Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-148858227-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2Confirmar la RESOL-2023-462-E-AFIP ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-190-2023, imponiendo las costas a la actora (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-28975030-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Marzo de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2023-148858227-APN-SGASAD#TFN, (Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A).
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que mediante RE-2023-148855567-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2023-462-E-AFIP ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-190-2023, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de U$S 6.472,35 en relación al permiso de embarque Nro. 17 057 EC01 009932 W, con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nro. 133/2015.
Realiza una síntesis de lo acaecido en sede aduanera. Plantea la nulidad de la resolución apelada con fundamento en su falta de causa, motivación y vulneración del debido proceso, al no haberse hecho lugar a las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera. Entiende que la aplicación de los derechos de exportación mediante el mencionado Decreto es inconstitucional, ya que viola el principio de legalidad. Aduce que el servicio aduanero pretende ocultar el claro hecho de que el Decreto referido es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice. Invoca la jurisprudencia del caso “Camaronera Patagónica”. Analiza sus alcances y la norma prevista en el art. 755 del CA para concluir que la fijación de un derecho de exportación mediante una resolución del Poder Ejecutivo merece un reproche constitucional. Explica que toda aplicación o incremento de derechos de exportación realizada por este último, es ilegítima siempre que no se fijen límites máximos y mínimos, como así también una clara política legislativa, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Ley Suprema. Cita jurisprudencia y doctrina a su favor. Solicita se aplique la doctrina sentada por la Corte en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”, en tanto allí se declaró la inconstitucionalidad de una resolución ministerial que estableció derechos de exportación a partir de una delegación inválida y que fue ratificada luego de que haya entrado en vigencia. Entiende que el art. 755 del Código Aduanero, al no ser ratificado por una Ley ni reunir los requisitos que impone el artículo 76 de la Constitución Nacional, no resulta una norma delegante suficiente, para de modo autónomo, autorizar al Poder Ejecutivo a establecer alícuotas de derecho de exportación. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, y se ordene la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con más los intereses del art. 811, del C.A., con costas.
II. Que mediante IF-2024-33911395-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. Manifiesta que el planteo de nulidad de la actora resulta inadmisible, ya que conforme surge de las actuaciones, se cumplieron con todos los deberes y principios procesales aplicables a la materia. Aduce que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Advierte que es abundante la jurisprudencia donde la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que concluye que la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo es legítima y con arreglo al artículo 755 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso. Asevera que el legislador previó dotar a la administración de tales facultades y funciones al dictar el C.A. precisamente para que las mismas sean ejercidas. Explica que dicha delegación encuentra sustento en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan la adopción de medidas rápidas. Indica la limitación del artículo 1164 del C.A. en relación a la facultad de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de normas. Solicita que se declare la aplicación del fallo “Cencosud S.A.” y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que mediante PV-2024-37132517-APN-VOCXIX#TFN se tiene por presentada a la D.G.A., por contestado el traslado que le fuera conferido, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba, la que se dió por decaída mediante PV-2025-123093084-APN-VOCXIV#TFN. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “E” y se ponen a sentencia.
IV. Que las actuaciones SIGEA 17134-190-2023 se inician el 4 de enero de 2023 con el pedido de repetición de derechos de exportación abonados en exceso con relación al permiso de embarque PE Nro. 17 057 EC01 009932 W, acompañando la firma exportadora copia de dicha destinación como así también la constancia de pago de los derechos de exportación. Posteriormente, se expide la Sección Inspección Simultánea indicando que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto Nro. 133/15 de fecha 17/12/15 que fija la alícuota en 27%, para la mercadería involucrada y que por ello se abonó conforme, por lo que recomienda no hacer lugar a la devolución pretendida. A continuación la Sección Económica y Financiera de la Aduana de San Lorenzo informa el monto abonado por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA. Acto seguido, se provee la respectiva solicitud de repetición efectuada por la exportadora. Finalmente, con fecha 7 de noviembre de 2023, se dicta la RESOL-2024-462-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, aquí apelada.
V. Que en primer lugar corresponde tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la actora, con fundamento en su falta de causa, motivación y vulneración del debido proceso.
En tal sentido cabe precisar que no se advierte cuál es el agravio concreto invocado por la recurrente, ya que de la lectura de la resolución apelada se observa la expresión de los motivos que fundamentan el rechazo de la devolución intentada por la actora. Estos motivos –si bien pueden o no compartirse- excluyen considerar a la resolución apelada como carente de fundamentación.
Por su parte, en relación con la vulneración del debido proceso por haberse rechazado las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera cabe señalar que, dada la posibilidad que tienen las partes, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Que ello así, corresponde rechazar el planteo efectuado por la actora en este sentido, ya que el vicio alegado no le causa indefensión o gravamen que no puede ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267-393).
VI. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación” (EX2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto por el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”
VII. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la operación de exportación 17 057 EC01 009932 W aquí involucrada, basada en el cuestionamiento del Decreto 133/2015.
