Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa E-1.778/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 638/642 vta. por el Sr. Marcelo Fernando Eugenio y, en consecuencia, confirmar íntegramente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 622/631 vta., con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: E-1.778/10-TSJ Sentencia N°: 565 Actor: EUJENIO MARCELO FERNANDO Demandado: AUTOMÓVIL CLUB RIO GALLEGOS Y OTRO Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 19-03-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 565.-
FOLIO Nº 3.205/3.218.-
PROT. ELECT. TSS1 004 S.141
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a 19 días del mes de marzo de dos mil catorce, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, y la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani, para dictar sentencia en los autos: “EUJENIO MARCELO FERNANDO c/ AUTOMOVIL CLUB RIO GALLEGOS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº E-10.063/03 (E-1.778/10-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti y 4º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTION: Es procedente el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 638/642 vta.?; SEGUNDA CUESTION: Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la PRIMERA CUESTION la Dra. Mercau dijo:
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado a fs. 638/642 vta. por el apoderado del actor, contra la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 622/631 vta. por la cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando el fallo de Primera Instancia.-
Manifiesta que: “?La sentencia recurrida es arbitraria por no fundarse en las pruebas de la causa, por lo tanto infringe la regla de la sana crítica judicial ya que la decisión está desvinculada de lo sostenido y probado en el juicio?” (confr. fs. 638). A ello, agrega: “?Cuestiono el acto jurisdiccional por la falta de sustento probatorio, por contradecir los fundamentos con citas jurisprudenciales que se transcriben, por exigir a mi mandante la carga probatoria de circunstancias que debían acreditar los accionados, lo que ocasiona su arbitrariedad, como lo ha señalado la jurisprudencia ya reseñada y viabilizan este remedio extraordinario… No impugno, por lo tanto, la decisión por estar [en] desacuerdo con la valoración de la prueba, cuestiones éstas que no autorizan la presente vía recursiva?” (confr. fs. 638 vta./639).
Por otra parte, afirma que oportunamente el demandado reconoció la falta de elementos de seguridad en el circuito, y que aquellos hubieran evitado el accidente. Citando jurisprudencia, señala que “?El propietario de la cosa donde se desarrolla el espectáculo deportivo, con el cual se genera el riesgo, tiene la carga de demostrar que el mismo reunía las condiciones de seguridad para todos los que concurren, pues es esta una obligación de resultado… en consecuencia considero un error de la sentencia trasladarle a Eujenio la responsabilidad de acreditar que el Circuito no reunía elementos protectores?” (confr. fs. 639 vta./640). Señala, que el demandado “…como organizador y fiscalizador indiscutido, ha generado una actividad riesgosa y por lo tanto debe responder por la seguridad de los concurrentes entre los cuales se encuentran las autoridades de la carrera y banderilleros indispensables para el desarrollo de la competencia… Tal conclusión ha sido admitida por V.E. con la cita de fallos, pero arriba a una solución inversa y entiende que EUJENIO formaba parte de los organizadores, lo cual, reitero, es un error, ya que no hay prueba alguna que demuestre tal afirmación?” (confr. fs. 640 vta.).
Respecto de la atribución de responsabilidad, afirma: “…V.E. parcializa sin justificación la declaración del único testigo Almonacid, que a fs. 320/321 manifestó que se encontraba de espaldas [el actor] al momento del accidente… El lugar donde se encontraba EUJENIO era el que le habían asignado antes de iniciar la competencia, como lo reconoce la accionada al contestar la demanda… Constituye un error de la sentencia entender que mi mandante ha interrumpido el nexo causal del daño con su conducta, pues reitero no hay prueba alguna que avale esta conclusión?” (confr. fs. 640 vta. /641). Finalmente, considera que la Municipalidad tiene responsabilidad en el hecho, conforme lo establecido “…por el art. 150 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz que atribuye a los municipios el poder de policía sobre seguridad e higiene en las edificaciones y construcciones en general y que se reflejan en los arts. 1º y 47 de la Ley Orgánica de los Municipios Nº 55?” (confr. fs. 641 vta.).- Que declarado formalmente inadmisible por la Cámara el recurso venido a estudio, el actor interpone a fs. 699/704 vta. recurso de queja por la denegación de la casación, el cual es receptado favorablemente por este Tribunal, declarándose mal denegado el recurso de casación y poniéndose los autos a disposición de las partes a los fines del artículo 8º de la ley 1687, haciendo uso de ese derecho la demandada Automóvil Club Río Gallegos a fs. 726/727 vta. y la codemandada Municipalidad de Río Gallegos a fs. 729 y vta..-
Que a fs. 726/727 vta., presenta memorial el representante de la demandada Automóvil Club Río Gallegos, expresando que el recurso interpuesto resulta inadmisible, por reiterar la actora “?los argumentos que le fueran rechazados en Primera Instancia y en la Cámara de Apelaciones?” (confr. fs. 726). Luego de criticar los fundamentos esgrimidos por el actor a través del proceso, indica que en el caso no se dan las condiciones necesarias a fin de considerar a la sentencia en crisis como arbitraria.-
Que a fs. 729 y vta., presenta memorial el letrado apoderado de la parte co-demandada, Municipalidad de Río Gallegos, sosteniendo: “…En el caso que nos ocupa resulta evidente que los argumentos vertidos por la contraparte no contienen argumentos válidos que permitan concluir siquiera que en forma aproximada se ha logrado demostrar que en el caso la sentencia recurrida haya sido arbitraria y que la misma infrinja las reglas de la sana critica judicial?” (confr. fs. 729). Afirma, que “…corresponde al municipio el control de las edificaciones y construcciones no así la forma en que despliega un evento deportivo organizado por una entidad autorizada al efecto.- Resulta de estos actuados que el evento no ocurre por defectos en la edificación o en las construcciones, sino por la propia conducta desplegada por el actor…” (confr. fs. 729 vta.).- Que a fs. 731, se corre vista al Sr. Agente Fiscal, la cual es contestada a fs. 732/735 vta., señalando que “?en el resolutorio impugnado no estamos ante una sentencia arbitraria conforme lo alegara el recurrente, por lo que la misma se encuentra correctamente escudada en cuanto a su forma y contenido?” (confr. fs. 735 vta.), siendo su opinión que el recurso de casación interpuesto por la actora no debe tener favorable acogida.-
Que a fs. 740 se llaman autos para sentencia.-
II. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada por el actor, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido por el artículo 3º inciso a) de la ley 1687 -Recurso de Casación- al afirmarse que la Excma. Cámara ha incurrido en errónea aplicación de la ley al endilgarle a su parte la carga de la prueba; atacándose también por el recurrente la actividad de juzgamiento de la Cámara “ad quem”, interpretando que la misma, a su entender, ha incurrido en arbitrariedad.-
Así, el actor se agravia pues considera que se le ha exigido a su parte “?la carga probatoria de circunstancias que debían acreditar los accionados?” (confr. fs. 638 vta./639), ocasionándose así a su entender arbitrariedad en la sentencia. Alega, que en la pista de carreras donde se produjo el accidente, no se encontraban reunidas las condiciones mínimas de seguridad, recayendo sobre las demandadas la carga de probar lo contrario. Asimismo, se agravia de la sentencia en crisis atento que la misma resuelve que en los presentes ha existido culpa de la víctima. Afirma que lo decidido parcializa la declaración del testigo Almonacid.- Primigeniamente, debe recordarse que este Tribunal ha expresado en forma reiterada que la acreditación de la relación de causalidad remite necesariamente a la consideración de hechos y de pruebas, circunstancias ajenas -en principio- al recurso de casación (confr.
Tomo II, Interlocutorio, Reg. 33, Folio 65/66; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 899, Folio 1057/1059; Tomo I, Sentencia, Reg. 3, Folio 13/14, entre otros), salvo que medie el absurdo en la apreciación, remedio éste último de carácter excepcional, reservado para casos extremos que sólo cuenta con virtualidad cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 125, Folio 207/208; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 899, Folio 1057/1059, entre otros).- También se ha expresado que: “?determinar si la conducta de la víctima de un accidente de tránsito o de un tercero ha excluido parcial o totalmente la responsabilidad objetiva que el art. 1113 del Código Civil impone al dueño o guardián de una cosa riesgosa, constituye una cuestión de hecho que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (C. 101.536 y C. 102.966, ambas sents. del 9-VI-2010)?” (confr.
