Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2019-79479362-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones 169/2019 y 170/2019 (AD BABL) recaídas en los expedientes administrativos SIGEA N° 14930-15-2014 Y 14930-22-2015 2. Costas a la parte actora (art. 1163 C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-15810920-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 14 de Febrero de 2024 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2019-79479362-APN-SGASAD#TFN (“Transportadora de Gas del Sur S.A).
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante IF-2019-79476361-APN-SGASAD#TFN se presenta por apoderado la firma Transportadora de Gas del Sur S.A e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones-Fallos Nros. 169/2019 y 170/2019 (AD BABL) dictadas por el Jefe de Sección INSP EX ANTE (I) de la Aduana de Bahía Blanca, recaídas en los expedientes administrativos SIGEA Nros. 14930-15-2014 y 14930-22-2015, mediante las cuales se resolvió rechazar la devolución de derechos de exportación solicitada por la firma “Transportadora de Gas del Sur S.A.” correspondiente a las destinaciones de exportación Nro. 08 003 ES02 000188 B ; 09 003 EC08 000005D, y 09 003 ES02 000007 P; 09 003 EC08 000015E cuestionando ante esta instancia la denegatoria de devolución de la suma de $ 962.438,26 (ver F.4).
Señala al respecto, que la firma abonó los derechos de exportación establecidos por la Resolución MEP Nro. 394/07 y que se le exigió a su mandante el pago por un importe total de u$s 327.598,86 de derechos de exportación aplicando una alícuota del 45% en virtud de la fórmula establecida en la citada norma. Sostiene que la resolución en cuestión no ha sido aprobada y/o ratificada por el Congreso, sino hasta la vigencia de la ley 26.732 (28/12/2011). Considera que los derechos de exportación debieron ser del 5% ad valorem en virtud de lo establecido en los Decretos Nros. 690/02 y 310/02, ambos ratificados por Ley nacional, y que debió aplicarse el precedente "Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía" sentencia de la C.S.J.N. de fecha 15/04/2004, de la cual destacó que es imprescindible, para la validez constitucional de un tributo, que el Congreso debe ser quien delimite el hecho imponible, los sujetos alcanzados, la exenciones previstas y la alícuota o cuantía del impuesto, limitando la facultad del Poder Ejecutivo al aspecto cuantitativo (Alícuota), en los casos que el Poder Legislativo expresamente delegue tal facultad y delimite márgenes mínimos y máximos de modificación. En cuanto a la facultad de este Tribunal Fiscal, para aplicar la doctrina sentada por la C.S.J.N. expresa que corresponde se declare la inconstitucionalidad o ilegitimidad de la Resol. Nro. 394/07, en los términos establecidos en el antecedente jurisprudencial previamente citado y en el art. 1164 del C.A. Con relación al cómputo de intereses, solicitó aplicar la tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el B.C.R.A. Por último, solicita se revoquen las resoluciones administrativas apeladas de conformidad con los planteos formulados, con costas.-
II. Que mediante IF-2019-103955480-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. En primer lugar niega todos y cada una de las afirmaciones y/o copias invocadas por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Afirma, respecto del precedente jurisprudencial "Camaronera Patagónica S.A c/Ministerio de Economía" que la interpretación que realiza la apelante no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. Considera que debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad toda vez que los derechos en trato fueron creados por la ley n° 25.561 prorrogados por las Leyes: 26.217 y 26.732. Cita jurisprudencia en sustento a su postura y realiza consideraciones acerca de la modalidad de pago de los derechos de exportación y la tasa de interés. Hace reserva del caso federal y solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 14930-15-2015 se inician a fs. 1/5vta. con el recurso de repetición interpuesto por la firma “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.” con fecha 18 de diciembre de 2013, mediante el cual se solicita la devolución de la suma de u$s 190.534,63 en concepto de derechos de exportación con relación a las destinaciones Nros: 08 003 ES02 000188 B/ 09 003 EC08 000005D oficializadas el 30/12/2008 y 13/01/2009 respectivamente, obrando glosada a fs. 23 la carpeta de la primera de ellas y dentro de la misma copia certificada de la segunda destinación.- A fs. 45/47vta. se agrega el Dictamen Jurídico por el cual se interpreta que corresponde rechazar el procedimiento de repetición intentado. A fs. 48/50vta. se dicta la Resolución-Fallo Nro. 169/2019 (AD BABL) que se apela en autos.-
Que las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 14930-22-2015 se inician a fs.1/10 con el recurso de repetición interpuesto por la firma “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.” con fecha 12 de diciembre de 2014, mediante el cual se solicita la devolución de la suma de u$u 137.064,23 en concepto de derechos de exportación con relación a las destinaciones Nro.: 09 003 ES02 000007 P/ 09 003 EC08 000015E oficializadas el 16/01/2009 y 04/02/2009 respectivamente, cuyas copias certificadas se acompañan a fs. 39/46.- A fs. 50/52vta. se agrega el Dictamen Jurídico por el cual se interpreta que corresponde rechazar el procedimiento de repetición intentado. A fs. 53/55vta. se dicta la Resolución-Fallo Nro. 170/2019 (AD BABL) que se apela en autos.-
IV. Que con fecha 13 de diciembre de 2022 se elevan los autos a la Sala "E" y posteriormente se pasan los autos a sentencia.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictada por este Tribunal en la causa "Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso de apelación" (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN,) en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal "ARTICULO 1° .- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467".
