Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-07698794-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución 636/19 (AD CAMP) recaída en la actuación SIGEA 12574-4719-2012 y hacer lugar al pedido de devolución de lo abonado por la actora en concepto de derechos de exportación de conformidad a lo expuesto en el Considerando II del Voto del Dr. Licht, con más los intereses previstos en los arts 811 y 812 del CA desde el 05/09/2012 -fecha en que la actora presentó su reclamo- hasta la fecha del pago efectivo y total, de conformidad a lo expuesto en el último párrafo del segundo Voto del Dr. Juárez.
2Costas a la vencida (art. 1163 del C.A).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-31320522-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 25 de Marzo de 2024 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, y Miguel N. Licht -Vocal Subrogante de la Vocalía 14ª-, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: EX-2020-07698794-APN-SGASAD#TFN (COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A.).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que se presenta por, apoderado y con patrocinio letrado la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución nro. 636/19 (AD CAMP), recaída en la actuación SIGEA 12574-4719-2012, en trámite por ante la aduana de Campana, en tanto rechaza la solicitud de repetición de derechos de exportación que considera abonados en demasía respecto de la destinación nro. 07 008 ES03 000001 N -bajo el régimen de precios revisables- registrada el 06/07/07 y definitiva 07 008 EC09 000001 D -ofic. 24/10/07-. Relata que por medio de los permisos de embarque involucrados declaró la exportación de 5.470,93 toneladas de concentrado de plomo, con un precio FOB provisorio de u$s 1.876,20068 por tonelada y un FOB provisorio total de u$s 10.264.562,59, ello bajo el Régimen de Exportación de Minerales y sus Concentrados que se comercializan sobre la base de precios revisables (Resolución General AFIP nro. 2108/06).
Posteriormente el 24/10/07, oficializó la exportación a consumo nro. 07 008 EC09 000001 D -la cual canceló la destinación de exportación provisoria-, surgiendo de la misma y de la factura comercial que el precio FOB definitivo fue superior al precio provisorio documentado, esto es u$s 2.298,94396 la tonelada. Indica que por un error al momento de la carga de la información se declaró, para el cálculo del valor imponible en divisas, el coeficiente 1,00000, cuando correspondía aplicar el coeficiente 0,90909, ya que los derechos de exportación estaban incluidos en el valor FOB declarado, provocando un aumento de la base imponible, lo que generó una suma pagada en más en concepto de derechos de exportación de u$s 114.340,80.
Indica que dado el aumento de la base imponible por la utilización incorrecta del coeficiente cobró reintegros superiores a los que correspondían, a lo que la Aduana de Campana, a consecuencia de la solicitud de repetición, aperturó sumario por declaración inexacta, intimando el pago de $22.389,36, en concepto de multa y la restitución del importe de u$s 28.585,20 en concepto de reintegros percibidos en demasía, lo que realizó conforme surge de las copias de LMAN que acompaña. Explica que lo expuesto es congruente con los uso y practicas comerciales, las reglas Incoterms que especifican claramente que cuando la cláusula de venta es FOB el vendedor debe “hacerse cargo de todos los gastos y riesgos de la mercadería hasta que la misma haya efectivamente pasado la borda del barco en el puerto de embarque designado, incluyendo todos los impuestos, tasas o cargas de exportación..”, por lo que el precio FOB incluye todos los impuestos, tasas o cargas a la exportación.
Explica la definición de valor imponible contenida en los arts. 735 y 736 del CA, como así también lo dispuesto en el art. 737 del CA, concluyendo que para la legislación aduanera el valor FOB, FOR o FOT incluyen los derechos, pero permite descontarlos del valor imponible para evitar la liquidación de impuestos sobre impuestos. Indica que del contrato de compraventa celebrado por la empresa surge claramente que la venta que sustentó la operación en cuestión se concertó en condición FOB. Manifiesta que de la lectura de los estados contables correspondientes al ejercicio 2007 se ve claramente que la empresa contabiliza los derechos de exportación como gastos de comercialización y los detrae de los ingresos brutos por ventas, con miras a determinar la ganancia del ejercicio.
Entiende que es claro que el aumento de la base imponible debido al error cometido al declarar incorrectamente el coeficiente a aplicar, provocó un incremento en el pago de los derechos de exportación por el monto de u$s 114.340,80. Explica que el servicio aduanero efectúa una incorrecta interpretación de la estructura de costos, sin tener en cuenta lo pactado en el contrato celebrado con el comprador que implica que el precio concertado con él no variará por cualquier imposición adicional, y deberá asumirlo el vendedor con la consecuente reducción de su utilidad. Cita jurisprudencia que avala su postura. En cuanto a la tasa de interés que el fisco debe aplicar requiere se ordene la devolución calculando los intereses con la tasa de interés pasiva fijada por el BCRA, conforme lo resuelto en el caso “Alubia” y demás jurisprudencia que cita.
Hace reserva del caso federal, ofrece prueba, confiere autorizaciones y solicita se dicte resolución ordenando la devolución de los tributos abonados en demasía, con más la tasa de interés pasiva fijada por el BCRA.
