Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-131352575-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 6275/2018 dirigida a la actora Clorox Argentina SA, con costas al fisco.
2Rechazar el planteo de prescripción planteado por la actora, con costas.
3Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-141754467-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 28 de Noviembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala "E" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante), Héctor Hugo Juarez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2023-131352575-APN-SGASAD#TFN (CLOROX ARGENTINA SA)
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que con fecha 7 de noviembre de 2022, se presenta por apoderada la firma “CLOROX ARGENTINA S.A.” e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 6275/2018, recaída en el SIGEA N°12197-934-2013, por la que se formuló cargo en concepto de derechos de importación, estadística e IVA por las sumas USD 3.240,02 y por la suma de $6.407,14 en los términos del art.794 del C.A. y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General 9/2017 (D.G.A.), todo ello en relación a la destinación 07001IT14003023U. Se refiere a los antecedentes de la causa y en primer lugar plantea la nulidad del auto de apertura de sumario por no cumplir con los requisitos exigidos en el art. 1094 del CA., generando la imposibilidad de ejercer una debida defensa técnica. En segundo lugar, plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos, cita los arts. 803 y 805 del CA. Y plantea también el plazo razonable. En tercer lugar, opone la nulidad de todo lo actuado y explica que el organismo aduanero en ningún momento le dio intervención para ejercer su debido derecho a defensa, ya que no le corrió la vista dispuesta en el art. 1101 del CA, siendo la única notificación cursada la que le notifica el dictado de la resolución aduanera. Por ello, solicita se declare la falta de procedencia sobre exigencia tributaria, en cuanto la misma solo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del CA que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó a la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del CA. Finalmente, formula reserva del Caso Federal y solicita que oportunamente se revoque la resolución apelada con costas.
II. Que el 5/10/2023 se dispone tener por no presentado el escrito de contestación de recurso, de fecha 2/10/2023. Con fecha 14/11/2023 se declaran de previo y especial pronunciamiento las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Con fecha 23/11/2023, se elevan los autos a la Sala "E" y el 24/11/2023 se los pasa a sentencia.
III. Que de la compulsa del expediente administrativo N°12197-934-2013, surge que a fs. 2 se agrega el sobre contenedor de la destinación 07001IT14003023U. A fs. 3 obra el Acta de Denuncia n° 564/2013 de fecha 1 de marzo 2013 respecto de la citada destinación por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. cuyo vencimiento operó el 20/04/2008. A fs. 5 se determinan las alícuotas aplicables y fs. 6 se liquidan los tributos. A fs. 7 se dispone la instrucción del sumario de fecha 9 de diciembre de 2013 y a fs. 9 se agrega print de pantalla de la garantía vinculada a la causa. A fs. 11 obra liquidación de tributos y multa y a fs. 12 se informa que se procedió a la consulta del sistema SUMARCHI con resultado negativo. A fs. 13 se dicta la Resolución del DE PRLA n° 6275/2018 con fecha 6 de septiembre de 2018 apelada en la presente causa y notificada a la firma aquí recurrente mediante SICNEA de fecha 17/10/2022 cuya copia obra a fs. 16.
IV. Que sentado lo precedente, corresponde resolver a este Tribunal los planteos de nulidad y prescripción, invocados por la actora en su recurso.
Que tal como fue mencionado en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron por la denuncia realizada por el servicio aduanero por presunta infracción al art. 970 del C.A. Practicada la liquidación de tributos y multa, el 6 de septiembre de 2018 se dicta la resolución definitiva apelada en autos, conforme la cual se dispone archivar el sumario en los términos de la I.G. 9/2017 (D.G.A), formular cargo de tributos adeudados en concepto de derechos de importación e ingresar el antecedente al registro de causas archivadas.
