Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y aplican multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-35403967-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 12 de Abril de 2022 TRIBUNALFISCAL DE LA NACION
El expediente caratulado Nº 48.914-I: “Euclides Miguel Ángel s/apelación - IVA - Ganancias - Salidas no Documentadas” a resolución de la Sala B delTribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (VocalTitular de la Cuarta Nominación),José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la SextaNominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 137/146 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 83/2018 (DV RRII), 84/2018 (DV RRII) y 85/2018 (DV RRII) de la AFIP-DGI, mediante las cuales se determinó de oficio la responsabilidad solidaria del actor, en relación con la firma Calidad Digital SRL, en el Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2012, el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012 e Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas, por los períodos fiscales 01/2012; 03/2012 a 06/2012 y 11/2012, con mas sus intereses resarcitorios y aplicando sendas multas graduadas en 3 veces el importe total del gravamen presuntamente evadido en las resoluciones de IVA y SND, conforme lo establecido en los artículos 46 y 47 incisos b) y c)- de la Ley 11.683 (t.v.); realizando la reserva de la eventual aplicabilidad de sanciones de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 24.769 en la Res. 83/2018 correspondiente al Impuesto a las Ganancias.
Que, en primer lugar, se agravia por cuanto -dice- no se han ejecutado las acciones de cobro contra el deudor principal, en forma previa a accionar contra el responsable solidario. Afirma que pacífica doctrina y jurisprudencia consideran la nulidad de la intimación a los responsables por deuda ajena cuándo no se han agotado por parte del acreedor las acciones de cobro de la deuda respecto del responsable tributario principal. Alega que sin perjuicio de lo controvertida que resulta la posibilidad de pago íntegro de las obligaciones reclamadas por parte del deudor principal, centrándonos en la acción de solidaridad iniciada en autos contra la recurrente, reitera que según distintos mandamientos recibidos, y conforme surge de las propias actuaciones que originan este procedimiento, no existen ejecuciones fiscales por parte de la AFIP, por lo cual no se agotaron (ni intentó siquiera arbitrar) los medios procesales conducentes para hacer efectivo el cobro, respecto de la sociedad que resulta deudora principal de estas obligaciones reclamadas. Más concretamente, no se iniciaron en ninguno de los casos (al menos no se ha notificado) las acciones de ejecución de sentencia necesarias para hacer efectivo el cobro ejecutivo de la deuda intimada, la cual ya cuenta con sentencia en las distintas ejecuciones. Sostiene que las intimaciones efectuadas por el Fisco en sede administrativa no agotan en modo alguno las acciones efectivas de cobro ejecutivo de que dispone el fisco nacional para el cobro al deudor principal de la deuda en cuestión.
Alega que en los considerandos de la resolución apelada no han quedado siquiera acreditados los extremos de hecho que configurarían la faz material para extender la responsabilidad al deudor solidario. Aún así, no corresponde en todos los casos extender sin más en forma meramente presuncional y objetiva la responsabilidad cuándo no existe dolo o al menos culpa por parte del solidario.
Se agravia de la violación a los principios de legalidad y tipicidad. Señala que no es posible que a un individuo le sea imputado un delito o infracción si antes no ha sido perfectamente tipificado en una ley. De allí que no puede imputarse a un individuo un delito cuya descripción típica no concuerda en forma exacta con la de la conducta que haya realizado.
Afirma que como derivación del principio que prohíbe la interpretación analógica, conduce a impedir una interpretación extensiva de las normas penales para incluir en una figura a otras conductas que no resultan coincidentes con la tipificación del delito de que se trate y, menos aún, considerar punibles actitudes que, aún siendo reprochables, no han sido objeto de tipificación penal.
Señala que para resultar condenado no basta que se verifique el incumplimiento objetivo o material de la norma respectiva; es necesario, además, la presencia del elemento subjetivo a través de la culpa o dolo, según la descripción típica.
Manifiesta que de los considerandos de las resoluciones de la AFIP recurridas sólo queda acreditado que el recurrente, en su carácter de socio gerente de Calidad Digital SRL, posee la representación legal de la sociedad, lo cual es una obviedad. Pero no por ello resulta verosímil, endilgar la responsabilidad solidaria por ciertas obligaciones en función de los elementos formales enumerados como argumentos en los distintos considerandos de la resolución recurrida, los cuales no representan otra cosa que las facultades potenciales que posee todo socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada, ya sea por lo dispuesto por la ley o por el contrato social. Señala que todos los servicios y compras que efectuó a IBC Market SA, Construcciones Olimpia, CORPSEG SRL, VEL TELECOMUNICACIONES, SECURITY TECFINOLOGY, S&G CONSTRUCIONES y CONTRUDAR en su carácter de socio gerente de Calidad Digital y por los cuales presentó sus facturas en las declaraciones juradas fueron efectivamente realizadas.
Respecto de IBC Market SA aclara que Calidad Digital le compró materiales de ferretería a dicho proveedor tales corno cemento, cuplas, rollos de cable, coaxil, rollos de cable eléctricos, tubos flexibles, tomillos, tubos flexibles, tomillos cintas aisladoras, tuercas, etc. por lo que desconoce los motivos por los cuales dicha empresa desconoció haber efectuado operaciones con Calidad Digital.
Respecto a Construcciones Olimpia señala que a dicha empresa se le contrató trabajos de ingeniería civil para la obra de Burzaco Longchamps, tales como cálculos para la construcción de cámaras y salas de comunicaciones de hormigón por lo que al momento de contratarla seguramente no se encontraba dicha empresa incluida en la base e-Apoc.
