Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-80577863-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2Confirmar la RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI dictada por el Dirección Regional Aduanera Hidrovía Administración Federal de Ingresos Públicos, en el marco del EX-2024-00583021-AFIP- SESUADSALO#SDGOAI (Actuación SIGEA N.° 17134-2567-2022), con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-55387431-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Mayo de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Claudia Beatriz Sarquis (Vocal Subrogante), Miguel N. Licht (Vocal Subrogante) y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “EX-2024-80577863-APN-SGASAD#TFN (ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A).
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Por intermedio del RE-2024-80577486-APN-SGASAD#TFN, la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. interpone recurso de apelación contra la RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI dictada por el Director Regional de la Dirección Regional Aduanera Hidrovía, en el marco del EX-2024-00583021-AFIP- SESUADSALO#SDGOAI (Actuación SIGEA N.° 17134-2567-2022), por medio de la cual se resuelve no hacer lugar a la solicitud de devolución del importe de $16.281.600, equivalente a los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N.° 131/22, abonados en el trámite de la exportación documentada por el Permiso de Embarque N.º 22057EC01007481P.
En primer término, manifiesta la nulidad absoluta de la resolución apelada debido a la falta de causa y motivación. Sostiene que, mediante el Decreto Nro. 131/2022, el PEN incrementó las alícuotas de derechos de exportación para Productos Agroindustriales sin la debida delegación legislativa, ya que la establecida en el artículo 52 de la ley 27.541 había caducado el 31/12/21. En ese entendimiento, argumenta que el referido decreto vulnera el principio de legalidad en materia tributaria (arts. 4°, 17, 52, 75, inc. 1°, 76 y 99 inc. 3º de la Constitución Nacional), por lo que solicita que se lo declare inconstitucional o inaplicable, ordenando la devolución de los montos indebidamente abonados. Asimismo, requiere que el criterio establecido por la Corte Suprema en el fallo "Camaronera Patagónica" del 14/04/14, sobre el principio de legalidad en materia tributaria, sea directamente aplicable al presente caso. Cita abundante jurisprudencia que respalda su posición. Finalmente, manifiesta que el TFN tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 131/2022, en virtud de lo establecido en el bloque de constitucionalidad y las directrices emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las directivas de la Comisión Interamericana. Realiza consideraciones respecto del cómputo de los intereses. Ofrece prueba, formula reserva de plantear el Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada haciendo lugar a la repetición interpuesta con más los intereses correspondientes, con costas.
II. Mediante IF-2024-116135916-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Luego de efectuar una negativa genérica, analiza los antecedentes normativos que dieron lugar a la fijación de los derechos de exportación. En primer lugar, plantea la incompetencia del Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de las normas (cfr. art. 1164 del C.A.), cita jurisprudencia. En cuanto a la cuestión de fondo expresa que la interpretación que efectúa la recurrente, del fallo "Camaronera", es desacertada y no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. Agrega que, dicho precedente del Máximo Tribunal, no resulta aplicable al caso de marras, dado el diferente contexto normativo que se presenta en el caso de autos, en tanto al momento de la entrada en vigencia de la Resolución N° 11/2002 (05/03/02) aún no había sido dictada la ley 26.122. Transcribe los argumentos esbozados en la sentencia de este Tribunal en los autos caratulados "Transportadora del Gas del Sur S.A.", Expte N° 38.422-A, donde se examinó el Decreto N.° 793/2018, el cual considera aplicable mutatis mutandis. En otro orden, invoca la doctrina emanada en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal. En subsidio, solicita que en el supuesto caso que se haga lugar a la repetición, se aplique el criterio establecido por la Corte Suprema en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535- A) c/ DGA s/ Recurso Extraordinario”, y los intereses de conformidad con lo previsto en los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución aduanera apelada, con costas.
III. En la PV-2024-138924947-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa de puro derecho, mediante la PV-2025- 48263906-APN-VOCXIX#TFN se elevan los autos a la Sala “E”, y finalmente a través del IF-2025-54257509- APN-VOCXIV#TFNse los pasa a sentencia.