SCBA, C 105360, S, 1-6-2011, “García, Mayra c/ Automóvil Club Argentino y otros s/ Daños y perjuicios”). No obstante ello, deben analizarse en esta instancia los fundamentos esgrimidos por el ad-quem, adelantando mi opinión en el sentido que no encuentro configurado el vicio del absurdo ni la arbitrariedad alegada por el actor en los presentes actuados.- En primer lugar, el Sr. Eujenio se agravia al considerar que se han infringido las reglas que rigen la carga de la prueba, pues entiende que la acreditación de la existencia de las condiciones mínimas de seguridad recaían sobre las demandadas. Sin embargo, yerra en el planteo del agravio, pues no se advierte tal infracción.-
Así, en la sentencia en crisis la Excma. Cámara, luego de realizar un análisis de la aplicación de los artículos 1111 y 1113 del Código Civil al caso de autos, tiene por acreditado que en los presentes la incidencia de la conducta de la víctima en el evento dañoso interrumpió el nexo causal, pues si “?hubiera observado la debida prudencia en el caso, el accidente no se habría producido?” (confr. fs. 627 vta.).-
Al examinar los fundamentos dados por el ad-quem, surge que el mismo formó su convicción sobre la base del material probatorio incorporado en autos, en particular los dichos del propio actor, y los testimonios de los Sres. Torres y Almonacid. Es de destacar que dichos testigos fueron propuestos en su escrito de demanda por la propia actora (ver fs. 43).-
Y al respecto, se ha dicho que “?El principio de adquisición procesal hace posible que pueda llegar a ser la prueba ofrecida y producida por la víctima, la que lleve al convencimiento del tribunal de que la conducta de aquélla fue la que produjo la interrupción total o parcial del nexo causal (art. 1113 Código Civil)?” (confr.. SCBA, C 105360, Fallo “García” cit.).-
Es que, “…cualquiera sea la procedencia del plexo probatorio reunido en la causa, su valoración por los jueces de mérito es siempre conducente, resulte la parte perjudicada o favorecida por ella (conf. SCBA, causas Ac. 62.719, sent. del 1-XII-1998; Ac. 70.760, sent. del 15-III-2000; Ac. 80.808, sent. del 4-IX-2002; Ac. 84.207, sent. del 24-III-2004; Ac. 87.968, sent. del 16-II-2005; Ac. 88.211, sent. del 29-VIII-2007 y C. 93.093, sent. del 15-X-2008)?” (confr.. SCBA, C 105360, Fallo “García” cit.).-
Tiene dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: “…los postulados del onus probandi imperan en la hipótesis de ausencia o insuficiencia de los medios aportados en la litis, supuesto en el cual se adjudican las consecuencias de la falta de acreditación a quien la ley había impuesto el mentado peso (conf. C. 88.169, sent. del 31-X-2007), situación que no se verifica en el presente caso y que torna estéril la discusión acerca de a quién correspondía la carga probatoria?” (confr. SCBA, C 105360, Fallo “García” cit.).-
Es decir, desde el instante que el ad-quem tiene por probado -atento las constancias de la causa- que en los presentes existió la ruptura del nexo causal atribuible a la propia víctima, carece de entidad cualquier agravio con respecto a la carga de la prueba.-
Cabe aclarar, que “?El análisis de la responsabilidad civil deportiva no permite la determinación de criterios generales, aplicables a todos los supuestos involucrados en dicha amplia problemática?”, no siendo uniformes “?los criterios en materia de carga de la prueba… ha sido señalada la dificultad derivada de la variedad de supuestos comprendidos en el tema, lo que no permite adoptar un criterio general ni aplicar en forma mecánica una receta de objetivación de la responsabilidad, concluyéndose en que no cabe otra aproximación a ellos que la de su propia individualización?” (confr. Bueres, Alberto J. – Highton, Elena I., “Código Civil y normas complementarias – Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Tomo 8 B, Ed.
Hammurabi, 2012, pág. 9/10).- Finalmente, resulta necesario resaltar que la apreciación de los hechos y la valoración de la prueba, en principio, se encuentran detraídas de ser analizadas en esta instancia extraordinaria, en tanto resulta ser aquella una labor reservada a los jueces de grado; es decir que la valoración de los hechos, la estimación de las pruebas colectadas y el enmarcamiento normativo correspondiente, forman parte de una potestad privativa de las instancias anteriores, siendo acometido excepcionalmente cuando, en el caso concreto se acredite absurdo y arbitrariedad. Es decir, casos extremos de virtualidad suficiente que denoten un desvío evidente de las leyes de la lógica, o un recorrido del razonamiento sentencial viciado que conduzca a conclusiones contrarias al entendimiento.- Este Tribunal, al respecto ha expresado: “…los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el ‘Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del Derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem’…” (confr.
Tomo VI, Sentencia, Reg. 215, Folio 1157/1163). En forma coincidente también se ha expresado: “La apreciación de la prueba en cuestión o materia ajena a la instancia casatoria. Se trata de una típica cuestión de hecho. Los jueces de grado tienen amplias facultades en la faena jurisdiccional de valorar los medios de prueba producidos y adquiridos para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que faciliten al juzgador la valoración de las normas jurídicas aplicables. Excepcionalmente, se ha dicho, que tal principio cede cuando se demuestra la existencia de un absurdo material o formal” (confr. sum. JUBA, SCBA, Ac. 81595, S, 17-12-2003, ‘Landaida, Guillermo Ramón c/ Velázquez, Ramón Alberto s/ Daños y Perjuicios’).- Es por lo expuesto que, atendiendo a las particularidades de la causa, no se han infringido en los presentes la regla de la carga de la prueba que alegara el actor, debiendo rechazarse el agravio en el punto.-
III. Que, el actor se agravia asimismo por la decisión de la Excma. Cámara respecto de su conducta, considerando que se parcializa la declaración del testigo Almonacid.-
En primer lugar, debe recordarse que “?El hecho o culpa de la víctima puede también eximir de responsabilidad -total o parcialmente- a los organizadores del espectáculo deportivo. En ese sentido… la eximente en cuestión se encontraba prevista expresamente en la ley 23.184, mención que desaparece en la ley 24.192. Según lo que se viene sosteniendo, todas las hipótesis de fractura del nexo causal -entre ellas, el hecho de la víctima- tendrán siempre virtualidad exoneratoria de la responsabilidad por riesgo atribuida a los organizadores en las normas de mención, salvo exclusión expresa, lo que no se constata en los respectivos textos legales?” (confr. Bueres, Alberto J. – Highton, Elena I., ob. cit., pág. 69).- Respecto de los fundamentos esgrimidos por el ad-quem, se examina el actuar del demandante al momento del accidente, en estos términos: “?En autos, surge de los propios dichos del actor en el libelo inicial que era integrante de la comisión de la categoría Buggy-Cross y que se desempeñó en la competencia como banderillero en una de las curvas del circuito. Incluso el testigo José Roberto Torres, en su declaración, refirió que el accionante era el director de dicha categoría, organizadora del evento (fs. 332 y vta.).- Por su parte, el testigo Juan de la Cruz Almonacid declaró a fs. 320/321 que el Sr. Eujenio estaba con su padre en la llamada “curva de la chacra”, en un lugar no adecuado, y que asimismo se encontraba de espaldas en el momento del accidente, aparentemente levantando un equipo de comunicaciones por otro accidente que había ocurrido más adelante?” (confr. fs. 627).- En efecto, lo expresado en la sentencia respecto de que el actor era integrante de la comisión de la categoría Buggy-Cross (más precisamente, su presidente), ha quedado establecido por la pruebas arrimadas al expediente, y por los dichos del propio actor. En particular, destácase que el testigo José Roberto Torres que menciona el ad-quem -y que afirma que el actor era el director de la categoría-, fue el comisario deportivo de la carrera en la cual ocurriera el accidente. Por ello, resulta su testimonio relevante; y en particular pues este testigo fue propuesto por el Sr. Eujenio.-
En cuanto al testimonio de Juan de la Cruz Almonacid, debe resaltarse la trascendencia del mismo, pues conducía el rodado que impactó al actor. De allí, la importancia de su descripción del accidente, al ser un testigo privilegiado.-
Así, el Sr. Almonacid afirma: “…el Sr. Eujenio estaba con su padre en la llamada la curva de la chacra en un lugar no adecuado y estaba a espaldas en el momento del accidente, el accidente se produce porque yo como testigo se me rompe lo que sería la cruceta que va en la caja de dirección y el auto en plena aceleración se desvía hacia la parte izquierda del circuito donde estaba el Sr. Eujenio, en ese momento se le pisa el freno, como el auto había tomado envión hacia una subidita pancea contra el pasto que había, el mismo pasto hace de patín para que el auto circule sin freno y sin dirección, en ese momento se le grita a los dos “cuidado, cuidado”, estaban el Sr. Padre y el Sr. Eujenio, no ve y él se tira a un costado y el otro se estaba levantando, quería disparar y no escuchaba por el ruido de los autos, el aparentemente estaba levantando un equipo de comunicaciones por otro accidente que había más adelante para levantar banderas…” (confr. fs. 320 y vta.).- Su testimonio resulta suficientemente claro, y no se advierte la parcialización que se invoca.-
