Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2019-838228493-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los planteos de nulidad y prescripción formulados por la actora, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-15980460-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Febrero de 2022 S.A.)
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Cora M. Musso, Juan Manuel Soria y Claudia B. Sarquis - por encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor H. Juárez -, con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2019-838228493-APN-SGASAD#TFN (TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.)
La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que la actora por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 3568/2018 (DE PRLA) recaída en el Expediente Administrativo SIGEA 12197-5155-2010, en la que se dispuso: Artículo 1°: ARCHIVAR sin más trámite las presentes actuaciones en los términos del punto D.4 de la Instrucción General N° 9/17 ello con respecto a la DIT 01 001 IT15 000136 A; y Artículo 2º: FORMULAR CARGO por los tributos adeudados, por la suma de U$S 8.214,90 (…), en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA… y por la suma de $18.115,64 (…) en concepto de IVA adicional y Ganancias....”. Relata los hechos que originaron la causa, y en primer término plantea la ilegalidad del punto D.4 de la Instrucción General 9/17 (DGA).
Sostiene que el artículo 2 de la resolución apelada es nulo, de nulidad absoluta e insanable aduciendo que es contradictorio que por un lado se ordene el archivo de las actuaciones y que por el otro se formule un cargo tributario. Agrega que la citada instrucción general viola la garantía de razonabilidad establecida en el art. 28 de la Constitución Nacional, como así también viola el principio de legalidad, consagrado en los art. 4 y 75 inc. 1 y 2 de la Constitución Nacional, porque hace nacer una obligación tributaria prescindiendo de la configuración del hecho imponible establecido por ley y se arroga facultades en materia tributaria, lo cual le está constitucionalmente vedado. Arguye que la Instrucción General bajo estudio permite que el Fisco pueda reclamar tributos sin causa, lo cual puede dar lugar a reclamos injustos y a un enriquecimiento ilegítimo para el Estado.
Manifiesta que la Instrucción General 9/17 resulta ilegítima en cuanto hace nacer un crédito fiscal sin que se haya configurado un hecho imponible, siendo el único interés perseguido por el servicio aduanero con dicha instrucción el ejercicio de su función recaudatoria. Refiere que como el Tribunal no tiene facultades para expedirse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras, solicita que se revoque el artículo 2 de la resolución apelada, declarando la inaplicabilidad del punto D.4 de la Instrucción General 9/17 y se ordene el archivo de estas actuaciones. Posteriormente plantea excepción de prescripción de la acción del cobro de tributos por parte de la Aduana, con fundamento en la ineficacia del auto de instrucción de sumario y la irrazonabilidad de la duración del proceso.
Refiere que la primera notificación recibida con relación al sumario en trato fue la de la corrida de vista con fecha 21/09/2017 siendo que el presunto hecho imponible por el que se imputa a la firma importadora habría acaecido el 27/01/2008, por lo que tomando el plazo de prescripción reglado en el C.A., art. 803 y s.s., el mismo comenzó a computarse el día 01/01/2009. Indica que en el caso la Aduana habría tenido tiempo para percibir los tributos hasta el 31/12/2014, lo que no ocurrió, dado que no obra constancias de algún acto que hubiere sido interruptivo y/o suspensivo de la prescripción aludida. Indica que la instrucción de sumario, dictada con fecha 06/06/2013, no ha logrado tener el efecto suspensivo y/o interruptivo que se le pretendería atribuir, atento a que dicho acto administrativo no fue notificado en tiempo y forma a las partes, por lo cual le es inoponible.
Remite a lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos y arguye que es la notificación la que hace a la eficacia del acto, por lo cual el acto administrativo que ordenó la apertura del sumario el día 06/06/2013, careció de eficacia hasta su notificación, el día 21/09/2017 (a 4 años de su dictado), habiendo ya operado la prescripción. Cita la jurisprudencia y asimismo sostiene que el mencionado acto administrativo no cumple con los recaudos establecidos por el artículo 1094 del C.A., por lo cual se trata de un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable, y por ello tampoco puede considerarse que el mismo ha podido tener el efecto interruptivo y/o suspensivo de la prescripción, indicando expresamente que para su validez debió ser integrado con la liquidación de los tributos prevista en el inciso d) del precepto normativo citado.