Para poder comprender la decisión adoptada por la administración y analizar si la misma es ajustada a derecho, considero necesario examinar cada uno de los puntos decididos. En cuanto al artículo 1 del citado resolutorio, se decidió archivar las actuaciones en los términos de la IG N°9/17 de la D.G.A. la que tuvo su origen en la IG (DGA) 1/98 reformulada por la IG n° 2/07.
Las instrucciones mencionadas disponen el archivo de las actuaciones que puedan importar la aplicación de las sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornen antieconómico instrumentar las medidas tendientes a lograr su cobro.
Para ello la administración determinó los casos comprendidos, dentro de los cuales se encontraban las denuncias por infracción al art 970 del C.A. Asimismo se estableció que el presunto infractor no debía tener antecedentes de casos archivados durante los últimos 12 meses anteriores a la presunta infracción, y se fijó el monto en concepto de la multa mínima, el cual no debía ser alcanzado para poder aplicar los términos de la instrucción. Mediante la Instrucción General 9/17 se fijó la suma de pesos treinta mil ($ 30.000).
Por su parte el artículo 3 de la resolución analizada dispuso formular cargo en concepto de derechos de importación, estadística e IVA, e intimar su pago a la importadora aquí apelante y a la garante, la firma: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”
En este orden de ideas tenemos un procedimiento que comenzó siendo infraccional y culminó con el archivo de las actuaciones motivado en el hecho de que la pena impuesta al presunto infractor, llámese la multa mínima, era inferior a los $30.000, exactamente $10.270,87 y la verificación de la inexistencia de antecedentes computables, como así también la formulación de un cargo por tributos adeudados. En tal sentido, el servicio aduanero consideró implícitamente el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
V. Que el art. 1101 del citado cuerpo normativo establece que: "cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder”.
Conforme lo receptado en los considerandos precedentes, dispuesta la instrucción del sumario, el servicio aduanero no consideró necesaria la intervención del presunto infractor en el procedimiento infraccional incoado, motivo por el cual la parte no tuvo oportunidad alguna de evacuar sus defensas y poder acompañar, en caso de corresponder, la documentación que acreditaría el cumplimiento de las obligaciones emanadas del régimen de importación temporaria. Como se puede observar, surge del análisis del expediente administrativo SIGEA N°12197-934- 2013, que la única notificación que se cursó a la aquí recurrente se realizó a mero efecto de poner en su conocimiento el dictado de la resolución apelada en autos y exigir el pago de los tributos que el servicio aduanero consideró adeudados. Está claro que el juzgador administrativo no tuvo en consideración lo normado en el art. 1101 del C.A.
A su vez, otra norma que merece ser citada es el art. 1012 del Código Aduanero, el cual dispone que: "sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos con alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites; [...] c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados; [...]".
En tal sentido, resulta indiscutible que el servicio aduanero no dio cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera que regula el procedimiento a seguir para las infracciones, comprendidas entre el art.1080 del C.A. y subsiguientes, al omitir la corrida de vista a la importadora aquí recurrente, a fin de que esta se defienda y aporte la documental que considerase idónea para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En efecto, el servicio aduanero no sólo afectó el derecho de defensa de la recurrente, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título 1, Capítulo Primero, "Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero").
En consecuencia, no cabe duda alguna que la omisión incurrida desnaturaliza el proceso y no puede considerarse rectificada ulteriormente con la notificación de la resolución apelada. VI.-Que, en el marco de este análisis, otra de las cuestiones que no puede ser obviada es la naturaleza de la infracción. En tal sentido y tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer el archivo del sumario con fundamento radicado en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción -conforme los términos de la Instrucción General referida-, el servicio aduanero debía determinar fehacientemente la configuración de la infracción que fue imputada a la importadora, la que daba lugar a la aplicación de la multa y los tributos exigidos, puesto que la facultad de disponer el archivo de las actuaciones por parte del servicio aduanero surge cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, se ha podido fijar el monto de la sanción correspondiente, dado que es la verificación de la infracción la que da lugar a la sanción y aplicación de la multa.
