Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-21414447-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Nro. 60/2022 (AD CAMP) aquí apelada, y, en consecuencia, la liquidación manual 18008LMAN029289U por su importe de u$s 5.151,18 con más los intereses del art. 794 del C.A., con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-135346882-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Noviembre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Christian González Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: EX-2022-21414447-APN- SGASAD#TFN (RIVARA S.A.).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que se presenta, por su presidente y con patrocinio letrado, la firma RIVARA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución nro. 60/2022 (AD CAMP), dictada en el expediente SIGEA 17114-6469-2018, en cuanto rechazó el recurso de impugnación interpuesto por la actora, confirmando la liquidación nro. 18008LMAN027139M, por la suma de u$s 5.151,18 en concepto de derechos de exportación e intereses. Indica que el Congreso Nacional dictó la Ley 25.127, como un modo de alentar la producción de productos que revistan y acrediten el carácter de “orgánicos”, y en línea con ello el poder Ejecutivo dictó el Decreto 361/16 -vigente desde el 17/2/16-, en cuyo art. 1° estableció una alícuota del 0% de derechos de exportación para los productos que revistan y acrediten la “condición de orgánicos”, sin importar la Posición Arancelaria (P.A.) en las que sean clasificados.
Manifiesta que los “productos orgánicos” (desde siempre), clasifican en exactamente las mismas P.A. que los “productos convencionales” (es decir productos no orgánicos), por lo que dicha clasificación no resulta para nada trascendente al momento de aplicar la alícuota del 0% de derechos de exportación prevista para los productos que ostenten y acrediten tales características, ello conforme el art. 1° del decreto 361/16. Entiende que en cuanto a los productos “orgánicos” la PA en la que se clasifican no interesa en absoluto en cuanto a su tributación, por cuanto cualquiera sea el producto orgánico y su PA (por ejemplo lino, aceite de soja, lana, maíz, trigo, etc.), mientras acredite tal condición, el art. 1° del decreto 361/16 establece una alícuota “siempre” del 0%, situación que ha sido perdida de vista por el fisco con fines eminentemente recaudatorios.
Indica que no resulta incompatible el “Régimen Especial establecido para orgánicos” con el “Régimen General” establecido para los productos convencionales. Se refiere al Decreto 793/2018 el cual, en su art. 1 fijó hasta el 31/12/2020 un derecho de exportación del 12% para las exportaciones a consumo de las PA comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) con los topes previstos en su art. 2, sin mención alguna respecto de los productos que revisten y acrediten características y/o condiciones de orgánicos, refiriéndose sólo a posiciones arancelarias, por lo que concluye que para estos productos la alícuota del 0% establecida en el art. 1 del decreto 361/16 no varió en absoluto por el dictado del decreto 793/18.
Manifiesta que a través del PE 18 008 EC01 008743 S declaró exportar producto orgánico (acreditado por certificado de producto orgánico avalado por el SENASA) y que con posterioridad a su oficialización el servicio aduanero generó el LMAN nro. 18008LMAN027139M, mediante el cual reclamó indebidamente el pago de derechos de exportación contradiciendo lo expresamente previsto en el decreto 361/2016, plenamente vigente. Indica que el decreto 793/18 hace exclusiva mención a “Posiciones Arancelarias”, estableciendo una alícuota del 12% (con sus topes) a las mercaderías ubicadas en las PA del NCM, sin referirse a los productos que revisten y acrediten su condición de orgánicos, los que conforme el art. 1 abonan un arancel del 0% con independencia de la PA en la que clasifiquen, entendiendo que el mencionado decreto no ha derogado ni modificado lo previsto en el art. 1 del decreto 361/16, el que se encuentra plenamente vigente.
Destaca que la mención que se hace en los considerando del decreto 793/18 respecto del decreto 361/16, se debe a lo previsto por este último para la mercaderías ubicadas en la PA de los capítulos 50 a 53 de la NCM mencionadas en su art. 2, estableciendo en su art. 3 las PA con sus respectivas alícuotas. Hace referencia a los dictámenes 216:1, 209:237 y 370 de la Procuración General del Tesoro de la Nación. Manifiesta que refuerza su postura lo dispuesto en el párrafo 6 del decreto 793/18 el que se refiere exclusivamente a PA que nada tiene que ver con los productos que revisten y acreditan características “orgánicas” previstos en el art. 1 del decreto 361/16. Cita jurisprudencia respecto de productos orgánicos.
Plantea, en subsidio, para el supuesto de considerarse que el art. 1 del decreto 361/16 no resultara aplicable, que corresponde liquidarse en pesos el importe reclamado conforme lo estipulado en el art. 2 del decreto 793/18, sustituido por el decreto 865/18, el cual establece un límite en cuanto a la liquidación del importe de derechos cuyo monto no podrá exceder los $4 por dólar de valor imponible, importe que según lo dispone dicho artículo debe mantenerse en pesos hasta la cancelación de la obligación. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que se presenta el Fisco nacional y contesta el traslado conferido. Efectúa una breve reseña de las actuaciones administrativas y niega todas y cada una de las afirmaciones, los hechos, el derecho, la documental y/o copias invocadas por la contraria, que no fueran expresamente reconocidos, o surjan de las constancias de las actuaciones administrativas. Hace un breve relato de las actuaciones administrativas. Destaca que la actora no hace más que reiterar en esta instancia lo argumentado en sede administrativa, por lo que se remite a la fundamentación y conclusiones emanadas en la resolución aduanera como en el dictamen jurídico que en la misma se invoca. Previamente aclara que la liquidación cuestionada por la actora fue generada automáticamente por el SIM como consecuencia de lo declarado al oficializar el permiso de embarque, ello por cuanto optó por el pago de los derechos de exportación aquí cuestionados con plazo de espera (“EXPO-PLAZO-ESPE SI”), ventaja prevista por los arts. 453, inc. b) del CA y 54 del Decreto nro. 1001/82 y reglamentada por los Resol Gral AFIP nro. 1921/05, por lo que la liquidación impugnada no constituye una diferencia de tributos, sino que la alícuota establecida por el Decreto nro. 793/18 fue la receptada por el SIM para la posición arancelaria declarada a oficializar la destinación.
