérdida por inflación.
Que en autos, la recurrente no ignora las restricciones imperantes para la aplicación del mecanismo en trato, ya que conforme se desprende del acto apelado, en el caso del período fiscal 2019 se observó las pautas legales para su cómputo debido a que en la declaración jurada del período fiscal 2020 se consignó dentro del “Resultado por exposición a la inflación” la segunda cuota de aquel período. Así es como, en este mismo ejercicio está utilizando el segundo sexto ($ 18.620.871,46 a valores históricos) del ajuste por inflación impositivo correspondiente al ejercicio fiscal 2019. En síntesis, el 100% del monto nominal originado en el ajuste por inflación 2020 es finalmente apropiado para determinar los resultados de cada uno de los ejercicios siguientes.
De esta manera, resultaría sesgado y parcial un análisis que contemplara, a los fines de evaluar la figura de la confiscatoriedad, la comparación en el período fiscal 2020 del AxI total (posición de la empresa) vs AxI sexto (texto legal), ya que los otros cinco sextos están reconocidos por vía del diferimiento, siendo computables en los ejercicios siguientes. Lo expuesto se diferencia radicalmente de la problemática existente hasta la sanción de la ley N° 27.430 donde la Litis era la aplicación o no del AxI. Sobre esta base, y en un plano teórico de análisis de una eventual confiscatoriedad, cabría analizar y comparar los 6 años en conjunto, de lo que podría devenir únicamente un impacto financiero sobre el que pudiera recaer la tilde de violación del citado principio constitucional. En síntesis, no se trata en el presente caso de una inaplicabilidad definitiva (Caso Candy) sino de una aplicación condicionada o si se quiere una inaplicabilidad reversible, cuestión que obliga a contemplar datos plurianuales, que aquí no se han observado ni puestos a disposición en razón de que con la prueba rendida, informe pericial contable, se apuntó a demostrar una supuesta confiscatoriedad ocasionada por la falta de aplicación integral del AxI al período fiscal 2020.
Si bien es cierto que la pericia contable ha avanzado con conclusiones -estimaciones mediante- sobre la pérdida nominal de las cuotas diferidas (preguntas Nros. 17 y 18) o sextos de origen respecto de los períodos de destino, entiendo que se ha efectuado un análisis parcial que ha quedado a mitad de camino, ya que la confiscatoriedad debe ser demostrada respecto de una afectación patrimonial, analizable en cada uno de los resultados posteriores (2021 a 2025), pues de otra manera se trataría de un simple reclamo nominal sin contexto de vinculación con el principio de confiscatoriedad. Estos marcos de comparación no se encuentran acreditados en las presentes actuaciones.
Al mismo tiempo, reparo sobre la metodología utilizada para efectuar dichas actualizaciones nominales, atento que se efectuaron de fecha de vencimiento a fecha de vencimiento de presentación de la declaración jurada, sin tener en cuenta que se trata de un resultado diferido que debe formar parte del próximo resultado y en ambos casos las determinaciones se efectúan a fecha de cierre de cada ejercicio. A tal fin no se encuentra vigente la actualización de impuestos entre la fecha de cierre de ejercicio y la de vencimiento.
Que por otro lado, cabe remarcar que en el período fiscal 2020 la recurrente había declarado un quebranto, con el impacto de la aplicación total del ajuste por inflación, por lo que con el nuevo cómputo en sextos dicho quebranto ficticio se revirtió y mutó a una ganancia determinada, la que con el posterior cómputo de retenciones, percepciones y saldo a favor devino en una disminución de dicho saldo, lo que permite poner de relieve que se aleja aún más la hipótesis de un efecto confiscatorio como se alega.
Que ello así, resulta acertado el criterio fiscal plasmado en el acto apelado para impugnar la declaración jurada presentada en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020 al contemplar el ajuste por inflación impositivo sin atender las pautas legales vigentes sobre la materia, y no haberse acreditado una violación del principio de confiscatoriedad.
VIII. Que el segundo de los cargos formulados comprende la impugnación de la deducción en concepto de actualización de amortizaciones originadas en bienes adquiridos con anterioridad al 01/01/2018.