IV. La actuación EX-2024-00583021- -AFIP-SESUADSALO#SDGOAI se inicia con motivo de la solicitud de caratulación: A.G.D. S.A. S/ solicitud de repetición actuación 17134-2567-2022 remisión por competencia s/ disp. 190/2022 (afip). A continuación se agrega diversa documentación entre la cual se encuentra agregada la carpeta de la destinación Nro. 22057EC01007481P y el mencionado SIGEA Nro. 17134-2567-2022 que se inicia a fs. 1/21 con la solicitud de devolución de derechos de exportación, que fuera presentada por la recurrente en relación a PE N.º 22057EC01007481P. A fs. 27 se emite el informe técnico de la Sección Inspección Simultanea de la Aduana de San Lorenzo en donde se indica que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto Nro. 131/22 para la mercadería involucrada y se abonó conforme, por lo que recomienda no hacer lugar a la devolución pretendida.
A continuación se glosa el IF-2024-00631152-AFIP-DVRJU2#SDGTLA mediante el cual la División Regional Jurídica 2 -Hidrovía- Administración Federal de Ingresos Públicos advirtiendo que en el informe emitido por la Sección Económica Financiera se consignó que “...la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. … por la Destinación 22057EC01007481P NO registra pagos en concepto de Derechos de Exportación...”, y habida cuenta de que la destinación en trato fue registrada al amparo del régimen establecido por la Ley 21.453; previamente a la emisión de dictamen, solicita que la Sección Económica Financiera de la Aduana de San Lorenzo complemente su Informe de fs. 28 y 29, informando, si los derechos de exportación correspondientes a la mercadería amparada por la destinación, fueron pagados al momento de la oficialización de la DJVE, indicando además los importes respectivos en pesos y dólares estadounidenses (y T.C. aplicado), y acompañando los print de pantallas y demás constancias respaldatorias.
En atención a dicho requerimiento se agrega el IF-2024-00708259-AFIP-SEISDVOSAL#SDGOAI por el cual se informó que la Empresa Exportadora abonó los Derechos de Exportación en forma previa con el 90% de la Declaración Jurada de Exportación, la cual es abonada por una Liquidación Manual DDT 22057EC01007481P 22001DJVE004731R 22001LMAN077988R, siendo el total abonado por el 90% U$S 3.966.732,00, el T.C. 128 y el monto en $ 507.741.696,00. Asimismo adjunta, embebidas, las consultas de la DJVE en el Sistema para el circuito de declaración jurada venta al exterior y de la LMAN en el SIM.-. Posteriormente después de diversos pases a través del IF-2024-00761380-AFIP-DVRJU2#SDGTLA se agrega el DICTAMEN NRO.112/2024 (DV RJU2) en el que se indicó que el área técnica se expidió, entendiendo que no correspondía acceder a lo solicitado, todo por cuanto se habría abonado el importe que efectivamente corresponde en concepto de derechos de exportación, conforme la normativa vigente y en consecuencia de ello manifiesta que correspondería rechazar el procedimiento de Repetición incoado.
Finalmente con fecha 5 de abril de 2024 se dicta la RESOL-2024-29-E-AFIP- DIRAHI#SDGOAI, apelada en autos.
V. En base a lo expuesto, corresponde examinar como primera cuestión el planteo de nulidad presentado por la apelante, sustentado en los vicios detectados en la causa y en la motivación del acto administrativo. A tal efecto, se analizará si la RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI cumple con las formalidades requeridas para garantizar el derecho a una resolución debidamente fundamentada.
En estas circunstancias, es fundamental subrayar que según el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos deben cumplir con requisitos esenciales como la causa y la motivación. La "causa" se refiere al conjunto de razones de hecho y de derecho que conducen a la emisión del acto, mientras que la "motivación" implica el relato de cómo se aplican estas razones de hecho y de derecho a la decisión adoptada. Por lo tanto, un acto va a estar debidamente motivado cuando proporciona una fundamentación que abarca tanto los hechos relevantes como el marco legal correspondiente. Ergo, será considerado insuficiente cuando se limita a mencionar los hechos sin aplicar el derecho, o viceversa.