Reitera que el mismo SIM tomó la alícuota correcta aplicable a la posición arancelaria, generándose la liquidación al sólo efecto de que la actora cuente con el plazo de espera -concedido por el ordenamiento aduanero como ventaja- para el pago de los derechos de exportación adeudados. Indica que la cuestión que se suscita en autos se encuentra regulada por los decretos 361/16 y 793/18. Manifiesta que mediante el decreto 361/16 se fijó una alícuota del 0% de derechos de exportación para los productos que revistan la calidad de orgánicos. Señala que mediante el decreto 1226/14 se aprobó la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) ajustada a la VI Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, en cuyo art. 11 mantuvo la alícuota del 0% establecida por los decretos 133/15 y 361/16, con las excepciones que se detallan en su Anexo XIII.
Manifiesta que mediante el decreto 793/18 se fijó hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% a la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM. A su vez indica que mediante el decreto 793/18 se fijó un derecho de exportación transitorio y adicional, aplicable a todas las mercaderías comprendidas en la PA de la NCM, modificando el derecho previsto en el decreto 1126/17 para la mercadería en trato, medida adoptada por el Poder ejecutivo dentro de las facultades expresamente otorgadas por el art. 755 del CA. Entiende que el decreto 793/18 determinó un nuevo esquema de derechos de exportación, con topes máximos, aplicable a la totalidad del universo arancelario, siendo la única excepción la contenida en el art. 3 del decreto 865/18 de alcance exclusivo sobre el Régimen de Exportación Simplificada denominado “EXPORTA SIMPLE”.
Destaca que los derechos de exportación resultantes deberán adicionarse a los existentes, es decir los previstos por el decreto 361/16 y 1126/17. Indica que al tratarse de dos esquemas arancelarios diferenciados, en los que las reducciones arancelarias definidas en uno no pueden ser consideradas en el otro, la condición de orgánica de la mercadería únicamente generará efectos sobre el nivel arancelario determinado por el decreto 1126/17 (que comprende la alícuota del 0% determinada en el art. 1 del decreto 793/18). Advierte que de los considerandos del decreto 793/18 surge que se han considerado expresamente los casos de mercaderías que contaban (a la fecha de su dictado) con alícuota del 0%.
Expresa que mediante el decreto 793/18 se estableció un derecho de exportación aplicable a todas las posiciones arancelarias de la NCM, surgiendo de la simple lectura del mismo ha sido la intención del legislador incluir los productos orgánicos al momento de incrementar las alícuotas. Concluye que con el dictado del decreto 793/18 fueron modificadas -transitoriamente y hasta la fecha allí establecida- las alícuotas establecidas en el decreto 361/16 para los productos aquí involucrados. Resalta que no asiste razón a la actora al afirmar que el decreto 793/18 “no deroga ni modifica el decreto 361/16 (...)”, ya que por el contrario, el primero de ellos refiere a todas las posiciones arancelarias y establece una medida transitoria y de excepción, no incluyendo dispensa alguna para los productos orgánicos.
Sostiene que de los considerandos del decreto 793/18 surge que la intención del Poder Ejecutivo era la de gravar todas las posiciones arancelaria de la NCM de manera transitoria a los fines de atender necesidades de política económica y finanzas públicas, aun considerando a las exportaciones de mercaderías que al momento de su dictado se encontraban con una reducción de alícuota al 0%, aclarando en su art. 4 que, en el caso de que las mercaderías ya se encuentren gravadas el derecho de exportación establecido en el decreto será adicionado a los derechos de exportación ya vigentes. Aclara que las exportaciones de productos “orgánicos” no se encontraban desgravadas, sino que se encontraban gravadas con una alícuota del 0%, por lo que cabía adicionar la alícuota transitoria del 12 % de derechos de exportación transitorios del decreto 793/18 a la del 0% establecida por el decreto 361/16.
Cita jurisprudencia que avala su postura. Señala que no puede perderse de vista la función de reguardo de la renta fiscal y el principio de indisponibilidad del crédito público. Concluye que la formulación del cargo en cuestión se fundamenta en la correcta aplicación y liquidación de la alícuota debida conforme la normativa vigente al momento de registro de la destinación. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme en su totalidad la resolución apelada, con costas.
III. Que con fecha 12/7/22 se tiene por contestado el traslado conferido y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Con fecha 10/7/23 se elevan los autos a la Sala “E” y con fecha 7/11/23 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas nro. 17114-6469-2018 se inician a fs. 1/3 y vta. con el recurso de impugnación interpuesto por la firma RIVARA S.A. contra la liquidación manual 18008LMAN027139M, respecto del P.E. 18 008 EC01 008743 S, cuya carpeta contenedora se encuentra digitalizada por documento IF- 2022-51868870-APN-DTD#JGM. A fs. 46 se dicta la Resolución nro. 607/2018 (AD CAMP) por la que se resuelve anular la liquidación automática 18008LMAN027139M al efecto de proseguir con el recurso de impugnación impetrado y a su vez generar por la firma en cuestión una nueva liquidación con el concepto “A GARANTIZAR” a fin de resguardar la renta fiscal. A fs. 47 obra print de pantalla de ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES MANUALES y a fs. 48 el REGISTRO DE UNA LIQUIDACIÓN MANUAL nro. 18008LMAN029289U. A fs. 50 se glosa el comprobante de pago de la liquidación manual nro. 18008LMAN029289U (constitución de garantía - póliza nro. 18008003638T). A fs. 51/52 la firma acompaña las constancias de la emisión de la póliza nro. 18008003638T para garantizar la liquidación manual nro. 18008LMAN029289U. A continuación se acumula el Alcance 17114-6469-2018/2. A fs. 54ref/56ref. la actora acompaña copia del certificado de producto ecológico. A fs. 57 se tiene por deducido el recurso en tiempo y forma, por anulada la liquidación 18008LMAN27139M y por garantizados los derechos de exportación determinados mediante liquidación 18008LMAN029289U, asimismo se remiten las actuaciones a la Sección Inspección Simultánea a fin de que informe si se ha acreditado el carácter de orgánico de la mercadería, lo que se cumple a fs. 60 mediante Nota 242/2020 (SEIS DV OCAM). A fs. 61/62 y vta. se emite el el Dictamen 54/2022 (SESU AD CAMP) por el que se considera que correspondería confirmar la liquidación tributaria impugnada. A fs. 63/65 se dicta la Resolución 60/2022 (AD CAMP) apelada en la especie. A fs. 67/68 y vta. luce acreditación de interposición de recurso ante este Tribunal.
