Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-18916445-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución RESOL-2023-725-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17134-126-2023, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.”, con costas (Art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-79493967-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Agosto de 2026 DEHEZA S.A.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Horacio Joaquín Segura (como Vocal subrogante atento encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), y con la Presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2024-
18916445- -APN-SGASAD#TFN -ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.:
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El 22.02.24, mediante el RE-2024-18915679-APN-SGASAD#TFN, la firma “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2023-725-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Lorenzo en la Actuación SIGEA N° 17134-126-2023, por la cual se resolvió no hacer lugar a la devolución de la suma de $1.628.160, abonada en concepto de derechos de exportación con relación al PE N° 22057EC01007479W, oficializado el 18.07.22, correspondiente a mercadería comprendida en el régimen de la ley 21.453 y vinculada a la DJVE N° 22001DJVE004731R, cuya fecha de cierre de venta fue el 15.07.22.
Luego de efectuar una reseña de los antecedentes, señala que la resolución apelada rechazó la repetición sobre la base de considerar que la destinación involucrada no registraba pagos en concepto de derechos de exportación. Sostiene que dicha conclusión es errónea, toda vez que los derechos correspondientes al permiso de embarque fueron efectivamente cancelados en forma anticipada mediante el pago efectuado con relación a la DJVE N° 22001DJVE004731R, circunstancia que ofrece acreditar mediante la prueba acompañada y la pericial contable ofrecida.
En cuanto al fondo de la cuestión, sostiene que los derechos de exportación abonados en virtud del Decreto N° 131/2022 resultan ilegítimos por haber sido establecidos mediante una norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional sin una delegación legislativa vigente que lo habilitara para modificar las alícuotas aplicables. Considera que ello vulnera el principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria consagrado por la Constitución Nacional.
Expone un extenso análisis de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/amparo” (Fallos: 337:388), que entiende aplicable al caso, y cita jurisprudencia de distintos tribunales federales relativa a la invalidez del Decreto N° 793/2018. Sostiene que el art. 755 del Código Aduanero no constituye una delegación legislativa suficiente para que el Poder Ejecutivo pueda establecer o modificar derechos de exportación una vez vencido el plazo previsto por el art. 52 de la ley 27.541.
Asimismo, plantea que este Tribunal se encuentra habilitado para ejercer el control de constitucionalidad solicitado, cuestionando a tal efecto la limitación establecida por el art. 1164 del Código Aduanero e invocando el derecho a la tutela judicial efectiva y el control de convencionalidad.
Finalmente, para el supuesto de prosperar la repetición, cuestiona la suficiencia de la tasa de interés prevista para la devolución de tributos y solicita la aplicación de una tasa que preserve adecuadamente el valor de su crédito. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, se haga lugar a la repetición de la suma de $1.628.160, con más los intereses peticionados y costas.
II. El 02.07.24, mediante el IF-2024-69176367-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Formula la negativa de rigor, efectúa una reseña de los antecedentes y solicita el rechazo del recurso, con costas.
En primer término, señala que el Decreto N° 131/2022 incrementó las alícuotas de los derechos de exportación aplicables a determinadas posiciones arancelarias mediante la suspensión temporal de las alícuotas previstas por el Decreto N° 790/2020 y el restablecimiento de las correspondientes al Decreto N° 230/2020. Invoca, asimismo, como fundamento del contexto en que fue dictada dicha norma, la Ley N° 27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional.
Respecto del planteo de inconstitucionalidad formulado por la recurrente, sostiene que este Tribunal se encuentra impedido de pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, conforme lo dispuesto por el art. 1164 del Código Aduanero, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado previamente su inconstitucionalidad respecto de la misma situación jurídica.
En cuanto al fondo, analiza el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/amparo” y sostiene que la interpretación efectuada por la recurrente no resulta aplicable al presente caso, destacando las diferencias existentes entre el contexto normativo vigente al momento del dictado de la Resolución N° 11/2002 y el correspondiente al Decreto N° 131/2022. En particular, pone de relieve que este último fue dictado encontrándose vigente la Ley N° 26.122, que regula la intervención del Congreso Nacional respecto de los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.