VIII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por todo lo expuesto, voto por:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente.
2. Confirmar la RESOL-2023-462-E-AFIP ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-190-2023, imponiendo las costas a la actora.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Horacio Joaquín Segura.
II. Que adhiero al rechazo del planteo de nulidad articulado por la recurrente. Ello así, por cuanto los vicios invocados -falta de causa, insuficiente motivación del acto y afectación del debido proceso por la prueba no producida en sede administrativa- no revisten entidad para invalidar la resolución apelada.
En efecto, de la lectura del acto recurrido surgen los motivos por los cuales la Aduana desestimó la repetición intentada y, aun cuando tales fundamentos no sean compartidos por la actora, ello no equivale a ausencia de motivación.
Asimismo, la invocada restricción probatoria no ha ocasionado un gravamen actual e irreparable, desde que en esta sede jurisdiccional la parte contó con plena posibilidad de articular defensas, ofrecer prueba y obtener la apertura de la causa a prueba, producción que ulteriormente fue declarada decaída por falta de impulso procesal. En tales condiciones, corresponde rechazar la nulidad planteada, con costas a la actora vencida, conforme al art. 1163 del C.A., sin que se adviertan razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota.
III. En relación al permiso de embarque y su reclamo de devolución rechazado, corresponde manifestar que, no es factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa (subsistencia normativa y plena fuerza ejecutoria del decreto mientras no medie el rechazo bicameral expreso).
IV. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
V. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
VI. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario comentado ut-supra, donde con fecha 26/04/2022, mediante IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683): “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
VII. Que las costas del proceso deben imponerse a la actora vencida, conforme al art. 1163 del C.A. Ello así, no sólo en razón del principio objetivo de la derrota, sino también porque al tiempo de la interposición del recurso ya se encontraba vigente la doctrina legal fijada por este Tribunal en el acuerdo plenario del 26/04/2022 recaído en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.”, aplicable a la cuestión debatida en autos.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la RESOL-2023-462-E-AFIP ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-190-2023, en cuanto fue materia de recurso, con costas a la actora vencida (art. 1163 del C.A.). El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Horacio J. Segura.
II. En primer lugar, corresponde tratar los agravios expuestos por la actora en cuanto a los planteos de inconsistencias de la resolución aduanera apelada y la solicitud de nulidad formulada (puntos IV.a.- y IV.c.- del recurso de apelación). Del análisis de los antecedentes, no surge que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia. Nótese, que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa. Asimismo, se observa que la resolución aduanera apelada en autos, fue dictada conforme lo establecido por el art. 7 de ley 19.549, contando con los requisitos esenciales del acto administrativo. En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas por la recurrente, con costas.
III. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada - RESOL-2023-462-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S6.472,35, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 17057EC01009932W. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 133/15 que fijó, para esa PA, una alícuota del 27% (Ver art. 1 y Anexo I del referido decreto).
De modo liminar, cabe precisar que la exportación de autos se encuentra gobernada por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta - 05.10.17 para el PE de auto- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que según refiere estableció una alícuota del 24% para la PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
IV.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A (sentencia que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/04/EXPTE-N%C2%B038.204- A.pdf), a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo). Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 17.12.15 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27%, reduciendo la del 32%.
Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA S.A.” Expte. 38.204-A las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
IV.2. Dicho lo anterior, el decreto 133/15 -impugnado en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 369/07 y 182/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora.
Por el contrario, para que se vea afectado dicho derecho -por violación al principio de legalidad en materia tributaria- se requiere una incidencia lesiva del Poder Ejecutivo sobre tal derecho. En el caso tenemos una alícuota constitucional y legal previa -del 32%- que, con la resolución impugnada, fue reducida por el PEN al 27%, beneficiando así a la actora que vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
La intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributo- no incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación. Es lo que sucede en este caso, donde el Poder Ejecutivo -unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba. En el caso, el derecho de propiedad del contribuyente, por efecto de la reducción de alícuotas legales, pasó a gozar de una mayor plenitud, expandiéndose respecto de la medida en la que -legalmente- estaba afectado previo a la intervención del Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo alivió su carga fiscal con el dictado del decreto 133/15. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
V. Costas: En relación a las costas, atento a que se aplica jurisprudencia del tribunal que data del 22.02.23 ("LDC Argentina S.A." Expte. 38.204 y "Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A." EX-2020-563974379- -APN- SGASAD#TFN) deben imponerse a la actora vencida (art. 1163 del CA).
VI. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2023-462-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-190-2023, con costas a la actora (art. 1163 del CA).
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la RESOL-2023-462-E-AFIP ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-190-2023, imponiendo las costas a la actora (art. 1163 del CA).
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.03.19 13:39:05 ART Date: 2026.03.19 18:11:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.20 10:01:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.20 10:02:46 -03:00
Fin de la sentencia