Bajo esta perspectiva, al analizar el expediente EX-2024-00583021-AFIP-SESUADSALO#SDGOAI (Actuación SIGEA N.° 17134-2567-2022), se evidencia que la RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI I -acto administrativo en estudio- se sustenta en los informes elaborados por las áreas competentes de la Aduana de San Lorenzo, específicamente de la Sección Económica y Financiera, de la División Regional Jurídica 2-Hidrovía de la Administración Federal de Ingresos Públicos que detalla los importes de los tributos aplicables a las destinaciones en trato y adjunta los comprobantes de pago LMAN. Este examen comprende también, el informe técnico de la Sección Inspección Simultánea, el cual indica que, al momento de oficializar la DDT, se encontraba vigente el Decreto Nro. 131/2022 para la mercadería involucrada, la cual fue abonada conforme a esa normativa, en consecuencia, recomienda no hacer lugar a la devolución solicitada. A continuación, se presenta un breve resumen de estos puntos, se remite a los términos del Dictamen NRO.112/2024 (DV RJU2) y, mediante un relato coherente, se concluye con el rechazo de la repetición solicitada por la parte actora.
En esa comprensión del asunto, se verifica que el servicio aduanero cumplió con todos los requisitos esenciales del acto administrativo (art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo) a la hora de dictar la Resolución aquí apelada.
Por lo expuesto, considero que la RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI resulta ajustada a derecho y, por ende, la nulidad planteada por la apelante no puede prosperar, sin costas.
VI. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 - IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX202024600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual, por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°. - El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
ARTICULO 2°. - El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
VII. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación en relación al PE Nro. 22057EC01007481P, abonados en virtud de lo dispuesto en el Decreto N.° 131/22 (B.O. 19/3/2022) -norma que suspendió hasta el 31/12/22 inclusive-, las alícuotas establecidas por el Decreto N.º 790/2020 para las mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de la NCM, y aplicó las alícuotas del Decreto N.º 230/2020, lo que resultó en un incremento de la alícuota de derecho de exportación del 31% al 33% para dichas mercaderías.
VIII. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de esta Sala “E” en la causa 10.694-A “Molinos Río de la Plata”, de fecha 16/11/00.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI dictada por el Dirección Regional Aduanera Hidrovía Administración Federal de Ingresos Públicos, en el marco del EX-2024-00583021-AFIP- SESUADSALO#SDGOAI (Actuación SIGEA N.° 17134-2567-2022), con costas por su orden.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Claudia B. Sarquis.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto de la Dra. Sarquis.
II. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI-, en cuanto denegó la devolución de las sumas pretendidas por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación al permiso de embarque (“PE”) 22057EC01007481P, se ajusta a derecho. Asimismo, cabe recordar, como ya lo hice en innumerables precedentes, que no resulta aplicable al caso el plenario de este tribunal del 26.04.22.
Mediante el referido PE 22057EC01007481P la actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 131/22 (BO: 19.03.22) que fijó, para esa PA, una alícuota del 33% (Ver art. 1 que remite al decreto 230/20).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -14.07.22 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de decreto 131/22, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
III.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con anterioridad al dictado del decreto 131/22, se había dictado el decreto 793/18 (BO: 04.09.18), que fijó una alícuota del 12% para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del MERCOSUR (Art. 1); sustituyó las alícuotas de derechos de exportación aplicables a las mercaderías comprendidas en su Anexo II, fijando en 18% la alícuota para la PA 1507.10.00 (Art. 3 y Anexo II); y estableció que para las mercaderías cuya exportación ya estaba gravada, el derecho de exportación establecido en su art. 1 (12%) debía adicionarse a los derechos de exportación vigentes de acuerdo a lo estipulado por su art. 3 (18%), por lo que la alícuota aplicable a la PA en trato quedó fijada en 30% (18+12), con el limite determinado por el art. 2 del referido decreto, que indicaba que el derecho de exportación no podía exceder de $4 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda. Dicho decreto fue luego mantenido en su vigencia y validez legal mediante el art. 82 de la ley 27.467 (BO: 04.12.18). Más tarde, el decreto 37/19 (BO: 14.12.19) dejó sin efecto el límite de $4 por cada dólar estadounidense establecido en el art. 2° del decreto 793/18 (Art. 1).