Manifiesta que en el caso no se han configurado las causales de interrupción y/o suspensión de la prescripción teniendo en cuenta que las mismas resultan de interpretación restrictiva y cita jurisprudencia. Cuestiona el plazo en que ha tramitado el sumario que originara la presente causa y asimismo que la resolución aduanera de fecha 30/05/2018 le fuera notificada el 02/09/2019, es decir, a más de un año de su dictado y a casi 12 años de la comisión del hecho investigado (27/01/2008), señalando expresamente que por todo lo reseñado ninguna duda cabe de que se ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional aduanero, en plena violación del derecho constitucional de obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Invoca que la demora incurrida por el servicio aduanero atenta contra los principios generales del derecho, vulnerándose principalmente la garantía de defensa en juicio, ya que luego de haber transcurrido tanto tiempo, resulta muy dificultoso para el importador localizar la documentación que demuestre la inexistencia de la infracción al art. 970 del C.A. Alude al criterio de la CSJN en las causas “Losicer, Jorge Alberto y otros el BCRA - Reso1. 169/05 l, expte. 105666/86 SUM FIN 7081”, 26/06/2012 y “Bossi y García S.A. (TF 5.932-A) c. D.G.A.”, 8/11/2011 y doctrina referida al plazo razonable de duración de un proceso. Finalmente se explaya sobre los límites de la responsabilidad de la aseguradora.
Plantea la improcedencia del reclamo tributario, de la determinación en dólares y de la tasa de interés aplicable. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución traída en apelación.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la recurrente. Hace referencia a los antecedentes del caso y niega categóricamente todos y cada uno de los hechos en los que la actora sustenta su apelación, que no sean específicamente reconocidos en su escrito de contestación de recurso o no surjan de las actuaciones administrativas. Refiere a los agravios de la actora y a la finalidad del contrato suscripto por la recurrente. Rechaza el planteo de la recurrente referido a la contradicción de la Instrucción General 9/17 en cuanto dispone el archivo de la multa y exige el pago de tributos y explica, que en el régimen de importación temporaria, la falta de cumplimiento de las condiciones pactadas y propias del régimen, como, por ejemplo, la falta de regularización de su permanencia, ofician como hecho imponible para que proceda la exigencia fiscal y que por lo tanto, el hecho imponible, es el incumplimiento de las obligaciones propias del régimen de importación temporaria, y no la imposición de la multa aduanera, que tiene como propósito únicamente desalentar las conductas violatorias del régimen. Arguye que, la multa no implica la exigencia tributaria, y en consecuencia no resulta ninguna contradicción el archivar la pretensión punitiva y simultáneamente pretender la satisfacción de su similar de orden fiscal. Contesta el resto de los agravios, ofrece como prueba las actuaciones administrativas del caso, formula reserva del Caso Federal y solicita que se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero en su totalidad, con expresa imposición de costas, a cargo de la contraria.
III. Que con fecha 02/02/2022 se declaran como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora y con fecha 11/02/2022 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 12197-5155-2010 se inician a fs. 1 con la denuncia efectuada por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación al DIT 07 001 IT15 00136 A cuyo vencimiento data del 21/07/2008. A fs. 6 se encuentra glosada la carpeta original de la destinación objeto de autos. A fs. 8 se afora la mercadería en trato y a fs. 9 se practica la liquidación de tributos respectivos. A fs. 11, con fecha 6/6/2013, se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del Código Aduanero y se ordena en el mismo acto que se remita lo actuado a la División Verificación Ramo B de la Aduana de Buenos Aires. A fs. 15/16 se ptactica una nueva liquidación y a fs. 25, con fecha 22/12/2014, se corre vista a la firma “YOMA SA” y a “TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria (Póliza 20831), de la cual, ésta última, quedó notificada con fecha 21/09/2017 (constancia de notificación a fs. 60). A fs. 32/55, el día 5/10/2017, contesta la vista la aseguradora TPC. A fs. 59 se agrega notificación (carta documento) de la corrida de vista dirigida a “YOMA SA” devuelta sin notificar y a fs. 61/62 se agregan copias de los edictos publicados para notificar a la importadora. A fs. 63 se declara la rebeldía de “YOMA SA” y a fs. 64 se tiene por presentada a la firma “TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.” y se le rechaza la prueba informativa ofrecida. A fs. 66/71 “TPC” plantea revocatoria contra dicha resolución y a fs. 73 se le rechaza. A fs. 83/87, el día 30/05/2018, se dicta la resolución apelada en autos. A fs. 90 se glosa la cédula de notificación dirigida a “TPC” quedando notificada de la resolución recurrida el 02/09/2019.