Cita, en apoyo de su postura, el precedente “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expte. N° 38.422-A, y hace propios los fundamentos allí desarrollados respecto de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo Nacional en materia de derechos de exportación. Señala que, conforme los arts. 17 y 24 de la Ley N° 26.122, los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas mantienen su vigencia mientras no sean expresamente rechazados por ambas Cámaras del Congreso.
Asimismo, invoca jurisprudencia relativa a la denominada delegación impropia y sostiene que el art. 755 del Código Aduanero contiene pautas suficientes para habilitar al Poder Ejecutivo Nacional a fijar o modificar derechos de exportación. Agrega que dicha norma fue incluida en el Digesto Jurídico Argentino aprobado por la Ley N° 26.939 y cita, entre otros antecedentes, el criterio adoptado por esta Sala en la causa “Battaglio Argentina S.A. c/DGA s/apelación”.
Solicita, además, la aplicación de la doctrina legal fijada por este Tribunal en el Fallo Plenario de fecha 26.04.22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, en cuanto estableció que el Tribunal Fiscal no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto ante el planteo efectuado por un recurrente y que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación en razón de lo dispuesto por el art. 755 del Código Aduanero.
Finalmente, para el supuesto de hacerse lugar a la repetición, solicita que se aplique el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cencosud S.A.” y lo dispuesto por los arts. 811 y 812 del Código Aduanero en materia de intereses. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Con la contestación del traslado, la representación fiscal acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 17134-126-2023.
El 09.12.24 se hace lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la parte actora contra la providencia que había denegado la producción de la prueba pericial contable y se dispone la apertura de la causa a prueba. El 18.08.25 se incorpora el informe pericial contable mediante IF-2025-90441783-APN-DTD#JGM, del que se corre traslado a las partes. En lo que aquí interesa, la perito informa que el PE N° 22057EC01007479W, oficializado el 18.07.22, fue registrado en cumplimiento de la DJVE N° 22001DJVE004731R; que dicha DJVE fue cumplida dentro de su tolerancia máxima; y que los derechos de exportación correspondientes al permiso de embarque de autos fueron cancelados mediante el prepago de la tolerancia mínima del 90% de dicha DJVE, efectuado el 15.07.22 mediante el VEP N° 977093281, por la suma de $507.741.696.
Asimismo, informa que los derechos de exportación correspondientes específicamente al PE N° 22057EC01007479W ascendieron a USD 209.220, equivalentes a $26.832.465 al tipo de cambio correspondiente, y que el referido pago se encuentra registrado contablemente por la empresa.
El 22.05.26 formula su alegato la parte actora y el 01.06.26 hace lo propio la demandada.
Posteriormente, el 05.06.26 se dicta una medida para mejor proveer a fin de determinar si los derechos de exportación correspondientes al PE N° 22057EC01007479W habían sido efectivamente cancelados, atento a que a fs. 27 de las actuaciones administrativas se había informado que dicha destinación no registraba pagos en concepto de derechos de exportación.
En respuesta a dicha medida, el Jefe Sección Administrativa y Financiera del Departamento Aduana San Lorenzo con fecha 18.06.26 informa textualmente: “…Se informa que la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. con CUIT 30-502874435-3 por la destinación 22057EC01007479W, no registra pagos en concepto de Derechos de Exportación en la Destinación de forma directa. Los derechos de exportación fueron abonados de manera anticipada en la 22001DJVE004731R según el siguiente detalle: Liquidación LMAN 22001LMAN077988R - PAGO 90% EN DJVE 22001DJVE004731R - CÓDIGO 029 - FECHA DE PAGO 15/07/2022 - VEP N° 977093281 - DEPÓSITO N° 004851126 - MONTO EN DÓLARES USD 3.966.732,00- TIPO DE CAMBIO $/USD 128,00 - MONTO EN PESOS $ 507.741.696,00…”.
Cumplida la medida para mejor proveer y agregada su contestación, el 16.07.26 se pasan los autos a sentencia. A continuación, la parte actora solicita que se tenga presente lo informado por la DGA en el Oficio para el dictado de la sentencia.
IV. La Actuación SIGEA N° 17134-126-2023 se inicia el 03.01.23 con la presentación efectuada por ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., mediante la cual solicita la repetición de la suma de $1.628.160, abonada en concepto de derechos de exportación con relación a la destinación N° 22057EC01007479W, por considerar inconstitucional el Decreto N° 131/2022.