Recuérdese, que “Tratándose de la responsabilidad prevista en el art. 1113, 2º apartado del C.C., esto es, la que generan los daños provocados por el riesgo de la cosa, lo que en realidad corresponde indagar es si la conducta de la víctima (o en su caso de un tercero) ha concurrido causalmente a la provocación de daño. En otros términos, verificar si esas conductas interrumpieron el nexo causal entre el hecho y el daño, ya sea de manera total o parcial, con aptitud eficiente como para impedir -en la medida que sea- la consumación de la responsabilidad objetiva que dicha norma endilga al dueño o guardián de la cosa” (confr. sum. JUBA, SCBA, Ac 61303, Sent. del 8-10-1996; Ac 82266; Sent. del 6-11-2002; Ac 93483, Sent. del 5-7-2006, entre otros).- La Excma. Cámara sostiene entonces, que en el caso, el daño causado no lo es sino por la actividad culpable del actor por su imprudencia y negligencia puestas de manifiesto en su accionar, en el medio en que desarrollaba su actividad, al encontrarse de espaldas al sentido de circulación de los vehículos, apartándose por ende de la actividad de banderillero a la cual se había comprometido, quedando demostrada a su entender la ruptura del nexo causal a través del actuar de la propia víctima.-
Atento ello, no resulta arbitraria la apreciación efectuada por la Excma. Cámara, encuadrada en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del CC, en cuanto ha valorado y descrito las circunstancias que sustentan su postura de manera lógica y razonable, atendiendo a las probanzas reunidas en la causa.-
No resulta en vano recordar, que “aún cuando el criterio esbozado por el Tribunal de Alzada, ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ello no es apto para tenerlo por absurdo, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa” (confr. SCBA, C 105360, Fallo “García” cit.), circunstancias que tampoco se verifican aquí en los presentes.-
En conclusión, considerando los fundamentos esgrimidos por el ad-quem con relación a la conducta del propio actor y su incidencia en el accidente de marras, no se advierte que se hayan desvirtuado los principios establecidos en el citado artículo 1113 del CC.-
IV. Que, debe destacarse respecto del actuar del actor, previo al hecho, que siendo presidente de la categoría debía conocer los supuestos vicios y faltas de medidas de seguridad que existían en la pista.-
Si el actor, con su experiencia, consideraba que las condiciones de la pista no eran las adecuadas, debería haber instado la cancelación de la carrera, hasta tanto las deficiencias fueran subsanadas, y no actuar como banderillero para que la misma pudiera realizarse.-
Es que, resulta relevante destacar, que si el actor no hubiera oficiado de banderillero, la carrera no se hubiera realizado, como lo manifiesta el testigo Torres.-
En el caso, atenta contra el sentido común que el actor afirme que no se hallaban los elementos de seguridad necesarios para que la actividad pudiera desarrollarse normalmente, y a su vez posibilitar que la carrera se realice.-
Actuar de tal manera, y demandar por daños, se emparenta con la alegación de la propia torpeza, cuyo principio se establece en el artículo 929 del Código Civil, cuando se expresa: “El error de hecho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable.”.-
Es un principio general del derecho que nadie pueda alegar su propia torpeza (nemo propiam turpitudinem allegans non est audiendus), y considero que en los presentes se ha configurado.-
V. Que, como último agravio, el actor entiende que le asiste responsabilidad a la Municipalidad de Río Gallegos en el caso, por no ejercer el poder de policía que entiende le compete en todo espectáculo público.-
No obstante que lo fundado y resuelto ut supra torna abstracto el tratamiento del agravio, deben realizarse algunas consideraciones. Al respecto, el ad-quem expresa: “…la competencia del Municipio se limita a la anuencia del espectáculo y control de las condiciones de aseo, conservación e higiénico-sanitarias del predio, sin tenerla en cuanto al control de las condiciones de seguridad?” (confr. fs. 630).-
Efectivamente, esta conclusión resulta correcta, atento lo dispuesto tanto por la Constitución Provincial en su artículo 150 como por la ley 55. En nuestra Constitución (art. cit.) se expresa: “En el ámbito territorial que la Legislatura le fije y conforme a criterios técnicos, el Municipio desarrollará su actividad y tendrá competencia en las siguientes materias, sin perjuicio de otras que las leyes le fijen:… 7) Dictar Ordenanzas que traten sobre el plan regulador del desarrollo urbano; apertura y pavimentación de calles; construcción de plazas y paseos; uso de las calles, del subsuelo y del espacio aéreo; seguridad e higiene en la edificación y construcción en general; tráfico, transporte y vialidad urbana. 8) Atender lo inherente a la salubridad; la salud pública y los centros asistenciales; la higiene y moralidad pública…”.- Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y DEBERES… ARTICULO 47º: Corresponde al Concejo Deliberante dictar las disposiciones cuyo objeto sea el gobierno y dirección de los intereses locales del Municipio por medio de ordenanzas con el fin de:… 1 -a) Velar por la higiene, salubridad y asistencia pública. b) Establecer normas de acuerdo a las cuales funcionarán los lugares públicos?”.-
Debe recordarse, que “?Lo atinente a la responsabilidad Estado -provincial en el caso- mereció un especial desarrollo en la reiteradamente citada causa “Mosca” [conf. CSJN, 6/3/07, “Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, LL, 2007-B-261]. Se analizó allí lo referido a la responsabilidad que en el caso correspondía a la provincia de Buenos Aires, a quien se le imputaba negligencia por la actuación del personal de la dependencia policial, al no resguardar el orden público y garantizar la vida e integridad física de las personas dentro del estadio y en sus adyacencias. En este punto, la Corte ratificó, en términos generales, lo sostenido en anteriores pronunciamientos -que cita- y de conformidad a los cuales “la mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado nacional o provincial no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa?” (confr. Bueres, Alberto J. – Highton, Elena I., ob. cit., pág. 50/51).- Que finalmente y como surge del análisis de autos, el recurrente ha invocado diversos vicios que atribuye al fallo atacado, sin demostrar concretamente su existencia, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el actor, confirmando la sentencia de la Excma. Cámara, con costas (art. 68, CPC y C).-
Es por todo lo expuesto que a esta Primera Cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
A la PRIMERA CUESTION el Dr. Peretti dijo:
I. Me permito disentir con la decisión a la que arriban mis distinguidos colegas preopinantes, por las razones que expondré a continuación.-
Los hechos que motivaron la presente son, sintéticamente, los siguientes: El 16 de abril de 2000, se corrió en el autódromo “Ciudad del Centenario” de la localidad de Río Gallegos una carrera de la categoría buggy-cross; la cual fue organizada por la comisión de la propia categoría (de la cual el actor formaba parte) e intervino como fiscalizador y controlador el Automóvil Club de Río Gallegos (de quien dependía quien actuó como Comisario Deportivo). Entidad ésta última que, además, es la titular dominial del mentado autódromo, tal como se desprende del informe de fs. 189. El actor, que a su vez era competidor y directivo de la comisión de buggy-cross, ofició de banderillero habida cuenta que el evento estuvo a punto de suspenderse por la falta de una persona idónea que ocupara ese puesto. La designación fue aprobada por el comisario deportivo quien dependía, reitero, del Automóvil Club de Río Gallegos. Mientras cumplía esta función, Eujenio fue atropellado por un vehículo que se despistó por una falla mecánica. Es importante señalar que el actor se hallaba, al momento de ser impactado, de espaldas a la pista en ocasión en que ayudaba a levantar un equipo de comunicaciones que se había caído. Cabe agregar que la Municipalidad de esta localidad ha sido demandada porque, según el parecer del accionante, dio la autorización para que se realice la competencia. Asimismo, no se ha accionado contra la comisión de buggy-cross, organizadora del evento. Tampoco en las instancias inferiores se han planteado algunas cuestiones jurídico-fácticas tales como la culpa del competidor y la relación jurídica existente entre el organizador y el actor. Por lo tanto, aunque ellas pudieron tener alguna incidencia en el caso a resolver, son ajenas a la litis.- La demanda fue rechazada en primera instancia y por el Tribunal de Alzada. Esta última decisión es la que ahora debemos revisar.-