Respecto de CORPSEG SRL, Calidad Digital contrató a dicha empresa para hacer trabajos de ingeniería civil y sistemas para la gestión servicios seguimiento y control de las tareas para la realización de los trabajos de obra (principalmente nocturnos) para la obra de Video Vigilancia de Plaza Constitución, y sistema de video seguridad para el puesto Central ubicado en la Estación Independencia y salas Técnicas de la Red de Metrovías por lo que desconoce los motivos por los cuales el fisco afirma que es un sujeto que no posee la capacidad operativa para desarrollar operaciones comerciales y los motivos por los cuales no se pudo constatar la efectiva salida de fondos de dichas operaciones Respecto de VEL TELECOMUNICACIONES manifiesta que dicha empresa realizó para Calidad Digital SRL una obra de tendido y conexionado de un cable troncal de telecomunicaciones de 100 pares (diámetro 9 cm) con construcción de 2 Salas de Comunicaciones, cámaras de empalme de cable intermedios al costado de la vía, así como puestos de gabinetes para empalme y derivación del cable mencionado más otros de control, entre las estaciones de Burzaco y Longchamps. Dado que su principal actividad es comunicaciones y no obra civil, para llevar a buen término esta actividad hubo que contratar empresas de zanjeo, tendido de cables, construcción de cámaras, salas de comunicaciones.
Respecto de SECUIRITY TECNOLOGY, sostiene que Calidad Digital contrató los servicios de dicha empresa por los robos de cables, hubo que contratar personal de seguridad, para el día y para la noche. Respecto de las facturas también cuestionadas expedidas por S&G CONSTRUCIONES sostiene que Calidad Digital contrató a dicha empresa para que realizara trabajos de ingeniería, programación de desarrollo y control de puesta en marcha de tareas referidas a obras civiles para la obra de Burzaco Longchamps.
También se contrató a la firma CONTRUDAR en las obras grandes que realizaba Calidad Digital para que realice el seguimiento y control de la obra de instalación y puesta en servicio de un Sistema de Video Seguridad compuesto por 167 cámaras para la Estación Plaza distribuidas en los andenes Hall central y edificios. Señala que es irrazonable que las faltas de los proveedores, deriven en perjuicio de la sociedad o del socio gerente de quien los contrato por el servicio prestado y cuando de la propia base de la AFIP en su momento no surgían observaciones en cuanto a la legalidad de los documentos dados por los proveedores.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 164/177 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Señala que ha quedado comprobado que la firma CALIDAD DIGITAL SRL, computó a los efectos de la liquidación del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012, créditos fiscales improcedentes atento no contar con un respaldo documental fehaciente, derivadas de supuestas operaciones de compra realizadas con las siguientes proveedoras: 1) CONSTRUCCIONES OLIMPIA S.R.L. (30-707797109-2), 2) CONSTRUDAR S.R.L. (30-70793709-9), 3) CORPSEG S.R.L. (30-71087537-1), 4) IBC MARKET S.A. (30- 71071022-4), 5) SECURITY TECHNOLOGY'S S.A. (30-71239013-8), y 6) VEL TELECOMUNICACIONES S.A. (30-71164735-6), las cuales fueron impugnadas por detectarse en ellas indicios graves, precisos y concordantes de apocrificidad.
Afirma que en virtud de que no se pudo verificar la real existencia de las operaciones cuestionadas y/o no tenían la capacidad operativa para llevarlas a cabo, siendo que IBC Market S.A. desconoció el vinculo comercial y en el caso de Construcciones Olimpia S.R.L. se encontraba incluida en la base e-Apoc de este Organismo al inicio de la verificación. Además, la firma no demostró con el aporte de elementos de prueba fehacientes el circuito comercial ni financiero desplegado con las empresas observadas, conforme surge en los antecedentes administrativos. Manifiesta que de la consulta efectuada al sistema e-Fisco, al momento del dictado de la responsabilidad solidaria y personal del Sr. Miguel Ángel Euclides, no se observó presentación alguna de declaraciones juradas rectificativas por el gravamen y períodos fiscales en trato, como tampoco constan pagos en cancelación de las obligaciones tributarias adeudadas ni de sus accesorios por la empresa deudora.
Señala que los actos administrativos determinativos de oficio a la empresa quedaron firmes y hallándose impagas las obligaciones tributarias respecto de los tributos y períodos fiscales, se configuró el requisito preliminar establecido en el art. 8 inciso a) de la ley procedimental, motivando al Juez Administrativo a impulsar el procedimiento contemplado en el art. 16 de la ley ritual con el objeto de hacer extensiva la responsabilidad personal y solidaria a la actora, a partir de lo establecido en los artículos 6º inciso 1 punto d), 7° y 8° inciso a) en relación a los Impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias y Ganancias -Salidas no Documentadas-. Señala que se puede válidamente sostener que el Sr. Miguel Angel Euclides, ha actuado al momento de generarse los hechos imponibles, en el manejo financiero societario y en los aspectos vinculados con la administración y disposición de fondos de la firma CALIDAD DIGITAL S.R.L., procediendo, entre otros actos, al manejo de las cuentas bancarias, de la operatoria comercial, a la distribución de honorarios a los directores, la presentación de declaraciones juradas impugnadas por el Fisco Nacional.
Afirma que se observó la existencia de maniobras dolosas tendientes a defraudar al Estado mediante el cómputo de erogaciones supuestamente originadas en operaciones que intentó probar y no pudo, relacionadas con supuestos proveedores que fueron observados por indicios de apocrificidad y/o por desconocimiento del vínculo, sin haber podido ser identificados los reales beneficiarios de dichas erogaciones, tergiversando de esta manera la realidad económica de los hechos con incidencia directa en la determinación de los impuestos en trato y generando un perjuicio directo al Fisco.
Concluye que incumbía al actor aportar los elementos de juicio tendientes a desvirtuar la imputación formulada, circunstancia que no ha ocurrido. Así, en virtud de lo expuesto y de lo establecido en los artículos 46 y artículo 47 -incisos b) y c)- de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) se debe señalar, que en el caso en trato, la conducta del actor encuadra sin esfuerzo en las inferencias presuncionales de dolo contenidas en la ley de rito, y con ello queda palmariamente configurado el presupuesto fáctico exigido por la norma punitiva.