II. Que se presenta el Fisco nacional y contesta el traslado conferido. Niega todos y cada una de los hechos y documentación aportada por la contraria que no sean objeto de su especial reconocimiento. Señala que los argumentos vertidos por la contraria no logran conmover lo resuelto toda vez que, por vía del análisis que efectúa, desvía el eje de la discusión, tratando de justificar que le corresponde el beneficio, intentando vulnerar la letra y el espíritu de la ley que los rige. Cita jurisprudencia. Indica que la supuesta diferencia solicitada a devolver se refiere a un error involuntario en la declaración correspondiente, entendiendo a criterio de la actora, que los derechos de exportación se encontraban incluidos en el valor FOB declarado. Señala que los arts. 735/736 del CA establecen que el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo, a los efectos del cálculo de los derechos de exportación ad valorem, es el valor FOB en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea, como las de autos, incluyendo dicho valor los tributos a la exportación que deben ser pagados antes del libamiento de la mercadería, salvo los casos que el libramiento fuere autorizado bajo el régimen de garantía (art. 789 del CA), y conforme el art. 737 CA se excluyen del valor imponible los derechos y demás tributos que gravaren la exportación, a fin de evitar la liquidación de los tributos a la exportación sobre una base de cálculo que incluya a su vez, el importe de los eventuales derechos que deben pagarse. Indica que el valor FOB total declarado en las destinaciones de exportación y en la factura de venta es igual, pero difiere el valor FOB unitario al igual que las cantidades vendidas exportadas, lo que motivó la solicitud a la actora a fin de que aporte la estructura de costos que conformaron el precio documentado, en la cual si bien figuran expuestas todas las variables esgrimidas, constitutivas del valor final, los derechos de exportación pretendidos no figuran ser parte de dicho valor. En cuanto al tipo de moneda y la tasa de interés aplicable, solicita se aplique la doctrina del falla “CENCOSUD” como así también lo dispuesto en los arts. 811, 812 y 794 del CA, citando jurisprudencia que avala su postura. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso planteado por la actora, con costas.
III. Que con fecha 30/9/20 se tiene por contestado el traslado conferido y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Con fecha 21/03/24 se elevan los autos a la Sala “E” y con fecha 22/03/24 se pasan a sentencia.
IV. Que las actuaciones nros. 12574-4719-2012, se inician a fs. 1/4 con la solicitud de devolución de tributos presentada el 5/9/2012, por la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A., en relación a la destiación nro. 07 008 ES03 000001 N -bajo el régimen de precios revisables- registrada el 06/07/07 y definitiva 07 008 EC09 000001 D -ofic. 24/10/07-, cuyos sobres contenedores obran a fs. 111 y 112, respectivamente. A fs. 13/18 se agregan copias de las mencionadas destinaciones y de la factura comercial nro. 10-00000780. A fs. 19 luce comprobante de una liquidación manual nro. 07008LMAN00011309A. A fs. 21 luce print de pantalla de Declaración Detallada-Liquidación. A fs. 25/53 y vta. obra contrato nro. 180-07-13733-P.
A fs. 57/61 se agrega informe de Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/07. A fs. 62/98 luce informe de los auditores independientes. A fs. 99 luce informe del Síndico. A fs. 100/102 luce informe de los auditores independientes. A fs. 106 se determina que previo a iniciar el procedimiento de repetición pasen las actuaciones a la Sección V para que determine el posible perjuicio fiscal respecto de los reintegros a la exportación (art. 954 inc. a del CA). A fs. 107 se agrega consulta de permisos de embarque (reintegros). A fs. 108 luce print de pantalla de listado al ingreso de una denuncia. A fs. 109 obra Nota “V” 890/12 por la que se informa el perjuicio fiscal por reintegros mal liquidados.
A fs. 110 obra acta de denuncia nro. 447/2012 por infraccióan al art. 954 inc. a) del CA/INDEBIDO COBRO DE REINTEGROS. A fs. 114/115 se dicta la Resolución nro. 627/12 (AD CAMP) por la que entiende que corresponde dar a la presentación efectuada el carácter de auto-denuncia, y en consecuencia, condena a la firma por la infracción al art. 954 inc. a del CA, intimandole la suma de 22.389,36 en concepto de multa mínima (art. 917 del CA) y la suma de u$s 28.585,20 en concepto de reintegros abonados en demasía. A continuación se acumula el Alcance nro. 12574-732-2013. A fs. 117/118 la firma actora acredita la existencia de fondos suficientes para el pago de la multa mínima y la cancelación del importe de los reintegros abonados en demasía, solicitando la confección de las correspondientes LMANES y afectar los fondos para su cancelación y una vez cumplido se autorice la devolución de la suma oportunamente reclamada.
A fs. 120 y 121 se glosan comprobantes de pagos de las liquidaciones manuales nros. 13008LMAN008090C y 13008LMAN008085G, respectivamente. Se acumua el Alcance nro. 12574-4719-2012/1. A fs. 122/124 ref. se glosa presentación de la actora. Se acumula el Alcance nro. 12574-4719-2012/2. A fs. 125 ref. la actora informa la interposición de recurso de amparo ante el TFN, acompañando a fs. 126 ref. el Formulario F4. A fs. 128 se remiten las actuaciones a la División Causas Tributarias mediante Nota nro. 135/2017 (AD CAMP). A fs. 130/133 se glosa copia de la sentencia del TFN que hace lugar al recurso de amparo oportunamente interpuesto. A fs. 134 por Nota DV TRIB nro. 3286/2017 se remiten las actuaciones a la División Aduana de Campana.
A fs. 135 se tiene por iniciado el procedimiento de repetición en tiempo y forma y pasan las actuaciones a la Sección Inspección Simultánea. A fs. 136 luce print de pantalla de resumen de devolución cargada. A fs. 137 por Nota 703/2018 (SESU AD CAMP) se remiten los actuados a la Sec. Económica Financiera. A fs. 138/141 obran impresiones de pantalla del Sistema Informático Malvina. A fs. 142 se agrega el listado de afectación de depósitos. A fs. 143 por Nota nro. 512/18 (IS) se informa que corresponde repetir la suma de $999.014,51 equivalentes a u$s 114.340,80. Se acumula el Alcance nro. 12574-4719-2012/3. A fs. 145 ref. luce presentación de la actora. A fs. 147 se requiere a la firma exportadora que acompañe la estructura de costos que conforma el precio documentado en las operaciones involucradas.
