Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-149518231-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2Confirmar la Resolución RESOL-2023-531-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-51-2023, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.”, con costas (Art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-45065514-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Abril de 2025 DE GRANOS S.A.:
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y la Dra. Claudia Beatriz Sarquis (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia de Sala a cargo del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2023- 149518231--APN-SGASAD#TFN- COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.:
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El 15.12.23, mediante el RE-2023-149517830-APN-SGASAD#TFN, la firma “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2023-531-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA Nº 17134-51-2023, por la cual resuelve no hacer lugar a la devolución de USD 20736.-, abonada en concepto de derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 133/2015 en relación al PE Nº 17057EC01004610K, oficializado el 02.06.17. En primer lugar, realiza una presentación de los hechos del caso, a continuación, funda su recurso argumentando la invalidez de la resolución debido a que en sede aduanera se rechazó la producción de la prueba sin ningún tipo de fundamento, vulnerando así su derecho de defensa. En cuanto al fondo de la causa, indica que los derechos de exportación que pagó en función del Decreto 133/2015 son carentes de toda legalidad por haber sido establecidos mediante un decreto que contraviene principios de máxima jerarquía contemplados en la Constitución Nacional, entre otros, el principio de legalidad o reserva de ley. Expone un análisis detallado de la doctrina emanada del fallo “Camaronera Patagónica”, y en base a esos argumentos, sostiene que se configuro un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, por lo que solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a la inconstitucionalidad de la norma. Cita abundante jurisprudencia al respecto. Se refiere al Principio de Legalidad y Reserva en materia tributaria. Plantea la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones objeto del presente, en orden a su insuficiente motivación y vulneración del debido proceso, rechazándole la producción de prueba pericial contable en sede aduanera. Finalmente, indica que se deberá devolver el capital ingresado indebidamente en dólares estadounidenses o en pesos al tipo de cambio oficial del día anterior a su efectivo pago con más los intereses correspondientes. Ofrece prueba y solicita se haga lugar a lo solicitado en las acciones de repetición interpuestas, ordenando la devolución de las sumas reclamadas.
II. El 19.06.24, mediante el IF-2024-64540686-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Hace la negativa genérica de rigor y efectúa una breve reseña de los hechos. En primer término, manifiesta que la resolución aduanera se dictó con sustento en los hechos, antecedentes y el derecho allí analizado, expresando allí las razones que llevaron a su formulación. Afirma que la recurrente ha podido ante esta instancia argumentar acerca de todas las cuestiones fácticas y jurídicas que considere oportuna, y ofrecer prueba respecto de los hechos que considere controvertidos. En cuanto al planteo de declaración de nulidad, considera que el interesado debe demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca, puesto que no puede declararse la nulidad del acto por la simple presencia de un vicio o de una violación si no existe un perjuicio.
Respecto a la cuestión de fondo, analiza el precedente de la C.S.J.N. en “Camaronera Patagónica S.A.” y resalta que la interpretación que efectúa la recurrente resulta desacertada y no recepta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el Más Alto Tribunal. En ese sentido, expone que el criterio sentado en “Camaronera” no resulta aplicable a la presente causa en tanto, la Resolución 11/2002 de fecha 05/03/2002 (sobre la que versa dicho precedente) fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.122 (27/07/2006) mientras que, el Decreto 133/2015, fue dictado con posterioridad a la misma. Cita el fallo “Transportadora de Gas del Sur S.A. C/ DGA S/ Recurso de Apelación” Expte. 38.422-A y hace propios los argumentos elaborados por el Dr.
Juan Manuel Soria y transcribe las partes relevantes. Explica que, en consonancia con los arts. 17 y 24 de la Ley 26.122 el decreto bajo análisis tiene plena vigencia desde su publicación en el BO en tanto no sea expresamente derogado o rechazado por el Congreso. Subraya que el Decreto N° 133/2015 se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 509/2007 (ratificado por el Congreso de la Nación). Afirma que, en virtud de todo ello, el Decreto en cuestión se mantiene vigente y los derechos de exportación vinculados al mismo son absolutamente legales. Por otra parte, cita jurisprudencia que respalda la legitimidad de la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo, los que reconocen la validez del artículo 755 del C.A.
Agrega, que debe tenerse presente que el artículo 755 de la Ley 22.415 ha sido incluido en el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificándose la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para fijar y/o modificar los derechos de exportación. Hace referencia a la limitación del artículo 1.164 del C.A. en relación a la facultad de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de normas. En subsidio, destaca que la actora no logró demostrar de modo suficiente no haber trasladado el costo de los derechos de exportación que reclama, por lo que considera que, si el pago del tributo no ha causado un menoscabo patrimonial a quien lo realizó, por haber trasladado su carga a terceros, carece de interés legítimo para accionar en la justicia.