En el trámite de las actuaciones se incorpora el informe de la Sección Inspección Simultánea, que deja constancia de que la solicitud se sustenta en la alegada inconstitucionalidad del referido decreto y considera que el área técnica no resulta competente para expedirse sobre dicha cuestión.
Posteriormente, la Sección Económica Financiera de la Aduana de San Lorenzo informa que la destinación N° 22057EC01007479W no registra pagos en concepto de derechos de exportación, acompañándose la consulta correspondiente.
El 25.10.23 se tiene por presentada a la firma, por acreditada la personería invocada y por constituido el domicilio. Asimismo, se rechaza la producción de la prueba pericial ofrecida en sede administrativa. Finalmente, el 26.12.23 se dicta la Resolución RESOL-2023-725-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI. En ella, luego de considerar lo informado por la Sección Económica Financiera y lo dispuesto por los arts. 809 y 810 del Código Aduanero, se concluye que, al no registrarse pagos de derechos de exportación correspondientes a la destinación involucrada, no se encontraba acreditada la existencia de importes susceptibles de repetición, por lo que se resuelve no hacer lugar a la solicitud formulada por ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
V. Corresponde resolver si la Resolución RESOL-2023-725-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Lorenzo, mediante la cual se rechazó la solicitud de repetición de la suma de $1.628.160 formulada por ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. en concepto de derechos de exportación abonados con relación al PE N° 22057EC01007479W, se ajusta a derecho.
Mediante dicha destinación, oficializada el 18.07.22, la actora documentó la exportación de mercadería comprendida en la P.A. 1507.10.00.100Q —aceite de soja en bruto, a granel—, operación alcanzada por el régimen previsto por la ley 21.453 y vinculada a la DJVE N° 22001DJVE004731R, cuya fecha de cierre de venta fue el 15.07.22.
El Decreto N° 131/2022, publicado el 19.03.22, fue dictado en uso de las facultades invocadas en los arts. 76 y 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional y 755 del Código Aduanero.
Por su art. 1° se suspendieron, hasta el 31.12.22 inclusive, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias alcanzadas por el Decreto N° 790/2020, las alícuotas de los derechos de exportación allí establecidas, resultando nuevamente aplicables durante dicho período las fijadas por el Decreto N° 230/2020.
En consecuencia, para la posición arancelaria correspondiente a la mercadería de autos resultaba aplicable una alícuota del 33%, mientras que la recurrente pretende que los derechos sean determinados conforme la alícuota del 31% prevista por el Decreto N° 790/2020, reclamando la repetición de la diferencia del 2%.
Cabe señalar que las exportaciones involucradas se encuentran alcanzadas por la ley 21.453, cuyo art. 6 establece que, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, resultan aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelarios y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
En el caso, dicha fecha fue el 15.07.22, encontrándose entonces vigente el Decreto N° 131/2022 y, por remisión de éste, la alícuota del 33% establecida por el Decreto N° 230/2020.
VI. Que, atento los planteos efectuados por la recurrente, corresponde señalar que, conforme lo dispuesto por el art. 1164 del Código Aduanero, este Tribunal no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado su inconstitucionalidad, en cuyo caso podrá seguir la interpretación efectuada por el Alto Tribunal. Sentado ello, no resulta factible extender sin más al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/amparo” —Fallos: 337:388—, como pretende la recurrente.
Ello así, toda vez que dicha causa versó sobre hechos acaecidos en el año 2002, bajo un marco normativo sustancialmente diverso del aquí examinado. En el presente caso, en cambio, el Decreto N° 131/2022 fue dictado en un plexo jurídico posterior, en el cual se encontraba vigente el régimen de control parlamentario establecido por la Ley N° 26.122 respecto de los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas, además de las disposiciones del Código Aduanero cuya vigencia fue declarada por la Ley N° 26.939.
VII. En relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”. Que, conforme lo he manifestado en el fallo Plenario, cabe destacar que, “La mayoría de las legislaciones aduaneras del mundo delegan en sus poderes ejecutivos la determinación de la cuantía del tributo atento tratarse los Derechos Aduaneros (tanto de importación como de exportación) de instrumentos de política económica que exceden largamente la finalidad recaudatoria exclusiva que suele observarse en otros tributos.