Se acumula el Alcance 12574-4719-2012/4. A fs. 149 y vta. luce presentación de la actora. Se acumula el Alcance 12574-4719-2012/5. A fs. 151/153 ref. y vta., se glosa presentación de la actora por la que acompaña a fs. 170/174 ref y 175/187 ref., copia del Informe nro. 85 de la Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía del Perú y Certificación de Contador Público Idenpendiente, respecticamente. A fs. 178/179 y vta. se considera que correspondería elevar los actuados al Dpto. Asesoramiento Aduanero (DI ASLA). A fs. 180 luce Nota nro. 366/18 (AD CAMP) de elevatoria a dicho departamento. A fs. 181 obra Nota nro. 19/19 (DV DRTA) por la que se solicita se elabore informe técnico, el que se efectua a fs. 182/183 y vta informando que no correspondería hacer lugar a la devolución en tanto no se demestra que los derechos de exportación se encuentren incluidos en el valor FOB declarado.
A fs. 184 mediante Nota nro. 483/19 (SESU ADCAMP) se solicita a la División Operativa Sección Inspección Simultánea ratifique o rectifique el informe técnico. A fs. 185 por Nota nro. 229/19 (SEIS DV OCAM) se rectifica el informe de fs. 143 y se comparte en su totalidad el informe técnico. A fs. 189 por medio de la Nota nro. 3402/2019 (DV OCAM) se da traslado al Departamento Aduana de Campana a fin de que remitan a la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero. A fs. 187/188 obra Dictámen IF-2019-00293031-AFIP-DVDRTA#SDGASJ. A fs. 189/190 y vta. se dicta la Resolución nro. 636/19 (AD CAMP) apelada en la especie. Se acumula el Alcance nro. 12574- 4719-2012/6. A fs. 192/193 ref. y vta. obra acreditación de interposición de recurso de apelación ante este Tribunal.
A fs. 194 se elevan las actuaciones a la División Causas Tributarias por Nota nro. 110/2020 (SESU AD CAMP).
V. Que corresponde resolver en autos si le asiste razón a la firma actora respecto de la repetición de los importes abonados en concepto de derechos de exportación rechazada por el servicio aduanero mediante la resolución en curso.
Que la actora documentó mediante la destinación nro. 07 008 ES03 000001 N -bajo el régimen de precios revisables establecido en la Resol. Gral. AFIP 2108/06- registrada el 6/7/07, la exportación de 5.550,83 toneladas de mercadería ubicada en la posición SIM 2607.00.00.200X que comprende a “Concentrados MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS”, cuya constancia de “Cumplido” resultó “no conforme” por lo que en fecha 16/7/07 oficializó la declaración de post-embarque por un total de 5.470,93 toneladas de la mercadería descrita, con un valor FOB unitario provisorio de u$s 1.876,20068 por tonelada, y valor FOB provisorio total de u$s 10.264.562,59.
Que con fecha 6/7/07 documentó la destinación definitiva de exportación nro. 07 008 EC09 000001 D declarando un valor FOB unitario definitivo superior de u$s 2.298,94396 por tonelada, siendo el FOB definitivo total de u$s 12.577.361,47 Que una vez efectuada la exportación, la recurrente se presentó en instancia administrativa solicitando la repetición de u$s 114.340,80 argumentando haber incurrido en un error al registrar la solicitud de destinación, al declarar para el cálculo del valor imponible en divisas, el coeficiente 1,00000, cuando en realidad correspondía aplicar el coeficiente 0,90909 al estar los derechos de exportación incluidos en el valor FOB declarado. Que el servicio aduanero rechazó la solicitud de devolución de los derechos de exportación a favor de la actora al considerar que no se demostró que los derechos de exportación formaban parte o se encontraban incluidos en el valor FOB declarado.
VI. Que en este sentido cabe realizar un análisis preliminar del plexo normativo aplicable a la materia. Que el art. 735 del CA, establece que para la aplicación del derecho de exportación “ad valorem”, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo, en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea es el valor FOB, y el valor F.O.T. o el valor F.O.R. en operaciones efectuadas por vía terrestre, según el medio de transporte que se trate, entre un comprador y un comprador independiente uno del otro, en el momento que determinan para cada supuesto los arts. 726, 727 o 729, según correspondiere, como consecuencia de una venta al contado.
A su vez el art. 736 del CA dispone que el valor determinado conforme el art. 735, debe incluir la totalidad de los gastos ocasionados, que en el supuesto de una operación de exportación realizada por la vía acuática, serán los que se generen hasta el puerto en el cual cargare la misma en el buque de destino con destino al exterior. Que de ello se extrae, que le patrón adoptado por el Código como norma de valoración toma como base a la compraventa internacional, efectuada al contado entre un comprador y un vendedor independientes, en condición F.O.B. (free on board), F.O.T. (free on truck) o F.O.R. (free on rail), según el medio de transporte empleado. Que esto es así debido a que la norma siguió las reglas Incoterms de 1980, elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional y aún cuando en las sucesivas enmiendas las cláusulas F.O.T. y F.O.R. han sido suprimidas, así como se ha limitado la cláusula F.O.B. al transporte marítimo y fluvial no debe perderse de vista que su inclusión como regla de valoración ha sido a los fines de determinar los gastos comprendidos en el valor imponible de exportación, lo que es posible inferir del análisis sistemático de los arts. 735, 736 y 739 del CA. Que las reglas Incoterms son utilizadas en el comercio internacional a fin de regular diversas aspectos del contrato de compraventa internacional, incluyendo no solo qué gastos deben ser soportados por cada una de las partes, sino que también se contempla y regula lo relacionado a quien debe contratar el transporte, las labores de maniobra, carga y descarga, así como en qué momento se transmite el riesgo de la cosa, etc.