III. Que a fs. 189 se celebró la audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la Ley Nº 11683, texto según Ley Nº 27.430, donde se resolvió: abrir la causa a prueba por el término de sesenta (60) días, teniendo por agregada la documental acompañada, sin perjuicio de su oportuna valoración; hacer lugar a la prueba informativa ofrecida en los puntos 1) y 2) de fs. 145 /146; no hacer lugar a la informativa ofrecida en el punto 3) de fs. 146, por inconducente. Asimismo, en atención a la documental en poder de la contraparte ofrecida como prueba, y atento que de las actuaciones acompañadas en autos respecto del responsable solidario, surge que los cheques objeto de la informativa obrarían en las actuaciones labradas respecto del deudor principal, previo a resolver sobre la admisibilidad de la informativa ofrecida en los puntos 4) y 5) de fs. 146, como medida para mejor proveer, se requirió a la representación fiscal que acompañara la totalidad de las actuaciones administrativas labradas al principal. Por último se resolvió no hacer lugar a la pericial ofrecida por inconducente.
A fs. 190 la representación fiscal dió cumplimiento con la remisión de los antecedentes administrativos relacionados con la firma Calidad Digital SRL., manifestando la actora a fs. 193 -previa vista de tales actuaciones- que en las mismas se encuentran los cheques peticionados en la audiencia. Ello así, a fs. 194 se declaró que las pruebas informativas ofrecidas en los puntos 4) y 5) de fs. 146 resultaban inoficiosas. Transcurrido el período de prueba sin que la recurrente instara la producción de las pruebas informativas ordenadas en el punto 5) de fs. 189, a fs. 197 se dio por decaído el derecho a su producción.
Por último, a fs. 205 se requirió al Fisco Nacional que informe a este Tribunal si la parte recurrente en autos regularizó los conceptos y montos discutidos en la causa en los términos de las leyes Nros. 27541 y 27562. A fs. 208 el Fisco Nacional informa que no surge el acogimiento al régimen de regularización conforme Ley 27.541 y Ley 27.562 de las obligaciones sustanciales objeto del presente recurso.
Finalmente a fs. 219 se clausura el período de instrucción y se elevaron los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 224 pasan los mismos a sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde advertir que los actos aquí recurridos por los cuales se determina la responsabilidad del Sr. Miguel Ángel Euclides son por las obligaciones impositivas de la firma Calidad Digital SRL, que fueron oportunamente determinadas por el Organismo Fiscal.
Conforme surge de las actuaciones administrativas se impugnaron los créditos fiscales, gastos y/o compras, de la firma Calidad Digital SRL con los algunos proveedores que han sido calificados como apócrifos por el Fisco Nacional. A título de síntesis, sin perjuicio de que cabe remitirse a las actuaciones administrativas en honor a la brevedad, cabe señalar:
1. CONSTRUCCIONES OLIMPIA S.R.L. Se detectaron inconsistencias conforme surge de fs. 8/20 y 78/81 del cuerpo de la División Investigaciones de las actuaciones administrativas agregadas a la causa. Se constató en el Padrón Único de Contribuyentes que tenía la Clave Única de Identificación Tributaria "INACTIVA", poseía marca por inconsistencia "domicilio inexistente o desconocido" (fs. 8/20 del Cpo. Investigaciones y 6/10 y 91/109 del Cpo. Pantallas de Sistema). Se encuentra incluida en la base e-Apoc, con estado de categorización "sin capacidad económica", y fecha de detección el 29/09/2015 (fs. 9 y 201 del Cpo. Pantallas de Sistema y 1/204 Cuerpo de Antecedentes de Construcciones Olimpia). Por los períodos 01/2009 hasta 11/2012, exteriorizó nómina salarial pero sin consignar remuneraciones, en tanto que las correspondientes a los períodos 12/2012 a 09/2014, fueron presentadas sin declarar personal ni sueldos (fs. 8/20 Cpo. Investigaciones y 107 del Cpo. Pantallas de Sistema). De la consulta realizada por el personal auditor a los sistemas informáticos de la administración Federal, verificaron que no registra acreditaciones bancarias ni posee bienes registrables. Los cheques entregados por la firma Calidad Digital SRL para cancelar las supuestas operaciones, emitidos a nombre de la supuesta proveedora y endosados por ésta última, fueron cobrados por la empresa RAZ Y CIA S.A. (C.U.l.T. 30- 66111010-O) (fs. 1474/1475 del Cpo. Circularización). El Fisco concluyó que la firma CONSTRUCCIONES OLIMPIA S.R.L., quien figuraba en la base e-Apoc al inicio de la fiscalización, se trata de un sujeto que no posee capacidad económica/operativa para desarrollar las operaciones comerciales registradas por CALIDAD DIGITAL S.R.L., cuyo crédito fiscal la administrada pretende computarse en las declaraciones juradas del tributo en trato por los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012, además de no respaldar la totalidad des sus operaciones con documentación fehaciente, motivo por el cual se entendió procedente su observación.