El principal agravio de la aquí recurrente, radica en el hecho de que no correspondía, a su entender, la alícuota del 45 % fijada por la Resolución MEP N°394/07, no ratificada por el congreso.
Tal como se señaló supra, mediante el plenario mencionado se acordó en el artículo 2 que "El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.- En este orden de ideas, en virtud de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 11.683 y resultando aplicable al presente caso la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde confirmar las resoluciones apeladas. En este sentido y dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el plenario de referencia, respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas, en razón de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma cuestionada -a cuyo voto me remito-, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos abonados por la firma "TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR" en relación a las destinaciones mencionadas, puesto que lo dispuesto en la Resolución MEP N°394/07 y sus sucesivas modificatorias, la cual fijó derechos de exportación respecto de las posiciones arancelarias allí estipuladas, resulta similar, mutatis mutandi, a lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018 cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia. En efecto, hasta tanto se mantenga vigente el plenario de referencia, habré de aplicar -con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un acuerdo plenario aunque no comparta -stricto sensu- lo allí resuelto.
VI. Que, en cuanto a las costas del debido proceso, las mismas deben imponerse por su orden en atención a la temática de la cuestión en trato y que el fallo el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso (art. 1163 C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar las Resoluciones-Fallos Nros. 169/2019 y 170/2019 (AD BABL) recaídas en los expedientes administrativos Nros. 14930-15-2014 y 14930-22-2015, costas por su orden.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Christian González Palazzo.
II. Que en primer término en relación a los agravios de la recurrente relativos al planteo de inconstitucionalidad de la Resolución ME 394/07 cabe resaltar que conforme lo establece el art. 1164 del CA este Tribunal no tiene facultades para pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias y sus reglamentaciones, salvo que la CSJN se hubiera pronunciado sobre la cuestión en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que toda vez que no existe pronunciamiento de la CSJN en relación a la resolución cuestionada, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente.
III. Que avanzando en el análisis de la cuestión de fondo de autos, corresponde en primer término tener presente que la Ley 23.696 de reforma del Estado, permitió implementar la ley de hidrocarburos N° 17.319, en lo referido al otorgamiento de permisos y concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Que los decretos 1.055, 1.212 y 1.589, todos del año 1989, establecieron la desregulación del mercado y de la industria petrolera.
Que el art. 3 del decreto 1589/89 disponía la autorización expresa de la libre exportación e importación de hidrocarburos y sus derivados, eximiéndolos de todo derecho o arancel.
Que a fines del año 2001, con motivo de la crisis social y económica imperante, se sancionó la ley 25.561, y en su art. 6 resolvió también delegar atribuciones en el Poder Ejecutivo. Entre ellas, las de “…establecer medidas compensatorias para evitar desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente (se refiere al cambio de paridad entre el dólar y el peso), las que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía crease un derecho a las exportaciones de hidrocarburos por el termino de cinco años facultándose al PEN a establecer la alícuota correspondiente, pudiéndose afectar a ese mismo fin otros recursos, incluidos préstamos internacionales”
Que en uso de esas facultades delegadas, el poder Ejecutivo dictó diversas normas imponiendo derechos de exportación a todas las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados.
Que por la Resolución (MEP) 394/07, que derogó la Resolución ME 532/04, incluyó la exportación de gasolina natural.
Que la ley 26.204 resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2007, la vigencia de la ley 25561. Que la ley 26.217 prorrogo por el término de 5 años, a partir del vencimiento, el derecho a las exportaciones de hidrocarburos dispuesto por el art. 6 de la ley 25.561, luego prorrogada por la ley 26217 y ésta luego por la ley 26732.