V. Que en primer lugar corresponde mencionar que la liquidación nro. 18008LMAN27139M impugnada por la actora en sede aduanera, resultó anulada previo al dictado de la Resolución 60/2022 (AD CAMP), en virtud de la opción de pago con plazo de espera por ella ejercida voluntariamente, garantizándose los derechos de exportación nuevamente liquidados mediante 18008LMAN029289U.
Que sentado ello, corresponde resolver si la Resolución 60/2022 (AD CAMP), por la cual se rechazó la impugnación interpuesta contra la liquidación nro. 18008LMAN27139M, intimando a la firma RIVARA S.A. a abonar la suma de u$s 5.151,18, en concepto de derechos de exportación, se ajusta a derecho.
Que por el PE 18 008 EC01 008743 S, oficializado el 27/9/18, la actora documentó la exportación de mercaderías ubicadas en la posición SIM 1104.23.00.000D: “--De maíz –Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o quebrantados): GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO (POR EJEMPLO: MONDADOS, APLASTADOS, EN COPOS, PERLADOS, TROCEADOS O QUEBRANTADOS), EXCEPTO EL ARROZ DE LA PARTIDA 10.06; GERMEN DE CEREALES ENTERO, APLASTADO, EN COPOS O MOLIDO”, indicando que se trataban de productos orgánicos, que conforme el art. 1 del decreto 361/16, gozaban de un régimen tributario especial por el que fueron gravados con una alícuota de derechos de exportación del 0%.
Que en el Dictamen 54/2022 (SESU AD CAMP) que obra agregado a fs. 61/62 y vta. de las actuaciones administrativas, se informó que “…de los Considerandos del Decreto 793/18 se percibe el espírito de la norma, al manifestar que el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó, entre otros, los Decretos Nros. 1243 del 17 de agosto de 2011, 429 del 21 de marzo de 2012, 526 del 13 de abril de 2012, 133 del 16 de diciembre de 2015, 160 del 18 de diciembre de 2015, 349 del 12 de febrero de 2016, 361 del 16 de febrero de 2016, 1025 del 12 de diciembre de 2017 y 487 del 24 de mayo de 2018, por medio de los cuales se fijaron derechos de exportación aplicables a diversas mercaderías. Que mediante los decretos mencionados en el párrafo anterior dictados a partir de diciembre de 2015 se redujo al CERO POR CIENTO (0%) la alícuota aplicable para una gran cantidad de posiciones arancelarias… Que sin perjuicio de que el Decreto N°361 regula el porcentaje de derechos de exportación de las mercaderías con condición de orgánicos, el marco normativo estaría dado por un Decreto dictado con posterioridad a él, como ser el 793/18, el cual se refiere a la exportación de todas las mercaderías… ...la Corte Suprema en su oportunidad… al manifestar que “Tratándose de leyes sucesivas, que legislan sobre la misma materia, la omisión en la última, de disposiciones de la primera, importa seguramente dejarlas sin efecto, cuando la nueva ley crea – respecto de la cuestión de que se trata – un sistema completo, más o menos diferente del de la ley antigua”.
Se estaría así frente a una derogación tácita del porcentaje del 0% de arancel establecido por el decreto 361… ...En el caso de autos, la incompatibilidad entre ambas normas esta dado por el porcentaje de derechos de exportación, ya que no podrían coexistir ambos en función de que el Decreto 793 es de aplicación para todas las mercaderías mencionadas en todas las posiciones arancelarias del sistema de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), ergo, no hace la distinción entre orgánicos y no orgánicos.”
Que la actora invoca en su defensa que la mercadería exportada al tratarse de “productos orgánicos” no se encuentra alcanzada por los derechos de exportación establecidos por el decreto 793/18, por encontrarse gravada con la alícuota del 0%, establecida por el art. 1 del decreto 361/16 el que considera vigente.
Que el decreto 793/18 dispone en su art. 1°: “Fijase, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM)”, y en su art. 4: “En el caso de mercaderías cuya exportación ya está gravada, el derecho de exportación establecido en el artículo 1° será adicionado a los derechos de exportación vigentes (...)”.
Que de ello surge que al momento de registrarse la exportación a consumo bajo el PE 18 008 EC01 008743 S, (oficializado el 27/9/18 y con fecha de cierre de venta 26/9/2018), los productos orgánicos se encontraban gravados al momento de la entrada en vigencia del decreto 793/18 con una alícuota del cero por ciento (0%), a la cual, conforme lo dispuesto en su art. 4 debía adicionarse la alícuota del 12% del art. 1, con vigencia hasta el 31/12/20, a la totalidad de las mercaderías (sin excepción) de las posiciones arancelarias de la NCM, incluyendo a las mercaderías que revisten en la categoría de productos “orgánicos” del art. 1 del decreto 361/16 que tenían un arancel especial previo (alícuota del 0%).
Que por lo expuesto corresponde confirmar la Resolución Nro. 60/2022 (AD CAMP) aquí apelada, y, en consecuencia, la liquidación manual 18008LMAN029289U por su importe de u$s 5.151,18 con más los intereses del art. 794 del C.A., con costas a la actora perdidosa (art. 1163 del C.A.).
VI. Que corresponde mencionar, que en tanto que quien apela el decisorio aduanero no ha presentado ningún agravio puntual con respecto a la validez del decreto 793/2018 en el plazo previsto para recurrir ante este Tribunal, no corresponde expedirse sobre la misma ni sobre la aplicación obligatoria -art 151 de la ley 11.683- del criterio establecido en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”.
Que en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución Nro. 60/2022 (AD CAMP) aquí apelada, y, en consecuencia, la liquidación manual 18008LMAN029289U por su importe de u$s 5.151,18 con más los intereses del art. 794 del C.A., con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez en sus puntos I a IV. Respecto a la solución que propone en el considerando V si bien coincido con ella en cuanto reproduce los fundamentos de las sentencias de varias causas de esta Sala que suscribí ("MISKA S.A" - Expediente EX-2021-03321813- -APNSGASAD#TFN, 12.08.22, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/03/EX-2021-03321813-APN -SGASADTFN- 12-08-2022.pdf; "SOYAPAMPA S.A., 12.08.22, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2023/03/EX-2021-58605629-APN -SGASADTFN-12-08-2022.pdf; "AGRONEGOCIOS JEWELL SA" EX-2021-42088315- -APN-SGASAD#TFN, 23.08.22, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2023/03/EX-2021-42088315-APN -SGASADTFN-23-08-2022.pdf; "EDCO GRAINS S.A."