2. CONSTRUDAR SRL: De la fiscalización realizada a la empresa y respecto de la situación fiscal de sus integrantes concluyó que la firma CONSTRUDAR S.R.L. se trata de un sujeto que no posee capacidad económica/operativa para desarrollar las operaciones comerciales registradas por CALIDAD DIGITAL S.R.L., cuyo crédito fiscal la administrada pretende computarse en las declaraciones juradas del tributo en rato por los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012, además de no respaldar la totalidad de sus operaciones con documentacion fehaciente motivo por el cual se entendió procedente su observación. El personal fiscalizador procedió al análisis del circuito de pagos de CALIDAD DIGITAL S.R.L., en relación con las operaciones realizadas con la supuesta proveedora, se advierte de las copias de los cheques N° 65033114, 65033115 y 65033116 de $ 36.000.-, $ 36.000.- y $ 37.099.- surge como beneficiario final de tales cartulares, la empresa RECASUR ARGENTINA S.R.L (C.U.l.T. 30-71152068-2), conforme consta a fojas 650 a 655 del cuerpo de circularización. Por otra parte de las copias del frente y dorso de los cheques N° 65033131, 65033132, 65033133, 65033134 y 65033135, surgen como beneficiarias finales de los mismos, las empresas RECASUR ARGENTINA S.R.L (C.U.l.T. 30- 71152068-2) y FLOWBOY S.R.L. (C.U.l.T. 30-71154594-4) (fs. 1476/1480 del Cpo. Circularización).
3. CORPSERG SRL: Se detectaron inconsistencias que surgen del informe a fojas 78/81 del cuerpo División Investigaciones. Del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), se detecta que la supuesta proveedora presentó las ddjj correspondientes a los períodos comprendidos desde 10/2009 hasta 12/2016, constatando que la empresa cuestionada sólo declaró 3 (tres) empleados desde 06/2011 hasta 02/2015, incluyendo por consiguiente los períodos fiscales bajo inspección, y a partir de 03/2015 registra 2 (dos) empleados, siendo tal dotación insuficiente para prestar los servicios de seguridad, conforme a su actividad declarada. La verificación interviniente intentó sin éxito ubicar a los integrantes de la sociedad. El personal fiscalizador procedió al análisis del circuito de pagos de CALIDAD DIGITAL S.R.L., en relación con las operaciones realizadas con la supuesta proveedora, surgiendo de la consulta a las bases de este Organismo, que la firma poseía una cuenta corriente en pesos N° 501/0212140950, en el Industrial and Comrnercial Bank of China (Argentina) S.A. (en adelante ICBC), y otra cuenta corriente en pesos N° 193-000083915, abierta en el Banco Santander Rio S.A. Se solicitó a las citadas entidades las copias de los frentes y dorsos de una nómina de cheques que fueron seleccionados de los extractos bancarios de las citadas cuentas corrientes, remitiendo dichas instituciones bancarias los cartulares requeridos, de los cuales no surgieron cheques emitidos a nombre de la proveedora observada. Como corolario de lo expuesto, la fiscalización actuante concluyó que la firma CORPSEG S.R.L. se trata de un sujeto que no posee capacidad económica/operativa para desarrollar las operaciones comerciales registradas por CALIDAD DIGITAL S.R.L., cuyos gastos y/o compras la administrada pretende computarse en la declaración jurada del tributo en trato por el período fiscal 2012, además de no respaldar la totalidad de sus operaciones con documentación fehaciente, motivo por el cual se entendió procedente su observación.
4. IBC MARKET S.A. (C.U.I.T. 30-71071022-4): Del relevamiento de información efectuado en la etapa investigativa, se detectaron inconsistencias con respecto a la supuesta proveedora de Calidad Digital S.R.L., conforme surge a fojas 78/81 del cuerpo de la División Investigación. Del Padrón del Organismo Fiscal surge que la supuesta proveedora tenía diversas actividades económicas declaradas, disímiles entre sí. Del Sistema Único de la Seguridad Social, surge que la empresa observada presentó las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 08/2008 a 08/2010, 08/2015 y 08/2016 a 01/2017, sin declarar empleados. Asimismo, la fiscalización constató de los sistemas informáticos disponibles en la Administración Federal, que no registra acreditaciones bancarias ni surgen bienes registrables a nombre de la proveedora cuestionada.
Een fecha 06/10/2016, se hizo presente en la sede de la División Fiscalización N° 3 de la Dirección Regional Centro, la Sra. Diana Teplitzky, en su carácter de autorizada de la supuesta proveedora IBC MARKET S.A., a efectos de tomar conocimiento del contenido del requerimiento que le fuera efectuado, y con fecha 20/10/2016 la autorizada presentó una multinota (F. 206/1), mediante la cual informó que la proveedora cuestionada no había efectuado operaciones comerciales con la contribuyente CALIDAD DIGITAL S.R.L. y por lo tanto desconoce dichas operaciones (fs 1179 del Cpo. Circularización). Analizado el circuito de pagos de las operaciones se observó que de las siete operaciones comerciales informadas oportunamente por la rubrada (s/Anexo 1 que adjuntó a fs. 89 del mismo cuerpo), que habria realizado con la supuesta proveedora, sólo aportó fotocopias de dos facturas tipo "A": N° 0001-00002397 del 30/11/2012 (sólo es legible la mitad del comprobante) y N° 0001-00001892 del 10/05/2012 por un total de $ 60,338,81, la cual habría sido cancelada mediante dos cheques N° 00000068 y 00000069, ambos emitidos el 30/05/2012 por $ 30.000.- y 29.581,48,- del Banco Santander Río S.A., cuyos frentes de los cartulares fueron aportados por la encartada junto a una fotocopia de la Orden de Pago N° 218 del 30/05/2012.
De las copias de los cartulares aportados por la entidad financiera, la fiscalización constató que los mismos fueron emitidos a nombre de la proveedora cuestionada, pero del dorso de los cheques surge que el beneficiario final fue la firma RAZ Y CIA S.A. (fs. 796/797 del Cpo. Circularización). Por otra parte el Banco Santader Río S.A. suministró también la copia del cheque N° 77, del cual surge que fue emitido por $ 35.839,05 a nombre de IBC MARKET S.A., pero que del reverso del mismo emerge como el beneficiario final la empresa RAZ Y CIA S.A., que habría sido aplicado al pago de la Factura tipo "A" N° 0001-00001936 (fs. 1384 del Cpo. Circularización). Asimismo, de la circularización efectuada al Banco ICBC, los inspectores actuantes obtuvieron copias del frente y dorso de los valores N° 65033127 y N° 65033128, de $ 28.750.- y $ 28.754,18 respectivamente, que habrían sido aplicados a la cancelación de la Factura tipo "A" N° 0001-00002236, observando que fueron extendidos a nombre de IBC MARKET S.A., pero siendo el beneficiario final la empresa CONTACTO GLOBAL S.R.L.