La multiplicidad de casos como el que aquí nos ocupa, merecen debida receptación en este voto, pues persiste una cuestión liminar que evidencia una confusión, pues la intencionalidad práctica migra hacia lo inconstitucionalmente inconveniente cuando su aplicación automática o irrazonada se planta de bruces con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento definitivo respecto de su situación procesal.
Cuestionar la naturaleza penal de las infracciones es ir en contra de medio siglo de pacífica jurisprudencia en ese sentido. La aplicación supletoria del Código de Procedimientos en materia penal corresponde sólo en los casos no previstos por la ley especial (más allá del error en la técnica legislativa aplicada en la redacción del art. 1017 al individualizarlo literalmente, dejando en evidencia el paso del tiempo, pues desde la sanción del Código Aduanero, tres cuerpos normativos en la materia adjetiva -en esencia- se han sucedido hasta el actual Código Procesal Penal Federal).
Desde la incorporación del antiguo y derogado art. 195 del Código Levene, en el año 1992 se sucedieron hartas discusiones respecto a cuándo podía archivarse una causa, como una modalidad de finiquitar el proceso cuando no pudiere “procederse” en el sentido de “hasta que no se incorporasen nuevos elementos a la pesquisa que permitieran avanzar con la misma”. Claro está que muchos procesos quedaban “congelados” en el tiempo esperando en abarrotados anaqueles que un activo divino se produjera y así fundar el “desarchivo”.
Ahora bien, como suele suceder en nuestro sistema de justicia, una herramienta pensada para optimizar los recursos del Estado, dejando de lado una investigación momentáneamente para poder dedicarle el tiempo a otra que pueda resultar “exitosa” a los fines de la pretensión del Juez o del titular de la vindicta pública, derivó en una serie de casos donde personas identificadas en un proceso e imputadas por comisión de un ilícito veían en ese archivo una suerte de hibernación de su derecho afectando la garantía de obtener un pronunciamiento definitivo a su respecto, en un plazo razonable.
Ya en vísperas del siglo XXI la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal con una prístina contundencia enseñó que: “...Existiendo personas imputadas de un delito perfectamente individualizadas, sólo cabe definir su situación procesal por sobreseimiento, procesamiento o falta de mérito, o en el inicio desestimando por inexistencia de delito...” (CNCrim. y Correccional, Sala I, del 16/10/97 causa n° 7653) dejando una premisa que erige como columna vertebral el error en que incurre la Aduana al aplicar la Instrucción 9/17. A saber, mientras exista imputado identificado, persiste su derecho a que se resuelva definitivamente su situación procesal, puesto que, postergarlo sin justificación es sencillamente, violar el debido proceso adjetivo.
No se cuestiona la competencia de la Administración Federal para sancionar e imponer normas internas, claro está. Lo que no puede dejar de lado, es que en ese orden está el destino de un derecho de un particular que declama certeza.
Si razones de oportunidad ameritan aplicar criterios de disponibilidad de la acción, el marco normativo otorga suficiente respuesta en el mismo Código Aduanero -a través del principio de insignificancia- o en el mismo Código Procesal Penal Federal conforme lo normado en los arts. 30 inc. a) y 31 inc. a) conforme texto sancionado por la Ley 27.482, lo que no puede permitirse, es dejar en un estado de expectativa eterna la resolución de la situación procesal cual espada de Damocles respecto del ciudadano, cuyo derecho se encuentra amparado en nuestra Constitución y Tratados Internacionales que la conforman por aplicación de lo allí dispuesto, precisamente en el art. 75 inc. 22.
Lo dicho, entiendo, da cabal respuesta a un interrogante que se mantiene y no ha sido debidamente evacuado, más allá de que en casos como el de autos, en que se imputa una infracción en los términos del art. 970 del C.A., donde, previo a disponer el archivo del sumario con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción -conforme los términos de la instrucción general referida- el servicio aduanero debió determinar fehacientemente la configuración de la infracción imputada a la importadora, la que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que se exigen en forma solidaria con la aseguradora y, en consecuencia, fijado el monto de la sanción.