II. Observo que el fallo de Cámara luego de ubicar la controversia en el ámbito de la responsabilidad objetiva (confr. art. 1113, segundo párrafo, CC) se apoya en dos puntales, para no hacer lugar a la pretensión: a) La culpa de la víctima como eximente de responsabilidad. En la sentencia en crisis la Excma. Cámara, luego de realizar un análisis de la aplicación de los artículos 1111 y 1113 del Código Civil al caso de autos, tiene por acreditado que en los presentes la incidencia de la conducta del Sr. Eujenio en el evento dañoso interrumpió totalmente el nexo causal, pues si “?hubiera observado la debida prudencia en el caso, el accidente no se habría producido?” (confr. fs. 627 vta.), así, atribuyó el acaecimiento del acci-dente a la exclusiva culpa de la víctima; a quien además le imputa la responsabilidad que le cabría a la organizadora de la competencia por su calidad de presidente de esta última “?En virtud de ello, la actora es responsable del hecho dañoso hacia su persona, por no tomar los debidos recaudos que hacen a la participación voluntaria en la actividad riesgosa desarrollada, y asimismo por formar parte de la comisión organizadora de la competencia automovilística cumpliendo función como presidente de la categoría Buggy-Cross?” (confr. fs. 629). b) El accionante, no ha cumplido con el deber de probar que la pista no reunía las condiciones de seguridad reglamentarias que alegó “…cuestión de la que no se hizo cargo la accionante, ya que en autos no existen probanzas de que la pista no se encontraba en condiciones para el desarrollo de la carrera…” (confr. fs. 629 vta.). En base a ello, concluye, que no hay obligación de responder por parte del Automóvil Club de Río Gallegos y la Municipalidad local. “?De lo arriba expuesto -es decir la falta de pruebas respecto de la falta de condiciones de seguridad alegadas por el reclamante- también deriva la falta de legitimación pasiva de la Municipalidad de Río Gallegos…” (confr. fs. cit.).- En casación, el actor se agravia, tachando de arbitraria la sentencia, porque considera que se han infringido las reglas que rigen la carga de la prueba, pues entiende que la acreditación de la existencia de las condiciones mínimas de seguridad en el circuito, recaían sobre las demandadas y asimismo porque la causa del accidente ha sido atribuido a su conducta, cuando no se ha acreditado que hubiera realizado alguna acción inapropiada para la función que cumplía.-
III. La cuestión a determinar en esta instancia, de acuerdo a como ha quedado planteada la vía extraordinaria provincial es cuál fue la causa eficiente en la producción del hecho de autos, y en consecuencia quién debe responder por ella. Más precisamente, si la conducta del actor configura, en el caso, la eximente de responsabilidad por culpa de la víctima prevista en el artículo 1113 del Código Civil, y en su caso, si ella tuvo entidad suficiente como para excluir totalmente la de la demandada.-
Así, reiterando lo expuesto por la Sra. Vocal preopinante, Dra. Mercau, cabe recordar que este Tribunal ha expresado en forma reiterada que la acreditación de la relación de causalidad remite necesariamente a la consideración de hechos y de pruebas, circunstancias ajenas -en principio- al recurso de casación (confr. Tomo II, Interlocutorio, Reg. 33, Folio 65/66; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 899, Folio 1057/1059; Tomo I, Sentencia, Reg. 3, Folio 13/14, entre otros), salvo que medie el absurdo en la apreciación, remedio éste último de carácter excepcional, reservado para casos extremos que sólo cuenta con virtualidad cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (confr. Tomo II, Interlocutorio, Reg. 125, Folio 207/208; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 899, Folio 1057/1059, entre otros).- Específicamente sobre la materia en estudio se ha entendido que “la apreciación de la prueba, a los fines de la determinación de la culpa, es cuestión reservada a los jueces de grado y exenta de casación, salvo que se acredite que tal apreciación se ha efectuado con infracción a las reglas de la sana crítica, o con violación de las leyes de la prueba o en forma manifiestamente absurda” (confr. sum. JUBA, SCBA, Ac 33386, S, 21-8-1984, “Ronchetti, Oscar Alberto c/ Fulvio, Fazio Lidio Hugo s/ Daños y perjuicios”; Ac 34916, S, 24-9-1985, “Vitola, Juan o Juan Francisco (sucesión) c/ Simonetta, Rafael y otro s/ Resolución de boleto de compraventa”; Ac 44510, S, 28-12-1993, “Moreschi de Gómez, Iris Violeta y otros c/ Modulfer Berisso S.R.L. y otra s/ Daños y perjuicios”; ídem, TSJ Santa Cruz, Tomo XVI, Sentencia, Reg. 536, Folio 3019/3026).- Aunque, tal como “ut supra” se asentara, los planteos remiten al examen de cuestiones fácticas, ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia casatoria, ello no es óbice para analizar lo resuelto por el Tribunal inferior, en particular cuando, como a mi entender ocurre en el sub lite, el fallo se ha apartado de la solución que la norma jurídica que ha aplicado prevé para el caso y adolece de una decisiva carencia de fundamentación.-
En igual sentido se ha expedido nuestro Máximo Tribunal Nacional, al señalar que la circunstancia de que los agravios del recurrente remitan al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, no impide acoger el recurso extraordinario cuando la sentencia cuestionada ha omitido la consideración de elementos apropiados para decidir el grado de responsabilidad que cupo a las partes en un accidente de tránsito (confr. CSJN, Fallos: 326:3621, del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo; DJ 2004-1, 489, La Ley 2004-B, 354).-
En base a lo expuesto considero que en el sub lite, existen elementos que llevan a efectuar una revisión de la sentencia cuestionada.-
La solución propuesta es la que más se compadece con el criterio sostenido por este Tribunal, que consiste en poner la búsqueda de la verdad jurídica objetiva por encima de las formas (confr. Tomo XIV, Sentencia, Reg. 496, Folio 2720/2724), en la inteligencia de que el criterio excesivamente riguroso, en lo que a limitaciones de derecho concierne, podría provocar una restricción inadecuada de la oportunidad del litigante de defender sus derechos afectando garantías fundamentales que consagra nuestra Ley Suprema.-
IV. Lo primero que corresponde examinar -por una obvia procedencia lógica- es la cuestión de la responsabilidad, para luego, en caso de que proceda, discernir el quantum de la indemnización.-
De inicio apuntaré que el fallo de Cámara adolece de errores que no puedo soslayar. Así observo que luego de encuadrar el reclamo de Eujenio contra el Automóvil Club y la Municipalidad de Río Gallegos en el marco del artículo 1113, segundo párrafo, del Código Civil, que prevé la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de una cosa riesgosa o peligrosa ha puesto en cabeza del actor la carga de probar los vicios del circuito, cuando, la norma en cuestión impone la inversión del onus probandi puesto que “En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder” (confr. art. cit).- Más llamativo aún es que se ha inculpado a quien supuestamente organizó el evento -la Comisión de la categoría Buggy-Cross- que no fue demandada, y por esta última se ha hecho recaer la responsabilidad en el actor por ser su presidente (confr. Considerando II, punto a)).-
Estos yerros son los que, a mi entender, condujeron a la apertura de la casación.-
V. Ya adentrándome en lo sustancial, principiaré por encuadrar jurídicamente la controversia traída a estudio para luego revisar la actuación de las partes en la provocación del accidente.-
Los daños que pueden producirse durante la actividad deportiva son muy diversos y variados; aparece así un intrincado problema jurídico, como es el de la atribución de responsabilidad civil en los accidentes deportivos. El desarrollo de esta actividad puede traer aparejados daños en los protagonistas del evento, sean éstos los propios deportistas, personal auxiliar, técnicos, árbitros o público en general. Se tratan de supuestos de daños y perjuicios que se causan dentro de un ámbito especial, generando ello una aplicación de las normas generales de la responsabilidad civil, con las particularidades propias de esta actividad.- La responsabilidad civil, es la que lleva consigo el resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados indebidamente a otros, por uno mismo o por tercero, por el que debe responderse (confr. Ossorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1984, págs. 674) y se materializa a través de una indemnización que consiste en retornar las cosas al estado anterior en el que se encontraban o, en caso de imposibilidad o elección del damnificado, mediante un pago en dinero, como resultado de la producción de un daño.-
Frente al concepto tradicional de la responsabilidad subjetiva, surgió la teoría -acogida en nuestra legislación en la reforma introducida por la ley 17711 y plasmada en el artículo 1113 del Código Civil- de la responsabilidad objetiva, llamada también sin culpa. La obligación que así aparece, es también llamada “Responsabilidad por el riesgo creado”. Merced a ella, el dueño, poseedor, usuario de automóviles y otras máquinas crea en su propio provecho y en contra de terceros, un peligro nuevo por el que debe responder en caso de que el daño se produzca; independientemente de que en la producción haya mediado o no su culpa o su negligencia, pues, la culpabilidad se presume siempre, y será el propietario quien para eximirse de responsabilidad, tendrá que probar que el siniestro estuvo ocasionado por la culpa de la víctima (confr.