(30-71218382-5) (fs. 1472/1473 del Cpo. Circularización). Como corolario de lo expuesto en los párrafos anteriores, la fiscalización actuante concluyó que la firma IBC MARKET S.A., quien desconoció haber realizado las operaciones cuestionadas con la rubrada, se trata de un sujeto que no posee capacidad económica/operativa para desarrollar las supuestas operaciones comerciales registradas por CALIDAD DIGITAL SRL., cuyos gastos y/o compras la administrada pretende computarse en la declaración jurada del tributo en trato por el período fiscal 2012, además de no respaldar la totalidad de sus operaciones con documentación fehaciente, motivo por el cual se entendió procedente su observación.
5. SECURITY TECNOLOCHY'S S.A. (C.U.l.T. 30-71239013-8): Del relevamiento de información efectuado en la etapa investigativa, se detectaron inconsistencias con respecto a la supuesta proveedora de Calidad Digital S.R.L. Se observó que la empresa no posee bienes, ni acreditaciones bancarias y de las declaraciones juradas presentadas por el Impuesto al Valor Agregado se verificó una relación débito/crédito igual a 1, sin pagos. En el transcurso del año 2012, no declaró empleados, y con posterioridad exteriorizó solamente una persona en relación de dependencia con exiguas remuneraciones (fs. 78/81 del Cpo. Investigación). La fiscalización actuante procedió a analizar el circuito de pagos de la contribuyente CALIDAD DIGITAL S.R.L., en relación con las operaciones realizadas con la supuesta proveedora, surgiendo de la consulta a las bases de este Organismo, que la rubrada poseía una cuenta corriente en pesos N° 501/0212140950, en el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.
(en adelante ICBC), y otra cuenta corriente en pesos N° 193-000083915, abierta en el Banco Santander Río S.A., en las cuales se registraron movimientos bancarios en el período fiscal sujeto a la auditoria tributaria, esto es 01/2012 a 12/2012. En ese sentido, los agentes verificadores habiendo elaborado una muestra de los cheques que se encontraron debitados de los resúmenes bancarios de las cuentas corrientes (fs. 1288/1290 del Cpo. Circularización), procedieron a solicitar copias de los frentes y dorsos de los cartulares a las instituciones bancarias donde se encuentran abiertas las cuentas corrientes cuya titularidad corresponde a la rubrada (fs. 1287). Así, de la información brindada por el Banco ICBC emerge la copia del frente y dorso del cheque N° 65033137, emitido a nombre de la proveedora observada por un importe de $ 21.520.-, cancelatorio de la Factura "A" N° 0001- 00000031, pero que del reverso del cartular surge como el beneficiario final del mismo, la empresa RAZ Y CIA S.A.
(fs. 1481 del Cpo. Circularización). Como corolario de lo expuesto en los párrafos anteriores, la fiscalización actuante concluyó que la firma SECURITY TECNOLOGY'S S.A. se trata de un sujeto que no posee capacidad económica/operativa para desarrollar las operaciones comerciales registradas por CALIDAD DIGITAL S.R.L., cuyos gastos y/o compras la administrada pretende computarse en la declaración jurada del tributo en trato por el período fiscal 2012, además de no respaldar la totalidad de sus operaciones con documentación fehaciente, motivo por el cual se entendió procedente su observación.
6. VEL TELECOMUNICACIONES S.A. (C.U.I.T. 30-71164735-6). Del relevamiento de información efectuado en la etapa investigativa, se detectaron inconsistencias con respecto a la supuesta proveedora de Calidad Digital S.R.L., conforme surge a fojas 78/81 del cuerpo de la División Investigación. Los agentes verificadores constataron que la empresa cuestionada no posee bienes registrables a su nombre. En otro sentido, la fiscalización actuante procedió a analizar el circuito de pagos de la contribuyente CALIDAD DIGITAL S.R.L., en relación con las supuestas operaciones realizadas con la proveedora en cuestión, surgiendo de la consulta a las bases de este Organismo, que la rubrada poseía una cuenta corriente en pesos N° 501/0212140950, en el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y otra cuenta corriente en pesos N° 193-000083915, abierta en el Banco Santander Río S.A., en las cuales se registraron movimientos bancarios en el período fiscal sujeto a la auditoria tributaria, esto es 01/2012 a 12/2012.
De las copias de los anversos y reversos de los cartulares proporcionados por el Banco Santander Río, la fiscalización interviniente constató que los cheques N° 31/35/36/32/37/39 y 38, fueron emitidos a la orden de VEL TELECOMUNICACIONES S.A., aplicados al pago de las Facturas 'A" N° 0001- 00000128/129 emitidas por la proveedora objetada (fs. 1291/1292, 1368 y 1370 a 1375 del Cpo. Circularización), quien a su vez los endosó, resultando los beneficiarios finales de los cartulares N° 35, 36, 32, 37 y 39, las firmas FRIGORIFICO GORINA S.A., LOS HUARPES S.R.L. y CIA. PAPELERA SARANDI S.A., en tanto que los correspondientes a los restantes cheques resultaron ser ilegibles. Los agentes de fiscalización observaron que la proveedora cuestionada poseía una nómina salarial en la que durante los períodos 01/2012 a 03/2012, se declararon sólo cuatro (4) personas.