Es la verificación de la configuración de la infracción la que da lugar al reproche y consecuentemente a la exigencia tributaria, amén de la suerte que siga la sanción penal a imponer. Ello se condice con la lógica impresa al tipo de proceso que nos ocupa, ceñido a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero y que por una desacertada interpretación y aplicación de la IG en trato, bifurca su norte omitiendo la corrida de vista del art 1101 del C. A., lo que torna nula la Resolución aquí recurrida, siendo que carece del sustento legal y fáctico, ya que se ha sustentado en una imputación que no sólo no fue comprobada, sino también, que fue dictada sin que el imputado pudiera participar en el proceso y defenderse.
Por ello, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución (DE PRLA) N° 6275/2018 en cuanto se ha afectado el derecho de defensa del imputado, en tanto no se le corrió la vista de estilo, amén de tener implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
VII. Que, en virtud de todo lo analizado y las particularidades que presenta el caso traído al conocimiento de este Tribunal, considero que las costas del proceso deben ser impuestas al Fisco.
VIII. Por la forma en que se resuelve el presente caso, no corresponde tratar los demás agravios vertidos por la recurrente.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la resolución (DE PRLA) N°6275/2018.
2. Costas al Fisco.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. González Palazzo.
II. Que adhiero a las conclusiones relativas a las irregularidades procedimentales incurridas por el servicio aduanero en la sustanciación del sumario infraccional que tramita mediante Actuación 12197-934-2013, sin perjuicio de lo cual, considero que dichas irregularidades causan la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 6275/2018.
Ello por cuanto, formulada la denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A., el 1/3/2013 se dispone la instrucción de sumario el 9/12/2013 y surge palmaria la omisión del dictado del auto de corrida de vista a la firma. En tales condiciones, previa determinación de multa y tributos y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada.
Que en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la Instrucción General nº 9/17 (DG ADUA) por lo cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 6275/2018 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en tal sentido, devienen nula la notificación cuya constancia luce a fs. 16 de las actuaciones, que fácilmente pudo inducir a la actora a interpretar que la resolución revestía el carácter de definitiva, cuando no lo es.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 6275/2018 dirigida a la firma aseguradora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo considero necesario expedirme respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de las acciones del Fisco para percibir tributos e imponer multa, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los arts. 934 y 803 del C.A., la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras y la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, respectivamente, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción (art. 935 del C.A.), que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, la que, en el caso de autos ambas acciones aduaneras comenzaron a correr el 1º de enero de 2009.
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la destinación de importación temporaria en cuestión (20/4/2008) -conforme surge de fs. 4 de las actuaciones administrativas-, y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (9/12/2013), se concluye que no se constata en el caso la pretendida prescripción de la acción aduanera por cuanto la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del C.A.; cabe aclarar que dicha norma tampoco exige que el auto de apertura del sumario sea notificada a la parte.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo. Que por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 6275/2018 dirigida a la actora Clorox Argentina SA, con costas al fisco.
2. Rechazar el planteo de prescripción planteado por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que atento: (i) la dificultad para aunar criterios dentro de la Sala; (ii) las recientes resoluciones de la Aduana sobre la cuestión; (iii) el hecho de constatarse en las actuaciones irregularidades procedimentales en materia contravencional que pertenecen al ámbito estricto de la competencia administrativa y, (iv) el imperativo de dictar sentencia en el pleito, adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 6275/2018 dirigida a la actora Clorox Argentina SA, con costas al fisco.
2. Rechazar el planteo de prescripción planteado por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
Regístrese, notifíquese y por Secretaría General de Asuntos Aduaneros archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A). Date: 2023.11.28 14:38:27 -03:00 Date: 2023.11.28 15:39:47 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.28 16:43:56 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.28 16:43:57 -03:00
Fin de la sentencia