En Argentina, esta delegación legislativa, pacíficamente aceptada por la doctrina durante décadas, ha comenzado a cuestionarse a partir de que el Poder Ejecutivo procedió a hacer uso de esa facultad desde el año 2002, presentándose numerosos planteos que procuran colisionar su interpretación con otras normas del sistema jurídico dictadas a partir de la Reforma Constitucional del año 1994.
Obsérvese que los cuestionamientos han sido dirigidos al artículo 755 (derechos de exportación) y no a su norma “espejo” o “gemela” (poseen casi idéntica redacción), el art. 664 del CA, que regula la misma delegación de facultades, pero en materia de importación y que goza desde su nacimiento, de un armónico convivir normativo, sin perturbaciones, turbulencias, ni planteos de inconstitucionalidad.
Lo mismo ha sucedido con otras delegaciones en materia tributaria efectuadas -en similares términos- en el Código Aduanero, y que tampoco han sido objeto de planteos de inconstitucionalidad: art. 663 (derechos de importación específicos), art. 673 (impuesto de equiparación de precios), art. 687 y 697 del C.A. (derechos antidumping y derechos compensatorios)”.
VIII. Que, en relación con la alegada vulneración del principio de reserva legal planteada por la recurrente, cabe tener presente que, al momento de los hechos de autos, el régimen jurídico aplicable se encontraba integrado, entre otras normas, por el Código Aduanero -cuya vigencia fue declarada por la Ley N° 26.939- y por la Ley N° 26.122, publicada en el Boletín Oficial el 28.07.06, que estableció el régimen legal aplicable al trámite y control parlamentario de los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
IX. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020- 24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
X. Que, conforme lo expuesto, aun cuando la prueba producida en esta instancia permite tener por acreditado que los derechos de exportación correspondientes a la operación fueron efectivamente ingresados en forma anticipada mediante la DJVE vinculada al permiso de embarque de autos, ello no determina que dicho pago haya sido indebido.
En efecto, conforme a la doctrina legal fijada por este Tribunal en el Plenario citado, corresponde reconocer eficacia al régimen de derechos de exportación aplicado en virtud del Decreto N° 131/2022.
Por consiguiente, no se verifica el presupuesto necesario para la repetición pretendida y corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto no hizo lugar a la devolución solicitada, aunque por los fundamentos expuestos en el presente voto.
Atento la forma en que se resuelve, deviene inoficioso pronunciarse sobre los planteos formulados por las partes respecto de la modalidad de una eventual devolución, la tasa de interés aplicable y los restantes argumentos introducidos para el supuesto de prosperar la repetición.
XI. Que, en relación con las costas, por la forma en que se resuelve y teniendo en consideración que el Fallo Plenario de este Tribunal aplicable al caso es anterior a la interposición del presente recurso, corresponde imponerlas a la parte actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Que, por ello, VOTO por:
Confirmar la Resolución RESOL-2023-725-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17134-126-2023, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.”, con costas (Art. 1163 del CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Juárez continuando conforme lo siguiente.
II. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2023-725-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI-, en cuanto denegó la devolución de las sumas pretendidas por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación al permiso de embarque (“PE”) 22057EC01007479W, se ajusta a derecho. Asimismo, cabe recordar, como ya lo hice en innumerables precedentes, que no resulta aplicable al caso el plenario de este tribunal del 26.04.22.
Mediante el referido PE 22057EC01007479W la actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 131/22 (BO: 19.03.22) que fijó, para esa PA, una alícuota del 33% (Ver art. 1 que remite al decreto 230/20).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la vigente a la fecha de cierre de venta - 14.07.22 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de decreto 131/22, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
III.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con anterioridad al dictado del decreto 131/22, se dictó el decreto 793/18 (BO: 04.09.18), que fijó una alícuota del 12% para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del MERCOSUR (Art. 1); sustituyó las alícuotas de derechos de exportación aplicables a las mercaderías comprendidas en su Anexo II, fijando en 18% la alícuota para la PA 1507.10.00 (Art. 3 y Anexo II); y estableció que para las mercaderías cuya exportación ya estaba gravada, el derecho de exportación establecido en su art. 1 (12%) debía adicionarse a los derechos de exportación vigentes de acuerdo a lo estipulado por su art. 3 (18%), por lo que la alícuota aplicable a la PA en trato quedó fijada en 30% (18+12), con el limite determinado por el art. 2 del referido decreto, que indicaba que el derecho de exportación no podía exceder de $4 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda. Dicho decreto fue luego mantenido en su vigencia y validez legal mediante el art. 82 de la ley 27.467 (BO: 04.12.18). Más tarde, el decreto 37/19 (BO: 14.12.19) dejó sin efecto el límite de $4 por cada dólar estadounidense establecido en el art. 2° del decreto 793/18 (Art. 1).