Ossorio M., ob. cit., p. 673). El nuevo derecho de daños tiende a la objetivación de la responsabilidad, con prescindencia de la culpa del agente dañador, con una visión valorativa que centra su atención en la víctima del injusto, privilegiando su protección por sobre la de aquellos que han potenciado los riesgos. El citado artículo 1113 es un claro ejemplo de ello, que basa el deber de responder en la idea del riesgo creado y riesgo provecho (confr. Lovece, Graciela,”Los daños deportivos y el deber de seguridad que alcanza a los organizadores de tales espectáculos”, publicado en Revista de Derecho de Daños, 2010-2, Daño Deportivo, dirigida por Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luis Lorenzetti, 1ª. ed., Santa Fe, Rubinzal.Culzoni, 2010, pág. 293).- Los factores de atribución de responsabilidad no serán los mismos en todos los casos de daños ocasionados en oportunidad de una actividad deportiva y así, a veces, se seguirán criterios objetivos de imputación y, en otros supuestos, se aplicarán las reglas propias de la responsabilidad subjetiva, exigiéndose un actuar culposo o doloso al causante del daño (confr.
Pita, Enrique Máximo, “Ley 23.184, régimen penal y contravencional para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos” en Bueres, Alberto y Highton, Elena, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T° 8 B, 1ª. edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2012, pág. 9).- Las normas civiles precitadas se aplican a los accidentes acaecidos en ocasión de la práctica de un deporte a las que se agregan las leyes específicas para esta actividad Ley 23184 (con las modificaciones introducidas por ley 24192), adecuándolas a la plataforma fáctica que plantea la actividad de que se trate. Estas, a su vez se complementan con los reglamentos propios de cada disciplina.
Entre los cuales debemos distinguir: 1) Las normas de juego o de competición, que son un conjunto de reglas que determinan las pautas de desarrollo de un deporte. Sobre estas disposiciones, cabe sostener que en la actualidad existen “usos” recogidos, normalmente concretados y mejorados en los “reglamentos” que son redactados por las grandes federaciones deportivas, que trazan una serie de reglas que deben ser observadas en la práctica de cada deporte, y que tienen por finalidad evitar que los mismos pierdan su verdadero carácter y puedan eventualmente degenerar en una lucha brutal. 2) Las normas disciplinarias, que prohíben determinadas conductas u omisiones dentro y fuera del ámbito del juego, estableciendo sanciones administrativas deportivas en caso de incumplimiento (confr.
Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, Buenos Aires, La Ley, 2004, 1ª. Ed., T° II, págs. 787/788).- En la práctica de deportes intervienen diversos individuos: 1) Los deportistas, que son los sujetos que intervienen en forma personal en el juego, sometiendo su actuación a las reglas de la competencia de que se trate; 2) Los árbitros y sus colaboradores, que son quienes controlan el cumplimiento de las reglas del juego, sancionando en caso contrario con las penalidades establecidas en el reglamento a quienes las incumplen; 3) La institución o entidad deportiva, que es la persona jurídica, cuyo fin consiste en fomentar la práctica o difusión de un determinado deporte y brindar sus instalaciones o emblemas para practicarlo; 4) Los espectadores, que son las personas físicas que asisten a la realización de un espectáculo deportivo, generalmente mediante el pago de un precio a cambio del derecho de entrada, aunque es menester aclarar que en el deporte amateur suele ser gratuita la entrada; 5) El organizador del espectáculo deportivo, que es la persona física o jurídica que toma a su cargo la realización de un espectáculo, contratando los servicios esenciales para su desarrollo y debiendo prever los aspectos atinentes a la seguridad de la práctica, de modo de evitar las principales contingencias que el desarrollo del juego haga previsibles (confr.
Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo, ob. cit., págs. 791/792).- Hay que distinguir, si se trata de un daño no intencional ocasionado a otra persona (deportista, árbitro, espectador, terceros, etc.) durante la realización de un certamen o competición deportiva por uno de los participantes, el cual difiere, del supuesto en que la infracción haya sido perpetrada dolosamente o violando las reglas del juego o con notoria imprudencia. El caso que nos ocupa encuadraría en el primer supuesto, siendo la última hipótesis ajena a nuestro análisis.-
En cuanto a la responsabilidad del deportista frente a otro competidor, al público espectador o cualquier tercero, cabe señalar que en tanto se hayan ajustado a las reglas o usos del juego y guardando el nivel habitual de conducta propio del deporte en cuestión, los mismos no incurrirán en responsabilidad civil alguna. En forma coincidente, Borda señaló que el daño sufrido por un espectador por la embestida de un automóvil que sale de la pista, no compromete la responsabilidad del corredor porque el hecho es una contingencia propia del deporte que practica; ello sin perjuicio de la responsabilidad del empresario (autor citado, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, 9ª. edición, T° II, Buenos Aires, La Ley, 2008, N° 1666-b).- El automovilismo se ubica entre los deportes de alto riesgo que llevan implícito un serio peligro de causar alguna desgracia. Los diversos supuestos pueden tener como damnificados a los propios participantes de los juegos o certámenes, a los árbitros, a quienes de alguna manera, también pueden considerarse partícipes, a los espectadores y hasta terceros; y a su vez comprometer como responsables directos o indirectos a los propios contendores, a los árbitros, o a los organizadores de los espectáculos deportivos (confr. Cazeaux – Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, T° V, Ed. Platense, La Plata, 1996, págs. 713/726).- Dado la peligrosidad ínsita en las carreras de autos, quienes participan voluntariamente de ellas, ya sea como competidores o árbitros, asumen un riesgo extra propio de la actividad. Así, la llamada “aceptación de los riesgos” puede actuar como eximente total o parcial de responsabilidad. Es decir, la conducta de la víctima que sufre un daño, cuando es ella misma quien se ha expuesto, en forma consiente a un peligro específico liberaría de obligaciones a quienes, en circunstancias normales, deberían reparar (confr. Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil, T° II, 1ª. ed., Buenos Aires, La Ley, 2004, págs. 796/799).- Sobre el particular, no es pacífica la doctrina, ya que por otro lado se ha considerado que ésta cabe dentro de la eximente “culpa de la víctima”. Así hallamos dos posturas las que admiten la causal de aceptación de los riesgos específicos como eximentes de responsabilidad y las que niegan la aceptación de los riesgos como eximente autónoma (confr. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 27/02/06, “Molina, Hugo E. v. Consejo Municipal de Deportes y otros”).-
Aun cuando se reconoce que ambas eximentes -culpa de la víctima y asunción de riesgos- presentan notorias similitudes, se defiende, no obstante, la autonomía conceptual de la segunda, en función de la concurrencia o no de negligencia en el actuar de la víctima y así, para que exista asunción del riesgo, en ningún caso es necesario que la víctima actúe en forma negligente, sino que bastará con que realice en forma voluntaria una actividad con algún riesgo inherente y que éste se manifieste en el daño sufrido. En cambio, los casos de culpa de la víctima se caracterizan porque ésta ha actuado en forma negligente y ese comportamiento ha sido el causante en todo o en parte del accidente (confr. Pita, Enrique Máximo, ob. cit, pag. 73/74).- Llambías ha sostenido que en principio, la asunción del riesgo que se traduce en el propio daño no es una causa de exoneración de la responsabilidad del demandado; si este es culpable del hecho, o si es dueño o guardián de la cosa peligrosa que ocasionó el daño, la obligación de reparar el daño ocurrido está sujeto a un régimen de orden público que no se altera por el consentimiento de la víctima. Por excepción, la obligación de resarcir resulta modificada y hasta suprimida cuando la asunción de los riesgos evidencia una conducta culpable del damnificado. Así ocurre si éste se ha expuesto a un riesgo anormal o extraordinario. Cuando la asunción de riesgos configura una culpa del damnificado, se aplican las reglas referentes a dicha culpa, sea ella la única causa del daño, por ej., el uso de un ascensor que está fuera de servicio para ser reparado, con los anuncios pertinentes; sea una culpa concurrente con el hecho que compromete la responsabilidad del demandado (confr. Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho civil. Obligaciones, Bs. As., Ed. A. Perrot, 1973, T. III, n° 2192).- No cuadra aquí hacer un largo desarrollo de las disquisiciones doctrinarias sobre la materia, pero sí señalar que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional niega la aceptación de los riesgos como eximente autónoma de cualquier tipo de daño. En tal sentido se ha resuelto que: “…La participación voluntaria y espontánea en una manifestación deportiva o lúdica no hace presumir, por sí solo, que los participantes consientan en sufrir sin discriminación alguna lesiones por parte de sus adversarios, fuera de las contingencias y límites normales del juego, que es lo que determina su licitud…” (confr. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, fallo cit.).-