Posteriormente, se dictó el decreto 230/20 (BO: 05.03.20), que fijó para la PA de autos una alícuota del 33% (Art. 1 y Anexo). Dicho decreto fue dictado en el marco de lo establecido por el art. 52 de la ley 27.541 (BO: 23.12.19), que autorizó al poder ejecutivo, hasta el 31.12.21, a fijar derechos de exportación, cuya alícuota no podía superar en ningún caso el 33%.
Luego de ello, se dictó el decreto 790/20 (BO: 05.10.20) que fijó un nuevo sistema de alícuotas para la PA en trato, estableciendo una alícuota del 28% a partir de octubre del 2020, del 29,5% a partir del 01.11.20, del 30% a partir del 01.12.20 y del 31% a partir del 01.01.21 (Art. 1 y Anexo).
Finalmente, mediante el dictado del decreto 131/22 (BO: 19.03.22) se suspendió, hasta el 31.12.22, la aplicación de las alícuotas dispuestas por el decreto 790/20, resultando exigibles las fijadas por el decreto 230/20 (Art. 1), que establecía, para la PA de autos, la alícuota del 33%. Tal alícuota -33%- fue la liquidada a la actora mediante el PE 22057EC01007481P, objeto de la presente.
En segundo lugar, es necesario resaltar que al momento del dictado de los decretos 793/18, 230/20, 790/20 y 131/22 se encontraba ya vigente la ley 26.122 (BO: 28.07.06). Dicha ley tiene por objeto regular el trámite y la intervención del Congreso respecto de los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa bajo la previsión del art. 76 de la Constitución (art. 1). El Capítulo II regula la delegación legislativa. Su art. 11 establece que "las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo" y el art. 12 dispone que el "Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente". En lo que interesa el art. 22 establece que las Cámaras se pronunciaran respecto de la aprobación o rechazo de las normas delegadas mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de la legislación delegada debe ser expreso (conf. art. 82 de la Constitución). El sistema constitucional, en su regulación por la ley 26.122, establece un mecanismo de intervención del Congreso —de aprobación o rechazo- a posteriori del dictado de las normas delegadas por parte del PEN. De tal modo, el art. 76 de la Constitución –que establece los requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante- tiene una contrapartida en la regulación constitucional de la ulterior intervención del mismo Congreso (art. 99 inc. 3 último párrafo in fine mediante la ley que allí se prevé) de control de la legislación delegada dictada por el PEN. El Congreso que previamente delega sus facultades legislativas luego controla su ejercicio por el PEN. Se señala, en este último sentido, que nada de lo anterior exime al PEN de legislar bajo modalidad delegada prescindiendo de las exigencias del art. 76 de la Constitución en cuanto al ejercicio de esa delegación: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio.
En tercer lugar, no puede dejar de señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento, en la norma delegante, de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
III.2. A la luz de lo expuesto supra es que corresponde resolver la controversia de autos.
Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado del decreto 131/22 (el art. 755 del CA y los arts. 76 y 99 incs. 1 y 2 de la Constitución) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superarían el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-. Ello es así aun cuando se invoque el mismo art. 76 o razones de emergencia como la mentada guerra en Ucrania o conjeturas sobre “seguridad alimentaria nacional”. En materia tributaria la intervención del Congreso es esencial y previa a cualquier decisión del Poder Ejecutiva que implique un aumento de tales cargas, cualquiera fuera la situación que se invoque.
Así, resulta claro que el decreto 131/22, en cuanto tuvo la virtualidad para aumentar al 33% las alícuotas para la mercadería en trato -volviendo al régimen establecido por el decreto 230/20- no se dictó con base en una previa delegación, constitucionalmente válida, de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Por ello, como por no haber sido objeto de ratificación posterior por una ley o, aún, bajo el procedimiento establecido por la ley 26.122 y al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas incrementadas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga al mencionado decreto (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11). Vale también señalar que, aun cuando el decreto 131/22 fuera ratificado por el Congreso mediante una ley o bajo el procedimiento de la ley 26.122 ello solamente tendría efecto a futuro, no retroactivo (conf. Camaronera Patagónica, considerando 11, especialmente su último párrafo), supuesto que no se configura en estos autos. Se recuerda aquí que la ley 27.541, que delegó facultades al Poder Ejecutivo para dictar válidamente los decretos 230/20 y 790/20, estableció como límite temporal el 31.12.21, por lo que al momento del dictado del decreto 131/22 (BO: 19.03.22) tales facultades legalmente otorgadas por el Congreso se encontraban ya vencidas y, como es lógico, las alícuotas establecidas por el referido decreto deben considerarse como incrementadas mediante una norma “delegada” que debe considerarse nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo y procedente.
Así, a la fecha del vencimiento de las facultades conferidas por el Congreso se encontraba vigente –válidamenteel régimen de alícuotas emergente del decreto 790/20 (BO: 05.10.20), que estableció, desde el 01.01.21, una alícuota del 31% para la PA de autos (Art. 1 y Anexo). En consecuencia, siendo que el aumento de alícuotas posterior establecido por el decreto 131/22 (BO: 19.03.22) resulta nulo, de nulidad absoluta e insanable, tal nivel de alícuotas -31%- es el que resulta válido y aplicable a la fecha de cierre de venta de la mercadería en trato - 14.07.22-.
III.3. A mayor abundamiento, véase que tal razonamiento emerge directamente de la mera lectura de los propios actos del Poder Ejecutivo. Al dictar el impugnado decreto 131/22 invoca como normas delegantes el art. 755 del CA y los arts. 76 y 99 incs. 1 y 2 de la Constitución mientras que, de modo notoriamente divergente , al dictar los decretos 230/20 y 790/20 invocó el artículo 52 de la ley 27.541 y sus modificaciones (de delegación temporaria para modificar alícuotas de derechos de exportación) que lo habilitaba a aumentar alícuotas –con el tope del 33%- cumpliendo con los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución.
En ese sentido, los fundamentos normativos del decreto 131/22 ponen de manifiesto, en contraste con los fundamentos simétricos de los decretos 230/20 y 790/20, una evidente violación por el Poder Ejecutivo de la doctrina de no contradicción con sus propios actos, previos y relevantes -sin perjuicio de la ya apuntada nulidad constitucional que, en sí, vicia al decreto 131/22-. Ello guarda estricta coherencia con el relato de la actora en cuanto a que el proyecto de ley de presupuesto 2022 buscaba extender la delegación de facultades a favor del PEN del art. 52 de la ley 26.541, pero ese proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados; sin facultades delegadas por el Congreso el Poder Ejecutivo decidió igualmente avanzar con el dictado del decreto 131/22, tratando de disfrazar la nulidad absoluta e insanable (arts. 76 y 99 inc. 3 de la CN) que lo vicia en su génesis sosteniendo que se “suspenden” hasta el 31.12.22 las alícuotas del decreto 790/20 y declara exigibles las fijadas por el decreto 230/20 (momento en que el Poder Ejecutivo sí poseía facultades constitucionales para fijarlas). En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido de devolución de la actora por el 2% de derechos de exportación liquidados en demasía por el sistema informático.
IV. Costas: En relación a las costas, se imponen a la Aduana vencida (art. 1163 del CA).
V. Por todo lo anterior, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 131/22 respecto del momento imponible -14.07.22- del PE 22057EC01007481P (art. 6 ley 21.453).
2. Declarar que la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta de la mercadería en trato es la del 31%, conforme lo establecido por el decreto 790/20.
3. Revocar la resolución RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI dictada por el Director de la Aduana de Rosario en el marco de las actuaciones administrativas EX-2024-00583021- -AFIP-SESUADSALO#SDGOAI, declarando que corresponde devolver la diferencia del 2% (alícuota del 33 versus del 31%) de derechos de exportación liquidados en exceso por el sistema informático, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del CA, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
4. Imponer las costas a la Aduana.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI dictada por el Dirección Regional Aduanera Hidrovía Administración Federal de Ingresos Públicos, en el marco del EX-2024-00583021-AFIP- SESUADSALO#SDGOAI (Actuación SIGEA N.° 17134-2567-2022), con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia Beatriz Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Miguel N. Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 15ª Nominación) y Juan Manuel Soria. (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.05.23 15:29:20 ART Date: 2025.05.23 20:53:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.23 20:57:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.23 20:57:40 -03:00
Fin de la sentencia