Que la relevancia de estas cláusulas a los efectos de la valoración en aduana de la mercadería, resultan ser importantes a la hora de determinar los gastos (a cargo del vendedor/exportador), a los cuales corresponde adicionar al precio pactado en el contrato de compraventa internacional (a cargo del comprador), a fin de conformar el valor imponible, fin perjuicio de cualquier otro gasto que pudiere resultar incluido por las disposiciones de los arts. 736 y 739 del CA.
Que mediante el art. 724 del CA, el cual reza que “El derecho de exportación grava la exportación para consumo”, se define el hecho gravado por el derecho de exportación. Esta definición es complementada por el art. 725 del CA, el cual aclara cuando se da una exportación para consumo expresando que: “La exportación es para consumo cuando la mercadería se extrae del territorio aduanero por tiempo indeterminado”.
Que por su parte y según el art. 734, el valor imponible es la base de cálculo o base imponible para la aplicación de los derechos de exportación ad valorem, y dicho valor imponible es el valor FOB, FOT o FOR (dependiendo del medio de transporte de que se trate) según el art. 735 del CA, que dispone “Para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea y el valor FOT o el valor FOR según el medio de transporte que se utilizare, en operaciones efectuadas por vía terrestre, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro en el momento que determinan para cada supuesto los arts. 726,727 o 729, según correspondiere, como la consecuencia de un a venta al contado.” Y, en esta línea, el art. 736 del CA agrega, en lo que aquí interesa, que: “A los fines previstos en el art. 735, el valor incluye la totalidad de los gastos ocasionados hasta: a) el puerto en el cual se cargare en el buque, con destino al exterior, para la mercadería que se exportare por vía acuática…” Que la Condición de Venta FOB (Free on Board) implica que el exportador se hace cargo de todos los gastas hasta el embarque de la mercadería en el medio transportador, y todos los gastos posteriores a la misma quedan excluidos, es decir la mercadería a exportar incluye todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la misma haya pasado la borda del barco, con la exclusión del flete internacional.
Que se entiende que el valor FOB es la base para la determinación del valor imponible en exportación, a la vez que en principio es la base de cálculo de estímulos, y por ello de declaración exigible (arts. 735 y 736 del CA), y a su vez, esta valor FOB incluye en principio (aunque no siempre) los derechos de exportación, derechos que deben ser abonados antes del libramiento de la mercadería (salvo casos en que se utilicen ventajas de pago o libramiento bajo el régimen de garantía por ej.).
Que, sin embargo, mediante el art. 737 del CA, se dispone que: “No obstante lo dispuesto en el art. 735, se excluyen del valor imponible los derechos y demás tributos que gravaren la exportación”. Según el comentario a este artículo en la Exposición de Motivos “...el valor imponible debe constituir la base para la aplicación y liquidación de los derechos, por lo que se estima que estos últimos no deben constituir la base para la aplicación y liquidación de los derechos, por lo que se estima que estos últimos no deben, como principio general, formar parte de tal base.”
VII. Que en lo atinente a las circunstancias de autos. Conforme a lo que contemplan las cláusulas Inconterms, el vendedor (exportador) debe o debía, solventar todos los gastos que ocasionen las mercaderías involucradas hasta determinado momento. En el caso de las cláusulas FOB hasta que las mercaderías hayan sobrepasado la borda del buque, incluyendo los derechos de exportación.
Que sin perjuicio de ello, los arts. 737 y 739, inc. e) del CA, excluyen del valor imponible a los derechos y demás tributos que gravaren la exportación. Ello a los efectos de que, siendo el valor imponible la base de cálculo de aquellos derechos, los mismos no formen parte de tal base.
Que la doctrina ha sido clara al considerar que “Este sistema fue modificado por la disposición en comentario (art. 737 del CA), que expresamente excluye del valor imponible, los derechos y demás tributos que gravaren la exportación. El objeto de esta exclusión es evitar la liquidación de los tributos a la exportación sobre una base de cálculo – un precio de venta en determinadas condiciones – que incluya a su vez, el importe de los eventuales derechos que deben pagarse...” (Alsina, Mario A. - Basaldúa, Ricardo Xavier – Cotter Moine, Juan Patricio. Código Aduanero – Comentarios – Antecedentes – p. 284 Abeledo-Perrot – Buenos Aires 2.011).
VIII. Que ahora corresponde analizar si ese valor FOB declarado en los permisos incluía los derechos de exportación conforme lo establecido en el art. 737 del CA o si, por el contrario, ya se encontraban deducidos. La actora funda su pretensión en el contrato de compraventa nro. 180-07-13733-P, en la certificación de Memoria y Estados Contables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/07 -particularmente su Anexo VII-, y en en la Certificación Contable de fecha 6/9/11, obrantes a fs. 25/53 y vta., 57/98 y 100/102, respectivamente, de los cuales daría cuenta de que dentro de los precios declarados se incluyó la incidencia de los derechos de exportación.