Posteriormente, se dictó el decreto 230/20 (BO: 05.03.20), que fijó para la PA de autos una alícuota del 33% (Art. 1 y Anexo). Dicho decreto fue dictado en el marco de lo establecido por el art. 52 de la ley 27.541 (BO: 23.12.19), que autorizó al poder ejecutivo, hasta el 31.12.21, a fijar derechos de exportación, cuya alícuota no podía superar en ningún caso el 33%.
Luego de ello, se dictó el decreto 790/20 (BO: 05.10.20) que fijó un nuevo sistema de alícuotas para la PA en trato, estableciendo una alícuota del 28% a partir de octubre del 2020, del 29,5% a partir del 01.11.20, del 30% a partir del 01.12.20 y del 31% a partir del 01.01.21 (Art. 1 y Anexo).
Finalmente, mediante el dictado del decreto 131/22 (BO: 19.03.22) se suspendió, hasta el 31.12.22, la aplicación de las alícuotas dispuestas por el decreto 790/20, resultando exigibles las fijadas por el decreto 230/20 (Art. 1), que establecía, para la PA de autos, la alícuota del 33%. Tal alícuota -33%- fue la liquidada a la actora mediante el PE 22057EC01007479W, objeto de la presente.
En segundo lugar, es necesario resaltar que al momento del dictado de los decretos 793/18, 230/20, 790/20 y 131/22 se encontraba ya vigente la ley 26.122 (BO: 28.07.06). Dicha ley tiene por objeto regular el trámite y la intervención del Congreso respecto de los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa bajo la previsión del art. 76 de la Constitución (art. 1). El Capítulo II regula la delegación legislativa. Su art. 11 establece que "las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo" y el art. 12 dispone que el "Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente". En lo que interesa el art. 22 establece que las Cámaras se pronunciaran respecto de la aprobación o rechazo de las normas delegadas mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de la legislación delegada debe ser expreso (conf. art. 82 de la Constitución). El sistema constitucional, en su regulación por la ley 26.122, establece un mecanismo de intervención del Congreso —de aprobación o rechazo- a posteriori del dictado de las normas delegadas por parte del PEN. De tal modo, el art. 76 de la Constitución –que establece los requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante- tiene una contrapartida en la regulación constitucional de la ulterior intervención del mismo Congreso (art. 99 inc. 3 último párrafo in fine mediante la ley que allí se prevé) de control de la legislación delegada dictada por el PEN. El Congreso que previamente delega sus facultades legislativas luego controla su ejercicio por el PEN. Se señala, en este último sentido, que nada de lo anterior exime al PEN de legislar bajo modalidad delegada prescindiendo de las exigencias del art. 76 de la Constitución en cuanto al ejercicio de esa delegación: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio.
En tercer lugar, debe recordarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento, en la norma delegante, de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
III.2. A la luz de lo expuesto supra es que corresponde resolver la controversia de autos.
Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado del decreto 131/22 (el art. 755 del CA y los arts. 76 y 99 incs. 1 y 2 de la Constitución) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superarían el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-. Ello es así aun cuando se invoque el mismo art. 76 o razones de emergencia como la mentada guerra en Ucrania o conjeturas sobre “seguridad alimentaria nacional”. En materia tributaria la intervención del Congreso es esencial y previa a cualquier decisión del Poder Ejecutiva que implique un aumento de tales cargas, cualquiera fuera la situación que se invoque.