Por ultimo expresa, que en el caso que se haga lugar a la repetición, se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud SA” y los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. El 30.10.24 la demandada, informa que, con la contestación del traslado, acompaña las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17134-51-2023. El 25.04.25 se elevan los autos a esta Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. La Actuación SIGEA Nº 17134-51-2023 se inicia el 02.01.23, con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada por la parte actora en relación al PE Nº 17057EC01004610K, oficializado el 02.06.17, a continuación, lucen los permisos de embarque. Luego, se emite Informe en donde se indica que los tributos liquidados y pagados en las destinaciones involucradas, son los estipulados por la normativa vigente a la fecha de oficialización, por lo que los tributos están correctamente liquidados y pagados por el exportador. A continuación, luce informe que deniega la producción de prueba pericial contable a la parte actora, por la cual, interpone recurso de revocatoria ante su denegación. Finalizando, se dicta la Resolución RESOL-2023-531-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, que se apela en autos.
V. De acuerdo a la índole de las cuestiones planteadas, en primer lugar, corresponde tratar los agravios expuestos en el punto IV. a.- del escrito de apelación, titulado GRAVES INCONSISTENCIAS EN LA RESOLUCIÓN FALLO N° 530 (AD SALO) conjuntamente con el agravio expuesto en el punto IV. c.- del escrito de apelación, titulado PLANTEA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN COMO DEFENSA DE FONDO. En tales condiciones, es preciso resaltar que el análisis de las circunstancias en relación a dichos planteos, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de las irregularidades expuestas y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
Es así que, en el caso de autos, no se constata que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia.
Así las cosas, es claro que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa. Al respecto, es relevante señalar que la CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que la violación de la garantía constitucional contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa judicial posterior (Fallos, 205:549, 247:52, 267:393, y “RECKITT BENCKISER S.A.”, expte. N° 22.419- A, 13.08.07) entre otros.
En cuanto a las presuntas inconsistencias e irregularidades respecto a la fundamentación de la resolución aduanera, debe señalarse que la Resolución N° RESOL-2023-531-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada en el sumario, aparece fundada, en cuanto a la exposición de los hechos, causa, motivación y derecho aplicable (conf. Art. 7° de la LNPA) y el hecho de que los argumentos allí expuestos hayan resultado contrarios a la posición de la actora de ninguna manera permiten considerar la nulidad de la misma.
En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas, con costas.
VI. Corresponde ahora resolver si la Resolución RESOL-2023-531-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por la Aduana de San Lorenzo denegando la devolución de la suma pretendida por COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A., en concepto de derechos de exportación abonados con relación a los PE Nº 17057EC01004610K, se ajustan a derecho.
Mediante dichos PE la actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.100B –A granel (Ley 21.453). TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS- abonando los derechos de exportación establecidos por el Decreto 133/2015 que fija la alícuota en 27% y pretende que se tomen como válidos los tributos del Decreto 509/07 que establecían una alícuota del 24%, reclamando una diferencia del 3%. Que las exportaciones vinculadas al caso de autos, se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual, su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la fecha de cierre de venta de las operaciones, esto es, el 16.05.17, conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La alícuota aplicada fue, para tal fecha, la del 27%, conforme el decreto 133/2015 y dentro del ámbito de la emergencia económica.
Cabe destacar que, el Decreto 133/2015 se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias.
Que en primer lugar, corresponde reseñar que la ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria y económica y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas de los Derechos de Exportación, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17. En consecuencia, al momento del dictado del decreto 509/07 -como pretende la actora que sean liquidados los tributos- las condiciones de emergencia cambiaria determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, extendiéndose hasta finales del año 2017.
Que en segundo lugar, corresponde señalar que el decreto 509/07, se dictó en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL, por los Artículos 11, apartado 2 y 12 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) y por el art. 6º de la Ley de Emergencia Nº 25.561 con sus prórrogas –leyes 25.972 (BO: 17.12.04); 26.077 (BO: 10.01.06); 26.204 (BO: 20.12.06); 26.339 (BO: 04.01.08); 26.456 (B0: 16.12.08); 26.563 (B0: 22.12.09); 26.729(B0: 28.12.11); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15)- y en las leyes 26.217 (BO: 16.01.07) y 26.732 (BO: 28.12.11), la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, el Artículo 2º inciso d), apartado 5) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y el Artículo 2º del Decreto Nº 645 de fecha 26 de mayo de 2004, plexo normativo y demás leyes que fueron prorrogándose en la emergencia económica hasta el 31 de diciembre del año 2017, con un intervalo que duró hasta el dictado del decreto 793/18 el 4 de septiembre de 2018, ratificado por ley 27.467 del Congreso de La Nación con vigencia hasta finales del año 2020. En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo, como sucedió con el dictado del Decreto 133/2015.