Que cabe señalar que la actora no ha ofrecido como prueba de sus dichos una certificación contable o prueba pericial contable sobre los libros de la empresa, que explique el costo de producción de la mercadería, con más los gastos hasta la exportación de la misma y de la que resulte fehacientemente la inclusión en el precio de los derechos de exportación. Que la prueba documental agregada en las actuaciones administrativas no resulta suficientes para acreditar los extremos que pretende, en tanto las mismas fueron efectuadas de manera general y no se refiere de manera exclusiva a los PE vinculados a esta causa.
Que en la certificación obrante a fs. 100/102 de las act. adm. se determina que: “a) Los Importes y Datos incluidos bajo las columnas “Fecha de oficialización”, “Número de destinación”, “Importe FOB que incluye derechos de exportación en US$” y “Derechos de exportación abonados en U$S” del Anexo, surgen de los despachos de exportación emitidos por la Administración Nacional de Aduanas, que nos fueran suministrados por la Sociedad”,que no es otra cosa que los mismos datos que surgen de la simple lectura de los permisos de embarque involucrados, resultando imposible determinar, entre otras cosas, si existió una contabilización de la incidencia de los derechos de exportación en la estructura de costos de ese insumo, para evitar una doble o múltiple contabilización.
Que en el informe técnico elaborado a fs. 182/183 y vta., se hace saber que: “En la destinación definitiva de exportación 07 008 EC09 000001D fue declarado un valor FOB unitario de u$s 2.298,94396 la tonelada siendo 5.470,93 las toneladas exportadas por lo que el FOB total ascendió a u$s 12.577.361,47 -ver fs. 16- Puede observarse que según factura de exportación tipo “E” N° 0010-00000780 de fecha 26/9/2007 fue declarado un FOB unitario de u$s 2.283,58 la tonelada, manifestando 5.507,738 toneladas vendidas por lo que el FOB total ascendió a u$s 12.577.361,47 -ver fs. 18-
Así se aprecia igualdad entre el FOB TOTAL declarado en la destinación de exportación y la factura de venta, pero diferente el valor FOB unitario, al igual que las cantidades vendidas y exportadas.
...Más allá de dicha inexactitud, según luce a fs. 136, consta solicitud a la exportadora a fin de que aporte estructura de costos a fin de determinar si conforme dicha estructura se encuentran incluidos o no los derechos de exportación, luego de que del análisis de la documental aportada por el solicitante consistente en los estados contables no surgiere dicho análisis.
Así la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. Aportó lo solicitado … a fs. 151/177.
Según puede inferirse que el valor unitario por tonelada involucrado en la exportación era de u$s 2.283,58 -ver fs. 177 columna Q- Dicho valor es coincidente con el declarado en la factura, distinto al declarado en el permiso de embarque. Ha de notarse en dicha estructura de costos figuran expuestos todas las variables constitutivas del valor final, sin embargo, los derechos de exportación que pretenden considerarse incluidos allí no figuran ser parte de dicho valor.
En consecuencia si se considera que las toneladas exportadas fueron 5.470,93 según se desprende de la destinación definitiva 07 008 EC09000001D (fs. 16) y del cumplido de la provisoria 07 008 ES03000001N (fs. 13 vuelta) para que se arribe al valor FOB declarado tanto la destinación de exportación, factura de venta y estructura de costos (fs. 177 columna R) en u$s 12.577.361,47 el valor FOB unitario debió ascender a u$s 2.298,94396 y no u$s 2.283,58.
Por lo expuesto, no se demuestra que los derechos de exportación formen parte o se encuentren incluidos en el valor FOB declarado, entendiendo incorrecto descartar el coeficiente 1,000 oportunamente declarado, en consecuencia la devolución solicitada sería improcedente.”
Que resulta claro lo determinado en el mencionado informe técnico, y en virtud de que la actora no ha aportado argumento alguno tendiente a justificar aquella diferencia, ni ofrecido prueba sustancial y específica al respecto, no cabe más que concluir que en las operaciones involucradas no se encontraban incluidos los derechos de exportación en el valor declarado.
Que en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la resolución nro. 636/19 (AD CAMP), recaída en las actuaciones nro. 12574-4719-2012, con costas a la actora vencida (art. 1163 CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez en sus considerandos I a IV, continuando el considerando V conforme lo siguiente:
V. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada, en cuanto rechaza la solicitud de repetición incoada por la Compañía Minera Aguilar S.A., se ajusta a derecho.
La actora manifiesta que debido a un error al momento de la carga de información se declaró, para el cálculo del valor imponible en divisas, el coeficiente 1,00000, siendo que en realidad correspondía aplicar el coeficiente 0,90909, ya que los derechos de exportación estaban incluidos en el valor FOB declarado. Tal error habría producido un aumento de la base imponible, lo que provocó el pago en exceso de los derechos de exportación, abonando una suma en más de U$S 114.340,80.
V.1. Conforme surge del detalle de las actuaciones administrativas, ante el inicio del procedimiento por parte de la actora, la Aduana aperturó, de manera previa a dar curso a la repetición, sumario contencioso en los términos del art. 954 inc. a del CA, atento a que al consignarse erróneamente el coeficiente se habría incurrido en la infracción de declaración inexacta (ver fs. 106 de las act. adm.).