En ese sentido, resulta oportuno señalar que teniendo en cuenta que la presunta facturación emitida por VEL TELECOMUNICACIONES S.A. a CALIDAD DIGITAL S.R.L., se extendió hasta el mes de 04/2012, la proveedora observada no disponía de personal para desarrollar su actividad. Como corolario de lo expuesto en los párrafos anteriores, la fiscalización actuante concluyó que la firma VEL COMUNICACIONES S.A. es un sujeto que no posee capacidad económica/operativa para desarrollar las operaciones comerciales registradas por CALIDAD DIGITAL S.R.L., cuyos gastos y/o compras la administrada pretende computarse en la declaración jurada del tributo en trato por el período fiscal 2012, además de no respaldar la totalidad de sus operaciones con documentación fehaciente, motivo por el cual se entendió procedente su observación.
Corresponde señalar que la firma Calidad Digital S.R.L. tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa presentando por escrito su descargo y/o aportando la documentación respaldatoria de todas las operaciones realizadas con las empresas proveedoras observadas durante todo el tiempo que abarcó el procedimiento determinativo de oficio, el cual no ejerció. Asimismo, cabe dejar sentado que las determinaciones dictadas en dicho procedimiento fiscal, conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas, no han sido objeto de recurso alguno por la empresa Calidad Digital SRL, la que tampoco dio cumplimiento con la intimación de pago contenida en cada uno de dichos actos determinativos.
V. Que debe este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis. Ello así, la materia a considerar en el caso sub examine recae en los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente. En consecuencia, corresponde determinar si la responsabilidad personal y solidaria atribuida al apelante se ajusta a derecho.
Que, la materia a analizar en el caso sub examine recae en los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente, ya que carecen de aptitud aquellos enderezados a cuestionar la legitimidad de la determinación de oficio efectuada por el Fisco respecto del deudor principal, toda vez que este Tribunal Fiscal debe acotar su examen a los aspectos que permitan clarificar la actuación del hoy recurrente en orden a su eventual responsabilidad tributaria solidaria. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que tampoco el recurrente de autos ha aportado elementos probatorios hábiles que permitan desvirtuar las conclusiones a las que arribara el Organismo Fiscal respecto de la impugnación de los proveedores de la contribuyente principal y que diera lugar a los ajustes determinados, quedando sus manifestaciones respecto de haber demostrado acabadamente que las operaciones objeto de cuestionamiento, se encuentran debidamente documentadas y respaldadas y que fue acreditado el circuito económico, como meras afirmaciones dogmáticas sin respaldo probatorio que permita concluir que los proveedores cuestionados hayan provisto los bienes y/o servicios a la deudora principal.
Que, para un mejor esclarecimiento de la cuestión, cabe detenerse sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad solidaria, para de ello extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de la categoría del deudor solidario. Al respecto, sabido es que la doctrina tradicional, al delinear la figura del responsable, tuvo en cuanta que en las diversas legislaciones además del sujeto pasivo del impuesto, se declara obligado al pago del tributo (o también, al cumplimiento de otros deberes fiscales) a una persona diversa, en razón de una relación de hecho o derecho del "responsable" con el contribuyente (en este sentido, y entre muchas otras, véanse las obras de Gianninni "Istituziuni di Diritto Tributario" y Martínez "Estudios de Derecho Fiscal")." Que, como lo señala Jarach ("El hecho imponible", p.177/179), sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o "contribuyente") puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible.
Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico; para los otros obligados, el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza.
Que, se agrega que el mecanismo legal antes descripto fue así trazado por la ley de procedimiento tributario. De acuerdo con la norma del art. 6 de la ley 11683 están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representantes, mandantes, acreedores titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables, bajo pena de las sanciones de esta ley, entre otros, los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el art. 5 en sus inc.2° y 3°. Que, a su vez, el art. 8 de la ley dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo si los hubiere, y con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, amen de otros sujetos, todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del art. 6 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar la situación fiscal. Que, debe advertirse que la responsabilidad no es objetiva -esto es, impuesta por el mero hecho de haber sido apoderado o representante de una entidad- ni que deriva de la simple vinculación existente entre los responsables y el deudor del tributo. Por el contrario, el presupuesto legal de la responsabilidad a título personal de los apoderados es el incumplimiento de sus deberes; en otros términos, no basta que haya incumplimiento; es menester, además, que éste le sea imputable. Esta es la recta hermenéutica que cabe asignar al art. 8° de la Ley Nº 11683, t.o. en 1998, en cuanto establece que "no existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a los que demuestren debidamente a la Dirección que sus representados, mandantes, etc. los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales".
Ahora, si bien no se advierte obstáculo legal alguno para que el Organismo Recaudador comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria aludida en el art. 8, inc. a), de la ley 11.683, de la lectura del artículo 8° de la citada norma, se evidencia que la responsabilidad del deudor solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador. En consecuencia, el Fisco sólo puede dictar la responsabilidad del deudor solidario una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena (conf. “Brutti, Stella Maris c/ D.G.I.” - C.S.J.N., de fecha 30/03/2004).
VI. Que a su vez del propio texto legal se desprende que la causal eximente de responsabilidad es la demostración de que los propios entes administrados los hayan puesto en imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con sus deberes tributarios (TERESA GÓMEZ y CARLOS M. FOLCO. Procedimiento Tributario, Ley 11683-Decreto 618/97. 6ta. Edición, La Ley. Buenos Aires, Argentina 2009. Pág. 100)
Que, en este contexto, corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de las sociedades, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva. Corresponde señalar que conforme se desprende de las actuaciones administrativas agregadas a la causa, el Sr. Miguel Ángl Euclides ejercía en CALIDAD DIGITAL S.R.L., durante los períodos fiscalizados, el cargo de gerente además de ser socio y administrador de la clave fiscal de dicha empresa (fs. 5/7, 10/58, 80/90, 91/106, 107/122, 123/125, 233/235, 296 y 397 cpo. Responsabilidad Solidaria -Impuesto alas Ganancias- de Calidad Digital S.R.L. y fs. 71/96 y 187/188 cpo. Responsabilidad solidaria -IVA- de Calidad Digital S.R.L). En ese sentido, el personal fiscalizador en la publicación efectuada el 18/02/2009 en la Segunda Sección del Boletín Oficial, constató que por instrumento privado de constitución de la sociedad del 29/01/2009, uno de los dos socios de la misma era el Sr. EUCLIDES, MIGUEL ANGEL, fue designado en dicho acto como "Gerente" a partir de la fecha del contrato de constitución, cuya certificación fue emitida por el Colegio Público de Abogados, Fecha: 11/02/2009, Tomo 19, Folio 551 (fs. 56 del Cuerno de Responsabilidad Solidaria - Impuesto a las Ganancias- de Calidad Digital S.R.L.)