Mediante la citada ley 26217, publicada en el B.O. el 16/01/07, se ratificó la vigencia de varias normas, entre las que se encuentra el decreto 690/02 (modificatorio del decreto 310/02). Y luego la Resolución (ME) 394/07 (que derogó la Resolución (ME) 532/04) emitida por el Ministerio de Economía y Producción, la cual reglamentó los valores de referencia y de corte para los hidrocarburos y el cálculo de las alícuotas de derechos de exportación aplicables.
Que el Decreto Nº 310 de fecha 13 de febrero de 2002 y sus modificaciones y complementarias, prorrogado por la Ley Nº 26.217 y el Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones, establecieron los derechos de exportación aplicables a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), consignadas en el Anexo XV de dicha norma.
Que la Resolución (ME) 394/07, fue modificada por la Res. MEFP 599/10 y 1/13 y decreto PEN 1425/13. Tal mecanismo de fijación de alícuotas resulta calificado de “alícuotas móviles” al fijarse la alícuota aplicable del siguiente modo: si el precio internacional fuera inferior al valor de referencia que figura en el Anexo de la resolución se aplicará una alícuota de derecho de exportación del cuarenta y cinco por ciento (45 %). Que a esos efectos, la Aduana considerará las cotizaciones diarias de dicho precio, el cual será fijado diariamente por la Dirección Nacional de Refinanciación y Comercialización (dependiente de la Secretaria de Combustibles de la Secretaria de Energía del ex Ministerio de Planificación federal, Inversión Pública y Servicios). Se procederá a determinar los porcentajes a aplicar, en un plazo de NOVENTA (90) días hábiles.
La misma ley 25.561 en sus arts. 1 y 2 disponía lo siguiente:
“Art. 1°: Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente…”
El Congreso, mediante la ley 25.561, en ejercicio de sus propias potestades constitucionales legislativas e invocando además el art. 76 de la Constitución: (i) creó un derecho de exportación sobre hidrocarburos -el cual se encuentra legislado en todos sus aspectos sustanciales por las normas del Código Aduanero sobre derechos de exportación: arts. 724 a 760 y concordantes, Capítulo 6 del Título 1 de la Sección 9 del CA- por un plazo de cinco (5) años; (ii) delegó en el PEN, por un plazo también de cinco (5) años, las facultades para establecer las alícuotas correspondiente al derecho de exportación que había creado; (iii) estableció que tanto la creación del tributo que dispuso, como la delegación de sus facultades para fijar alícuotas en el PEN, se enmarcan claramente en su política (del Congreso) frente a la emergencia cambiaria y sus efectos, conforme surge de la letra del mismo art. 6 de la ley 25.561 al crear el derecho de exportación de marras, concordante con la declaración de emergencia cambiaria de su art. 1 –que invoca el art. 76 de la Constitución Nacional- y la modificación de la relación de cambio dispuesta por el art. 2. Resulta manifiesto de lo expuesto que la Resolución (ME) 394/07 se dictó entonces invocando la existencia de una concreta norma delegante (art. 6º de la ley 25.561) que definió una clara política legislativa, con plazo para su ejercicio (5 años), en el marco de una emergencia y versando sobre materia determinada de administración. Ello se encuentra en línea con los términos literales del art. 76 de la Constitución que regula las condiciones para la delegación legislativa por parte del Congreso, y que la ley 25.561 invoca en su art. 1. Asimismo, la emergencia cambiaria en el marco del cual se dispuso todo lo anterior se extendió, conforme las leyes dictadas por el mismo Congreso -25.972; 26.077; 26.204; 26.339; 26.456; 26.563; 26.729; 26.896 y 27.200- entre el 07.01.02 y el 31.12.17 (quince años). Finalmente, como se dijo, la ley 25.561 se prorrogó en lo que respecta al derecho de exportación de hidrocarburos mediante las leyes 26.217 y 26.732.