En efecto, la nota “V” 890/12, de fecha 08.11.12, expresamente indica “…erróneamente se usó coeficiente 1 en lugar de 0,90909 en el cálculo del valor imponible, el cual afecta los reintegros liquidados con los que realmente corresponden por lo que, a juicio de esta instancia, se ha incurrido en una infracción prevista en el Art. 954 inc. “A” del CA.” (fs. 109 de las act. adm.). En esta línea se expide la Aduana, al dictar la resolución 627/12 (AD CAMP), mediante la cual impone una multa e intima a la actora a cancelar el importe de los reintegros percibidos en demasía. Para así resolver, expresamente indicó en su resolución que “la firma en trato percibió reintegros a la exportación en demasía” y que “la inexactitud de las declaraciones produjeron perjuicio fiscal atento a lo normado en los Arts. 954 inc. a y 956 inc. b del CA.” (fs. 114/115 de las act. adm.).
Resta aclarar que la actora consintió la referida resolución (fs. 117 de las act. adm.), acreditando la existencia de fondos suficientes en la cuenta de la empresa en el Sistema María para el pago de la multa y la cancelación del importe de los reintegros percibidos en demasía, y solicitando se proceda a confeccionar las liquidaciones manuales (LMANES), que obran agregadas a fs. 120 y 121 de las actuaciones administrativas.
Tal consentimiento agota la discusión sustancial y le otorga a la resolución de la DGA el carácter de cosa juzgada en los términos de los arts. 1139 y 1183 del CA.
Luego de ello, 5 años y 5 meses después del dictado de la resolución 627/12 (AD CAMP) la Aduana tuvo por iniciado el procedimiento de repetición (fs. 135 de las act. adm.), y casi tres después le solicitó a la actora que aporte información respecto a la estructura de costos que conforman el precio documentado en las operaciones involucradas (fs. 147 de las act. adm.). En diciembre del año 2018 -es decir 6 años después de dictar resolución condenando a la actora por la infracción tipificada en el art. 954 inc. a del CA- el servicio aduanero realizó por primera vez un estudio de la estructura de costos que conformaron el precio documentado, para intentar determinar si los derechos de exportación estaban o no incluidos en el valor FOB declarado. Finalmente, en diciembre del 2019, resolvió no hacer lugar a la repetición de tributos intentada.
V.2. Véase que, a los efectos de aplicar la multa y perseguir el cobro de los reintegros percibidos en demasía, la Aduana tuvo por acreditados los dichos de la actora en cuanto a que se consignó erróneamente el coeficiente 1,00000, indicando que correspondía aplicar el coeficiente 0,90909, y tuvo por configurada la infracción de declaración inexacta.
Contradictoriamente, a la hora de resolver respecto de los tributos abonados en supuesta demasía, optó por no tener por demostrados tales dichos, procediendo 6 años más tarde -debió mediar amparo por mora ante este Tribunal- a realizar un análisis de la estructura de costos que conformaron el precio documentado, para intentar determinar si los derechos de exportación se encontraron o no incluidos en el valor FOB declarado. En otras palabras, para determinar si la declaración fue inexacta o no.
Con sorprendente premura el servicio aduanero tuvo por configurada la infracción de declaración inexacta, con el claro fin de imponer una multa y perseguir el cobro de los reintegros percibidos en supuesta demasía, mientras que, para determinar si correspondía devolver o no las sumas peticionadas, optó por examinar la estructura de costos.
Así, el fundamento usado por la Aduana de Campana para denegar a la actora su solicitud de repetición contradice abiertamente sus actos propios -antes ilustrados- en el sumario infraccional, lo que resulta jurídicamente inadmisible, por contradictorio e irrazonable (art. 28 de la Constitución).
Tal proceder de la Aduana resulta contrario a los principios de congruencia, buena fe y confianza legítima, ya que, como es lógico, ordenar la restitución de los reintegros percibidos en demasía implica un reconocimiento concreto de la incorrecta declaración de la base imponible –lo que se encuentra firme, con carácter de cosa juzgada-, lo que también trae aparejado, indefectiblemente, la obligación de restituir los importes abonados en demasía en concepto de derechos de exportación. Vale decir, si la Aduana reconoció que se declaró una base imponible mayor a la que correspondía –fundamento bajo el cual intimó y percibió la restitución de reintegrosello implica ineludiblemente que los derechos de exportación fueron abonados en exceso. Lo dicho no es más que la nítida consecuencia jurídica –incontrovertible por su firmeza de cosa juzgada- que deriva de lo resuelto en la Resolución 627/12, resolución que, se repite, obliga en primer lugar a la misma Aduana que la dictó. La Aduana, conforme la Resolución 627/12, no tenía discusión alguna para dirimir respecto de la exactitud o no de declaración, simplemente debía aplicar dicha resolución y devolver las diferencias reclamadas. De modo incoherente denegó el pedido mediante el examen de la estructura de los costos de la mercadería –contradictorio con el accionar y encauzamiento impreso por ella misma en el sumario contencioso- con el único fin de denegar la devolución de las diferencias que, conforme la Resolución 627/12, por derecho, y ya sin discusión, le correspondían a la actora.
La Aduana no puede servirse de tal clase de interpretaciones para denegar derechos patrimoniales sustanciales de los contribuyentes, emanados de una resolución administrativa firme, que hizo cosa juzgada, por ella misma dictada; máxime cuando la propia Aduana hizo valer previamente los fundamentos de dicha resolución, de modo reflejo, a su favor. Tal proceder constituye una lesión al fundamental derecho de propiedad de la actora (art. 17 de la Constitución), a la doctrina de los actos propios y al principio de ejemplaridad del accionar estatal. En cualquier caso, el servicio aduanero debió, en primer lugar, analizar la estructura de costos y determinar si la declaración era inexacta, y en función de su resultado proceder –o no- al ajuste de los reintegros y derechos de exportación, los que deben correr necesariamente la misma suerte. Se impone pues, la devolución a la actora de las sumas de derechos de exportación pagadas en exceso.