Expediente EX2021-38361426-APN-SGASAD#TFN, 25.08.22, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2023/03/EX-2021-38361426-APN -SGASADTFN-25-08-2022.pdf); “AGRONEGOCIOS JEWELL SA" EX-2021-42159166- -APN-SGASAD#TFN, 25.08.22, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2023/03/EX-2021-42159166-APN -SGASADTFN-25-08-2022.pdf); "EDCO GRAINS S.A.”
EX-2021-39850038- APN-SGASAD#TFN, 25.08.22, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2023/03/EX-2021-39850038-APN -SGASADTFN-25-08-2022.pdf); "SOYAPAMPA S.A.", Expediente EX-2021-72308171-APNSGASAD#TFN, 13.09.22, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2023/03/EX-2021-72308171-APN -SGASADTFN-13-09-2022.pdf) y "EDCO GRAINS S.A."
Expediente EX2022-27160523-APN-SGASAD#TFN, 28.10.22, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2022/12/EX-2022-27160523-APN -SGASADTFN-28-10-2022.pdf) pasa por alto un hecho fundamental del caso que hace variar completamente su solución, conforme se desarrolla a continuación.
V. Nulidad absoluta del decreto 793/18 aplicado por la DGA en estos autos: No puede obviarse en la decisión de este caso el hecho de que el PE de autos -18008EC01008743S- fue oficializado el 27.09.18. Le resultaba entonces aplicable, en cuanto a la alícuota, el decreto 793/18 (BO: 04.09.18) en una fecha anterior al 04.12.18 en que fue ratificado por el art. 82 de la ley 27.467 (BO: 04.12.18).
Cabe remitir pues, respecto a la validez del decreto 793/18 al momento de la oficialización del PE de autos ( 27.09.18) a la sentencia de esta Sala E del 29.10.21, dictada en los autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN-29-10-2021.pdf) la que se considera parte integrante de este voto.
En consecuencia, conforme los fundamentos que se expondrán infra sobre la inaplicabilidad en autos del plenario del 26.04.22, corresponde: (i) declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18 entre el 04.09.18 y el 04.12.18, con fundamento en los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y el precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14 y, (ii) revocar la resolución apelada y la LMAN impugnada (18008LMAN029289U) en tanto aplicaron, entre las fechas indicadas, el decreto 793/18 a fin de determinar la alícuota de derechos de exportación correspondiente a la exportación de autos y liquidar las diferencias tributarias.
Corresponde pues referir al Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN de este tribunal, dictado el 26.04.22 en la causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN “Petroquímica Comodoro Rivadavia”, en los términos de la doctrina que fijan sus tres artículos, por resultar inaplicable a esta causa, conforme las siguientes tres razones:
V.1. En primer lugar, la doctrina del artículo 3º del plenario establece: “(…) No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. La doctrina judicial de esta norma resulta aplicable, conforme sus propios términos, exclusivamente a las repeticiones de tributos, no a los procedimientos determinativos (impugnación) gobernados por el art. 1053 y concordantes del CA, como lo es el caso de autos.
En consecuencia, la doctrina del art. 3º del plenario resulta inaplicable al presente caso, encontrándose plena y positivamente habilitado el Tribunal Fiscal, conforme el plenario del 26.04.22, para expedirse sobre la validez del decreto 793/18 en los procedimientos de determinación suplementaria de tributos.
V.2. En segundo lugar, tampoco resulta aplicable en autos el art. 1 del plenario. La doctrina contenida en dicha norma dispone: “El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente”.
Así, conforme sus propios términos (que acotan el alcance más amplio del art. 1164 del CA) la doctrina del plenario refiere exclusivamente a las leyes, no a los decretos y demás reglamentaciones. Resulta claro pues que la doctrina del plenario no comprende al control constitucional de las reglamentaciones las que, en todo caso, tendrán prohibido su control constitucional, exclusivamente, por el art. 1164 del CA, no por el plenario. En consecuencia, el decreto 793/18 tampoco se encuentra alcanzado por la doctrina fijada por el art. 1º del plenario, que predica exclusivamente respecto a las leyes.
Adicionalmente, conforme surge de los votos que lo fundaron -que consideraron que el plenario tenía competencia para expedirse sobre la cuestión- la doctrina de su art. 1 predica exclusivamente sobre el art. 1164 del CA, al que reformula, sin agregarle nada y excluyendo de su alcance, como se dijo, a las “reglamentaciones”. El art. 1164 del CA prohíbe a este tribunal, exclusivamente, el control de constitucionalidad clásico del texto de 1860 de la Carta Magna -de naturaleza programática, inductivo y ponderativo- que era el único que resultaba pasible de ser prohibido a este tribunal en 1960 (ley 11.683, actual art. 185) y en 1981 (ley 22.415, CA, art. 1164).
Sentado ello y conforme mi voto en la sentencia de fecha 29.10.21 de esta sala (“PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA”, EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN, ver punto VII tercer párrafo) y en el del plenario del tribunal (ver punto 1.4. de mi voto) resulta jurídica y fácticamente imposible que, en 1960 o en 1981, el legislador prohibiera a este tribunal la aplicación del régimen diferenciado de nulidad de decretos (de necesidad de urgencia (“DNU”) y delegados) sancionado en 1994, por la sencilla razón de que no existía en aquellos años. Este régimen de nulidad de decretos del año 1994, en contraposición con el control constitucional clásico, es de naturaleza operativa y directa, deductivo y prohibitivo. El único control de constitucionalidad que el legislador ordinario de 1960 pudo prohibir a este tribunal fue el clásico, siendo ajeno a su decisión un régimen especial de validez de decretos que no existía en 1960 ni en 1981, pues fue instaurado en 1994 por el constituyente de la asamblea reunida en Santa Fe, cuya voluntad soberana no puede verse obstada por el legislador ordinario de 1960 y 1981. En consecuencia, la doctrina del art. 1 del plenario del 26.04.22, conforme sus propios términos -que excluye a los decretos- y en tanto se limita a reformular la prohibición del art. 1164 del CA del año 1981 (que se remonta a 1960) resulta inaplicable al régimen especial de nulidad de decretos (DNU y delegados) establecido por la reforma constitucional de 1994 mediante los nuevos arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución (que es el régimen que rige al decreto delegado 793/18).