Agregado a ello, del resto de las publicaciones obtenidas del Boletín Oficial, se verificó que el Sr. EUCLIDES, MIGUEL ANGEL fue designado nuevamente como gerente de la sociedad CALIDAD DIGITAL S.R.L., en cada una de ellas, incluyendo la publicación del 11/06/2012, donde se procede a ratificar en dicho puesto a la recurrente, además de modificar el objeto social de la firma y el régimen de administración y representación, según Acta de Reunión de Socios del 31/05/2012 (fs. 54/55 del cpo. de Responsabilidad Solidaria -Impuesto alas Ganancias- de Calidad Digital S.R.L.).
Asimismo, del Acta de Asamblea Ordinaria N° 2 del 26/04/2012 y del Acta de reunión de socios del 31/05/2012, se constató que en ambas el Sr. EUCLIDES, MIGUEL ANGEL participó como socio gerente, siendo aprobada la renovación de su mandato por unanimidad, con su posterior ratificación y aceptación del cargo de socio gerente en la segunda (fs. 4/6 del cpo. de Responsabilidad Solidaria -Impuesto a las Ganancias- de Calidad Digital S.R.L.).
Por último, del Acta de Asamblea Ordinaria Anual N° 4 del 30/04/2013, se verificó que el Sr. EUCLIDES, MIGUEL ANGEL actuó en carácter de socio gerente, aprobándose el Balance General del ejercicio económico N° 3, cerrado al 31/12/2012 (fs. 7 del cpo. de Responsabilidad Solidaria -Impuesto a las Ganancias- de Calidad Digital S.R.L.).
Asimismo se verificó en los sistemas informáticos de la Administración Federal, que las cuentas bancarias cuya titularidad corresponden a la firma CALIDAD DIGITAL S.R.L., durante el plazo que se extiende del 11/2011 hasta 10/2012, incluido el período fiscal en trato, la responsable principal tenía abierta en el Banco Santander Río S.A., una cuenta corriente en pesos ($) N° 83915 (CBU 0720193220000000839154), en la cual el Sr. EUCLIDES, MIGUEL ANGEL figuraba como firmante y representante legal (fs. 179/183 del cpo. de Responsabilidad Solidaria -Impuesto a las Ganancias- de Calidad Digital S.R.L.).
También se constató que desde 07/2010 hasta 09/2014, la deudora principal tenía otra cuenta corriente en pesos ($), abierta en el Banco ICBC, bajo el N° 12140950 (CBU 0150501602000121409508), en la cual el Sr. EUCLIDES, MIGUEL ANGEL figuraba como representante legal (fs. 174 cuerpo de Responsabilidad Solidaria - Impuesto a las Ganancias- de Calidad Digital S.R.L.)
Además, de las circularizaciones efectuadas al Banco Santander Río S.A. y al Banco ICBC, se obtuvieron los legajos de apertura de las cuentas 193-83915 y 501/212140950, constatándose que el Sr. EUCLIDES, MIGUEL ANGEL figuraba registrado como firmante autorizado (fs. 10, 14/15, 24/25 y 45/47 del cpo. de Responsabilidad Solidaria -Impuesto a las Ganancias- de Calidad Digital S.R.L.), en su carácter de socio gerente en ambas instituciones bancarias para dichas cuentas (fs. 9/53 y fs. 132/138 del mismo cuerpo).
Como resultado de las verificaciones efectuadas, se determinó que el Sr. EUCLIDES, MIGUEL ANGEL, tuvo injerencia tanto en el manejo comercial como financiero de la empresa Calidad Digital S.R.L., no sólo por su carácter de socio gerente sino también como administrador de la clave fiscal de la sociedad y se encontraba habilitado para actuar como firmante y representante legal en lo que respecta a las cuentas bancarias de la firma y, como tal, responsable del manejo de fondos de la operatoria desarrollada por su representada durante el período fiscal objeto de la verificación, obrando en el legajo administrativo prueba documental (balance general del ejercicio económico N°3 cerrado al 31/12/2012, certificados de retención, contrato de constitución de la sociedad, actas, poder general amplio de administración, etc.) suscripta y refrendada con su firma (fs. 3/7, 14/15, 23/25, 37/39, 42, 45/48, 80/90, 91/106, 107/122 y 123/125 del cpo. de Responsabilidad Solidaria -Impuesto a las Ganancias- de Calidad Digital S.R.L.).
Que, sentado ello, cabe advertir que la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer en las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 8, inc. a) de la Ley N° 11.683 se establece que no existirá responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intenta sin éxito la recurrente. Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Escobar, Roberto Ricardo” (9/12/2008) confirmó el acto apelado, pues concluyó que el recurrente no logró demostrar que tuvo voluntad de pagar los impuestos y que no lo pudo hacer debido a la oposición de los otros integrantes de la sociedad, a lo que cabe agregar que no se ha alegado que no tuviera manejo de los fondos de la sociedad que debían destinarse al pago del impuesto en el momento en que se le imputa la responsabilidad, ni que carecía de facultades de decisión en la materia tributaria (sumario Errepar on line).
Que, a mayor abundamiento, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Méndez, Ernesto Juan” (9/3/2010), textualmente dijo: “Que tal como fue resuelto por el a-quo, decisión que se mantiene en esta instancia, se confirmaron las resoluciones dictadas por el Fisco Nacional en cuanto determinaron de oficio la obligación de las empresas involucradas atento las inexactitudes detectadas respecto de las declaraciones juradas presentadas, como así también la determinación de los saldos de impuesto a ingresar por aquellos períodos en que no hubo presentación. En esas condiciones, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 7° de la ley 11.683 t.o. en 1998 cabiendo pues, imponer a los Sres. Méndez, Cabariti y Arraña la responsabilidad solidaria frente al cumplimiento de la obligación, de la que sólo se hubiera podido desligar si hubiese demostrado debidamente ante la administración que su representante lo colocó en la Imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales (art. 8º, ley cit.). Que esta responsabilidad solidaria no resulta más que la aplicación del principio general en materia de sociedades contenido en la ley 19.550, que en su artículo 59 establece que los administradores y representantes de aquéllas "que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión" .Los matices que contienen cada una de las normas no modifican el análogo tratamiento que se le acuerda, tanto en la ley comercial como en la tributaria a la conducta de quienes representan a la sociedad (conf. esta Sala, 10-12-2002, "Petrone, Juan Antonio".). Además, los señores Méndez, Cabarlti y Arraña en ningún momento han intentado demostrar, la Imposibilidad de cumplir la obligación que sobre ellos pesaba de pagar el tributo correspondiente con los fondos de la empresa, teniendo en cuenta, asimismo, que aceptaron ser apoderados de la sociedad con todas las consecuencias, societarias y fiscales que de tal acto se derivaban.”
En tal sentido, la doctrina que surge de nuestro máximo tribunal in re "Bozzano, Raúl José (TF 33.056 1) c/ DGI", señaló que surge del artículo 8 inciso a) de la ley procedimental, la responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador, es decir que la falta de cumplimiento por parte del deudor principal a la intimación es el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad del actor. La determinación de oficio cumplida respecto de aquel a quien se quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria sólo se puede dictar una vez vencido el plazo de intimación de pago cursada al deudor principal, ya que solamente a su expiración se podrá tener por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad al responsable por deuda ajena, sin que se advierta obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objetivo de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria aún antes de intimar de pago al deudor principal (Fallos: 327:769, del dictamen del Procurador al que remitió la Corte). Asimismo, la Corte manifestó "....6) Que en lo relativo al modo como debe interpretarse la mencionada disposición resultan aplicables las pautas de hermenéutica que establecen que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320:2145, considerando 60 y su cita), y que la primera fuente de exégesis de la leyes su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 323:620; 325:830)".
Que en función de lo expuesto, no habiendo cuestionado el recurrente haberse desempeñado como gerente de la deudora principal -por el contrario reconoce el ejercicio de dicho cargo en su líbelo recursivo-, que ésta ha incumplido la intimación de pago realizada por el Organismo Fiscal en las determinaciones de oficio que le fueran practicadas, y que el recurrente de autos no ha producido prueba alguna en la presente causa tendiente a demostrar que ha sido colocado por la contribuyente en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; corresponde confirmar los actos recurridos en cuanto determinan la responsabilidad solidaria del Sr. Miguel Ángel Euclides.
VII. Que no habiendo agravios en relación a los intereses resarcitorios, deben confirmarse, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multas con sustento en los artículos 46 y 47 inc. b) y c) de la ley procedimental.
Con relación a las multas por defraudación aplicadas, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo, el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual), en las cuales a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos), se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
En este sentido, se concluye que la sanciones aplicadas por el organismo fiscal han sido adecuadamente ponderadas a la luz de los elementos colectados durante la fiscalización y que obran en las actuaciones administrativas acompañadas, toda vez que se acreditó no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos, conforme lo referenciado precedentemente.
Asimismo y tal como se expresó anteriormente, la actora no acompañó los elementos probatorios suficientes que permitan acceder al convencimiento de que la recurrente ha procedido conforme a derecho, sino que, por el contrario, las irregularidades destacadas pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la realidad de los hechos.
No obstante ello, con relación al quantum de las multas aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó las mismas en tres tantos de los tributos determinados, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 46 de la ley ritual (t.o. vigente al momento de la comisión de la infracción), esto es, dos tantos de los tributos omitidos en autos.
Que atento lo expuesto precedentemente voto por: Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y aplican multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pérez, sin perjuicio de lo cual considero necesario hacer una aclaración con respecto a la multa por defraudación aplicada en la Resolución N° 85/2018 respectodel Impuesto sobre las Salidas no documentadas, tratada en el considerando VIII.
Dicha aclaración consiste en que, a diferencia de otros precedentes en los que he votado porla revocación de la imputación defraudatoria en el impuesto sobre las salidas no documentadas,entiendo que en el presente caso dicha imputación no se basa en la falta de presentación dedeclaraciones juradas del impuesto sobre las salidas no documentadas -como ocurria en aquellos precedentes- sino en la existencia de una ocultación maliciosa de materia imponible, situación fáctica expresamente contemplada en el texto del art. 46 de la Ley 11.683 a partir de la reforma introducida por la Ley 25.795.
Esta relevante diferencia que señalo, a la que se adiciona la verificación en el sub lite de los presupuestos de hecho que evidencian la existencia en el caso de una deliberada conductadefraudatoria, abona la confirmación del acto sancionatorio y la atribución de costas que propone el Dr. Pérez.
En virtud de la votación que antecede, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y aplican multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.04.11 13:03:05 ART Date: 2022.04.11 16:34:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.12 09:28:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.12 09:28:37 -03:00
Fin de la sentencia