Por ello, habiendo recaído en autos pronunciamiento firme, consentido, con carácter de cosa juzgada, respecto de la inexactitud de la declaración, en cuanto a que se consignó erróneamente el coeficiente 1,00000 cuando correspondía el coeficiente 0,90909 (conf Resolución 627/12), debe declararse la nulidad de la Resolución 636/19 (AD CAMP), por carecer de causa (art. 7 inc. b de la ley 19.549), y hacer lugar a la repetición de la diferencia de derechos de exportación reclamada por la actora, en los términos de los arts. 809 y 810 del CA, por la suma de Dólares Ciento Catorce Mil Trescientos Cuarenta con 80/100 (U$S 114.340,80) con más los intereses, que se devengarán conforme lo establecido por el art. 811 del CA -desde el 05.09.12-, aplicándose la tasa de interés que ordena el art. 812 del mismo CA. ASÍ LO VOTO.
VI. Moneda en que se deben devolver los derechos: Dicho lo anterior existe una diferencia entre la Aduana y la actora en cuanto a la moneda en la que deben devolverse los derechos de exportación cuya devolución se resolvió. Tal controversia tiene como punto focal la aplicación del precedente de la Corte Suprema in re “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” del 15.05.14 (ver aquí:
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idD ocumento=7111951. No comparto el criterio sentado por la Corte en el referido precedente, conforme los fundamentos expuestos en mis votos disidentes en las causas “MONSA S.R.L.” (Expte. 32.261-A, 03.07.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/32261-A-03-07-19.pdf ); “TETRA PAK SRL” (Expte. 38.243-A, 21.08.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/38243-A-21-08-19.pdf ); “CURCIJA S.A.” (Expte. 30.506-A, 30.08.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/30506-A-30-08-19.pdf ) y “COFCO International Argentina S.A.” puntos VI y VII (EX-202 1-1082 12085-APN-SGASAD#TFN, 18.10.22, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/12/EX-2021-108212085-AP N-SGASADTFN- 18-10-2022.pdf) los que se consideran integrando y fundamentando este pronunciamiento.
No resulta ocioso recordar, una vez más, que, cuando el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905 se establece que los tributos aduaneros se determinarán en dólares, el legislador usa una expresión técnica, precisa, propia de nuestra legislación tributaria -determinación-, comprensiva tanto de: a) los procedimientos de deficiencia fiscal (cuando hay una deuda del contribuyente con el Fisco) que tramitan mediante los procedimientos de determinación de oficio (en materia impositiva) o impugnación (en materia aduanera); b) los procedimientos de repetición de impuestos (cuando el contribuyente los pagó en exceso, generándose un crédito fiscal a su favor que el estado debe honrar). Ambos procedimientos -impugnación y repetición- tienen carácter jurídico de determinación, expresión técnica usada por el legislador en los arts. 11, 14, 16, 81, 83 y concordantes de la ley 11683, como en las normas respectivas del Código Aduanero, del Acuerdo de Valor del GATT y demás legislación tributaria (ver mis votos referidos supra). Se trata de la misma expresión técnica utilizada por el legislador en el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905, no pudiendo aducirse su inconsecuencia o imprevisión (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).
La palabra “determinación”, pese a lo que sostiene la Corte en el considerando 6º de “CENCOSUD”, no se limita a los montos “adeudados por los contribuyentes”, ni puede confundirse con la franquicia -de carácter liquidatoriodel párrafo segundo del mismo art. 20 de la ley 23.905, que habilita a cancelar en pesos las deudas de tributos aduaneros determinadas en dólares.
Tratándose los tributos repetidos en autos de diferencias de derechos de exportación que se determinan en dólares (ley 23.905. art. 20, párrafo primero) y no habiendo divergencia de que tales diferencias ascienden a la suma de U$S 114.340,80, ésta es la suma de capital que corresponderá devolver, con sus intereses resarcitorios. Para su pago la Aduana podrá hacer uso de la franquicia del art. 20, segundo párrafo de la ley 23.905 y cancelarlos al tipo de cambio oficial –vendedor- del día anterior al de su efectiva cancelación.
En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la Resolución 636/19 (AD CAMP) recaída en la actuación SIGEA 12574-4719-2012, por carecer de causa (art. 7 inc. b de la ley 19.549), y hacer lugar a la devolución de Dólares Ciento Catorce Mil Trescientos Cuarenta con 80/100 (U$S 114.340,80) conforme lo expuesto en el considerando V, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del CA que deberán calcularse desde el 05.09.12, fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
2. Costas a la vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Adhiero a lo resuelto por el Dr. Soria en cuanto declara la nulidad de la Resolución 636/19 (AD CAMP) recaída en la actuación SIGEA 12574-4719-2012 y hace lugar al pedido de devolución de lo abonado por la actora en concepto de derechos de exportación.
II. No obstante ello, disiento con lo expuesto en el Considerando VI.- Moneda en que se deben devolver los derechos de su Voto, en razón de que considero que dicha cuestión debe ser resuelta a la luz del fallo Cencosud SA (TF 29.535-A) del 15/05/2004. En dicho precedente, la CSJN sostuvo que: "los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905".
De la lectura precedente, se concluye que la devolución debe efectuarse en la misma moneda en que se efectuaron los pagos y, habiéndose realizado estos mismos en moneda nacional, dicha divisa es la que corresponde a los efectos de la restitución de los importes percibidos, con más los intereses del art. 811 y 812 del CA hasta la puesta a disposición de los fondos.