VI. En base a los conceptos precedentemente reseñados, analizaré, ahora, el caso sometido a revisión. Comenzaré por la conducta de Eujenio, a efectos de discernir si podríamos hallarnos ante la eximente: “culpa de la víctima” (prevista en el art. 1113 del CC) ya sea por su obrar negligente o por haber asumido los riesgos de la actividad que practicaba y si ella ha tenido entidad suficiente como para liberar de cargos a la demandada.-
El automovilismo es un deporte de alta peligrosidad. Esto no es un dato menor si debe analizarse jurídicamente la atribución de responsabilidad por daños producidos por accidentes en competencias automovilísticas, siempre teniendo en cuenta los principios generales sentados en los acápites precedentes.-
La culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, determina la ausencia total o parcial de relación de causalidad entre el hecho imputado al demandado y el daño cuya reparación se persigue. Al alegarse la ruptura del nexo causal adecuado, no puede atribuirse el daño al demandado, por lo que éste no debe reparar (confr. Pita, Enrique M., ob. cit, pags. 69/71).-
Muchas veces el damnificado se somete imprudentemente al peligro creado por el responsable (por ejemplo quien introduce el brazo en la jaula del león) y en otras deja de adoptar las medidas necesarias de seguridad, poniéndose en una situación de peligro (el caso del pasajero que no emplea el cinturón de seguridad). En ambos casos se trata de asunción de riesgos que encajan en la categoría de culpa de la víctima. Y por esta razón, podría afirmarse que la aceptación de riesgos corresponde a la culpa de la víctima, de la cual sería una especie (confr. Prevot, Juan Manuel, “Daños ocasionados en la práctica del rugby”, publicado en Revista de Derecho de Daños, 2010-2, Daño Deportivo, dirigida por Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Lorenzetti, 1ª. ed., Santa Fe, Rubinzal.Culzoni, 2010, págs.100/102).- Aplicando tales conceptos al sub examine, cabe afirmar que hubo aceptación culposa del riesgo con incidencia causal desde que el conocimiento previo, por parte del accionante, implicó que aceptaba, deliberadamente, participar en una competencia en la que no se cumplían recaudos mínimos necesarios de seguridad, según su criterio. Y, aun en esas circunstancias no tomó los cuidados razonables para poder evitar accidentes, al colocarse de espaldas al sentido de circulación de los rodados.-
Considero, entonces, que en el sub lite, el accionante incurrió en una conducta culpable que contribuyó al fatídico resultado. Es indudable que Eujenio conocía los riesgos que normalmente implica una carrera automovilística -probado esta en la causa que era piloto y miembro de la comisión de buggy-cross- tanto para los pilotos como para el personal auxiliar, al momento de aceptar, voluntariamente, oficiar de banderillero. Más aun, aceptó riesgos adicionales dado que, se desprende del escrito de demanda, desde su óptica el circuito tenía serias deficiencias especialmente en la curva donde se colocó para cumplir con su tarea y, no obstante, cometió la imprudencia (también comprobada) de colocarse de espaldas al sentido de circulación de los competidores. Asumió, entonces, un peligro mayor sabiendo lo que ocurría. Ese conocimiento de la peligrosidad de la cosa constituye por sí mismo una conducta culpable, agravada porque no adoptó las precauciones que las circunstancias le exigían.- Por loables que fueran sus intenciones -expresa que si no hubiera aceptado ser banderillero, la carrera se habría suspendido- lo cierto es que se colocó imprudentemente a sí mismo en una situación de riesgo que no desconocía, lo que torna aplicable (al menos en forma parcial) lo prescripto por el artículo 1113, segundo párrafo in fine, del Código Civil.-
Si el actor había participado en otras carreras, conocía la función que le competía como banderillero y los problemas de seguridad que atribuye al circuito, tal como lo relata en el libelo de inicio, no puede sostener que carece de culpa. Él también colaboró a causar el lamentable accidente, que tanto daño y sufrimiento le ha significado, porque conocía las dificultades que, a su entender, tenía el autódromo. Asumió el riesgo anormal que representaba la competencia en esas condiciones y debe soportar los detrimentos que ello le produjo. La culpa que cabe atribuirle radica en la asunción voluntaria de un riesgo suplementario, cual es haber aceptado una tarea en una competencia en la que, según él, no se respetaban pautas mínimas de seguridad, a lo que se agrega la negligencia que cometió al dar la espalda al sentido de circulación de los autos por lo que no pudo esquivar al vehículo que lo embistió.- En la especie, la actuación del actor (sea por la aceptación de los riesgos o por culpa de la víctima), tuvo incidencia causal en la producción del accidente. De allí que no pueda quedar exento de responsabilidad en el hecho.-
VII. No obstante, entiendo que la culpa de la víctima sólo eximirá parcialmente de responsabilidad al demandado. “?Sin perjuicio de lo señalado, el demandado no ha de librarse de su parte de responsabilidad, en la medida que no demuestre que la culpa de la víctima con aptitud para cortar totalmente el nexo de causalidad, aparezca como la única causa del daño debido a que, por sus características, le haya sido imposible evitarlo […] Existe culpa concurrente cuando el daño es el resultado de la conducta de ambas partes, por haber sido cada una de ellas condición indispensable para que se produzca el perjuicio, es decir, que la culpa de la víctima y la del autor del hecho son factores concurrentes en su producción?” (confr. mi voto en Tomo XVI, Sentencia, Reg. 536, Folio 3019/3026).- Asiste razón a la Cámara cuando considera que el accionante incurrió en conducta culpable, empero ella no excluye totalmente la responsabilidad de alguno de los codemandados, según explicaré en los considerandos siguientes.-
La codemandada Automóvil Club de Río Gallegos es quien tiene facultad para controlar y fiscalizar la actividad automovilística en esta ciudad (tal como lo reconoce en su responde a fs. 55/56). En ese contexto es que tuvo a su cargo fiscalizar la competencia en que ocurrió el siniestro y designar al Comisario Deportivo que fue quien nombró a Eujenio en el rol de banderillero.-
Importa aquí destacar que la organización de la competencia estuvo a cargo de la Comisión de la Categoría Buggy- Cross; la cual no fue demandada en autos, de manera tal que no cabe aquí condena contra ella.-
A su vez la Municipalidad de Río Gallegos, fue demandada porque, según el accionante, autorizó la competencia en un circuito que no cumplía con las reglas de seguridad.-
VIII. Comenzaré por examinar la obligación del Automóvil Club de Río Gallegos. Desde mi óptica, resulta innegable la responsabilidad objetiva de dicha entidad, la que se funda en el riesgo creado por la actividad que desarrolla y fiscaliza, la cual se sirve de cosas riesgosas, a lo que se suma que es la propietaria del autódromo donde ocurrió el accidente.-