Así, resulta claro que el decreto 131/22, en cuanto dispuso eficientemente aumentar al 33% las alícuotas para la mercadería en trato -volviendo al régimen establecido por el decreto 230/20- no se dictó con base en una previa delegación, constitucionalmente válida, de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Por ello, como por no haber sido objeto de ratificación posterior por una ley o, aún, bajo el procedimiento establecido por la ley 26.122 y al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas incrementadas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga al mencionado decreto (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11). Vale también señalar que, aun cuando el decreto 131/22 fuera ratificado por el Congreso mediante una ley o bajo el procedimiento de la ley 26.122 ello solamente tendría efecto a futuro, no retroactivo (conf. Camaronera Patagónica, considerando 11, especialmente su último párrafo), supuesto que no se configura en estos autos. Se recuerda aquí que la ley 27.541, que delegó facultades al Poder Ejecutivo para dictar válidamente los decretos 230/20 y 790/20, estableció como límite temporal el 31.12.21, por lo que al momento del dictado del decreto 131/22 (BO: 19.03.22) tales facultades legalmente otorgadas por el Congreso se encontraban ya vencidas y, como es lógico, las alícuotas establecidas por el referido decreto deben considerarse como incrementadas mediante una norma “delegada” que debe considerarse nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo y procedente.
Así, a la fecha del vencimiento de las facultades conferidas por el Congreso se encontraba vigente –válidamenteel régimen de alícuotas emergente del decreto 790/20 (BO: 05.10.20), que estableció, desde el 01.01.21, una alícuota del 31% para la PA de autos (Art. 1 y Anexo). En consecuencia, siendo que el aumento de alícuotas posterior establecido por el decreto 131/22 (BO: 19.03.22) resulta nulo, de nulidad absoluta e insanable, tal nivel de alícuotas -31%- es el que resulta válido y aplicable a la fecha de cierre de venta de la mercadería en trato - 14.07.22-.
III.3. A mayor abundamiento, véase que tal razonamiento emerge directamente de la mera lectura de los propios actos del Poder Ejecutivo. Al dictar el impugnado decreto 131/22 invoca como normas delegantes el art. 755 del CA y los arts. 76 y 99 incs. 1 y 2 de la Constitución mientras que, de modo notoriamente divergente , al dictar los decretos 230/20 y 790/20 invocó el artículo 52 de la ley 27.541 y sus modificaciones (de delegación temporaria para modificar alícuotas de derechos de exportación) que lo habilitaba a aumentar alícuotas –con el tope del 33%- cumpliendo con los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución.
En ese sentido, los fundamentos normativos del decreto 131/22 ponen de manifiesto, en contraste con los fundamentos simétricos de los decretos 230/20 y 790/20, una evidente violación por el Poder Ejecutivo de la doctrina de no contradicción con sus propios actos, previos y relevantes -sin perjuicio de la ya apuntada nulidad constitucional que, en sí, vicia al decreto 131/22-. Ello guarda estricta coherencia con el relato de la actora en cuanto a que el proyecto de ley de presupuesto 2022 buscaba extender la delegación de facultades a favor del PEN del art. 52 de la ley 26.541, pero ese proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados; sin facultades delegadas por el Congreso el Poder Ejecutivo decidió igualmente avanzar con el dictado del decreto 131/22, tratando de disfrazar la nulidad absoluta e insanable (arts. 76 y 99 inc. 3 de la CN) que lo vicia en su génesis sosteniendo que se “suspenden” hasta el 31.12.22 las alícuotas del decreto 790/20 y declara exigibles las fijadas por el decreto 230/20 (momento en que el Poder Ejecutivo sí poseía facultades constitucionales para fijarlas). En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido de devolución de la actora por el 2% de derechos de exportación liquidados en demasía por el sistema informático.
IV. Costas: En relación a las costas, se imponen a la Aduana vencida (art. 1163 del CA).
V. Por todo lo anterior, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 131/22 respecto del momento imponible -14.07.22- del PE 22057EC01007479W (art. 6 ley 21.453).
2. Declarar que la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta de la mercadería en trato es la del 31%, conforme lo establecido por el decreto 790/20.
3. Revocar la resolución RESOL-2023-725-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-126-2023, declarando que corresponde devolver el 2% de derechos de exportación liquidados en exceso por el sistema informático, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del CA, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
4. Imponer las costas a la Aduana.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Adhiero voto del Dr. Juárez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución RESOL-2023-725-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17134-126-2023, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.”, con costas (Art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2026.08.14 11:14:06 ART Date: 2026.08.18 15:16:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.18 16:08:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.18 16:08:43 -03:00
Fin de la sentencia