III. Sentado lo anterior y teniendo en consideración los agravios esgrimidos por la recurrente con relación a la tasa de intereses que corresponde aplicar en el caso, debo señalar que observo que los artículos 811 y 812 del Código Aduanero no disponen la fórmula de cálculo de los intereses devengados a causa de importes indebidamente pagados en concepto de tributos, quedando delegado a la Secretaria de Hacienda la reglamentación y disponiendo que el monto asignado no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales. De allí se sigue que, mientras el legislador delegó a favor del ejecutivo la competencia para dotar de flexibilidad al sistema legal, el organismo administrativo perpetró que en todos los casos por venir se sufragará el 0,5 mensual de tasa de interés para los casos de repetición (Res. 841/10) sin atender al fenómeno inflacionario y desatendiendo la finalidad resarcitoria de la institución bajo examen.
Ante dicha situación, resulta evidente que una tasa de interés que desatiende la realidad implica un menoscabo manifiesto del derecho de propiedad y de la razón, ya que no es posible que la autoridad administrativa reciba una competencia para hacer frente a situaciones contingentes y variables y termine definiendo la cuestión mediante la imposición de un criterio férreo que, a la postre, termina actuando como un mecanismo de financiación espurio mediante la imposición de un sacrificio especial a cargo del responsable que pago tributos indebidos. Cabe concluir entonces que, al no tener una norma de referencia, por no poder sustituirse la discrecionalidad del legislador en los términos mencionados, no cabe otro remedio que aplicar el criterio sentado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (CNACAF, Sala II, "Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36.648-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo", sentencia del 09.02.2024; ibid, Sala III, "Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFY (29.994-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo", sentencia del 11.08.2022; ibid. Sala IV, "Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/DGA s/Recurso directo de organismo externo", sentencia del 26.03.2019; entre otros), disponiendo la aplicación al caso de la siguiente tasa de interés:
- Desde el reclamo a la DGA hasta la puesta en vigencia de la resolución ex MH 598/2019, según la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina;
- A partir del 01.08.2019 y hasta el 31.08.2022, según lo normado por la resolución del ex MH 598/2019; y - A partir del 01.09.2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4 y 6 de la resolución del ME 559/2022; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la Resolución 636/19 (AD CAMP) recaída en la actuación SIGEA 12574-4719-2012 y hacer lugar al pedido de devolución de lo abonado por la actora en concepto de derechos de exportación de conformidad a lo expuesto en el Considerando II de mi Voto, con más los intereses previstos en los arts 811 y 812 del CA desde el 05/09/2012 -fecha en que la actora presentó su reclamo- hasta la fecha del pago efectivo y total, de conformidad a lo expuesto en el Considerando III de mi Voto.
2. Costas a la vencida (art. 1163 del C.A).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
En virtud del acuerdo parcial que antecede, en cuanto por mayoría se resuelve declarar la nulidad de la Resolución 636/19 (AD CAMP) -haciendo lugar a la devolución de tributos peticionada por la actora- e imponer las costas a la demandada vencida, y advirtiendo en cambio, que no se ha conformado acuerdo en relación a la moneda en que corresponde la devolución así como a los intereses devengables, corresponde a continuación, que me expida a efectos de lograr mayoría sobre dichas cuestiones.
Que en relación a la moneda en que procede la devolución, por estricta aplicación del precedente “Cencosud S.A. (TF 29.535-A) c/ Dirección General de Aduanas”, fallado con fecha 15/5/2014 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considero que la devolución debe efectuarse en la misma moneda en que se efectuó el pago, correspondiendo, en el caso, la devolución en pesos “producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905” –considerando 7° del citado fallo-.
Que en relación a los intereses devengables, entiendo que procede la aplicación de los arts. 811 y 812 del C.A, y, en consecuencia, de las tasas previstas por las resoluciones dictadas por la entonces denominada Secretaría de Hacienda, que se encontraran vigentes desde la fecha en que la actora presentó el pedido de repetición (05/09/2012) hasta la fecha de su efectivo pago. ASI LO VOTO A EFECTOS DE CONFORMAR LA MAYORÍA NECESARIA PARA EL DICTADO DE SENTENCIA.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Existiendo mayoría respecto de la procedencia de la devolución de la diferencia de derechos de exportación (primer voto del Dr. Licht y quien suscribe) y sobre la moneda de devolución (primer voto del Dr. Licht y segundo voto del Dr. Juarez) debo intervenir por segunda vez para definir la tasa de interés aplicable a la devolución de tributos en pesos. Respecto de dicha cuestión adhiero a lo decidido en el segundo voto del Dr. Juárez.
De conformidad con el acuerdo que antecede por mayoría SE
1. Declarar la nulidad de la Resolución 636/19 (AD CAMP) recaída en la actuación SIGEA 12574-4719-2012 y hacer lugar al pedido de devolución de lo abonado por la actora en concepto de derechos de exportación de conformidad a lo expuesto en el Considerando II del Voto del Dr. Licht, con más los intereses previstos en los arts 811 y 812 del CA desde el 05/09/2012 -fecha en que la actora presentó su reclamo- hasta la fecha del pago efectivo y total, de conformidad a lo expuesto en el último párrafo del segundo Voto del Dr. Juárez.
2. Costas a la vencida (art. 1163 del C.A).
Regístrese, notifíquese. Oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros archívese.
Date: 2024.03.25 16:35:55 -03:00 Date: 2024.03.25 18:29:51 -03:00 Juan Manuel Soria Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.25 18:54:03 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.25 18:54:04 -03:00
Fin de la sentencia