V. Que corresponde resolver en autos los planteos de nulidad y prescripción formulados por la recurrente. Que la actora en primer término plantea la ilegalidad del punto D.4 de la Instrucción General 9/17 (DGA) y sostiene que el artículo 2 de la resolución apelada es nulo, de nulidad absoluta e insanable, aduciendo que es contradictorio que por un lado se ordene el archivo de las actuaciones y que por el otro se formule un cargo tributario, invocando que la citada instrucción general viola la garantía de razonabilidad establecida en el art. 28 de la Constitución Nacional, como así también viola el principio de legalidad, consagrado en los art. 4 y 75 inc. 1 y 2 de la Constitución Nacional, porque hace nacer una obligación tributaria prescindiendo de la configuración del hecho imponible establecido por ley. Que la representación fiscal rechaza el planteo de la actora referido a la contradicción de la Instrucción General 9/17 en cuanto dispone el archivo de la multa y exige el pago de tributos, señalando que en el régimen de importación temporaria, la falta de cumplimiento de las condiciones pactadas y propias del régimen, ofician como hecho imponible para que proceda la exigencia fiscal y que por lo tanto, el hecho imponible, es el incumplimiento de las obligaciones propias del régimen de importación temporaria, y no la imposición de la multa aduanera, que tiene como propósito únicamente desalentar las conductas violatorias del régimen. Arguye que, la multa no implica la exigencia tributaria, y en consecuencia no resulta ninguna contradicción el archivar la pretensión punitiva y simultáneamente pretender la satisfacción de su similar de orden fiscal.
Que tal como sostiene que recurrente el servicio aduanero al dictar la resolución apelada en autos ordenó el archivo de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 9/17 (DGA) y le entimó el pago de tributos en forma solidaria con la importadora.
Que la mencionada Instrucción General 9/17 (DGA) fue dictada por el Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, con el objeto de establecer las pautas procedimientales que habilitan a los jueces administrativos a disponer el archivo de las actuaciones sumariales en las que la que se investiga la presunta comisión de infracciones aduaneras cuyos montos tornen antieconómico instrumentar y continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro. En la instrucción se establecen las areas intervinientes en las que resultará obligatoria la aplicación de la misma, el procedimiento a seguir por la referidas areas y los requisitos que deben cumplirse para hacer efectivo lo dispuesto en la Instrucción (archivo provisorio de los sumarios).
Que en cuanto a la naturaleza de las Instrucciones me remito a lo expuesto en el voto de la Dra. García Vizcaíno, en la causa Mardi SA sent. 07/11/08, -voto al que adherí- entre otras, (confirmada por la CNACAF Sala V sent del 17-12-2009) en la que dijo: “Que, en primer lugar, debe recordarse que Giuliani Fonrouge enseñaba que las circulares normativas o instrucciones emitidas por las dependencias oficiales no tienen carácter obligatorio para los particulares, “por tratarse de disposiciones internas con efectos en el orden jerárquico de la Administración”. Agregaba que “si, como suele acaecer, las normas contenidas en las instrucciones se apartaran de la ley, resultarían viciadas de ilegalidad y no deberían aplicarse, aun resultando favorables a los contribuyentes, careciendo de efecto vinculativo para la propia Administración” (GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, vol. I, 1986, p. 65; vol. I, 1997, p. 89; t. I, 2004, ps. 71 y 72). Que, por mi parte he limitado la validez de las instrucciones de los organismos recaudadores sólo al caso de que fuesen favorables a los contribuyentes, ya que éstos podrían invocarlas como interpretación general del organismo, a efectos de considerarse liberados por el pago efectuado conforme a ellas, así como para enervar la presunción de culpabilidad si se imputa al particular alguna infracción impositiva. Por lo demás, de ser favorables a los contribuyentes, es obvio que no estarían interesados en requerir la declaración de su ilegalidad” (GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Derecho Tributario, Tomo I, ps. 178/179, AbeledoPerrot, 4a. Edición, Buenos Aires, 2009). Que se ha destacado que las instrucciones generales “no son publicables en el Boletín Oficial, ni tienen alcance normativo frente a contribuyentes y terceros” (GÓMEZ, Teresa - FOLCO, Carlos M. Procedimiento tributario, 6ª ed., LA LEY, Buenos Aires, 2009, p. 30)”.
Que teniendo en consideración lo expuesto corresponde analizar si la resolución apelada resulta ajustada a derecho o bien resulta nula como sostiene la recurrente, aclarando que este Tribunal no podrá pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional que la recurrente plantea en los términos de lo normado en el art 1164 del CA.