Dado su condición de dueño del circuito y de fiscalizador de la competencia, cabe concluir que el Automóvil Club de Río Gallegos ejercía un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor de las actividades que allí se desarrollaban y que de ello obtenía o pretendía obtener algún provecho, de manera que debe cargar con la responsabilidad por los hechos dañosos que allí ocurran; por tratarse de un caso de responsabilidad objetivamente atribuida. Pesa sobre la entidad la obligación de demostrar que ha dispuesto todos los medios a su alcance para evitar accidentes tanto para el público, terceros y los propios competidores. Ello así pues, al autorizar en sus instalaciones la organización de una carrera automovilística asumió un deber de seguridad frente a las personas que ingresaron en el predio, máxime cuando intervino como fiscalizadora del evento y fue un dependiente suyo (el comisario deportivo) quien designó al actor como banderillero. En consecuencia le cabe la responsabilidad objetiva que emerge del artículo 1113 del Código Civil dado su calidad de propietario y fiscalizador del evento, por los daños allí ocasionados.- Tal como “ut supra” señalara, la cuestión cae en la órbita del artículo 1113, segunda parte, 2do. párrafo del Código Civil. La responsabilidad, en la especie, es de carácter objetivo. En su mérito, al sindicado como responsable no le basta con probar su ausencia de culpa sino que, para eximirse de responder, debe acreditar la culpa del damnificado, la de un tercero por el cual no se debe responder o el caso fortuito.-
A la víctima, para cobrar la indemnización le basta con probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, la que está presumida, mientras que éste, en virtud de lo previsto en la citada norma, debe acreditar la ocurrencia de alguna de las dispensas que ella prevé. Es la tesis del riesgo de la cosa. Vale aclarar que si bien el artículo 1113 regula el supuesto de daños producidos por las cosas riesgosas, la doctrina nacional ha extendido su aplicación a las actividades riesgosas, como la referida en éstas actuaciones (confr. Villarnovo, Martín, “Responsabilidad en el Deporte, Daños sufridos por los espectadores o asistentes a una competencia deportiva”, publicado en Revista de Derecho de Daños, 2010-2, Daño Deportivo, dirigida por Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Lorenzetti, 1ª. ed., Santa Fe, Rubinzal.Culzoni, 2010, pág. 78).- Los que hubieron tomado parte en la organización de una carrera de automotores deben a los competidores, auxiliares y público en general las garantías de seguridad que las circunstancias hagan exigibles.
En caso de producirse un percance se puede invocar contra ellas la norma del artículo 1113, segunda parte, 2do. párrafo del Código Civil, por configurar el accidente en ese supuesto, un hecho de la cosa (confr. Barbieri, Pablo C., “Por la ruta correcta. Apuntes sobre la atribución de responsabilidad en los accidentes deportivos”, Publicado en: RCyS 2005, 388). La responsabilidad civil de las entidades participantes de un espectáculo deportivo es netamente objetiva (confr. Bueres – Highton, ob. cit., pág. 25).- Por su parte, el artículo 51 de la ley 23184 (t.o según ley 24192) dispone que: “Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios”.
El factor de atribución de responsabilidad derivado de daños provocados en un espectáculo deportivo se rige por el Código Civil. En tal sentido, la ley citada, refuerza el esquema de imputación derivado de la legislación civil, estableciendo -como innovación- la solidaridad entre las obligados. Obligación que hubiese resultado simplemente mancomunada o in solidum, conforme al régimen general (confr. SCBA, 07/07/1998, Pascuali, Rubén L. y otro v. Randello, Alfredo V. y otros). Dicho artículo, estatuye un régimen especial de responsabilidad civil, en función de un factor de atribución claramente objetivo derivado de una actividad riesgosa (confr. Pita Enrique M, ob. cit., pág. 29).- Conteste con tal criterio, cabe concluir que los que forman parte del aparato organizador del evento deportivo son atrapados por el artículo 51 de la ley 23184 como sujetos pasivos del resarcimiento de los daños causados a terceros en esos espectáculos (confr.
Pita Enrique Máximo, ob cit. págs. 26/33).-
De tal manera, la norma mencionada, ha impuesto explícitamente a cargo de quienes intervienen en la organización de espectáculos deportivos, una obligación con respecto a la seguridad de los participantes y terceros, lo que constituye un factor de atribución de la responsabilidad legal y objetiva, inspirado en la idea del riesgo creado (confr. CSJN, 06/03/2007, Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros, Fallos: 330:563).-
En el sub judice, y de acuerdo con la ley, el deber resarcitorio que pesa sobre el organizador, alcanza al Automóvil Club de Río Gallegos en su doble rol de fiscalizador de la carrera y propietario de las instalaciones donde ésta se desarrolló; teniendo particularmente en cuenta que sin su participación no se hubiera podido realizar la competencia. Y ello es así, dado que su responsabilidad se presume, en tanto que ella tampoco ha demostrado que el accidente se haya producido por la exclusiva culpa de la víctima, caso fortuito o por un tercero por el cual no debe responder.-
Su responsabilidad concurre, sin embargo, con la culpa de la víctima ya analizada, que opera como eximente en forma parcial.-
IX. En cuanto a la responsabilidad de la Municipalidad de Río Gallegos, debe estarse a la relación adecuada de causalidad con el daño y en tanto dicha relación falte, la condena no será posible (confr. Llambías, “El espectáculo público”, La Ley, 1981-B, 523).-
Tal como se indica en el fallo recurrido, los deberes de la Comuna en casos como el presente surgen de lo dispuesto tanto por la Constitución Provincial en su artículo 150 como por la ley 55.-
Al respecto, en nuestra Constitución se expresa: “En el ámbito territorial que la Legislatura le fije y conforme a criterios técnicos, el Municipio desarrollará su actividad y tendrá competencia en las siguientes materias, sin perjuicio de otras que las leyes le fijen:… 7. Dictar Ordenanzas que traten sobre el plan regulador del desarrollo urbano; apertura y pavimentación de calles; construcción de plazas y paseos; uso de las calles, del subsuelo y del espacio aéreo; seguridad e higiene en la edificación y construcción en general; tráfico, transporte y vialidad urbana… 8. Atender lo inherente a la salubridad; la salud pública y los centros asistenciales; la higiene y moralidad pública…”.- Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y DEBERES… ARTICULO 47º: Corresponde al Concejo Deliberante dictar las disposiciones cuyo objeto sea el gobierno y dirección de los intereses locales del Municipio por medio de ordenanzas con el fin de:… 1 -a) Velar por la higiene, salubridad y asistencia pública. b) Establecer normas de acuerdo a las cuales funcionarán los lugares públicos?”.-
El poder de policía municipal en lo que hace a espectáculos deportivos finca únicamente en razones de moralidad pública y por ende no involucra la policía de seguridad, sino solamente -en cuanto a las personas- la policía de seguridad edilicia (confr. Pita, Enrique M., ob. cit, págs. 49/50).-
En este marco, nuestro Máximo Tribunal ha expresado que corresponde distinguir entre los casos de omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. La determinación de la responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos jurídicos indeterminados debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar (confr.
Fallos: 330:563, fallo cit.). Al respecto, también ha dicho la CSJN que la mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado Nacional o Provincial, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa (confr. Fallos: 312:2138; 313:1636; 323:3599; 325:1265 y 3023).- En este sentido, el deber de seguridad que el actor pretende atribuir al municipio, no está legalmente definido de modo expreso y determinado, y muchos menos se identifica con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros.
Tal como señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo precedentemente citado: “?Consagrar una regla de este tipo es una decisión que el legislador no ha tomado, y que no registra antecedentes en el derecho comparado. Por lo demás, sería irrazonable que el Estado sea obligado a que ningún habitante sufra daños de ningún tipo, porque ello requeriría una previsión extrema que sería no sólo insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de los mismos ciudadanos a proteger. Como conclusión, no puede afirmarse, como lo pretende el actor, que exista un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios razonables […] En este caso no existe un deber jurídico determinado basado en una obligación preexistente, como ocurriría si hubiera existido una relación con el Estado contratado para brindar el servicio en forma específica.