Al respecto, en su escrito recursivo la actora refiere que para su computo aplicó el Índice de Precios Internos al por Mayor, nivel general, al efectuar el cálculo de la re-expresión de las amortizaciones de bienes de uso y otros bienes amortizables (arts. 87 y 88 de la LIG) cuyas altas fueron efectuadas hasta el 31.12.2017, pero no brinda explicaciones y/o justificaciones sobre la fecha de adquisición de los bienes comprendidos, que es lo cuestionado por el ente fiscal.
Por lo que, teniendo en cuenta la información suministrada por la propia empresa se tomaron los valores que surgían del papel de trabajo en el que se distinguían las actualizaciones originadas por los bienes adquiridos hasta diciembre de 2017 y las que se generaron por los adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 para proceder a considerar para la liquidación únicamente las actualizaciones originadas en bienes adquiridos a partir del 1 de enero de 2018, lo que debe ser convalidado, siendo que no está en debate que la actualización que prevé la ley N° 27.430 solo está referida a bienes adquiridos con posterioridad al 01/01/2018, y por ende atendible únicamente desde el plano de la confiscatoriedad, queda demostrado que no se justificó la verdadera incidencia de la suma de $2.157.330, según la pericia contable frente a evaluar dicho principio.
IX. Por lo expuesto, voto por confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero al relato de la causa y a lo expresado en los Considerandos IV, V, VI y VIII del voto del Vocal preopinante.
II. Que resta referirme a la cuestión referida a que la firma recurrente optó por computar de manera íntegra el ajuste por inflación, en lugar de tomarse sólo un sexto. Al respecto, argumenta que la aplicación de una alícuota efectiva del gravamen, por el ejercicio fiscal 2020, representa una alícuota que tiende a infinito, en tanto -diceque el resultado impositivo del ejercicio- ajustado por inflación en forma plena e integral-arroja quebranto y el resultado impositivo sujeto a impuesto es cero, lo que configura un supuesto de confiscatoriedad. Para ello, sustenta su postura en el informe pericial contable por ella propuesto -y ordenada su producción ante esta instancia jurisdiccional- y en el criterio fijado por nuestro más Alto Tribunal en el fallo “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo”, sentencia del 3/7/2009.
Que, se ha señalado que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (cfr. Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre otros) y en todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”conforme se expusiera en el fallo “Candy SA” . Que en dicho precedente la Corte se expide sobre la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación, señalando que para que exista confiscatoriedad debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital, siendo su límite relativo ya que puede variar en el futuro y aun en un mismo tiempo. Asi, remarca que en el caso concreto, de la comparación entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste, surge que de no recurrirse al mecanismo de ajuste cuya aplicación se discute en la causa, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35%, sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades contables ajustadas. Estos porcentajes exceden los límites razonables de imposición.
También se hace hincapié en que “..., si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
En función de ello, la Corte consideró que la inaplicabilidad del mecanismo de ajuste por inflación impositivo no es procedente, en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por la compañía, excediendo cualquier límite razonable de imposición, configurándose así el supuesto de confiscatoriedad.
Que el presente caso, a diferencia del que motivó el dictado del precedente antes referido, para la determinación del período 2020 discutido en autos, la ley del gravamen que resulta aplicable prevé la utilización del mecanismo de ajuste por inflación, sujeto a determinadas condiciones y con los alcances allí fijados.
Que, en lo relativo a la diferente situación económica, social y política que caracterizó al año 2002 -que dio lugar a una angustiante crisis vivida en nuestro país- y al ejercicio bajo examen, se trata de un argumento que no puede admitirse dado que, las diferentes realidades que pudiera signar a los distintos períodos a los fines de establecer si en el caso particular el impuesto determinado es confiscatorio, ha de estarse a los valores que arroje su liquidación en el caso individual.
Ello así, para dirimir la cuestión planteada, considero que debe decidirse si los parámetros fijados por la Corte Suprema en el “Candy” ya dictado, es aplicable en autos teniendo en cuenta el marco legal actual. A tal fin corresponde analizar la prueba pericial contable producida.