V.3. En tercer lugar, tampoco la doctrina del art. 2º del plenario, referido al art. 755 del CA, resulta aplicable en autos. Dicha doctrina establece: “El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
Al introducirse en autos de oficio (ver infra VI) la cuestión sobre la validez del decreto 793/18 (cuestión que el art. 3º del plenario habilita, contrario sensu, a tratar en los procedimientos de determinación suplementaria de tributos, ver supra V.1.) no se sustanció entre las partes discusión alguna en torno al art. 755 del CA. En consecuencia, no cabe expedirse en esta causa respecto al art. 755 del CA, resultando inaplicable a la controversia la doctrina que emana del art 2º del plenario.
Adicional y autónomamente, cabe indicar que la doctrina del art. 2º del plenario, con carácter aún más genérico que la doctrina de su art. 1º, reformula sintéticamente, de modo conceptual y sin ninguna calificación jurídica el contenido del art. 755 del CA. La doctrina del plenario no establece, por ejemplo: “El PEN puede establecer derechos de exportación con fundamento exclusivo en el art. 755 del CA”. Así el alcance del art. 755 del CA no ha variado a la luz de la doctrina establecida por el art. 2º del plenario.
Obiter dicta, el defecto anterior -carácter genérico e impreciso de la doctrina del plenario- se agudiza cuando se examinan los votos que sustentarían tal doctrina (por un lado, el conjunto de los vocales Licht, Segura y González Palazzo, por el otro los particulares de los doctores Juárez y Sarquis). Ello arroja que los fundamentos del art. 2º del plenario, en la mayoría que lo sustentaría, no presentan un carácter convergente sino divergente, constituyendo una “palmaria disidencia de fundamentos” (ver QUERCIA, Leonel J. P.: “Los fallos plenarios – Análisis crítico del instituto”, Mercojuris, 08.08.22, https://www.mercojuris.com/52371/los-fallos-plenariosanalisis-critico-del-instituto-d r-leonel-j-p-quercia/). Efectivamente, la doctrina del art. 3º del plenario, en cuanto sentencia (no la colección de votos, considerado separadamente cada uno) exhibe los típicos defectos de los pronunciamientos pluripersonales que la Corte Suprema ha censurado severamente en su más reciente jurisprudencia (Fallos 343: 506, autos “FLAMENCO, NÉSTOR ATILIO c/ POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y Otros s/Daños y perjuicios (acc. trán. c/les, o muerte”, sentencia del 02.02.20). Se trata de vicios jurisdiccionales de los pronunciamientos emanados de tribunales colegiados, entre los cuales el plenario de este tribunal del 26.04.22 -indominable, con sus 82 páginas, cuatro votos divergentes de mayoría, dos votos de minoría, 67.422 palabras, 110 extensas notas al pie y cuyo tiempo de lectura es cercano a las 5 horas- resulta un ejemplo de manual. A saber:
“En los sistemas judiciales de magistratura profesional, la adecuada prestación del servicio de justicia supone que el justiciable pueda conocer de manera acabada, explícita y sencilla las razones por las cuales se decidió el caso que lo involucra, máxime cuando la sentencia contraría su pretensión”; “En el caso de los tribunales pluripersonales, el deber general de los jueces profesionales importa la necesidad de asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus decisiones, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en el absurdo de suponer que, para impugnar, sean las partes del proceso quienes deban escoger cualquiera de los fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión; es decir, que sea el propio recurrente quien le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo”;
“Toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos; ello así, pues las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos”;
“La ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada”;
“Una sentencia cuenta con mayoría aparente si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a los fallos judiciales o si se basa en fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito”;
“A la hora de examinar la existencia de una mayoría sustancial de fundamentos que ponga de manifiesto la voluntad de un tribunal colegiado, no cabe atenerse a un criterio puramente formalista que permita tenerla por configurada con opiniones formalmente concurrentes que coinciden en la parte dispositiva, sin que ello implique adoptar una postura extrema que exija que las opiniones de cada uno de los miembros del tribunal resulten idénticas para tener por configurada la mayoría necesaria, toda vez que ello no se condice con la naturaleza plural y deliberativa de esta clase de tribunales”; “Los magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe -cuanto menos- a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo; sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad” (los destacados nos pertenecen).
En consecuencia, conforme sus propios términos, la doctrina del art. 2º del plenario no introduce variación, aclaración o calificación jurídica alguna al art. 755 del CA respecto de la inteligencia que esta norma podía suscitar previo a su dictado el 26.04.22.
VI. Aplicación de oficio del régimen de nulidad de los arts. 76, 99 inc. 3 de la Constitución: Sentada la inaplicabilidad en estos autos del plenario del 26.04.22, resta examinar si resultan aplicables de oficio los fundamentos y lo decidido en el fallo de esta Sala “E” “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA”
(EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN) del 29.10.04 respecto al decreto 793/18, atento a que las partes no plantearon la cuestión de su nulidad absoluta e insanable.
La respuesta no puede ser sino positiva. La aplicación de oficio de los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución respecto a los actos del Poder Ejecutivo que caen dentro del régimen de nulidad de dichas normas, se desprende de la misma naturaleza del nuevo instituto, por el modo en que fue jurídicamente configurado por la asamblea constituyente de 1994.
Fue un claro objetivo de la reforma constitucional anular o limitar, de modo contundente, las facultades del Poder Ejecutivo para ejercer facultades legislativas propias del Congreso, especialmente en materia impositiva, sea mediante el régimen de decretos delegados propio del art. 76, o las normas radicalmente restrictivas de los DNU. Al respecto remito a mi voto en el plenario del 26.04.22 -punto 2.2., letra m), segundo párrafo, 3-. Recordé allí que resulta contrario a la realidad y a la intención manifiesta de la Convención, afirmar que las materias de emergencia y administrativa del art. 76 de la Constitución no incluyen, en su amplitud, las cuestiones tributarias. Tal errónea afirmación contradice los antecedentes sobre la cuestión, emergentes del debate en la asamblea constituyente de 1994. Ese poder constituyente de 1994 rechazó explícitamente en su seno proyectos que pretendieron extender a la regulación sobre la delegación legislativa las materias prohibidas para los DNU - entre las que se encuentra la tributaria- precisamente para que pudiera usarse el mecanismo de delegación en ese campo jurídico, conforme la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema (cuyos precedentes sería largo enumerar) sometiéndola, eso sí, a reglas expresas, de naturaleza deductiva, operativas, directas y rigurosas, deferentes con la autoridad del Congreso.