Se trata en cambio, de un deber jurídico indeterminado para la generalidad de los ciudadanos quienes, en consecuencia, no tienen un derecho subjetivo, sino un interés legítimo subjetivamente indiferenciado a la seguridad?”.- Cabe concluir -de acuerdo con la doctrina citada, que comparto- que la Comuna no organiza ni fiscaliza las competencias, como la que es objeto de este litigio. Sus deberes se limitan al contralor de salud, higiene y moralidad públicas, como así también en las cuestiones atinentes a la seguridad e higiene, en la edificación y construcción en general, y el accionante no ha explicitado y menos aun demostrado cuáles son los defectos de seguridad que atribuye al circuito, que puedan imputarse al municipio.-
Tampoco el municipio posee la calidad de dueño ni guardián del circuito, por lo que no encuentro factores que funden una imputación de responsabilidad objetiva en cabeza de la mencionada institución.-
En función de todo lo expuesto, habiéndose delimitado la extensión del servicio, no se advierte una falta imputable capaz de comprometer la responsabilidad de la Municipalidad de Río Gallegos, por lo que debe confirmarse lo decidido al respecto en las instancias de grado.-
X. En conclusión, considero que debe atribuirse responsabilidad al Automóvil Club de Río Gallegos, concurrente con la culpa de la víctima, que la exime parcialmente de ella. Estimo que esta última ha incidido causalmente en el acaecimiento del siniestro en un 60 %. En consecuencia, la mencionada codemandada deberá abonar al actor el 40 % de los daños acreditados, según se analizará en los Considerandos siguientes.-
XI. Resta ahora, determinar los daños indemnizables. Demanda el actor la suma de Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($ 350.000) en concepto de lucro cesante e igual monto por daño moral.-
El actor tenía 28 años al momento del hecho, conforme se desprende de la pericia contable de fs. 401, y si bien continua trabajando para la Fuerza Aérea Argentina, conforme indica el informe de fs. 326/329, en base a la reducción de su capacidad laborativa se le han asignado tareas administrativas, perdiendo suplementos que integraban su haber (confr. fs. 326). Por otro lado su incapacidad, según el informe pericial de fs. 295 es del 26%, de tipo permanente, grado parcial y definitiva (confr. pericia médica de fs. 107) y presenta secuelas psicológicas de las que da cuenta la pericia de fs. 112. Asimismo, se ha presentado un informe realizado por un perito contador (confr. fs. 401 y 413) sobre el quantum de la indemnización, el cual, aclaro, será considerado junto con los demás exámenes periciales y elementos probatorios que surgen de la causa.- Respecto de estas consecuencias dañosas, la Corte Suprema de la Nación ha considerado que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su vida (Fallos: 312:752, 315:2834; 316:2774; 325:1156; 326:847, entre otros).
Dicho Tribunal, ha expresado, también, que para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas y psíquicas no es necesario apegarse a criterios matemáticos, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación (Fallos: 320:1361 y 325:1156).- Cabe agregar que en el examen psicológico (confr. fs. 234) se afirma que el demandante había sufrido episodios de labilidad, ansiedad, inseguridad y trastornos del sueño que configuran un síndrome de estrés post traumático sobre todo a consecuencia de las secuelas somáticas en el miembro inferior.
Que al momento de ser analizado no evidenciaba síntomas de ansiedad, “?utilizando mecanismos de defensa: racionalización y sublimación; que le están permitiendo reintegrarse a sus actividades cotidianas? Se considera en el discurso que el Sr. Eujenio ha modificado su modo de vida en relación a inferir sentirse más temeroso y cuidadoso ante situaciones de potencial riesgo. No manifestando que dicho cambio perjudique a terceros o a sí mismo?”. También que “?se pueden evidenciar recuer-dos de lo sucedido en el hecho y de la angustia que presentó el grupo familiar con mayor repercusión en su hijo menor?” (confr. fs. cit).- Atendiendo a estas particularidades, considero justo y equitativo fijar por este concepto -lucro cesante- la suma de $ 120.000, calculados a la fecha del accidente.-
Resulta procedente el reclamo de daño moral, detrimento que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola producción del evento dañoso, ya que se presume la lesión por la índole de la agresión padecida, la inevitable lesión de los sentimientos del demandante.-
Sobre el punto ha expresado este Tribunal: “?Respecto del resarcimiento moral, debe observarse que en orden a las particularidades de la causa y la relación directa con el reclamante, media una presunción iuris tantum respecto de la existencia del daño (confr. CS, Diciembre-22-1994, in re: “Brescia, Noemí Luján c. Buenos Aires Prov. de y otros”), y su valoración no se encuentra sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer prudentemente el quantum indemnizatorio en orden al hecho generador, función resarcitoria y principio de reparación integral, donde deben armonizarse los valores en juego, evitando que se constituya en una doble indemnización; con lo que se daría lugar al enriquecimiento sin causa, dado que el rubro en cuestión está destinado a compensar el “pretium doloris” causado por la fractura de los valores de corte espiritual y de orden superior (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IV, Sentencia, Reg. 156, Folio 783/789; Tomo VI, Sentencia, Reg. 196, Folio 1049/1054, entre otros).- Debido a que el daño moral es extrapatrimonial, su estimación dineraria es siempre problemática y queda sometida a la decisión subjetiva del magistrado (confr. GUIBOURG, Ricardo A., “Cuantificación del daño”, en la obra colectiva: Tratado jurisprudencial y doctrinario. Derecho civil. Responsabilidad civil, La Ley, 2009, T. II, p. 999).-
A los fines de la fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este (confr. CSJN, Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y 847).-
En virtud de las consideraciones expuestas, estimo ajustado de derecho fijar la indemnización por daño moral en la suma de $ 30.000, calculados a la fecha del evento dañoso.-
En definitiva el daño total se liquida en la suma de 150.000 pesos, de los cuales el 40% debe ser soportado por la demandada Automóvil Club de Río Gallegos, desde que se atribuyó al actor el 60% de la responsabilidad causal en el accidente.-
Los intereses se deberán calcular desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Ban-co Central de la República Argentina.-
Las costas deberán distribuirse entre la actora y la codemandada Automóvil Club de Río Gallegos, conforme a la responsabilidad asignada a cada una de ellas (confr. art. 71, CPC y C).-
En mérito a las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora y casar parcialmente la sentencia impugnada. Por ello, a esta Primera Cuestión voto por la afirmativa.-
A la SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Mercau dijo:
En razón de mi voto negativo a la Primera Cuestión, propongo al Tribunal dicte sentencia rechazando el recurso de casación interpuesto por el actor a fs. 638/642 vta., y en consecuencia, confirmando la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 622/631 vta., con costas (art. 68, CPC y C).-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Paula Ernestina Ludueña Campos adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Mercau.-
A la SEGUNDA CUESTION el Dr. Peretti dijo:
Teniendo presente la forma en que me he pronunciado al tratar la Primera Cuestión, soy de opinión que el Tribunal debe hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor, casando parcialmente la sentencia impugnada, y en consecuencia, modificar el fallo recurrido; haciendo lugar parcialmente a la demanda, atribuyendo responsabilidad concurrente en la provocación del accidente, distribuida en un 60 % para el actor y un 40 % para la codemandada Automóvil Club de Río Gallegos. Liquidar los daños sufridos por el actor en la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000), soportados por las partes de acuerdo a los porcentajes de responsabilidad atribuidos y modalidades indicadas en el considerando X. Asimismo, estimo debe confirmarse lo decidido en la anterior instancia respecto de la Municipalidad de Río Gallegos. Distribuir las costas entre las partes, conforme la responsabilidad asignada a cada una de ellas (confr. art. 71, CPC y C).- En virtud de lo cual se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 19 de marzo de 2014.-
Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dra. Alicia de Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, y Paula Ernestina Ludueña Campos, y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 638/642 vta. por el Sr. Marcelo Fernando Eugenio y, en consecuencia, confirmar íntegramente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 622/631 vta., con costas.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004S.141 Tomo: XVII Sentencia: 565.-
Folio N°: 3.205/3.218.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia