Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-13476724-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar a la excepción opuesta por el fisco y declarar la incompetencia del Tribunal Fiscal, con costas.
II. Reencuadrar el recurso de apelación deducido contra la resolución N° 273/2019 (AD MEND) en el recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
III. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, mediante oficio, remítanse a la Dirección General de Aduanas los documentos: Poder RE-2020-13476627-APN-SGASAD#TFN, Acta de Asamblea RE- 2020-13476693-APN-SGASAD#TFN, Estatuto RE-2020-13476612-APN-SGASAD#TFN, Resolución apelada RE-2020-13476588-APN-SGASAD#TFN y recurso de apelación RE-2020-13476571-APN-SGASAD#TFN, a efectos de que se le dé el trámite pertinente.
IV. No exigir el pago de la tasa de actuación por carecer el importe de interés fiscal.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2020 - Año del General Manuel Belgrano Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2020-63115725-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 21 de Septiembre de 2020 Reunidos los vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor H. Juárez, con la presidencia de la Vocal nombrada en segundo término, para dictar sentencia en los autos caratulados EX-2020-
13476724-APN-SGASAD#TFN (MANNOR HAUSE SA)
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que, habiéndose levantado la feria extraordinaria para los expedientes electrónicos, corresponde el dictado de la presente sentencia.
II. Que con fecha 01.03.2020 Mannor Hause S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 273/2019 (AD MEND) que la condenó al pago de una multa de mil pesos por infracción al art. 995 del Código Aduanero (“CA”). La sanción impuesta se originó por haber constatado la Aduana de Mendoza la falta de coincidencia entre la descripción genérica de la mercadería declarada en el MIC/DTA con la declarada en el Bill of Landing y la factura respectiva. La actora se allanó y canceló la multa, que se tuvo por satisfecha por la Aduana. Sin embargo, en razón de la imputada extemporaneidad del referido pago (realizado el 26.03.16 -conf. fs. 24 de las act. adm.- e informado el 01.04.16 a la Aduana de Mendoza -conf. fs. 22 de las act. adm.-) respecto del plazo de 10 días hábiles contemplado en art. 1101 del CA, la Aduana resolvió confirmar lo actuado y registrar el antecedente infraccional en cabeza de la actora mediante la resolución aquí apelada. La actora entiende que se han vulnerado sus derechos a lo largo de la tramitación del expediente administrativo, pues no tuvo posibilidad de defenderse. Destaca que no apela la multa -que abonó voluntariamente y en tiempo hábil-, sino que controvierte que la Aduana no le haya otorgado al pago su carácter extintivo de la acción penal, registrando el antecedente infraccional en su contra. Señala que resulta erróneo sostener que haya actuado extemporáneamente, invocando que resulta aplicable el art. 1036 del CA que prevé la ampliación de plazos en razón de la distancia. Adicionalmente argumenta sobre la nulidad de la apertura del sumario administrativo; la prescripción de las facultades de la Aduana para imponer la multa; la presunción de inocencia; el derecho al olvido; la ley penal más benigna; su falta de culpabilidad y los presupuestos de responsabilidad, argumentos sobre los que remitimos al escrito de apelación. Ofrece prueba documental, informativa, hace reserva de la cuestión federal, y peticiona la revocación de la resolución apelada. Con fecha 28.04.2020 (IF-2020-28419106-APN-DTD#JGM) la actora impugna la determinación de la tasa de actuación realizada en autos por el representante del fisco (de $ 92.580,13) atento tratarse de la apelación de una multa de $ 1.000 -ya cancelada-.
III. Que, con fecha 10.08.2020 (IF-2020-52367140-APN-DTD#JGM) la Aduana contesta el traslado del recurso de apelación, oponiendo excepción de incompetencia en razón del monto -art. 1025 inc. a) del CA-. Asimismo, reconociendo los hechos que surgen de la resolución apelada y de la documental aportada por la actora, solicita que se confirme la sanción aplicada por los argumentos que expone en su contestación. Sostiene que cualquiera fuera la fecha en que se hubiera realizado el pago de la multa, la presentación de la actora en el expediente administrativo denunciando ese pago fue extemporánea (conf. art. 1101 del CA) en tanto fue posterior al plazo de 10 días normativamente previsto. En consecuencia, sostuvo que no puede considerarse extinguida la acción penal aduanera y que debe mantenerse el registro del antecedente infraccional (arts. 930 y 932 del CA) en contra de la actora, peticionando que se rechace el recurso de apelación, con costas.
Que, de la excepción de incompetencia planteada por la demandada se corrió traslado a la actora con fecha 12.08.20 (PV-2020-53058528-APN-VOCXIII#TFN) siendo contestada el 31.08.20 (IF-2020-57632439-APN- DTD#JGM).
IV. Que, con fecha 18 de setiembre de 2020, visto el estado de autos, se declara la causa de puro derecho y elevan las actuaciones a la Sala, la que llama a sentencia.
V. Que, respecto de la excepción de incompetencia opuesta por la Aduana, debe señalarse que el monto mínimo de las multas que pueden ser apeladas ante este tribunal se encuentra determinado por el art. 1025 inciso b) del CA. El monto de la multa de la resolución apelada es de mil pesos (multa, por demás, ya cancelada), menor al previsto por la norma referida de pesos veinticinco mil ($ 25.000). En tal caso correspondería, sin más, declarar la incompetencia de este tribunal en razón del monto.
Que, sin embargo, la competencia judicial originaria respecto de los procedimientos para las infracciones que correspondería al juez federal con asiento en las provincias (el de Mendoza, en este caso) también se encuentra excluida para este caso en razón del monto (conf. art. 1024 del CA) pues debe ser superior a $ 2.000. Que, en consecuencia, se presenta en autos un supuesto de doble incompetencia en razón del monto entre los dos tribunales con competencia material -derecho aduanero- para este tipo de cuestiones infraccionales (especializada en el caso del Tribunal Fiscal, genérica en el caso del Juzgado Federal de Mendoza). Que, conforme se fundamentará infra, corresponde a este tribunal asumir la competencia del presente caso y resolverlo.
Que, al tratarse de una cuestión de naturaleza punitiva, consistente en controvertir la inscripción de la empresa actora en un registro de infractores, resulta constitucionalmente inexcusable una intervención judicial suficiente de control, conforme las previsiones del art. 18 de la Constitución (conf. “Miras, Guillermo F. SACIF", Fallos 287:76; y "Parafina del Plata", Fallos 271:297). El registro del antecedente sancionatorio respecto de un contribuyente, que podría quedar firme y sin control judicial eficiente y tempestivo, se proyecta de modo negativo en el futuro de la actora. El registro del antecedente infraccional y su permanencia la afecta respecto de la comisión de eventuales nuevos ilícitos, como del goce eventual de regímenes especiales o beneficios tributarios o del comercio exterior. No puede entonces ponerse en tela de juicio la naturaleza jurídica de verdadera pena o sanción que reviste el antecedente infraccional registrado contra la actora por la Aduana de Mendoza, al no haber dispuesto -pese al pago de la multa- la extinción de la acción punitiva aduanera. Siendo ello así se impone la necesidad de una intervención revisora por parte del servicio de justicia, que debe ser inmediata y eficaz para cumplir con las garantías del art. 18 de la Constitución Nacional.
Que, en ese mismo sentido, debe dejarse claramente sentada la diferencia esencial entre este caso (referido a una infracción, y gobernado por el art. 18 de la Constitución) y un caso de incompetencia por razón del monto del inciso a) del art. 1025 del CA (referido a tributos, y gobernado por los arts. 4 y 9 de la Constitución). En este último rige el principio solve et repete -esencial para la salud de la Hacienda Pública- y donde la intervención judicial resulta tanto diferible como disponible temporalmente, con la simultánea ejecutoriedad plena de todos los tributos determinados por montos inferiores a Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), no apelables ante el Tribunal Fiscal.
Que, dicho lo anterior, debe fundamentarse porqué, en este excepcional supuesto de doble incompetencia por razón del monto, debe ser el Tribunal Fiscal quien cumpla la función de instancia jurisdiccional de revisión de la controversia punitiva, con prevalencia sobre los juzgados de la Justicia Federal de primera instancia. Que, en primer lugar, el carácter de tribunal legislativo que reviste este tribunal, establecido por el Congreso (art. 75 inc. 20 de la Constitución) lo identifica en sus funciones jurisdiccionales, con carácter identitario, con los tribunales judiciales del art. 116 de la Constitución (conf. mi voto en el Expte. 36.719-A “Transportadora de Gas del Sur c/DGA s/ recurso de apelación” sentencia de fecha 02.12.2019, considerandos VI a XIV); carácter éste que ha sido, además, señalado en numerosos precedentes de la Excma.
Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que han subrayado que la intervención del Tribunal Fiscal es la del tribunal natural para esta clase de controversias (“COLFAX S.A. c/ FISCO NACIONAL (AFIP-DGI) s/medida cautelar (autónoma)”, Sala I, sentencia .del12.5.00 y “TELESUD S.A.”, Sala IV, sentencia del 18.4.85). Que, en segundo lugar, no debe perderse de vista que las normas de competencia son instrumentales respecto de la labor jurisdiccional esencial que debe prestar el estado -una división del trabajo entre los tribunales-. Esa labor jurisdiccional, en sí misma, debe prestarse de modo inmediato y eficaz cuando se trata de cuestiones de naturaleza punitiva, que suponen una mácula en la conducta de los contribuyentes.
Tal labor constituye un imperativo inexcusable que pesa sobre el estado, que no debe eludirse ni posponerse temporalmente de modo indefinido. El diferimiento temporal de la revisión judicial suma un nuevo daño al perjuicio de una pena o imputación que puede ser ilegítima. La interpretación razonable (art. 28 de la Constitución) de las normas legales de competencia debe tener como norte que se cumpla inalterable el cometido constitucional del art. 18 de la Carta Magna, no que se frustre. Como corolario de ello deben desecharse aquellas interpretaciones -afectadas por un rigorismo formal- de las normas de competencia que conducen a diferir la prestación del servicio jurisdiccional, excusando temporalmente un deber estatal inexcusable, operativo e inmediato.
Al ser el Tribunal Fiscal el primer tribunal federal con intervención y con competencia material para este tipo de cuestiones, igualado en ello con la Justicia Federal -ambos incompetentes en razón del monto en este caso- corresponde entonces que sea este tribunal el que decida de modo inmediato la contienda.
Que, en tercer lugar, no pueden perderse de vista que los mismos principios constitucionales y las mismas razones de economía procesal proscriben también que, en materia infraccional, se retrotraigan estas discusiones a la Aduana, a vías muertas administrativas, de las que ya emergieron para radicarse ante un tribunal del art. 75 inc. 20 de la Constitución. Tales soluciones pretorianas (e.g. aplicación de los arts. 89, 90 y 93 del decreto 1759 reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativos 19.549, no previstas en el Código Aduanero) colocan al contribuyente, nuevamente, bajo el arbitrio -sin plazo- de la misma autoridad aduanera que lo había penado, ahora con potestad rediviva para mantener de modo indefinido y dañoso la pena impuesta, bajo todos los efectos ejecutorios del acto administrativo que la impuso -ilustrados en el quinto párrafo de este considerando-.
Tal situación constitucionalmente disvaliosa -frente al art. 18 de la Constitución- se mantendrá hasta que, llegado el momento -futuro, incierto y discrecional- del agotamiento de la instancia administrativa rediviva, pueda la actora volver a plantear judicialmente la cuestión en una demanda contenciosa, ante un tribunal que resultará una instancia sustancialmente idéntica a la de este tribunal, que está actuando ahora, en tiempo presente. Así como en materia de política tributaria nunca debe perderse de vista que los individuos y las empresas jamás ejercen sus industrias con la finalidad de pagar impuestos y mantener al estado -sino para asegurar su propia subsistencia, prosperidad y riqueza-; tampoco debe perderse de vista, en materia de política judicial, que no suele ser la finalidad vital de ningún individuo ni empresa -mucho menos puede ser el norte del servicio de justicia- mantener litigios eternos, siendo función constitucional del estado terminarlos y no propender a su mantenimiento indefinido en el tiempo.
La transgresión de tales finalidades constitucionales aparece clara en este caso, en el que la Aduana de origen exhibió un comportamiento cazurro para mantener sometido al contribuyente con un antecedente infraccional en su contra; lo hizo combinando disfuncionalmente (i) el ejercicio de parte de sus competencias punitivas -v.gr. registrar una infracción improcedente- con, (ii) las normas legales de incompetencia jurisdiccional por razón del monto comprensivas tanto de este tribunal como de la Justicia Federal de Mendoza, impidiendo el control judicial mandado por el art. 18 de la Constitución; todo en el marco de una controversia jurisdiccional que jamás debería haberse suscitado porque jamás debería haberse registrado el antecedente infraccional (tal como se expondrá en el considerando VI al resolverse el fondo de la controversia).
Corresponde entonces, en casos como el presente, donde los dos tribunales con competencia material no pueden intervenir por incompetencia según el monto, que la resolución del litigio sea asumida por el primer tribunal constitucional interviniente establecido por el Congreso (art. 75 inc. 20), para que actúe de modo expeditivo y eficaz, en aplicación directa del art. 18 de la Constitución Nacional.
Que, en cuarto lugar, resultan aplicables a esta materia infraccional, mutatis mutandi, las consideraciones de la Corte Suprema respecto de las disposiciones de la ley de procedimiento tributario 11.683 (que tiene contenido tributario e infraccional) como ordenamiento específico de todos los aspectos vinculados con la materia tributaria a cargo de la Dirección General Impositiva (Fallos: 308: 2147, considerando 50), siendo tal definición de la Corte Suprema plenamente extensible a las disposiciones del CA -ley federal 22.415- y las funciones de la Dirección General de Aduanas. La existencia de una ley instrumental específica y de un tribunal específico (el Código Aduanero y el Tribunal Fiscal) para las relaciones tributarias y punitivas de la Aduana con los contribuyentes y operadores del comercio internacional, hacen que la tramitación de causas comprendidas por tal ley especial ante este tribunal especializado en materia aduanera, de consuno con los tres fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, deba considerarse como prevalente respecto de las vías procesales genéricas del derecho federal, que deben considerarse de carácter subsidiario (conf. Fallos:305: 1715).
Que, en resumen, en aplicación directa del art. 18 de la Constitución Nacional -superior a normas legales y comportamientos administrativos impeditivos de la revisión judicial de las penas-; el carácter específico del procedimiento infraccional suscitado ante la Aduana; el carácter especializado de este tribunal; y razones eminentes de economía procesal que tornan inoficiosas nuevas intervenciones de organismos administrativos o judiciales -que la administración pretende diferir de modo incierto-; corresponde rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la Aduana y declarar la competencia del Tribunal Fiscal para resolver el presente juicio. Debe señalarse el carácter excepcional de esta decisión sobre competencia, suscitada por la doble incompetencia en razón del monto -conf. arts. 1024 y 1025 inc. b) del CA- y la descripta actuación de la Aduana de Mendoza que perturba gravemente en sus fines constitucionales al sistema federal de administración de justicia.
VI-. Que, establecida la competencia de este tribunal corresponde resolver el recurso de apelación interpuesto.
Que el pago de la multa se realizó el 26.03.16, respecto de una notificación del 11.03.16, siendo informado el pago a la Aduana el 01.04.2016.
Que, conforme el íter temporal de los hechos, no resulta jurídicamente atinada su apreciación por el servicio aduanero. El pago de la multa se efectuó dentro del plazo de 10 días hábiles previsto por el art. 1101 del CA, quedando satisfecho el interés punitivo de la Aduana y extinta la acción penal aduanera (conf. art. 930 del CA). La denuncia del pago de la multa en el expediente aduanero el 01.04.16 tiene carácter meramente informativo del sometimiento tempestivo del administrado a la sanción impuesta, correspondiendo que el antecedente infraccional no se registre (conf. art. 932 del CA). Tal denuncia no es constitutiva del pago - configurado jurídicamente de modo completo el 26.03.16-, ni es tampoco ejercicio del derecho de defensa, que son las dos finalidades comprendidas por el plazo instituido por el art. 1101 en el caso bajo controversia.
En consecuencia, el sólo hecho del pago de la multa el 26.03.16, sin ninguna otra exigencia o aditamento, basta jurídicamente para tener por extinguida la acción penal aduanera y revocar el registro del antecedente infraccional contra la actora -en los términos por ella peticionados- conforme los arts. 930, 932 y 1101 del CA. Que, adicionalmente, no puede obviarse el hecho notorio (que surge de la compulsa de las actuaciones administrativas y de la prueba documental ofrecida) que la actora es una sociedad con domicilio legal en Avenida Alicia Moreau de Justo 846, Piso 2, Oficina 9 de la Capital Federal -habiendo tenido siempre domicilios en esta misma ciudad-, mientras que el sumario que motivó el presente recurso de apelación fue labrado por la Aduana de Mendoza.
En tal supuesto, por aplicación del art. 1036 del CA, deben ampliarse los plazos para las presentaciones administrativas, pues se trata de diligencias que deben practicarse fuera del lugar del asiento de la oficina aduanera; tal ampliación se dispone a razón de un día por cada doscientos kilómetros, o fracción no inferior de cien. Esta norma del CA coincide materialmente con las de los diferentes ordenamientos procedimentales, también supletoriamente aplicables al procedimiento infraccional aduanero (art. 1017 del CA), resultando en que en este caso debió ampliarse el plazo en razón de la distancia (v.gr. art. 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Acordada 50/2010 de la Corte Suprema, tabla anexa).
Así correspondía agregar al plazo de diez (10) hábiles previsto en art. 1101 del CA los cinco (5) días adicionales previstos para la ciudad de Mendoza por la tabla de la Acordada 50/2010 de la Corte Suprema para interposición del recurso directo, con lo que el vencimiento del plazo previsto en el art. 1101 del CA operó, en este caso, el 05.04.2016. De tal modo la denuncia del pago de la multa por la actora del 01.04.16 fue realizada tempestivamente, aun bajo la inteligencia errónea (que fuera constitutiva del pago o defensiva) que el organismo aduanero pretendió asignarle a dicha presentación -meramente informativa-.
Que, conforme todo lo expuesto, debe declararse extinguida la acción penal aduanera por el pago voluntario de la multa impuesta, dentro del plazo previsto en el art. 1101 del CA, correspondiendo asimismo que no se registre el antecedente infraccional, todo conforme lo dispuesto por los arts. 930 y 932 del CA.
Que, por el modo en que se resuelve, resulta inoficioso el tratamiento de los demás argumentos planteados por la actora en su libelo recursivo.
Que, en conclusión, corresponde revocar la resolución apelada en los términos planteados por la actora, dejando sin efecto el antecedente infraccional registrado en su contra, con costas a la Aduana.
VII. Que, finalmente, corresponde también revocar la determinación de la tasa de actuación de autos practicada por el representante fiscal (IF-2020-26046033-APN-DTD#JGM de fecha 15.04.2020), atento su manifiesto error al carecer de contenido económico el presente juicio.
VIII. Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la Aduana y declarar la competencia de este tribunal para entender en el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la Resolución Nº 273/2019 (AD MEND), con costas.
2. Declarar extinguida la acción penal aduanera respecto de la multa impuesta por el art. 1 de la Resolución Nº 273/2019 (AD MEND) apelada en autos, revocando su art. 1 en cuanto ordena el registro del antecedente infraccional respecto de la empresa actora, con costas.
3. Revocar la determinación de la tasa de actuación de autos.
La Dra Musso dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en el Voto del Dr. Soria.
II. Que la actora se allana y paga la multa de $1000 impuesta por infracción al art. 995 del CA, apela la resolución N° 273/2019 (AD MEND) en cuanto se ordena registrar el antecedente infraccional, por considerar la aduana que el pago fue efectuado extemporáneamente, fuera del plazo establecido por el art. 1101 del CA (cfme art. 932 del CA).
III. Que la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación se encuentra prevista en los artículos 1025 apartado 1 inc. b) y 1132 apartado 1 del Código Aduanero.
IV. Que conforme lo prevé el inc b) del apartado 1 del artículo 1025 del Código Aduanero corresponderá conocer y decidir al Tribunal Fiscal de la Nación en los recursos de apelación deducidos contra las resoluciones del administrador recaídas en el procedimiento para las infracciones cuando la condena implicare un importe que excediere de veinticinco mil pesos ($ 25.000) (importe sustituido por el art 76 de la ley 26.784 B.O. 05/11/2012) y siendo el importe de la multa impuesta inferior al monto mínimo referido precedentemente, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal Fiscal y hacer lugar a la excepción opuesta por el fisco.
V. Que, la resolución aquí apelada ha sido dictada en un procedimiento para las infracciones, y al respecto, el art. 1132 apartado 1 del Código Aduanero prevé la opción entre el recurso de apelación aquí deducido y la demanda contenciosa ante el juez competente, que en el interior del país resultan ser los jueces federales y cuyo monto mínimo es de $ 2.000 (conf. art 1024 del Código Aduanero modif. por el art. 39 de la Ley 25.986), que en el caso de autos, como el importe de la multa no supera la suma de $ 2.000, razón por lo cual la Justicia Federal no resulta competente para entender en el recurso de apelación deducido contra dicha resolución, cfme. lo prevé el artículo 1024 del Código Aduanero.
VI. Que atento a que la actora centra sus agravios, en cuanto en la resolución se ordena el registro del antecedente infraccional, a fin de salvaguardar el derecho de defensa garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, por aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos -cfme. lo prevé el artículo 1017 del Código Aduanero-, debe reencuadrarse el recurso deducido contra la resolución N° 273/2019 (AD MEND) en el recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Este reencuadre se basa en la aplicación del “principio del informalismo” que rige en materia administrativa a favor del administrado (cfme. arts. 1 inc. e), 7 y 5 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos).
Que, en consecuencia, corresponde remitir a la Dirección General de Aduanas los documentos: Poder RE-2020- 13476627-APN-SGASAD#TFN, Acta de Asamblea RE-2020-13476693-APN-SGASAD#TFN,Estatuto RE- 2020-13476612-APN-SGASAD#TFN, Resolución apelada RE-2020-13476588-APN-SGASAD#TFN y recurso de apelación RE-2020-13476571-APN-SGASAD#TFN, a efectos de que se le dé el trámite pertinente.
Por ello, VOTO POR:
I.-Hacer lugar a la excepción opuesta por el fisco y declarar la incompetencia del Tribunal Fiscal, con costas.
II. Reencuadrar el recurso de apelación deducido contra la resolución N° 273/2019 (AD MEND) en el recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
III. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, mediante oficio, remítanse a la Dirección General de Aduanas los documentos: Poder RE-2020-13476627-APN-SGASAD#TFN, Acta de Asamblea RE- 2020-13476693-APN-SGASAD#TFN, Estatuto RE-2020-13476612-APN-SGASAD#TFN, Resolución apelada RE-2020-13476588-APN-SGASAD#TFN y recurso de apelación RE-2020-13476571-APN-SGASAD#TFN, a efectos de que se le dé el trámite pertinente.
IV. No exigir el pago de la tasa de actuación por carecer el importe de interés fiscal.
El Dr. Juárez dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
I.-Hacer lugar a la excepción opuesta por el fisco y declarar la incompetencia del Tribunal Fiscal, con costas.
II. Reencuadrar el recurso de apelación deducido contra la resolución N° 273/2019 (AD MEND) en el recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
III. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, mediante oficio, remítanse a la Dirección General de Aduanas los documentos: Poder RE-2020-13476627-APN-SGASAD#TFN, Acta de Asamblea RE- 2020-13476693-APN-SGASAD#TFN, Estatuto RE-2020-13476612-APN-SGASAD#TFN, Resolución apelada RE-2020-13476588-APN-SGASAD#TFN y recurso de apelación RE-2020-13476571-APN-SGASAD#TFN, a efectos de que se le dé el trámite pertinente.
IV. No exigir el pago de la tasa de actuación por carecer el importe de interés fiscal.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2020.09.21 14:44:30 -03:00 Date: 2020.09.21 15:30:26 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2020.09.21 15:46:13 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2020.09.21 15:46:16 -03:00
Fin de la sentencia