Del mismo modo, el Congreso de la Nación, tanto en la ley 26.217 como en la 26.732, además de crear y prorrogar por cinco años el impuesto a la exportación que había creado, delegó en el PEN -por cada una de esas leyes- las facultades para establecer las alícuotas correspondientes (art. 6 de la ley 25.561 y art. 1 de las leyes mencionadas), así como ratificó y ordenó expresa y nominalmente la continuación en vigencia de las normas delegadas dictadas previamente por el PEN que fijaban las alícuotas de los derechos (art. 2 de ambas leyes, 26.217 y 26.732) en base precisamente a las normas delegantes mencionadas en primer término (arts. 6 de la ley 25.5.61 y arts. 1 de las leyes 26.217 y 26.732).
Las regulaciones legales del Congreso, especiales y específicas, se dispusieron además sin perjuicio del régimen general de delegación legislativa de la ley constitucional 26.122 (sancionada por el Congreso conforme la manda del art. 99 inc. 3 cuarto párrafo de la Constitución), vigente desde el 28.07.06 para todas las normas delegadas dictadas por el PEN -es decir previo al dictado del decreto 509/07 y cuyos fundamentales arts. 17 y 24 establecen la vigencia de las normas delegadas dictadas por el PEN desde su entrada en vigencia y hasta su ratificación o derogación por parte del Congreso. En caso de ratificación de la norma delegada por el Congreso, tal ratificación tiene efecto retroactivo y aún en el caso de su derogación, los efectos de tal acto derogatorio son prospectivos.
VII. Que atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, corresponde en este punto dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa.
VIII. En relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”. IX.- Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
X. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020- 24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
XI. Que en virtud de todo lo expuesto, los derechos de exportación fijados en el Decreto 133/15, con sustento en la Emergencia Económica y demás argumentos expuestos precedentemente, resultan legítimamente exigibles y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 17057EC01004610K, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución RESOL-2023-531-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora.
XII. En relación a las costas, considero que las mismas deben ser impuestas a la actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Que, por ello, VOTO por:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2023-531-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-51-2023, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.”, con costas (Art. 1163 del CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Héctor H. Juárez.
II. Adhiero al voto del Dr. Juárez en cuanto al rechazo del planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
III. Corresponde, asimismo, resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2023-531-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S20.736.-, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 17057EC01004610K. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.100B –Harina de tortas (Ley 21.453) Harina y pellets TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN PELLETS- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 133/15 que fijó, para esa PA, una alícuota del 27% (Ver art. 1 y Anexo I del referido decreto).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -16.05.17 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora manifiesta que la normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que estableció una alícuota del 24% para la PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
VII.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 368/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 181/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 368/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” EX -2020-56397479-APN- SGASAD#TFN, a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia. En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 368/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo). Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 368/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo restablecidas por la resolución 181/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecida por la resolución 368/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 17.12.15 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27%, reduciendo la del 32%.
Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” EX -2020-56397479-APN-SGASAD#TFN, las resoluciones 368/07 y 181/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
VII.2. Dicho lo anterior, el decreto 133/15 -impugnado en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 368/07 y 181/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora.
Por el contrario, para que se vea afectado dicho derecho -por violación al principio de legalidad en materia tributaria- se requiere una incidencia lesiva del Poder Ejecutivo sobre tal derecho. En el caso tenemos una alícuota constitucional y legal previa -del 32%- que, con la resolución impugnada, fue reducida por el PEN al 27%, beneficiando así a la actora que vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
La intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributo- no incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación. Es lo que sucede en este caso, donde el Poder Ejecutivo -unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba. En el caso, el derecho de propiedad del contribuyente, por efecto de la reducción de alícuotas legales, pasó a gozar de una mayor plenitud, expandiéndose respecto de la medida en la que -legalmente- estaba afectado previo a la intervención del Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo alivió su carga fiscal con el dictado del decreto 133/15. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
VIII. Costas: En relación a las costas, atento a que se aplica jurisprudencia del tribunal que data del 22.02.23 ("LDC Argentina S.A." Expte. 38.204 y "Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A." EX-2020-563974379- -APN- SGASAD#TFN) deben imponerse a la actora vencida (art. 1163 del CA).
IX. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2023-531-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-51-2023, con costas a la actora (art. 1163 del CA).
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2023-531-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-51-2023, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.”, con costas (Art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Claudia Beatriz Sarquis (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2025.04.29 15:13:20 -03:00 Date: 2025.04.29 15:37:45 -03:00 Juan Manuel Soria Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.29 17:23:14 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.29 17:23:15 -03:00
Fin de la sentencia