Que a dichos fines debe señalarse que del cotejo de las actuaciones administrativas que originaron la cuestión resulta que se iniciaron a fs. 1 con la denuncia efectuada a la importadora “YOMA SA” por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación al DIT 07 001 IT15 00136 A. Que posteriormente se glosó la carpeta original de la destinación objeto de autos, se procedió a valor la mercadería, a liquidar los tributos relativos a la misma y con fecha 6/6/2013, se ordenó la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del Código Aduanero, ordenándose en dicho acto la remisión de lo actuado a la División Verificación Ramo B de la Aduana de Buenos Aires.
Que una vez cumplido lo ordenado, con fecha 22/12/2014, se dispuso correr vista de lo actuado a la firma “YOMA SA” y a “TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria (Póliza 20831), de la cual, ésta última, quedó notificada con fecha 21/09/2017, motivando ello que a fs. 32/55, con fecha 5/10/2017, efectura su descargo, que se tuvo por presentada a fs 64. Finalmente, el día 30/05/2018 se dictó la resolución apelada en la causa, que se le notificara a la recurrente el 02/09/2019 (ver cédula de fs. 90 de las act adm).
Que no se advierte en el caso que la recurrente se viera privada de ejercer su derecho de defensa. Ello, dado que del minucioso análisis del sumario que originara la cuestión resulta que la Aduana cumplió con el procedimiento establecido en la Capítulo Tercero de la Sección XIV del CA (arts 1080 y sgtes), dado que previo a la instrucción de sumario, obra la denuncia pertinente, la valoración de la mercadería y la liquidación de los tributos que correponderían por el incumplimiento del DIT en trato, habiendo luego de todo ello, practicado una nueva liquidación y ordenado que se corriera vista de lo actuado a los presuntos responsables de las obligaciones emergentes de la destinación cuestionada.
Que en la resolución apelada si bien en los términos de lo dispuesto en la Inst Gral 9/17 el servicio aduanero dispuso el archivo provisorio de la sanción que correspondería por la comisión de la infracción tipificada en el art 970 del CA, debe señalarse que ello ninguna incidencia genera respecto a la aquí actora -aseguradora-, motivo por el cual deben desestimarse los agravios que dicha parte esgrime en la presente causa con relación a ello.
Que cabe destacar que la Aduana, tal como se desprende de la resolución en cuestión, le intimó el pago de los tributos que consideró que correpondían por la no regularización de la mercadería importada temporariamente, en el entendimiento de que sin perjuicio de los argumentos expuestos por la aseguradora -aquí actora- no ha podido probarse que la mercadería documentada con el DIT 01 001 IT15 000136 A hubiera sido reexportada o en su caso nacionalizada a consumo de manera regular.
Que por todo lo expuesto, no cabe más que rechazar el planteo de nulidad formulado por la recurrente, con costas, toda vez que no se observa en el sumario en trato la existencia de irregularidades que puedan traer aparejada la consecuencia que la recurrente pretende.
VI. Que corresponde ahora resolver el planteo de prescripción efectuado por la actora, invocando la nulidad del auto de instrucción de sumario y la demora del servicio aduanero en la tramitación del sumario infraccional que originara la causa.
Que consecuentemente cabe analizar la validez o invalidez del auto de instrucción de sumario obrante a fs. 11 de las act. Adm.
Que de las actuaciones administrativas surge que el auto cuestionado se dictó en atención a la denuncia efectuada a fs. 1 de la que se desprende que la firma “YOMA SA” no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el DIT Nº 07 001 IT15 000136A con vencimiento 27/01/2008, lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del CA, habiéndose previo a su dictado, agregado la carpeta del mencionado DIT (ver fs. 6), aforado la mercadería en presunta infracción y praticado la pertinente liquidación (ver fs. 8 y 9).
Que en el auto de instrucción de sumario de fecha 06/06/2013, dictado en los términos del art. 1090 inc “c” del CA, se ordenó que se le diera intervención a la División Verificación – Ramo B de la Aduana de Buenos Aires a fin informar el valor en aduana de la mercadería, régimen tributario y si la mercadería es de importación prohibida por el regimen general, lo que se cumplió a fs. 12/13, obrando a fs. 15/16 una nueva liquidación y a fs. 25 y vta la corrida de vista dispuesta en los términos de lo previsto en los arts. 1001/1010, 1101 y cc del CA.
Que por lo expuesto considero que el auto de apertura de sumario dispuesto a fs. 11 de las act. adm. cumple con lo normado en el art. 1094 del CA, debiendo por ello desvirtuarse los agravios de la recurrente relativos a la cuestión.