Como demostración fehaciente de lo anterior, basta recordar que prácticamente todas las leyes de emergencia dictadas por el Congreso desde el año 1994, así como otras que no lo eran, incluyen tanto cuestiones tributarias, como delegaciones del Congreso al PEN de sus facultades tributarias exclusivas (las ley 25.561 y la reciente ley 27.541 son casos clamorosos de lo que se afirma; como también lo son las leyes 26.217 y 26.732 sobre delegación para fijar alícuotas de derechos de exportación sobre hidrocarburos, ver considerando XXII del precedente “Transportadora de Gas del Sur” ya citado: https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/03/38422-A-30-10-19.pdf ; pueden mencionarse las delegaciones tributarias de las leyes 27.667, art. 4º; 27.667, art. 5º; 27.541, arts. 28 y 41; 20.628 -impuesto a las ganancias- arts. 9º, 11, 19, 26, 30, 85, 95 y 98; 23.349 (impuesto al valor agregado) arts. 4º y 28, segundo artículo [hoy primer artículo] agregado a continuación del art. 54; 23.966, Título III (Impuesto sobre los Combustibles), arts. 4º, 5º, 7º, artículo incorporado a continuación del 7º, artículos incorporados a continuación del 9º, 11, y primer artículo incorporado a continuación del art. 13; 23.966, Título VI (impuesto sobre los bienes personales) arts. 21, 21 bis y 25; 24.674 (impuestos internos), artículo incorporado a continuación del art. 14; 24.977 (monotributo) arts. 10, 29, 31, 34 y 42; 25.413 (Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios), arts. 1º, 2º y 4º).
Fue el concepto de cuño administrativista (elaborado previamente a la reforma constitucional de 1994) de la “delegación impropia” en el PEN de facultades legislativas tributarias, la peligrosa patología para-constitucional que se disciplinó en 1994 para, eventualmente, en caso de incumplimiento de las nuevas reglas por el Poder Ejecutivo, castigarla. Bajo tal premisa se aprobaron el nuevo art. 76 y la gravosa sanción contenida en el art. 99 inc. 3 de la Constitución. Fue por altos motivos institucionales que dichas normas constitucionales, tomando un instituto propio de la legislación civil (no del derecho público) introdujeron un régimen de nulidad especial para la materia de los DNU y legislación delegada, imponiendo a su incumplimiento la sanción más grave que el derecho civil prevé, la declaración de tales actos abusivos del Poder Ejecutivo como nulos, de nulidad absoluta e insanable.
No resulta casual este matiz técnico de la reforma del año 1994, que configura otra de las diferencias esenciales entre dicho régimen especial y autónomo de nulidad y el control de constitucionalidad clásico. Por ejemplo, los daños que puedan emerger (ver punto 2.2., letra k), última frase de mi voto en el plenario del 26.04.22) del dictado por el Presidente de un DNU o de un decreto delegado que viole el régimen de los arts. 76 y 99 inc. 3, en tanto actos nulos de nulidad absoluta e insanable, darán derecho a los damnificados a un resarcimiento contra el estado y el mismo Presidente que los dictó, de carácter imprescriptible (art. 387 del Código Civil y Comercial), siendo ese uno de los graves motivos que deben pesar sobre el primer magistrado para no dictarlos incumpliendo las previsiones constitucionales.
Así como un juez, sin necesidad de planteo de parte, debe declarar de oficio (art. 387 del Código Civil y Comercial) la nulidad absoluta de aquellos actos que padecen tal vicio (e.g. una venta realizada por un demente o insano, una compraventa entre cónyuges bajo régimen ganancial, entre tantos otros), lo mismo ocurre con el magistrado federal que se enfrenta a un decreto delegado, dictado sin ley delegante previa o que, existiendo tal ley, no cumple con las condiciones exigidas por el art. 76 de la Constitución (clara política legislativa, plazo para su ejercicio). La Constitución lo obliga a declarar, de oficio, su nulidad absoluta e insanable. Se trata de una verificación que el magistrado siempre tiene que realizar respecto de las normas que la DGA aplica o que los contribuyentes invocan, encontrándose obligado a invalidar el decreto en los casos en que, con claridad, dichos requisitos constitucionales se incumplan.
Finca también aquí otra de las diferencias esenciales entre este régimen especial de nulidad instaurado en 1994 respecto al control de constitucionalidad clásico. En este último la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamentación, sigue siendo la excepción, gobernada su admisibilidad por los principios dispositivos y de congruencia, aún bajo el principio iura curia novit y la flexibilización dada a partir de los fallos “Mill de Pereyra” (Fallos: 324:3219) del 27.09.01 y “Rodríguez Pereyra” (Fallos: 335:2333) del 27.11.12. Los DNU y los decretos delegados del PEN que no cumplen los precisos y sencillos requisitos que exige la Constitución son sancionados con una grave pena: son nulos de nulidad absoluta e insanable (art. 99 inc. 3). Es por el carácter de esa grave sanción que, aunque lo pueda decir así, una ley del Congreso que “ratifica” tales actos nulos jamás los sanea (porque son, por definición constitucional, insanables) sino que la ratificación equivale a una nueva ley, cuyo contenido resulta idéntico al decreto nulo y posee, por ende, efectos prospectivos. No resulta ocioso aclarar que esta obligación del juez de actuar de oficio se refuerza cuando ya declaró, en casos anteriores, el carácter nulo de nulidad absoluta e insanable de un determinado decreto del Poder Ejecutivo. Resulta inexcusable que un decreto delegado que padece semejante vicio insanable, y que por tal motivo no fue aplicado ya en un caso pueda, sin más, ser aplicado en otro posterior por el hecho de que las partes no lo controvirtieron. Conforme los mismos principios del derecho civil que rigen para las nulidades absolutas, los principios procesales dispositivos y de congruencia cesan su vigencia en estos casos, al verificarse la existencia de un acto viciado de modo tan grave y manifiesto que ello debe declarase de oficio.
La nulidad absoluta e insanable que, objetivamente padece, por ejemplo, el decreto 793/18 entre el 04.09.18 y el 04.12.18 no puede “sanearse” por el simple expediente de que la parte interesada no la invocara en este caso. Por el contrario, tal nulidad debe declararse en todos los casos en que el decreto nulo fue aplicado y ello se verifique, lo invoque o no el exportador.