Que en el informe pericial contable agregado mediante IF-2025-67497347-APN-DTD#JGM, en lo que hace puntualmente al cómputo íntegro del ajuste por inflación, esto es seis sextos, en lugar de un sexto como dispone la ley del tributo, los expertos dicen que el resultado contable antes del ajuste por inflación es de una ganancia de $ 31.729.856, pero a partir de la liquidación efectuada por la actora que aplica en forma integrar los mecanismos de ajuste por inflación con la actualización de amortización de los bienes adquiridos antes del 1/1/2018, el resultado neto sujeto a impuesto ascendería a una pérdida de $ 86.959.634, arrojando entonces un impuesto determinado de $ 0 (cero pesos). Asimismo, al responder sobre el resultado impositivo en el impuesto pero considerando sólo un sexto del ajuste por inflación, ambos expertos responde que es una ganancia de $ 12.258.158, dando un impuesto determinado de $ 3.677.447.
Que preguntados acerca de: a) la incidencia porcentual del impuesto determinado considerando un sexto del ajuste por inflación y sin la actualización de las amortizaciones de los bienes adquiridos con anterioridad al 1/1/2018, que es de $ 3.677.447 y el resultado contable antes de impuestos que surgiría de los Estados Contables al 31/12/2020 es de una pérdida de $ 61.712.354, los expertos responden que por tratarse de un número negativo no se puede determinar el porcentaje referido; b) de la incidencia porcentual el impuesto considerando el 100% del ajuste, considerando el resultado impositivo de aplicar un sexto del ajuste por inflación, el perito del recurrente expresa que es de -4,23% (negativo) (3.677.477/-86.959.634), mientras que el perito del Fisco indica que al tener que hacer la división por un número negativo no puede determinar el porcentaje; y c) respecto del porcentaje que representa el impuesto aplicando 1/6 sobre el impuesto determinado con la imputación integral del ajuste por inflación (6/6) el perito de la actora indica que tiende a infinito (3.677.477/0), y el perito del ente fiscal dice que no puede determinarse el porcentaje dado que lo requerido implica dividir por cero.
Que también se pidió se informaran sobre los guarismos hipotéticos, entre ellos, sobre los 5/6 del ajuste por inflación no computables en el ejercicio 2020 y el impacto y cómputo hipotético en los ejercicio posteriores al 2020, teniendo en cuenta el índice IPC, puntos que son respondidos por ambos peritos, pero cabe señalar que los períodos siguientes al 2020 no se discuten en autos.
Que, el Fisco no cuestiona que debe aplicarse el mecanismo del ajuste por inflación para determinar el tributo, pero objeta que se compute el 100% del mismo cuando la normativa vigente establece que debe tomarse solo un sexto para el período 2020 difiriendo los cinco sextos restantes.
Ello así, los cálculos realizados en la pericia sobre el resultado contable histórico nada agrega al caso, como tampoco el cálculo del porcentual de incidencia tomando el impuesto determinado aplicando 1/6 del ajuste con el resultado impositivo tomando el 100% del ajuste. Que dicho esto, de acuerdo con la normativa reseñada y lo indicado en el informe pericial, no se evidencia que se dé la confiscatoriedad alegada por la actora y que resulte adecuado el cómputo del 100% del ajuste por inflación en un sólo período fiscal como pretende la firma. En tal sentido al computarse sólo un sexto del ajuste por inflación -como establece la normativa vigente-, el porcentaje que ello representa en el impuesto determinado no demuestra que el tributo a ingresar exceda los límites razonables de imposición, tal como se expone en la pericia reseñada.
A tenor de lo expuesto, corresponde admitir también el criterio plasmado por el ente fiscal en lo que hace a este punto.
III. Por todo lo expuesto, voto por confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado la suma de $ 8.302.328 (Pesos ocho millones trescientos dos mil trescientos veintiocho) equivalente a 95,06 (noventa y cinco con 06/100) UMA y para la representación procesal, la suma de $ 3.320.931 (Pesos tres millones trescientos veinte mil novecientos treinta y uno) equivalente a 38,02 (treinta y ocho con 02/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 1/26 (09/02/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
3. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, José Luis Domper, en la suma de $ 2.135.021 (pesos dos millones ciento treinta y cinco mil veintiuno) equivalente a 24,44 (veinticuatro con 44/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines la labor desarrollada en autos.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2026.02.12 14:52:37 -03:00 Date: 2026.02.13 10:26:55 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.13 12:00:58 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.13 12:01:00 -03:00
Fin de la sentencia