El 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561 (B.O. 07.01.02). Mediante esta ley, el Congreso dispuso: a) en el segundo párrafo de su artículo 6° -en el marco de la emergencia cambiaria declarada en su art. 1º conforme el art. 76 de la Constitución Nacional- y la modificación de la relación de cambio dispuesta por su art. 2º- la creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco años -en tanto derecho de exportación se encontraba gobernado por las normas respectivas del CA, arts. 724 a 760 y cc.-; b) Mediante el mismo artículo, el Congreso de la Nación delegó en el PEN las facultades legislativas de establecer las alícuotas de derechos de exportación, también por un plazo de cinco años; c) En ejercicio de las facultades delegadas por el tercer párrafo del artículo 6 de la ley 25.561 (B.O. 07.01.02), entre las fechas de su vigencia - 07.01.02 y el 07.01.07- el PEN dictó, entre otras, las siguientes normas por las que se fijaron las alícuotas de los derechos de exportación: decreto Nro. 310 del 13 de febrero de 2002 (B.O. 14.02.02); Decreto Nro. 809 del 13 de mayo de 2002 (B.O. 14.05.02); Decreto 645 del 26 de mayo de 2004 (B.O. 27.05.04); Resolución (ME) 526 del 22 de octubre de 2002 (B.O. 23.10.02); resoluciones Nros. ME 335, 336 y 337 del 11 de mayo de 2004 (B.O. 12.05.04); las resoluciones Nros. 532 del 4 de agosto de 2004 (B.O. 5.08.04) y su modificatoria, 537 del 5 de agosto de 2004 (B.O. 06.08.04), 534 del 14 de julio de 2006 (B.O. 25.07.06) y 776 del 10 de octubre de 2006 (B.O. 11.10.06) todas del Ministerio de Economía y Producción.
El 20 de diciembre de 2006 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.217 (B.O. 16.01.2007) mediante la cual: a) prorrogó por el término de cinco años el derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el tercer párrafo del art. 6 de la ley 25.561 (de consuno con sus arts. 1 y 2); b) prorrogó por el término de cinco años la delegación de sus facultades legislativas al PEN para fijar las alícuotas correspondientes a tales derechos de exportación sobre hidrocarburos, autorizando además expresamente al PEN la subdelegación de tales facultades legislativas en el Ministerio de Economía y Producción; c) Mediante su artículo 2°, el Congreso de la Nación ratificó expresa y nominalmente la vigencia de los decretos Nros. 310 del 13 de febrero de 2002 (B.O. 14.02.02) y sus modificaciones, 809 del 13 de mayo de 2002 (B.O. 14.05.02) y 645 del 26 de mayo de 2004 (B.O. 27.05.04); la Resolución (ME) 526 del 22 de octubre de 2002 (B.O. 23.10.02); las resoluciones Nros. 335, 336 y 337 del 11 de mayo de 2004 (BO: 12.05.04); las resoluciones Nros. 532 del 4 de Agosto de 2004 (B.O. 5.08.04) y su modificatoria, 537 del 5 de agosto de 2004 (B.O. 06.08.04), 534 del 14 de julio de 2006 (B.O. 25.07.06) y 776 del 10 de octubre de 2006 (B.O. 11.10.06), todas del Ministerio de Economía y Producción y demás normas dictadas en consecuencia; d) En ejercicio de las facultades delegadas por cinco años por el Congreso mediante el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley 25.561 (B.O. 07.01.02), prorrogadas por otros cinco años mediante el art. 1 de la Ley 26.217 (B.O. 16.01.2007), entre las fechas de su vigencia 07.01.07 y 07.01.2012, el PEN dictó las siguientes resoluciones -ejerciendo tales facultades delegadas para fijar las alícuotas de derechos de exportación-: la resolución MEyP 127 de fecha 10 de marzo de 2008 (B.O. 12.03.08), el decreto Nro. 509 del 15 de mayo de 2007 (BO: 23.05.07) y la Resolución (ME) 394 de fecha 15 de noviembre de 2007 (B.O. 16.11.07).
El 21 de diciembre de 2011 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.732 (B.O. 28.12.2011) mediante la cual: a) prorrogó por un nuevo término de cinco años el derecho de exportación de hidrocarburos creado por el tercer párrafo del art. 6 de la ley 25.561 (de consuno con sus arts. 1 y 2) y prorrogado por la ley 26.217 referida en el párrafo anterior; b) prorrogó por un nuevo término de cinco años la delegación de sus facultades legislativas al PEN para fijar las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación sobre hidrocarburos, autorizando nuevamente al PEN para la subdelegación de tales facultades legislativa en el Ministerio de Economía y Producción; c) Mediante el artículo 2, expresa y nominalmente el Congreso de la Nación ratificó la vigencia de los decretos Nros. 310 del 13 de febrero de 2002 (B.O. 14.02.02) y sus modificaciones, 809 del 13 de mayo de 2002 (B.O. 14.05.02), las resoluciones 394 de fecha 15 de noviembre de 2007 (B.O. 16.11.07) y 127 de fecha 10 de marzo de 2008 (B.O. 12.03.08), ambas del ex Ministerio de Economía y Producción y demás normas dictadas en su consecuencia; d) En ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso mediante el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley 25.561 (B.O. 07.01.02), prorrogadas por las leyes 26.217 (B.O. 16.01.2007) y 26.732 (B.O. 28.12.2011), entre las fechas de su vigencia 07.01.12 y 07.01.2017, el PEN dictó la Resolución (MEP) 1077 del 29 de diciembre de 2014 (B.O. 31.12.14).