Tal es el supuesto de estos autos. El decreto 793/18 fue declarado nulo de nulidad absoluta e insanable, entre el 04.09.18 y el 04.12.18, en el precedente de esta sala del 29.10.21, dictado en los autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN- 29-10-2021.pdf). Resulta además inaplicable en autos (como se fundamentó supra en el punto V) el Fallo Plenario de este tribunal del 26.04.22 (EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN, “Petroquímica Comodoro Rivadavia”).
Corresponde pues, para el presente caso, ratificar la sanción de nulidad absoluta e insanable que pesa sobre el decreto 793/18 entre el 04.09.18 y el 04.12.18 y, en consecuencia, revocar la resolución apelada y la LMAN 18008LMAN029289U emitida por la Aduana de Campana que lo aplicaron al determinar la diferencia de tributos que dichos actos exigen. ASÍ LO VOTO.
VII. Obiter dicta y decisión en torno a la doctrina del artículo 1º del plenario del 26.04.22: Dicho todo lo anterior, con lo que se cerró la resolución del caso elevado a la Sala (cuya factura es paradigmática en relación a la relevancia del examen constitucional para los casos que se plantean. Sin examen constitucional el contribuyente resultaría derrotado: la resolución apelada y la LMAN deberían confirmarse. Con examen constitucional, la Aduana resulta derrotada: la resolución apelada y la LMAN son revocadas) se resolverá también aquí una cuestión no planteada por las partes, pero cuya pertinencia se vincula al esencial derecho constitucional al debido proceso de los litigantes (art. 18 de la Constitución) en relación a los argumentos y defensas que puedan plantearse en el futuro.
La cuestión que se examinará dista, en tal sentido, de ser inoficiosa. Por el contrario, hace a la esencia del referido derecho constitucional de los particulares y la Dirección General de Aduanas en cuanto a los argumentos y defensas que pueden y, eventualmente, deberán plantear en juicios futuros.
En mi voto en el fallo “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ DGA s/ apelación” (Expte. 36.719-A) de fecha 02.12.19, considerandos VII a XIV (posición reiterada en sentencias posteriores) declaré que: “conforme lo dispuesto (…) por los arts. 75 inc. 20, 108, 110 y 116 de la Constitución Nacional, el art. 1 de la ley 15.265, los arts. 89, 149 y 192 primer párrafo de la ley 11.683 (t.o. 1998) y 1171 primer párrafo del Código Aduanero, los fundamentos expuestos (…) y la jurisprudencia de la Corte (…)” la prohibición contenida en el art. 1164 del CA resulta contraria a la Constitución. En consecuencia, se definió que el Tribunal Fiscal goza de las mismas facultades que poseen los tribunales del Poder Judicial para realizar el control de constitucionalidad de las leyes, reglamentaciones y actos de gobierno.
Los votos que fundamentaron el art. 1º del último plenario del tribunal exhiben una notoria falta de comprensión sobre la vis jurídica y lógica que la mentada declaración de inconstitucionalidad implicaba, como sus consecuencias a futuro. “Marbury vs. Madison” (5 U.S. (1 Cranch) 137 -1803-) no ha perdido su vigencia e influencia a 220 años de dictado, aunque muchos lo hayan perdido de vista o, quizás, jamás lo comprendieron. Vale señalar, primeramente, que la declaración de inconstitucionalidad realizada en mi voto no resulta parangonable, en absoluto, con la posición, ya histórica, de la Sala F de este tribunal a partir del caso “CARGILL” (Expte. Nº 28.754-A, sentencia del 02.11.12 y las que le sucedieron). En tales decisiones se reprodujo la posición del fallecido profesor Arístides H. M. Corti (Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, en la obra colectiva “Tribunal Fiscal de la Nación. A los 50 años de su creación”, Edicon, Buenos Aires, 2010, pgs. 135/139) en relación al art. 185 de la ley 11.683 aplicándola a su copia, el art. 1164 del CA. En efecto, ambas normas, y así se desprende de lo decidido por la Sala F, constituyen una sola y única, que rige ininterrumpidamente desde 1960 para todo el Tribunal Fiscal. En ese aspecto, sin perjuicio de lo que se desarrollará infra, RATIFICO mi voto en el plenario del 26.04.22 (punto 1.1.) respecto a que la doctrina establecida en su art. 1º resulta nula de nulidad absoluta e insanable, por incompetencia manifiesta de las salas aduaneras para dictarla -correspondía al pleno del tribunal- y contradicción palmaria con el art. 151 de la ley 11.683. En consecuencia, lo decidido en el art. 1º del plenario no resulta vinculante para el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales de los vocales del tribunal.
Ahora bien, la referida posición del profesor Corti, asumida parcialmente por la Sala F en sus fallos, considera al art. 185 de la ley 11.683 como “tácitamente derogado” por las convenciones internacionales de derechos humanos -incorporadas a la Constitución en el año 1994- y determinada jurisprudencia de los tribunales internacionales que interpretaron dichas convenciones. A partir de allí, en los precedentes de dicha sala -de modo algo tortuoso, contrastante con la claridad práctica de Corti que consideró lisa y llanamente derogado al art. 185 de la ley 11.683- se ejercía el llamado “control de convencionalidad”. Ello se blandía como un remedo del auténtico “control de constitucionalidad” obviando que, gnoseológicamente, el control de convencionalidad (con sus limitaciones y carácter especial) es control constitucional, con lo que su ejercicio viola el art. 1164 del CA en la medida en que se siga considerando a dicha norma como válida. Se trataban ambos -los de Corti y la jurisprudencia de la Sala F- de encomiables esfuerzos interpretativos que, sin embargo, carecían de fuerza lógica y jurídica como para superar las elementales objeciones de que: (i) normas legales claras, como son los arts. 185 de la ley 11.683 y 1164 del CA, no pueden derogarse “tácitamente”; solo una ley del Congreso puede disponerlo o una declaración de inconstitucionalidad de los tribunales; (ii) no debe confundirse al león (el control de constitucionalidad) con un gato (el control de convencionalidad); este último a nadie asusta y apenas maúlla. En vivo contraste, en mi voto del precedente “Transportadora de Gas del Sur” se declaró inconstitucional al art. 1164 del CA, disposición que resultó expulsada del mundo jurídico, deviniendo inaplicable para todos los casos que se litiguen ante el tribunal. El ejercicio por el Tribunal Fiscal de tales facultades de control constitucional pasa a ser así pleno e idéntico a las que ejercen los tribunales federales.