Que respecto a los efectos suspensivos del auto de instrucción de sumario, invocado por la recurrente, en virtud de que el mismo no le fue debidamente notificado, resulta aplicable la Jurisprudencia de la CSJN sentanda en la causa “Wonderland SRL c/Aduana Rosario” de fecha 12/05/2009, en la que en referencia al efecto interruptivo establecido en el art. 937 inc. a) del CA, que considero de aplicación asimismo al efecto suspensivo del art. 805 inc. a) del CA, se dijo: “6°) Que si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (artículo 1101) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros). 7°) Que por último cabe señalar que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada”. Que resultando valido el auto de instrucción de sumario, corresponde señalar, que la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos se encuentra reglada en los arts. 803 y sgtes. del CA. Que el art. 805 del CA establece que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;”.
Que en el caso, el plazo quinquenal comenzó a correr el 01/01/2009, toda vez que la infracción que la Aduana imputa a la importadora habría sido cometida el 27/01/2008, venciendo el 31/12/2013 pero, dado que el día 06/06/2013 la Aduana dispuso instruir sumario cfme el art 1090 inc c) del CA y que desde dicha fecha el plazo de prescripción quedó suspendido hasta el dictado de la resolución apelada 30/05/2018, cabe rechazar el planteo de prescripción efectuado en la causa.
Que a lo anterior debe agregarse que conforme la doctrina legal del Plenario dictado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Hughes Tool SA” del 23/09/2003, “De acuerdo a la legislación aduanera, interrumpe el plazo de prescripción el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria, sin que para ello se requiera la previa notificación” encontrándose en consonancia con las normas aplicables a la cuestión en trato.
VII. Que a lo expuesto debe adicionarse que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y Garcia” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 20/10/2010 (ver denuncia obrante a fs. 1 de las act adm) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el CA, la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
VIII. Que por los motivos expuestos en los Considerandos que anteceden corresponde rechazar los planteos de nulidad y prescripción formulados por la actora, con costas.
Por ello VOTO por:
Rechazar los planteos de nulidad y prescripción formulados por la actora, con costas.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Adhiero a los considerandos I a IV de la Vocal instructora.
II. En relación al tratamiento de la excepción de prescripción examinada en el considerando VI, considero que debe hacerse lugar a ella. Remito a mi voto en autos “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte. Nº 35.693-A sentencia de fecha 12.11.19 (https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1. pdf) -cuyos fundamentos no fueron de tratados en el precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12 de mayo de 2009-.
Conforme lo allí expuesto (conteste, en general, con la posición minoritaria -voto de los doctores Bernardo Licht y Pedro Coviello- del plenario ““HUGHES TOOL S.A. c/A.N.A (T.F. 7830-A)”, del 23.09.03, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”) cabe señalar:
a) En el caso, el día a-quo del plazo prescriptivo quinquenal para el ejercicio de las facultades determinativas de tributos de la Aduana fue el 01.01.09, operando su vencimiento el 01.01.14. b) En relación a la recurrente TPC Compañía de Seguros S.A. la apertura del sumario tuvo lugar el 06.06.13 pero no fue notificada por el servicio aduanero, conforme lo ordena expresamente para tal tipo de actos el art. 1012 inc. b) del Código Aduanero (“CA”). En consecuencia, el acto de apertura del sumario no tuvo el efecto suspensivo del plazo de prescripción de las facultades determinativas de la Aduana previsto en el art. 805 inc. a) del CA. En consecuencia, el 01.01.14. prescribió el plazo para que la Aduana ejerciera sus facultades determinativas de tributos respecto al DIT 07001IT1500136A.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al planteo de prescripción opuesto por la recurrente y declarar la nulidad Resolución N° 3568/2018 apelada de fecha 30.05.18, cuyo artículo 2° determinó tributos adeudados con sus accesorios.
Por lo expuesto voto por:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar la nulidad de la Resolución N° 3568/2018 (DE PRLA) (Expediente Administrativo SIGEA 12197-5155-2010).
2. Imponer las costas a la Aduana vencida (art. 1163 del CA)
La Dra. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Cora Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Rechazar los planteos de nulidad y prescripción formulados por la actora, con costas.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso, Juan Manuel Soria y Claudia B. Sarquís por encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor H. Juárez (Cfme. Art. 1162 del C. A.).
Date: 2022.02.18 12:26:57 -03:00 Date: 2022.02.18 12:50:13 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.18 13:52:30 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.18 13:52:31 -03:00
Fin de la sentencia