Finalmente, la prórroga sobre los derechos de exportación sobre hidrocarburos establecida por la Ley 26.732 del año 2011 venció el día 7 de enero de 2017 sin que se sancionara una nueva prórroga: en consecuencia, los derechos de exportación ya no se impusieron a estas exportaciones desde esa fecha. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2018 el PEN sancionó el decreto 793/2018 (B.O. 04.09.2018) por el cual se gravaron con derechos de exportación todas las exportaciones para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) alcanzando a todos los hidrocarburos y sus derivados, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
Del mismo modo, el Congreso de la Nación, tanto en la ley 26.217 como en la 26.732, además de crear y prorrogar por cinco años el impuesto a la exportación que había creado, delegó en el PEN -por cada una de esas leyes- las facultades para establecer las alícuotas correspondientes (art. 6 de la ley 25.561 y art. 1 de las leyes mencionadas), así como ratificó y ordenó expresa y nominalmente la continuación en vigencia de las normas delegadas dictadas previamente por el PEN que fijaban las alícuotas de los derechos (art. 2 de ambas leyes, 26.217 y 26.732) en base precisamente a las normas delegantes mencionadas en primer término (arts. 6 de la ley 25.5.61 y arts. 1 de las leyes 26.217 y 26.732). Así, por ejemplo, la ley 26.732 (BO: 28.12.11) en su artículo 2º ordenó la continuación de la vigencia de la Resolución (ME) 394/07 -la impugnada en autos- vigente desde 15 de noviembre de 2007 (B.O. 16.11.07), fecha en que se dictó.
La historia legislativa enunciada en los párrafos anteriores muestran, lejos de una actuación autónoma y aislada del Poder Ejecutivo en la fijación de las alícuotas de los derechos de exportación sobre hidrocarburos mediante la Resolución (ME) 394/07, una verdadera actuación conjunta y coordinada entre el Congreso y el PEN a lo largo de más de 15 años -desde enero del año 2002 hasta el año 2017- que finalizó por decisión del propio Congreso al no prorrogar por otros cinco años el derecho de exportación cuyas alícuotas se discuten en autos, como lo había hecho en el año 2006 y 2011. Tal historia, de armónico y permanente entendimiento en sus respectivas esferas de actuación del Congreso de la Nación y el PEN, permiten visualizar, respecto de la Resolución (ME) 394/07 que se inserta en el marco normativo de una clara política legislativa y que se ejerció dentro de los plazos de vigencia establecidos por el Congreso (conf. art. 76 de la Constitución Nacional).
En definitiva, mediante la Resolución (ME) 394/07 impugnada por la actora el PEN fijó, dentro del plazo de 5 años por el que se le concedieron tales facultades, el sistema de alícuotas -móviles- del derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el Congreso también por un plazo de 5 años -prorrogado en el año 2006, todo conf. art. 6 tercer párrafo de la ley 25.561- en el marco de la regulación general de derechos de exportación del Código Aduanero -que no fija alícuotas específicas-. La actuación del PEN se ejerció pues aplicando una clara política legislativa y dentro de los plazos establecidos por el Congreso (art. 76 de la Constitución) en el marco de una emergencia declarada por el mismo Congreso que se extendió entre los años 2002 y el 31.12.2017 (conf. ley 27.200 -BO: 04.11.15- última ley de prórroga de la ley 25.561).
La ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria que motivó la creación por el Congreso del derecho de exportación sobre hidrocarburos y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17. En consecuencia, al momento del dictado de la Resolución (ME) 394/07 las condiciones de emergencia cambiaria determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, extendiéndose hasta el año 2017.
A más de ello, téngase presente que por aplicación de la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) recaída en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría se resolvió que: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
ARTICULO 3°.- …”.
En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas a la actora conforme lo establecido en el art. 1163 del C.A..
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar las Resoluciones 169/2019 y 170/2019 (AD BABL) recaídas en los expedientes administrativos SIGEA N° 14930-15-2014 Y 14930-22-2015 2. Costas a la parte actora (art. 1163 C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones 169/2019 y 170/2019 (AD BABL) recaídas en los expedientes administrativos SIGEA N° 14930-15-2014 Y 14930-22-2015 2. Costas a la parte actora (art. 1163 C.A.).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
Date: 2024.02.14 13:08:15 -03:00 Date: 2024.02.14 16:04:47 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.14 18:31:42 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.14 18:31:43 -03:00
Fin de la sentencia