Para graficar la sustancial diferencia que existe entre la posición del profesor Corti y la desarrollada en mi voto, este último no sostiene que el art. 1164 del CA -o el 185 de la ley 11.683- fue “tácticamente derogado” en 1994, sino que ambas normas nacieron muertas -por ser inconstitucionales- en 1960 y 1981. Esto es, fueron inconstitucionales desde el día en que se dictaron, por la radical incomprensión que el legislador -en ambos añospadecía respecto de la naturaleza constitucional del tribunal que creaba, fundada en los arts. 75 inc. 20, 108, 110 y 116 de la Constitución. La declaración se fundamentó en dichas normas, que son las que invisten a este tribunal legislativo -como a todos los tribunales creados por el Congreso, sin necesidad de intervención vicaria de ley alguna- de las facultades de control constitucional, encontrándose impedido el Congreso de limitarlas o prohibirlas respecto a los tribunales que establece.
Con base en tales facultades -derivadas directamente de la Constitución- es que se declaró la inconstitucionalidad del art. 1164 del CA, por privar al tribunal de una facultad que posee por su sola condición de tal, sea que se encuentre ubicado en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial o donde el legislador, conforme una potestad que sí posee (art. 75 inc. 20 de la Constitución) haya decidido alojarlo. Y, en tal punto es donde, creo, se pierde la visión respecto al alcance jurídico que aquella declaración implicaba. Son más relevantes en ella los fundamentos sobre los que se erige que la propia declaración. Se trata de las normas de la Constitución que encuadran a este tribunal legislativo en el esquema de división de poderes y que, de modo directo, lo invisten de la facultad de control constitucional.
Es con base en la Constitución, sin intervención vicaria de ley, doctrina o jurisprudencia alguna, que se declaró la inconstitucionalidad del art. 1164 del CA. Son facultades de este tribunal que no provienen de la ley y que ninguna ley -o cualquier otro instrumento federal ordinario- pueden abrogar. Solo una reforma constitucional podría privar al Tribunal Fiscal, en los términos de mi voto en el precedente “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR”, de las facultades de control de constitucionalidad de las que se encuentra investido, de modo directo, por la Carta Magna. Así como una ley del Congreso (arts. 185 de la ley 11.683 o art. 1164 del CA), pese a la alta jerarquía institucional que posee como instrumento de gobierno, no puede abrogar las facultades de control constitucional que el Tribunal Fiscal posee -conferidas por la Constitución- mucho menos tiene potestad para hacerlo el cuerpo de vocales de este tribunal, reunido en un plenario.
Lo que no pueden hacer las mayorías constitucionales de diputados y senadores elegidos por el pueblo, menos pueden hacerlo tres, cinco, ocho, doce o veinte vocales del tribunal que, como el Congreso, carecen de cualquier potestad para derogar, suspender o alterar el reparto de las funciones jurisdiccionales establecido por la Constitución, ni tampoco de aquellas que todo tribunal federal posee por su imperio. Reparto funcional en el que se encuentra el control constitucional en cabeza de los tribunales, inferiores a la Corte Suprema, que el Congreso crea (arts. 75 inc. 20 y 116 de la Carta Magna). Así como en mi voto del precedente “Transportadora de Gas del Sur” declaré la inconstitucionalidad del art. 1164 del Código Aduanero, la misma solución se impone respecto del art. 1 del plenario de este tribunal de fecha 26.04.22, que se encuentra contaminado del mismo vicio fundamental que padecen dicha norma del CA y el art. 185 de la ley 11.683.
Lo que no puede hacer una ley -en ejercicio de poderes soberanos- respecto de la Constitución, menos aún puede hacerlo -por mayoría- un puñado de vocales del Tribunal Fiscal porque “al cabo” -como lo graficaron magistralmente los jueces Belluscio y Petracchi en una memorable sentencia- “nadie es más alto que la Constitución” (“Arenzón”, Fallos: 306:400, sentencia del 15.05.84).
Corresponde pues declarar la inconstitucionalidad del art. 1º del plenario aduanero de fecha 26.04.22 con todas las consecuencias que a partir de esta declaración se proyectan. ASI LO VOTO.
Conforme lo decidido cabe señalar que, con independencia de que el voto de esta última cuestión (considerando VII) pueda quedar en minoría respecto de la decisión final de la Sala, las partes que litigan ante el tribunal deben tomar nota que la Vocalía de la 13ª Nominación seguirá: (i) examinando los planteos de constitucionalidad que se presenten; (ii) conforme los términos clásicos de dicho instituto y (iii) bajo las pautas sentadas en mi voto en el referido precedente “Transportadora de Gas del Sur”, que no son otras que las seculares fijadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Asimismo, de resultar procedente, se fulminará la declaración de inconstitucionalidad que, conforme derecho, pudiera corresponder, bajo el juramento prestado por quien suscribe, el 19 de abril del año 2018 ante el Dr. Ricardo X. Basaldúa, Presidente entonces del tribunal.
Por todo lo expuesto VOTO por:
1. Declarar la inaplicabilidad al presente caso del Fallo Plenario del 26.04.22, causa EX-2020-24600163- APN-SGASAD#TFN caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia”.
2. Declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18 entre el 04.09.18 y el 04.12.18 conforme lo establecido por los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución.
3. Revocar la Resolución 60/2022 (AD CAMP) de fecha 15.02.22, dictada por la Aduana de San Pedro en las actuaciones SIGEA 17114-6469-2018 y, en consecuencia, revocar también la LMAN 18008LMAN029289U emitida por la misma aduana.
4. Imponer las costas por su orden atento las particularidades del caso.
5. Ratificar la nulidad absoluta e insanable del art. 1 del plenario de este tribunal de fecha 26.04.22 y declarar su inconstitucionalidad.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
De conformidad con el acuerdo que antecede por mayoría, SE
Confirmar la Resolución Nro. 60/2022 (AD CAMP) aquí apelada, y, en consecuencia, la liquidación manual 18008LMAN029289U por su importe de u$s 5.151,18 con más los intereses del art. 794 del C.A., con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese. Oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros archívese.
Date: 2023.11.13 12:02:37 -03:00 Date: 2023.11.13 15:23:10 -03:00 Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.13 18:07:33 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.13 18:07:34 -03:00
Fin de la sentencia